En general los bancos centrales en el mundo tienen como principal misión mantener la estabilidad de la moneda para que sus ciudadanos confíen y ahorren en ella sin necesidad de buscar confianza en otras. En algunos casos la tarea incluye «velar» por el empleo. Esto último, siempre con criterios de responsabilidad y equilibrio a través de lo que se denomina política monetaria, que no debe confundirse de ninguna manera con la política fiscal. Lamentablemente y bajo distintas modalidades, desde agosto de 2003 el Banco Central argentino ha vuelto a participar en el financiamiento fiscal al tesoro de la Nación.
En la última de las reformas a la Carta Orgánica se blanqueó y legalizó este financiamiento. Se trata de la posibilidad de emitir algo más de $ 70.000 millones. Esto es casi medio IVA completo de 2011, o dos tercios de Ganancias, o la recaudación de todo el comercio exterior. Desde ya, es emisión que no se coparticipa.
Por otra parte, en la reforma se formalizó también el uso de reservas externas necesarias para el pago de la deuda en dólares. La suma total habilitada en pesos supera entonces largamente los $ 100.000 millones. Este financiamiento, que es política fiscal pura, no tiene nada que ver con el debate internacional acerca del papel de los bancos centrales y sus laxas políticas monetarias para ser transitoriamente usadas para influir en las tasas de interés y, por ende, de actividad. Acá se trata de financiamiento espurio al fisco.
Pero el centro de esta nota es otro. Es entender que todas estas modificaciones para emitir esa montaña de pesos sin contrapartida en coparticipación han sido autorizadas por el Congreso de la Nación, esto es, los representantes de las provincias. Y la mayoría de los gobernadores de esas provincias hoy no tienen más remedio que venir e pedir plata al Poder Ejecutivo para cerrar sus presupuestos. O sea, mientras se discute la «progresividad» o no de subir el mínimo no imponible de los asalariados erosionado por la inflación, cuyo costo fiscal es de $ 3000 millones, si se le envía a la provincia de Buenos Aires $ 3000 millones para evitar escalonar los aguinaldos, o si el subte se traspasa con $ 1000 millones de inversiones pendientes, simultáneamente le fue concedida sin contrapartida al Ejecutivo una «ampliación presupuestaria» equivalente a un impuesto (el inflacionario) no coparticipable por 25 veces esa cifras tomadas individualmente.
El actual poder del Tesoro nacional no reside en su mejor posición fiscal y financiera ni en su mejor gestión sino en que dispone de la «maquinita» del Banco Central, convalidada por el Congreso y que las provincias no tienen. Aún más, los números muestran que los de la Nación serán peores que la suma de todas la provincias juntas más la ciudad de Buenos Aires en términos del agujero a financiar. Desde ya, nadie queda eximido de una buena gestión, pero de ninguna manera es ése el tema en cuestión.
El conjunto de provincias argentinas (con algunas excepciones) va camino a un faltante por todo concepto de $ 30.000 millones, donde algo (¿la mitad?) va a tener que poner la Nación. Mientras tanto, el Tesoro nacional, entre déficit y deuda en pesos, requerirá financiar al menos el doble del agujero provincial, más el uso de reservas en dólares que es financiamiento adicional. Allí está la suma total que supera los $ 100.000 millones de faltante.
Más allá de la supuesta decisión política oficial de no tomar deuda, fuentes alternativas al financiamiento del Banco Central no existen. En realidad, se trata de una estrategia de desendeudamiento rara. Es más bien un cambio en los acreedores que desendeudamiento. Pero aunque se quisiera tomar algo de deuda, después del control de cambios y de importaciones, la expropiación de YPF, los fondos de pensión y la política económica en general, el riesgo argentino ha hecho que el rendimiento de un bono de corto plazo, 2015, tenga en la actualidad casi costo de default sin que eso esté a la vista. Las alternativas serán créditos de proveedores o algún otro financiamiento local caro.
Brasil, Perú o Uruguay, a quienes «el mundo también se les debiera haber caído en la cabeza», consiguen dinero a una cuarta parte del costo a la que no consigue Argentina.
Por supuesto, este financiamiento monetario del Banco Central no es gratis. Constituye un impuesto inflacionario en igual monto que el gobierno nacional recauda sobre los tenedores de pesos y que no coparticipa como el resto de los impuestos.
Por lo tanto, es muy difícil de comprender el mecanismo político de la negación de fondos bajo el pretexto de que al Tesoro también se le terminó la caja. Es cierto, se terminó la caja «genuina», pero el Ejecutivo dispone de la habilitación de emitir, de la que no disponen las provincias.
Desde ya que la simplicidad con lo que esto es dicho no subestima que hay costos económicos que pagan todos los argentinos con inflación. Y más los que menos tienen. Por eso el esfuerzo de políticas distributivas se pierde. Se lo come la inflación y el desorden fiscal.
Con el Banco Central habilitado para financiar al Tesoro, cae el incentivo a cuidar la plata y gestionar con eficiencia, especialmente en quien controla esos fondos, que es el Poder Ejecutivo. A este ritmo, en algún momento del año entrante re-reformar la Carta Orgánica para emitir y usar reservas se transformará en un trámite habitual..
En la última de las reformas a la Carta Orgánica se blanqueó y legalizó este financiamiento. Se trata de la posibilidad de emitir algo más de $ 70.000 millones. Esto es casi medio IVA completo de 2011, o dos tercios de Ganancias, o la recaudación de todo el comercio exterior. Desde ya, es emisión que no se coparticipa.
Por otra parte, en la reforma se formalizó también el uso de reservas externas necesarias para el pago de la deuda en dólares. La suma total habilitada en pesos supera entonces largamente los $ 100.000 millones. Este financiamiento, que es política fiscal pura, no tiene nada que ver con el debate internacional acerca del papel de los bancos centrales y sus laxas políticas monetarias para ser transitoriamente usadas para influir en las tasas de interés y, por ende, de actividad. Acá se trata de financiamiento espurio al fisco.
Pero el centro de esta nota es otro. Es entender que todas estas modificaciones para emitir esa montaña de pesos sin contrapartida en coparticipación han sido autorizadas por el Congreso de la Nación, esto es, los representantes de las provincias. Y la mayoría de los gobernadores de esas provincias hoy no tienen más remedio que venir e pedir plata al Poder Ejecutivo para cerrar sus presupuestos. O sea, mientras se discute la «progresividad» o no de subir el mínimo no imponible de los asalariados erosionado por la inflación, cuyo costo fiscal es de $ 3000 millones, si se le envía a la provincia de Buenos Aires $ 3000 millones para evitar escalonar los aguinaldos, o si el subte se traspasa con $ 1000 millones de inversiones pendientes, simultáneamente le fue concedida sin contrapartida al Ejecutivo una «ampliación presupuestaria» equivalente a un impuesto (el inflacionario) no coparticipable por 25 veces esa cifras tomadas individualmente.
El actual poder del Tesoro nacional no reside en su mejor posición fiscal y financiera ni en su mejor gestión sino en que dispone de la «maquinita» del Banco Central, convalidada por el Congreso y que las provincias no tienen. Aún más, los números muestran que los de la Nación serán peores que la suma de todas la provincias juntas más la ciudad de Buenos Aires en términos del agujero a financiar. Desde ya, nadie queda eximido de una buena gestión, pero de ninguna manera es ése el tema en cuestión.
El conjunto de provincias argentinas (con algunas excepciones) va camino a un faltante por todo concepto de $ 30.000 millones, donde algo (¿la mitad?) va a tener que poner la Nación. Mientras tanto, el Tesoro nacional, entre déficit y deuda en pesos, requerirá financiar al menos el doble del agujero provincial, más el uso de reservas en dólares que es financiamiento adicional. Allí está la suma total que supera los $ 100.000 millones de faltante.
Más allá de la supuesta decisión política oficial de no tomar deuda, fuentes alternativas al financiamiento del Banco Central no existen. En realidad, se trata de una estrategia de desendeudamiento rara. Es más bien un cambio en los acreedores que desendeudamiento. Pero aunque se quisiera tomar algo de deuda, después del control de cambios y de importaciones, la expropiación de YPF, los fondos de pensión y la política económica en general, el riesgo argentino ha hecho que el rendimiento de un bono de corto plazo, 2015, tenga en la actualidad casi costo de default sin que eso esté a la vista. Las alternativas serán créditos de proveedores o algún otro financiamiento local caro.
Brasil, Perú o Uruguay, a quienes «el mundo también se les debiera haber caído en la cabeza», consiguen dinero a una cuarta parte del costo a la que no consigue Argentina.
Por supuesto, este financiamiento monetario del Banco Central no es gratis. Constituye un impuesto inflacionario en igual monto que el gobierno nacional recauda sobre los tenedores de pesos y que no coparticipa como el resto de los impuestos.
Por lo tanto, es muy difícil de comprender el mecanismo político de la negación de fondos bajo el pretexto de que al Tesoro también se le terminó la caja. Es cierto, se terminó la caja «genuina», pero el Ejecutivo dispone de la habilitación de emitir, de la que no disponen las provincias.
Desde ya que la simplicidad con lo que esto es dicho no subestima que hay costos económicos que pagan todos los argentinos con inflación. Y más los que menos tienen. Por eso el esfuerzo de políticas distributivas se pierde. Se lo come la inflación y el desorden fiscal.
Con el Banco Central habilitado para financiar al Tesoro, cae el incentivo a cuidar la plata y gestionar con eficiencia, especialmente en quien controla esos fondos, que es el Poder Ejecutivo. A este ritmo, en algún momento del año entrante re-reformar la Carta Orgánica para emitir y usar reservas se transformará en un trámite habitual..
