Hood Robin

La crisis bonaerense muestra la fragilidad de una política basada en el endeudamiento, que puede cortarse en cualquier momento, y de no buscar recursos genuinos entre los sectores más pudientes de la sociedad. Este es el verdadero enfrentamiento entre el gobernador y la presidente a la que aspira a suceder: dos modelos de sociedad, con distintos beneficiarios y víctimas. Los resultados presidenciales de octubre y el blooper de la Cámara Nacional Electoral.
Sin duda, entre la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli hay una disputa política. Pero por importante que fuera la denominada batalla por la sucesión, existen dos constelaciones opuestas de alianzas e intereses. Esta confrontación objetiva es mucho más importante que el destino de la publicidad que DOS deriva a los medios que en forma sistemática denigran a CFK o que los fondos que destina a festivales en los que despliega su cotillón electoral naranja. La discrepancia se refleja en rubros centrales de los respectivos gobiernos, que van desde la política de seguridad hasta la estructura impositiva de cada jurisdicción, que determina quiénes sufragan y en qué proporción el funcionamiento del Estado. Esto explica por qué el deportista de Villa La Ñata es tan querido por quienes recelan de la presidente, desde los grandes medios hasta las compañías transnacionales, los mayores exportadores, el sector financiero, las patronales agropecuarias y los líderes sindicales que representan a los trabajadores de más altos ingresos.
Del banco al bingo
El deterioro fiscal bonaerense comenzó con la asunción de Scioli y se profundizó desde 2009, con un creciente déficit, que cubrió con endeudamiento tal como hacía la Argentina en la década de 1990. En el cuatrienio 2008-2011, mientras el resto de las provincias incrementaron su recaudación en 7500 millones de pesos, Buenos Aires mermó la suya en 13.500 millones. Lo compensó con un incremento del 64 por ciento de su deuda, contra 25 por ciento del resto del país, al mismo tiempo que la Nación se desendeudaba. En vez de incrementar la presión tributaria, como el resto de las provincias, Scioli extrae recursos a los más pobres, con el impuesto a los ingresos brutos, y subsidia a los más ricos, mediante la baja imposición del inmobiliario rural y los subsidios que paga a quienes no lo necesitan. Cuando Alejandro Arlía aún ocupaba la cartera económica, Scioli presentó un presupuesto para 2012 que sólo cerraba sobre la base del endeudamiento, es decir aquello a lo que en forma persistente se niega el gobierno nacional para sus cuentas, pese a las presiones de todo tipo que recibe. En mayo, el Monitor Fiscal que publica la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimaba “un resultado financiero deficitario para 2012 de
$ 12.455 millones”, o el 1,7 por ciento de su Producto Bruto Geográfico. Aún suponiendo una subejecución del gasto de capital presupuestado del 22 por ciento, el Bapro anunciaba que en junio, cuando “se devenga el sueldo anual complementario” habría un déficit financiero de 2500 millones. De modo que el incumplimiento provincial es cualquier cosa menos una sorpresa. Fuentes del mercado financiero dicen que el Deutsche Bank había comprometido un préstamo de mil millones de dólares, con el que confiaba en afrontar el pago de la primera mitad del aguinaldo, que se frustró por las deterioradas circunstancias financieras internacionales, a partir de la caída de Grecia y los golpes que tienen a España e Italia contra las cuerdas. Scioli tampoco puede colocar letras con la misma facilidad de otras provincias. Está pagando tasas cada vez más altas con plazos cada vez más exiguos: 14 por ciento a 90 días, como corresponde a un estado en default. También ha agotado el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), una herramienta que le dio la ley de administración financiera para que pudiera rascar el fondo de la lata del Banco Provincia. El banco provincial está “estresado”, según un elegante eufemismo que usan los funcionarios que temen una reacción en cadena si se cayera la segunda entidad del sistema financiero, con 29.000 millones de pesos en depósitos. Versiones tan insistentes como difíciles de comprobar señalan que cerradas todas las ventanillas, el gobierno bonaerense ha recurrido a los bajos fondos, con préstamos de los bingueros de la provincia. Uno de ellos mira fijo y con cara de asco, como todo el país pudo enterarse en la aciaga madrugada paulista del jueves. Además, es terminal la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los 650 mil empleados públicos bonaerenses, cuyos proveedores no están dispuestos a seguir aceptando bonos en pago. Mientras lidia con paros y amparos por la fragmentación del medio aguinaldo, la administración bonaerense ve con temor el paso de los días, porque tampoco sabe cómo pagará el próximo vencimiento salarial, aunque jure lo contrario.
Un esquema regresivo
Lo que DOS no había hecho hasta que el gobierno nacional se apartó del camino y lo dejó toparse con el muro del final, fue replantear la estructura de gastos e ingresos de su administración. Pidió 2800 millones de pesos y sólo le dieron mil porque quieren asfixiarlo, repiten sus adláteres. El propio Scioli y sus ministros (Arlía y quien lo sucedió en la cartera económica, Silvina Batakis), por el contrario, agradecen en cada oportunidad el apoyo de la Nación, porque ellos saben mejor que nadie que no se trata del cumplimiento de obligaciones del Poder Ejecutivo sino de aportes extraordinarios y discrecionales, una vez cumplidas las transferencias que surgen de obligaciones legales o acuerdos previos. A través del ministro de Economía Hernán Lorenzino, quien conoce como pocos las cuentas bonaerenses porque trabajó con Arlía y Batakis en el equipo de Carlos Fernández que Kirchner envió a La Plata durante la gestión de Felipe Solá, CFK expuso la magnitud y la índole de las contribuciones a la provincia. En cambio tuvo la delicadeza de hacer silencio sobre el modo en que DOS recauda y gasta sus recursos propios. Por ejemplo, cuando asumió la gobernación, en 2007, el impuesto inmobiliario urbano aportaba el 7,6 por ciento del total de la recaudación provincial, porcentaje que había caído al 4,4 por ciento al comenzar su segundo mandato, en diciembre pasado. Peor aún es el cuadro con el impuesto inmobiliario rural, que en el mismo lapso se desmoronó del 3,3 al 2,2 por ciento de los recursos que recauda Buenos Aires. Ambos impuestos a la propiedad inmueble rinden el 6,6 por ciento de la recaudación provincial, lo cual puede compararse con el 7,2 por ciento que recauda en ese rubro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 8,6 por ciento de Santa Fe o el 16,9 por ciento de Entre Ríos. Esta ínfima contribución de los propietarios de las tierras productivas más ricas del país ocurre al mismo tiempo que el valor de sus campos se incrementa en un 50 por ciento promedio, a impulso de los precios extraordinarios en el mercado mundial (la soja roza hoy los 600 dólares por tonelada, cerca de su máximo histórico). Por no afectar a esos sectores de la zona núcleo de la oligarquía, DOS basó cada vez más la recaudación en el impuesto a los ingresos brutos, que entre 2008 y 2011 representó el 75 por ciento de la recaudación. Es un tributo aún más regresivo que el IVA nacional, porque al no permitir descargas produce lo que los tributaristas llaman efecto cascada que termina por ahogar al consumidor final. Tuvo que ser el gobierno nacional el que forzara a Scioli a decretar el revalúo fiscal sobre el que se aplican las alícuotas del inmobiliario rural. Pero aun así el gobernador le introdujo tantas condiciones que minimizó su efecto:
– se cobra sobre la mitad de lo que valen los campos y
– se efectúan descuentos según el valor productivo atribuido a cada terreno, de modo que
– el 60 por ciento de las partidas pagarán aún menos que antes, como informaron Scioli y sus ministros.
– Por eso, apenas rendirá entre 300 y 400 millones de pesos, muy lejos de las necesidades provinciales. La cuestión volverá a plantearse en pocos meses, cuando el gobierno envíe a la Legislatura la ley impositiva para el año próximo.
Las excusas
Antes de transferir los mil millones de pesos con los que Scioli pudo pagar los sueldos, se analizaron otras alternativas. Una fue que el Banco Central adquiriera una parte de los 9000 millones de pesos en Bonos de Garantía, Bogar, que constituyen el mejor activo del Banco Provincia. Pero la autoridad monetaria sólo puede comprar bonos con fines de regulación monetaria, lo cual no es el caso. En su conferencia de prensa de ayer, Scioli dijo que coordinaría con el Banco Central la colocación de los Bogar en el mercado. Puede ser, pero hay un par de problemas previos: el Banco Central no fue informado antes del anuncio y como regulador del sistema debe verificar si esto no afectaría el plan de encuadramiento que concedió al Bapro hace dos años. Y salvo compradores institucionales como la Anses o el Banco Nación no hay mercado para esos títulos. En cualquier caso, DOS seguiría dependiendo de CFK.
Ministros y voceros provinciales se afanaron por excusar las penurias del gobernador por la pérdida de puntos de la coparticipación federal y la congelación del Fondo del Conurbano y el propio Scioli insistió con ello en su conferencia. Son dos cuestiones reales, pero su solución no está al alcance del gobierno nacional y requiere de una compleja trama política que la provincia no está en condiciones de urdir. La elección de este tema es un error descalificatorio para alguien que desde La Plata pretende ascender al Torneo Nacional, porque lo enfrenta con el resto del país mientras en su provincia siguen considerándolo un trasplante porteño, como también lo fueron Carlos Rückauf y Felipe Solá, según el estilete que clavó Julián Domínguez. En la ley de coparticipación de impuestos, Buenos Aires recibe un porcentaje menor que el de su población. Raúl Alfonsín la impulsó cuando el gobernador era Alejandro Armendariz, el último radical que llegó al cargo, porque sin los votos de la mayoría peronista en el Senado hubiera debido renunciar aún antes a la presidencia, y fue sancionada pocos días después de la asunción del peronista Antonio Cafiero, quien se pensaba como futuro presidente. La reforma constitucional de 1994 agregó otra dificultad al atribuir poder de veto a todas las provincias en la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin la aprobación de la provincia interesada”. Por eso han pasado 24 años y seis presidencias en las que se le aplicaron 104 parches pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la discrecionalidad de la Nación, pero Buenos Aires no puede quejarse de sus resultados. Como explicó Lorenzino, el gobierno nacional ejecutó en esa provincia el año pasado 95.000 millones de pesos de su propio presupuesto, con inversiones que implican mayor actividad, consumo e impuestos provinciales. Se hizo cargo de 2,2 millones de jubilados, pensionados y veteranos bonaerenses que cobraron 48.000 millones de pesos; pagó 21.000 millones en subsidios por el transporte de 6,8 millones de bonaerenses, el gas y la energía que consumen; aportó otros 20.300 millones en asistencia social, planes de empleo, vivienda e infraestructura y 5.600 millones a las universidades que funcionan en la provincia y el fondo de incentivo a los docentes. Con el Programa Federal de Desendeudamiento redujo el stock de deuda provincial en 4.100 millones e intereses a pagar por otros 22.600 millones, lo cual equivale al costo de construir 6.000 escuelas. Entre 2003 y 2011 Buenos Aires se llevó el 54 por ciento de la asistencia financiera nacional a las provincias para pagar deudas y cubrir déficit. Las transferencias de la Nación en 2011 superaron largamente la propia ejecución presupuestaria provincial: 133.000 contra 97.600 millones de pesos. Para colmo de males bonaerenses el propio texto constitucional ordena que la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de de-sarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. La misma dificultad se aplica al Fondo del Conurbano, instituido por Carlos Menem como condición de Eduardo Duhalde para renunciar a la vicepresidencia y competir por la gobernación en 1991, y congelado por Fernando de la Rúa en los estertores de su mandato. El 10 por ciento del impuesto a las ganancias se distribuye según el mismo esquema de la coparticipación, con lo cual toda modificación que beneficie a Buenos Aires se enfrenta con la resistencia de las provincias que más reciben, que son Córdoba y Santa Fe. Si Scioli pasara del burbujeo mediático a un planteo más firme sobre el tema, el Poder Ejecutivo Nacional le respondería como hizo Kirchner cuando Duhalde y Solá suscitaron el tema: durante tres días desfilaron por el despacho presidencial 22 gobernadores y al salir expresaron su rechazo a los planteos bonaerenses. El mal paso también comprometió el rol de garante y aglutinador de todas, las derechas al que Duhalde aspiraba entonces y Scioli hoy.
El reverso
El reverso es la administración nacional, que incrementó la recaudación, la progresividad de los impuestos con que se logra y las transferencias a las provincias por coparticipación. Impuestos progresivos como las retenciones a las exportaciones de granos y a las ganancias recaudaban el 6,4 por ciento de los recursos nacionales en 2003, porcentaje que creció hasta el 9 por ciento en 2011. En forma parecida subió la coparticipación, del 6,7 al 10 por ciento de un Producto Interno Bruto que al mismo tiempo se cuadruplicó. Tres ejemplos en el mismo sentido se produjeron en el último mes:
– los créditos a jubilados y pensionados por 5000 millones de pesos a largo plazo y con intereses diez veces menores de los que cobraban los bancos que monopolizaban ese negocio sin riesgo porque las cuotas se descuentan de los pagos de la Anses;
– el plan de cien mil créditos anuales para la construcción de nuevas viviendas por año, a veinte y treinta años de plazo, también con tasas negativas de no más del 14 por ciento, y
– la línea de créditos a tres años para la adquisición de bienes de capital y proyectos productivos, que deberán otorgar los primeros veinte bancos del sistema financiero, utilizando para ello el 5 por ciento de sus depósitos, con una tasa de interés que no podrá superar el 15 por ciento anual. La mitad de esos 15.000 millones de pesos deberán prestarse a pequeñas y medianas empresas.
Esto tiende a corregir las distorsiones señaladas por Daniel Azpiazu y Martín Schoor en el libro Industria y sindicalismo de base, cuyo capítulo VI se titula sin eufemismos “¿Políticas industriales o transferencias de recursos al capital concentrado?”: el régimen de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura que rigió entre 2004 y 2010 favoreció a las grandes industrias exportadoras que de todos modos hubieran realizado la inversión dado el favorable tipo de cambio y los reducidos costos laborales de ese período y reforzó su posición oligopólica. Hace dos meses la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y la ministra de Industria, Débora Giorgi reunieron a los principales banqueros privados y les pidieron que acercaran propuestas de financiamiento a la inversión a tasas y plazos razonables. Sólo un banco extranjero de primera línea aceptó el reto y prestó 400 millones de pesos en dos meses en esas condiciones. La semana pasada, mientras la presidente hacía el anuncio público, MMP volvió a reunirse con los mismos banqueros. Cuando uno dijo que era una desagradable sorpresa y otro que se sentía violado, la autoridad monetaria le respondió más curiosa que enojada:
–¿Para qué creían ustedes que reformamos la Carta Orgánica?
A pesar del lloriqueo, los bancos no perderán plata ni correrán riesgos. La mitad de los fondos que manejan son depósitos a la vista por los que no pagan intereses. En el resto gozan de una brecha a su favor entre lo que pagan por los depósitos y lo que cobran por el préstamo. El ex presidente del Banco Central y candidato derrotado del Peornismo Opositor en las últimas elecciones, Martín Redrado, pasó el día en radios y televisoras augurando que no habrá demanda de esos préstamos porque debido a la incertidumbre no hay proyectos de inversión. Esta expresión de deseos del autor de “Sin reservas” es desmentida por los 120 millones de pesos semanales que el Banco Nación viene prestando a Pymes para proyectos de inversión, a 5 años y con una tasa del 14 por ciento y por la entusiasta reacción de empresas y cámaras patronales ante la nueva línea y debe computarse en la larga lista de catástrofes anunciadas y no producidas que constituye la principal actividad opositora. El mismo jueves 5, el Banco Central aprobó otras medidas de sinceramiento:
– prohibió la compra de dólares para atesoramiento, mientras se mantiene la autorización para trescientos códigos de aplicaciones específicas;
– afectó 2568 millones de dólares de las reservas internacionales para la cancelación de servicios de deuda con tenedores privados y 1597 millones de dólares para la atención de vencimientos con organismos internacionales de crédito, contra una letra del Tesoro Nacional;
– otorgó al Tesoro un adelanto transitorio adicional de 6000 millones de pesos, autorizado por la nueva Carta Orgánica en situaciones extraordinarias.
Ratifica así una política proactiva, contracíclica y no ortodoxa, que en defensa del crecimiento y el empleo seguirá desoyendo en una adversa situación global los cantos de sirena de la devaluación o la dolarización, el ajuste del gasto público y el endeudamiento, los senderos del Hood Robin bonaerense.