Aunque el Gobierno se empeñe en negar el proceso inflacionario este ha sido y es un síntoma del cambio de etapa que en materia económica vive nuestro país desde el 2007. Una estructura económica que asocia la explotación de sus recursos naturales a la obtención de rentas extraordinarias vinculadas a los precios internacionales (alimentos, energía, minería, etc.), y que exhibe elevados grados de concentración en sus principales mercados (insumos tales como acero, cemento, químicos, aluminio, etc.) permite la cristalización de comportamientos empresarios de carácter rentista. Es decir, en capacidad de obtener rentas extraordinarias sin invertir en base al dominio privado de los recursos naturales y el manejo del poder de mercado sobre insumos claves.
Estas características tienden a inhibir el proceso de inversión. Dicho de otro modo, frente a la ausencia de modificaciones estructurales (en el patrón de acumulación y en el carácter de los actores económicos dominantes) la oferta no responde con aumentos de inversión frente al incremento de la demanda y el agotamiento de la capacidad instalada. La lógica K en materia económica (sostener demanda) se traduce así en aumentos de precios que tienden a minar la recuperación de los ingresos de buena parte de la población, y por lo tanto a ponerle fin (incluso agravar) la recomposición de la situación social.
Ahora bien, el simple reconocimiento de la evolución alcista de los precios no alcanza para definir la posición que se adopta frente a la cuestión inflacionaria, en tanto éste puede esconder diagnósticos distintos, intereses diferentes y recomendaciones diversas. En el fondo, la idea de estabilizar los precios supone la fijación de un orden. Por lo tanto, las diferencias se juegan en el tipo de orden que se quiere preservar y garantizar. Dado que los precios son los representantes en el mercado de los distintos actores sociales, la desigual evolución de los mismos define los procesos de transferencias de excedente y por ende las condiciones de reproducción de la economía. Cabe recordar en este sentido, que el salario también es un precio. En la decisión de construir una política de estabilización con el objetivo de ordenar el sistema de precios cabe por lo tanto una primera pregunta. ¿Qué lugar se le asigna al salario? ¿El vigente? ¿O es necesario pensar el reacomodamiento de los precios en la marco de políticas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores?
¿Y despejada esa cuestión, la relación entre los distintos precios de los productos que reflejan los predominios que en el proceso de acumulación adquieren los distintos sectores productivos, debe seguir siendo la misma?
Desde nuestro punto de vista la conformación estructural de la Argentina reproduce una lógica de desigualdad social; con fuerte acumulación en el sector primario, comercial y financiero y baja densidad industrial.
Por lo tanto, el objetivo debe ser modificar el esquema de precios resultantes de la crisis de la convertibilidad y la devaluación. No se resuelve el problema con mantener controlado bajo una terapia de shock o gradual el actual sistema de precios. Tampoco con el simple expediente de una devaluación.
Desde esta perspectiva, nuestra propuesta es el camino de la concertación como proceso gradual de articulación de intereses y construcción de un acuerdo nacional que tenga dos objetivos: 1) Salvaguardar el consumo popular; y 2) Retomar el control público del proceso de inversión. Se trata de una Concertación Nacional contra el Hambre y la Pobreza, y por el Desarrollo y el Cambio Productivo. Objetivos estos, que a nuestro entender requieren de tres pactos fundamentales:
1) Pacto Social para Mantener y elevar el poder adquisitivo de la población, que no debe restringirse solamente a los trabajadores formales bajo convenio, sino también al conjunto de los sectores populares vía el desarrollo de políticas universales que permitan construir un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares.
2) Pacto Fiscal para una Reforma Progresiva en el marco de un nuevo Acuerdo Nación – Provincias: se trata de garantizar recursos genuinos para financiar el punto anterior, y que deben darse sobre la base de capturar rentas y patrimonios de los segmentos más acomodados de la sociedad. A la vez, restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas con la devolución a las provincias del 15% que se les detrae de la coparticipación (lo que permitiría que la Nación incremente en $55.000 millones su recaudación y las Provincias en no menos de $ 22.000 millones).
3) Pacto por la Inversión: reformulando el sistema de regulaciones, promociones e incentivos a efectos de ubicar al Sector Público como actor clave en la orientación del proceso de inversión y cambio productivo. Usar reservas para invertir en energía, transporte (ferroviario y naval) y reconversión industrial, relanzando el ciclo productivo es una alternativa posible.
Es desde estas definiciones que puede pensarse en una estrategia que suponga modificar los aspectos estructurales que definen al mecanismo inflacionario como un dispositivo de ajuste y deterioro social, abriendo la puerta a otro esquema económico donde se pueda compatibilizar crecimiento del nivel de actividad con mejoras significativas en el nivel de vida de los argentinos. Nada hemos dicho porque resulta obvio que cualquiera de las recomendaciones que estamos formulando parten de la necesidad de terminar con la intervención del Indec.
Estas características tienden a inhibir el proceso de inversión. Dicho de otro modo, frente a la ausencia de modificaciones estructurales (en el patrón de acumulación y en el carácter de los actores económicos dominantes) la oferta no responde con aumentos de inversión frente al incremento de la demanda y el agotamiento de la capacidad instalada. La lógica K en materia económica (sostener demanda) se traduce así en aumentos de precios que tienden a minar la recuperación de los ingresos de buena parte de la población, y por lo tanto a ponerle fin (incluso agravar) la recomposición de la situación social.
Ahora bien, el simple reconocimiento de la evolución alcista de los precios no alcanza para definir la posición que se adopta frente a la cuestión inflacionaria, en tanto éste puede esconder diagnósticos distintos, intereses diferentes y recomendaciones diversas. En el fondo, la idea de estabilizar los precios supone la fijación de un orden. Por lo tanto, las diferencias se juegan en el tipo de orden que se quiere preservar y garantizar. Dado que los precios son los representantes en el mercado de los distintos actores sociales, la desigual evolución de los mismos define los procesos de transferencias de excedente y por ende las condiciones de reproducción de la economía. Cabe recordar en este sentido, que el salario también es un precio. En la decisión de construir una política de estabilización con el objetivo de ordenar el sistema de precios cabe por lo tanto una primera pregunta. ¿Qué lugar se le asigna al salario? ¿El vigente? ¿O es necesario pensar el reacomodamiento de los precios en la marco de políticas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores?
¿Y despejada esa cuestión, la relación entre los distintos precios de los productos que reflejan los predominios que en el proceso de acumulación adquieren los distintos sectores productivos, debe seguir siendo la misma?
Desde nuestro punto de vista la conformación estructural de la Argentina reproduce una lógica de desigualdad social; con fuerte acumulación en el sector primario, comercial y financiero y baja densidad industrial.
Por lo tanto, el objetivo debe ser modificar el esquema de precios resultantes de la crisis de la convertibilidad y la devaluación. No se resuelve el problema con mantener controlado bajo una terapia de shock o gradual el actual sistema de precios. Tampoco con el simple expediente de una devaluación.
Desde esta perspectiva, nuestra propuesta es el camino de la concertación como proceso gradual de articulación de intereses y construcción de un acuerdo nacional que tenga dos objetivos: 1) Salvaguardar el consumo popular; y 2) Retomar el control público del proceso de inversión. Se trata de una Concertación Nacional contra el Hambre y la Pobreza, y por el Desarrollo y el Cambio Productivo. Objetivos estos, que a nuestro entender requieren de tres pactos fundamentales:
1) Pacto Social para Mantener y elevar el poder adquisitivo de la población, que no debe restringirse solamente a los trabajadores formales bajo convenio, sino también al conjunto de los sectores populares vía el desarrollo de políticas universales que permitan construir un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares.
2) Pacto Fiscal para una Reforma Progresiva en el marco de un nuevo Acuerdo Nación – Provincias: se trata de garantizar recursos genuinos para financiar el punto anterior, y que deben darse sobre la base de capturar rentas y patrimonios de los segmentos más acomodados de la sociedad. A la vez, restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas con la devolución a las provincias del 15% que se les detrae de la coparticipación (lo que permitiría que la Nación incremente en $55.000 millones su recaudación y las Provincias en no menos de $ 22.000 millones).
3) Pacto por la Inversión: reformulando el sistema de regulaciones, promociones e incentivos a efectos de ubicar al Sector Público como actor clave en la orientación del proceso de inversión y cambio productivo. Usar reservas para invertir en energía, transporte (ferroviario y naval) y reconversión industrial, relanzando el ciclo productivo es una alternativa posible.
Es desde estas definiciones que puede pensarse en una estrategia que suponga modificar los aspectos estructurales que definen al mecanismo inflacionario como un dispositivo de ajuste y deterioro social, abriendo la puerta a otro esquema económico donde se pueda compatibilizar crecimiento del nivel de actividad con mejoras significativas en el nivel de vida de los argentinos. Nada hemos dicho porque resulta obvio que cualquiera de las recomendaciones que estamos formulando parten de la necesidad de terminar con la intervención del Indec.
