El crischavismo ya asoma entre nosotros

Una frase pronunciada el jueves pasado por la Presidenta ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas pudo pasar inadvertida dentro del discurso en el que, con sólidos fundamentos, reclamó a Gran Bretaña la apertura del diálogo por las islas Malvinas. «Yo me atrevo a decir que en pocos países del mundo hay tanta libertad y tanto respeto por los derechos del otro como en la República Argentina», sentenció Cristina Fernández de Kirchner.
Si esa afirmación apuntaba a seducir a los kelpers , habría que preguntarse qué pensarían si se enteraran de que, si hoy residieran en la Argentina, tendrían virtualmente prohibido por la AFIP atesorar ahorros en libras esterlinas. O que si quisieran visitar Londres, probablemente las libras que el organismo fiscal les autorizara a adquirir no les alcanzarían más que para alojarse en un modesto albergue juvenil. O que si tuvieran que transferir dinero a algún familiar en el Reino Unido podrían verse forzados a recurrir a «cuevas» que les cobrarían una suculenta comisión por sus servicios.
La eliminación de la página web de la AFIP de la opción de comprar moneda extranjera para ahorro ha profundizado el cepo cambiario y ha acercado las restricciones en la Argentina a las que imperan desde hace años en la Venezuela de Hugo Chávez. En este país está absolutamente prohibido el atesoramiento de divisas, al tiempo que existen topes muy restrictivos para disponer de dólares u otras monedas foráneas para viajar al exterior, tanto en efectivo como con tarjetas de crédito.
Hoy, en Venezuela, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo supera el 100 por ciento. El Banco Central les compra las divisas a los exportadores al precio oficial y se las vende a los importadores, en tanto que están prohibidas las casas de cambio y la prensa no está autorizada a difundir la cotización del dólar en el mercado paralelo.
La reciente medida de prohibir virtualmente la compra de dólares para atesoramiento en la Argentina es otro ejemplo de una política cambiaria que actúa sobre las consecuencias del problema y no sobre sus causas: la fuerte inflación y la desconfianza en la moneda nacional. La gente percibe que el dólar es barato en función del aumento experimentado por el costo de vida local y, desde que rigen las restricciones en el mercado, también lo ve como un bien escaso y, por ende, más buscado.
En la comparación con el régimen chavista, Venezuela tiene aún una ventaja respecto de la Argentina: allí las normas son mucho más claras y explícitas que en nuestro país, donde, como han señalado distintos constitucionalistas, las restricciones a la compra de dólares están violando el principio de legalidad. No existe hoy ninguna ley que limite el derecho de propiedad, afectado desde el momento en que un ciudadano no puede usar ni disponer libremente de sus ahorros. La AFIP está restringiendo derechos sin una norma legal que la respalde y, además, estaría ejerciendo facultades regulatorias sobre el mercado cambiario que sólo serían propias del Banco Central. Asoma un nuevo modelo: el crischavismo.
En las últimas horas, hasta en la Corte Suprema de Justicia se dejaron trascender cuestionamientos sobre la legalidad de las trabas que está imponiendo el organismo recaudador para la compra de moneda extranjera. Y no debe descartarse que, en las próximas semanas, se multipliquen los recursos de amparo de empresas y ciudadanos perjudicados por estas restricciones.
Como derivación negativa de las medidas de la AFIP, además de la potenciación del mercado negro, ha proseguido la salida de depósitos en moneda extranjera del sistema bancario, que desde fines de octubre ha perdido unos US$ 6000 millones. Este proceso no sólo provoca una pérdida de reservas del Banco Central, sino que también limita gravemente la posibilidad de otorgar créditos para la prefinanciación de exportaciones. Así, quien quiera exportar no puede acceder a créditos, pero paradójicamente debe soportar la nueva pretensión gubernamental de liquidar las exportaciones en 15 días.
El kirchnerismo siempre se destacó desde que está en el gobierno por su facilidad para construir poder. En los últimos tiempos, más que poder, se ha especializado en construir confusión. El ministro de Justicia, Julio Alak, desmintió enfáticamente que la iniciativa oficial de reforma del Código Civil, que llegó al Congreso, pretenda impedir que se pacten contratos en dólares. El proyectado artículo 765 del Código señala, sin embargo, que si en un contrato «se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República», el deudor «podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal». Aclaraciones como éstas sólo llevan necesariamente a que el disco rígido presente en la memoria colectiva de los argentinos se sitúe en la tristemente recordada ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, burlada pocos meses después de su sanción, en el fatídico 2001.
La confusión y la falta de percepción de un piloto en materia económica se extiende a un gabinete desgastado, con antiguos pesos pesados al borde de pedirle a su rincón que tiren la toalla, como Julio De Vido; un vicepresidente que no para de recibir golpes y un ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que recorre intrascendentes caminos lejos del ring de combate y es opacado por un supuesto subordinado, como Axel Kicillof, al que la Presidenta concedió un lugar especial en las marquesinas y al que algunos observadores ya empiezan a visualizar como un potencial heredero al trono.
Cristina Kirchner ha dado en las últimas semanas un salto de calidad en su relato a la hora de repartir culpas. Sus argumentos centrales apuntan ahora a endosarle al mundo que «se nos cayó encima» las falencias de una política económica cada vez más intervencionista y menos amigable hacia los inversores.
En la génesis del intervencionismo kirchnerista subyace la desconfianza del Estado en sus propios ciudadanos, la creencia en las bondades del Estado empresario y en que nadie mejor que los funcionarios puede saber lo que la población debe hacer con sus ahorros.
El colmo del intervencionismo es que la solvencia de no pocos emprendimientos ya no depende tanto de la capacidad de los empresarios para atraer consumidores y satisfacerlos, como de los caprichos del funcionario de turno, que puede decidir si una compañía puede exportar, importar o vender a determinado precio. Ese funcionario tiene en sus manos la supervivencia y el futuro de la empresa, lo cual alimenta la discrecionalidad y la corrupción.
La pretensión oficial de impulsar inversiones o bajas de precios a los gritos; la pérdida de independencia del Banco Central; las restricciones al comercio exterior y al mercado cambiario; la persecución de consultoras que miden el costo de vida, a las que podrían sumarse asociaciones de consumidores mal vistas por el secretario de Comercio; la invasión de directorios de empresas por la Anses; la eliminación de todo vestigio de federalismo, al extremo de imponer desde el poder central a las provincias qué obras públicas hacer y a quiénes contratar para su ejecución, o el uso discrecional de la publicidad oficial para premiar a medios afines al Gobierno y castigar a los rebeldes son algunos indicadores de un modelo intervencionista que viene ahuyentando a los inversores y que ya se está trasluciendo en la caída de la actividad económica, el gran fantasma al que la Presidenta y Kicillof buscarán domar con el anunciado megaplán de viviendas.
Al hablar sobre las Malvinas , Cristina Kirchner expresó que «tal vez lo que no logre la política, finalmente lo termine logrando la economía». Es de esperar que esa premonición no termine siendo un mal presagio para su propia gestión gubernamental..