Judicial
“Los jueces ignoran la Ley de Trata y criminalizan a las víctimas”
Entrevista a Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación
Según Martínez, si las víctimas de trata temen a magistrados y la policía como a los traficantes, nunca se va desbaratar las redes delictivas
Por Sabrina Santopinto
La defensora general de la Nación hace foco en la gravedad que gira en torno de la falta de respuesta de la Justicia frente al creciente delito de trata de personas. En ese sentido, Stella Maris Martínez destaca que “todavía los jueces siguen ignoran el artículo 5º de la Ley de Trata que es claro cuando dice que no hay que criminalizar a las victimas” y advierte que es necesario avanzar a paso firme para “desbaratar bolsones de corrupción, dado que el problema en la trata es cultural porque hay muchos jueces, intendentes, concejales y miembros de la policía que entienden que la trata es una especie de servicio sanitario imprescindible”.
Con un equipo de más de 200 defensores en todo el país, la Defensoría General de la Nación enfrenta un grave problema que se convirtió en un lugar común en la Justicia: un elevado rango de vacantes que alcanza el 20 por ciento. A esto se suma la grave situación que se vive en algunas provincias donde los defensores dependen del procurador, lo que da por resultado una peligrosa falta de independencia. “Frente a esto hay una verdadera lucha porque un defensor de primera instancia cuando llega a la Corte provincial tiene que cuestionar lo que dice su propio jefe y esto lógicamente no resiste el menor análisis. Hemos comprobado que en las provincias donde existe este sistema, los defensores provinciales nunca llegan a la Corte Suprema, porque tienen temor reverencial”, detalla la defensora.
–¿Cómo se encuentra hoy el rol de la defensa pública?
–A partir de la reforma constitucional del ’94 se crea un modelo de administración de justicia que tiene tres pilares: los fiscales, los jueces y los defensores. Esto fue un proceso de fortalecimiento muy importante para la defensa pública y aún seguimos en ese proceso que tuvo otro hito con la sanción de la Ley del Ministerio Público del año ’98. Esta ley le da a la defensa tareas que van mucho más allá del mero defensor de pobres, se apunta al diseño de políticas públicas, de acceso a Justicia y se vela por los derechos humanos en todos los lugares de detención. El sistema original de la defensa en nuestro país cambió muchísimo y se está tratando de buscar una modalidad más integral.
–¿A qué se apunta con este sistema integral?
–Significa que no nos tenemos que limitar a la defensa penal, sino que tenemos que abordar también todas las otras áreas siempre representando a los más vulnerables y con el objetivo de que puedan acceder a la Justicia. Tuvimos tres avales muy importantes: dos de la OEA y hace días nos llegó una resolución del Mercosur que recomienda promover el modelo de defensa oficial gratuita e integral. Estamos dando patrocinio a los refugiados, a los peticionantes de refugio, a los migrantes, trabajamos con violencia de género.
–¿Cómo se encuentra actualmente la problemática de las vacantes?
–Tenemos más de 200 defensores y un número de vacantes que supera el 20 por ciento. Pero al ser abogados tenemos más facilidad para los reemplazos, es decir que podemos designar abogados que son funcionarios de nuestra institución para que estén a cargo de dependencias o intervengan en los juicios; nuestra ley establece el sistema de defensores ad hoc, pero el problema es que no les pagan cuando son de la matrícula. A raíz de eso intentamos fortalecer la cantidad de abogados de la planta.
–¿Cuál es el grado de independencia de los defensores y cuál es la situación en las provincias?
–Hay que distinguir, el sistema federal tiene independencia absoluta. En Chubut, La Rioja, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el modelo es igual que el federal. Hay otras provincias donde el sistema es menos independiente porque tanto fiscales como defensores dependen del Poder Judicial, pero el grado de autonomía es significativo porque hay un defensor ante la Corte y todos los defensores dependen de él. Eso pasa en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos… en el resto de las provincias los defensores dependen del procurador y esto es un problema grave. Hay casos como la provincia de Buenos Aires, donde se necesita una defensa fuerte, que tuvo una reforma después del ’94 con lo cual debería haber adaptado la Constitución provincial a la nacional y no lo hizo. Frente a esto hay una verdadera lucha, de hecho los procuradores se niegan a analizar siquiera la posibilidad de que los defensores no dependan del procurador.
–¿Cuáles son los verdaderos riesgos que esto encierra?
–La asignación de recursos… si el procurador le da, por ejemplo, más empleados o mejores condiciones para trabajar a los fiscales que a los defensores, ya con eso es suficiente riesgo. Pero imagínese que un defensor de primera instancia cuando llega a la Corte provincial tiene que discutir con su jefe una resolución y cuestionar lo que dice su propio jefe… esto lógicamente no resiste el menor análisis. Hemos comprobado que en las provincias donde existe este sistema, los defensores provinciales nunca llegan a la Corte Suprema porque están tapados de trabajo o porque tienen temor reverencial. Mientras que en otras provincias donde si hay absoluta libertad, tenemos recursos que llegan a la Corte.
–¿Cuáles son los pasos a seguir para garantizar esa independencia?
–Lo ideal sería una reforma constitucional en todas las provincias, a futuro, que se adapte al modelo nacional; pero sin llegar a esa situación, con leyes que modifiquen levemente esa estructura, es decir, bastaría con que se cree la figura del defensor ante la Corte provincial y así los defensores tendrían un jefe que diseñe la política institucional.
–¿Por qué esto hoy no sucede?
–Por que se trata de posiciones de poder. Lo que se teme es perder parte de los recursos y esto hace que la batalla sea muy fuerte. Por ejemplo, en Corrientes se modificó la Constitución y en ese momento se incluyó la defensa autónoma, acto seguido el procurador impuso un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y la Corte provincial declaró esa inconstitucionalidad.
–¿Cómo se trabaja puntualmente en el acceso a la Justicia?
–Tanto los tratados internacionales, como nuestra Constitución y nuestras leyes le garantizan a los ciudadanos sus derechos. Nuestros ciudadanos muchas veces no saben que tienen esos derechos o saben que los tienen pero no conocen cómo los deben hacer valer, o saben que necesitarían a un abogado pero no tienen cómo llegar a uno. El acceso a la Justicia es tratar de establecer un conjunto de mecanismos para que se resuelvan los conflictos. Muchas veces ni los jueces saben de algunos de estos derechos, entonces la idea es establecer un sistema de información y en segundo lugar que la gente que no tenga recursos pueda contar con un asesoramiento jurídico. De hecho, el Ministerio de Justicia tiene un convenio con el Colegio Público de Abogados –donde nosotros también intervenimos– para establecer consultorios en zonas de bajos ingresos para que la gente sepa cuáles son sus derechos.
–¿Cómo se avanza hoy en los temas de violencia de género y cómo actúa la Justicia en torno de esto?
–En lo que refiere a la trata de personas intervenimos porque defendemos a los autores del delito y cuando son menores de edad intervenimos por las víctimas. También tenemos un programa de patrocinio para todas las víctimas de violencia, en el cual si un damnificado quiere querellar le damos patrocinio para esto. Pero todavía los jueces siguen ignorando el artículo 5º de la Ley de Trata que es claro cuando dice que no hay que criminalizar a las victimas… si las victimas le tienen tanto miedo a la policía y a los jueces como los traficantes, nunca se van a poder desbaratar las redes. Como instrumento de lucha contra la trata lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas. Por otro lado, hay que desbaratar bolsones de corrupción, porque el problema en la trata es cultural dado que hay muchos jueces, intendentes, concejales y miembros de la policía que entienden que la trata es una especie de servicio sanitario imprescindible.
–¿Cómo se trabaja desde la Procuración para combatir estas redes?
–Creamos una unidad especial y estamos avanzando mucho. Pero este no es un tema sólo de la Justicia, sino que todo el mundo debe entender que no se pueden tolerar este tipo de situaciones. La Justicia tiene que proteger a la víctima pero debe tener el acompañamiento de toda la sociedad.
–¿Cómo se encuentra la aplicación de la prisión preventiva en la Argentina?
–Hace algunos días hubo una presentación donde se revela que la situación está muy mal porque seguimos teniendo procesos excesivamente lentos, aún con la aplicación del juicio abreviado, existe un porcentaje altísimo de personas con prisión preventiva, que es una pena anticipada. Incluso hay casos en que la persona pasa años en la cárcel y luego es absuelta, habiendo perdido años de su vida.
–¿Cuáles son los peligros de la utilización de esta figura?
–Es un problema muy complejo porque lo que ocurre es que a la opinión pública no le parece mal que una persona inocente esté privada de su libertad en la medida en que sea sospechosa. Entonces hay tanta presión en general, que los jueces se animan cada vez menos a aplicar mecanismos por los cuales estas personas podrían estar en arresto domiciliario o excarceladas… la regla es que la persona esté privada de su libertad, y si a eso le sumamos la lentitud de los procesos, es una situación muy compleja.
–¿Se viene nuevamente este año la discusión por la edad de la imputabilidad de los menores?
–Creo que ahí ni siquiera debería existir un debate, dado que la discusión está movida de su eje. El debate debería rondar sobre por qué no tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil acorde con los estándares internacionales; nos seguimos manejando con una ley que es de plena época de la dictadura. Este es otro tema en el que la opinión pública ejerce mucha presión. Debemos reformar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Recordemos que el Senado la había reformado y había bajado la edad de 16 a 14, luego pasó a Diputados y la comisión aprobó todo el texto pero volvió a salir de 14 a 16 y ahí nadie sabe que más pasó.
–¿Qué foco se debería dar al tema?
–En mi opinión el sistema actual fracasó y está demostrado que la mayoría de la gente que está en las cárceles para mayores ha tenido algún encuentro con la Justicia siendo menor, es decir que lejos de ser positivo este sistema, es muy negativo. Entonces, si sabemos que no funciona, por qué no dejamos la edad en 16 y probamos el nuevo modelo y luego si resulta bien, se discute nuevamente el tema de la edad. La verdadera discusión es por qué a tantos años de la democracia seguimos teniendo una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil mala y tan mal aplicada. La defensoría general tiene una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema, porque en la facilidad que da esta ley se dictaron perpetuas a menores de edad y eso no se puede… está prohibido a nivel internacional. Nosotros somos el único país del continente –excluyendo a los Estados Unidos– que no reformó la legislación penal juvenil y la adecuó a los nuevos estándares.
–¿Qué otras reformas son necesarias?
–Necesitamos que se reglamente rápidamente la ley de salud mental, porque tenemos una legislación modelo que nos pone a un nivel avanzado en el mundo, pero ya tiene más de un año y no fue reglamentada. Nosotros implementamos a un grupo de abogados que va a los centros donde hay personas internadas contra su voluntad y le dan patrocinio jurídico gratuito.
“Los jueces ignoran la Ley de Trata y criminalizan a las víctimas”
Entrevista a Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación
Según Martínez, si las víctimas de trata temen a magistrados y la policía como a los traficantes, nunca se va desbaratar las redes delictivas
Por Sabrina Santopinto
La defensora general de la Nación hace foco en la gravedad que gira en torno de la falta de respuesta de la Justicia frente al creciente delito de trata de personas. En ese sentido, Stella Maris Martínez destaca que “todavía los jueces siguen ignoran el artículo 5º de la Ley de Trata que es claro cuando dice que no hay que criminalizar a las victimas” y advierte que es necesario avanzar a paso firme para “desbaratar bolsones de corrupción, dado que el problema en la trata es cultural porque hay muchos jueces, intendentes, concejales y miembros de la policía que entienden que la trata es una especie de servicio sanitario imprescindible”.
Con un equipo de más de 200 defensores en todo el país, la Defensoría General de la Nación enfrenta un grave problema que se convirtió en un lugar común en la Justicia: un elevado rango de vacantes que alcanza el 20 por ciento. A esto se suma la grave situación que se vive en algunas provincias donde los defensores dependen del procurador, lo que da por resultado una peligrosa falta de independencia. “Frente a esto hay una verdadera lucha porque un defensor de primera instancia cuando llega a la Corte provincial tiene que cuestionar lo que dice su propio jefe y esto lógicamente no resiste el menor análisis. Hemos comprobado que en las provincias donde existe este sistema, los defensores provinciales nunca llegan a la Corte Suprema, porque tienen temor reverencial”, detalla la defensora.
–¿Cómo se encuentra hoy el rol de la defensa pública?
–A partir de la reforma constitucional del ’94 se crea un modelo de administración de justicia que tiene tres pilares: los fiscales, los jueces y los defensores. Esto fue un proceso de fortalecimiento muy importante para la defensa pública y aún seguimos en ese proceso que tuvo otro hito con la sanción de la Ley del Ministerio Público del año ’98. Esta ley le da a la defensa tareas que van mucho más allá del mero defensor de pobres, se apunta al diseño de políticas públicas, de acceso a Justicia y se vela por los derechos humanos en todos los lugares de detención. El sistema original de la defensa en nuestro país cambió muchísimo y se está tratando de buscar una modalidad más integral.
–¿A qué se apunta con este sistema integral?
–Significa que no nos tenemos que limitar a la defensa penal, sino que tenemos que abordar también todas las otras áreas siempre representando a los más vulnerables y con el objetivo de que puedan acceder a la Justicia. Tuvimos tres avales muy importantes: dos de la OEA y hace días nos llegó una resolución del Mercosur que recomienda promover el modelo de defensa oficial gratuita e integral. Estamos dando patrocinio a los refugiados, a los peticionantes de refugio, a los migrantes, trabajamos con violencia de género.
–¿Cómo se encuentra actualmente la problemática de las vacantes?
–Tenemos más de 200 defensores y un número de vacantes que supera el 20 por ciento. Pero al ser abogados tenemos más facilidad para los reemplazos, es decir que podemos designar abogados que son funcionarios de nuestra institución para que estén a cargo de dependencias o intervengan en los juicios; nuestra ley establece el sistema de defensores ad hoc, pero el problema es que no les pagan cuando son de la matrícula. A raíz de eso intentamos fortalecer la cantidad de abogados de la planta.
–¿Cuál es el grado de independencia de los defensores y cuál es la situación en las provincias?
–Hay que distinguir, el sistema federal tiene independencia absoluta. En Chubut, La Rioja, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el modelo es igual que el federal. Hay otras provincias donde el sistema es menos independiente porque tanto fiscales como defensores dependen del Poder Judicial, pero el grado de autonomía es significativo porque hay un defensor ante la Corte y todos los defensores dependen de él. Eso pasa en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos… en el resto de las provincias los defensores dependen del procurador y esto es un problema grave. Hay casos como la provincia de Buenos Aires, donde se necesita una defensa fuerte, que tuvo una reforma después del ’94 con lo cual debería haber adaptado la Constitución provincial a la nacional y no lo hizo. Frente a esto hay una verdadera lucha, de hecho los procuradores se niegan a analizar siquiera la posibilidad de que los defensores no dependan del procurador.
–¿Cuáles son los verdaderos riesgos que esto encierra?
–La asignación de recursos… si el procurador le da, por ejemplo, más empleados o mejores condiciones para trabajar a los fiscales que a los defensores, ya con eso es suficiente riesgo. Pero imagínese que un defensor de primera instancia cuando llega a la Corte provincial tiene que discutir con su jefe una resolución y cuestionar lo que dice su propio jefe… esto lógicamente no resiste el menor análisis. Hemos comprobado que en las provincias donde existe este sistema, los defensores provinciales nunca llegan a la Corte Suprema porque están tapados de trabajo o porque tienen temor reverencial. Mientras que en otras provincias donde si hay absoluta libertad, tenemos recursos que llegan a la Corte.
–¿Cuáles son los pasos a seguir para garantizar esa independencia?
–Lo ideal sería una reforma constitucional en todas las provincias, a futuro, que se adapte al modelo nacional; pero sin llegar a esa situación, con leyes que modifiquen levemente esa estructura, es decir, bastaría con que se cree la figura del defensor ante la Corte provincial y así los defensores tendrían un jefe que diseñe la política institucional.
–¿Por qué esto hoy no sucede?
–Por que se trata de posiciones de poder. Lo que se teme es perder parte de los recursos y esto hace que la batalla sea muy fuerte. Por ejemplo, en Corrientes se modificó la Constitución y en ese momento se incluyó la defensa autónoma, acto seguido el procurador impuso un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y la Corte provincial declaró esa inconstitucionalidad.
–¿Cómo se trabaja puntualmente en el acceso a la Justicia?
–Tanto los tratados internacionales, como nuestra Constitución y nuestras leyes le garantizan a los ciudadanos sus derechos. Nuestros ciudadanos muchas veces no saben que tienen esos derechos o saben que los tienen pero no conocen cómo los deben hacer valer, o saben que necesitarían a un abogado pero no tienen cómo llegar a uno. El acceso a la Justicia es tratar de establecer un conjunto de mecanismos para que se resuelvan los conflictos. Muchas veces ni los jueces saben de algunos de estos derechos, entonces la idea es establecer un sistema de información y en segundo lugar que la gente que no tenga recursos pueda contar con un asesoramiento jurídico. De hecho, el Ministerio de Justicia tiene un convenio con el Colegio Público de Abogados –donde nosotros también intervenimos– para establecer consultorios en zonas de bajos ingresos para que la gente sepa cuáles son sus derechos.
–¿Cómo se avanza hoy en los temas de violencia de género y cómo actúa la Justicia en torno de esto?
–En lo que refiere a la trata de personas intervenimos porque defendemos a los autores del delito y cuando son menores de edad intervenimos por las víctimas. También tenemos un programa de patrocinio para todas las víctimas de violencia, en el cual si un damnificado quiere querellar le damos patrocinio para esto. Pero todavía los jueces siguen ignorando el artículo 5º de la Ley de Trata que es claro cuando dice que no hay que criminalizar a las victimas… si las victimas le tienen tanto miedo a la policía y a los jueces como los traficantes, nunca se van a poder desbaratar las redes. Como instrumento de lucha contra la trata lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas. Por otro lado, hay que desbaratar bolsones de corrupción, porque el problema en la trata es cultural dado que hay muchos jueces, intendentes, concejales y miembros de la policía que entienden que la trata es una especie de servicio sanitario imprescindible.
–¿Cómo se trabaja desde la Procuración para combatir estas redes?
–Creamos una unidad especial y estamos avanzando mucho. Pero este no es un tema sólo de la Justicia, sino que todo el mundo debe entender que no se pueden tolerar este tipo de situaciones. La Justicia tiene que proteger a la víctima pero debe tener el acompañamiento de toda la sociedad.
–¿Cómo se encuentra la aplicación de la prisión preventiva en la Argentina?
–Hace algunos días hubo una presentación donde se revela que la situación está muy mal porque seguimos teniendo procesos excesivamente lentos, aún con la aplicación del juicio abreviado, existe un porcentaje altísimo de personas con prisión preventiva, que es una pena anticipada. Incluso hay casos en que la persona pasa años en la cárcel y luego es absuelta, habiendo perdido años de su vida.
–¿Cuáles son los peligros de la utilización de esta figura?
–Es un problema muy complejo porque lo que ocurre es que a la opinión pública no le parece mal que una persona inocente esté privada de su libertad en la medida en que sea sospechosa. Entonces hay tanta presión en general, que los jueces se animan cada vez menos a aplicar mecanismos por los cuales estas personas podrían estar en arresto domiciliario o excarceladas… la regla es que la persona esté privada de su libertad, y si a eso le sumamos la lentitud de los procesos, es una situación muy compleja.
–¿Se viene nuevamente este año la discusión por la edad de la imputabilidad de los menores?
–Creo que ahí ni siquiera debería existir un debate, dado que la discusión está movida de su eje. El debate debería rondar sobre por qué no tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil acorde con los estándares internacionales; nos seguimos manejando con una ley que es de plena época de la dictadura. Este es otro tema en el que la opinión pública ejerce mucha presión. Debemos reformar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Recordemos que el Senado la había reformado y había bajado la edad de 16 a 14, luego pasó a Diputados y la comisión aprobó todo el texto pero volvió a salir de 14 a 16 y ahí nadie sabe que más pasó.
–¿Qué foco se debería dar al tema?
–En mi opinión el sistema actual fracasó y está demostrado que la mayoría de la gente que está en las cárceles para mayores ha tenido algún encuentro con la Justicia siendo menor, es decir que lejos de ser positivo este sistema, es muy negativo. Entonces, si sabemos que no funciona, por qué no dejamos la edad en 16 y probamos el nuevo modelo y luego si resulta bien, se discute nuevamente el tema de la edad. La verdadera discusión es por qué a tantos años de la democracia seguimos teniendo una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil mala y tan mal aplicada. La defensoría general tiene una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema, porque en la facilidad que da esta ley se dictaron perpetuas a menores de edad y eso no se puede… está prohibido a nivel internacional. Nosotros somos el único país del continente –excluyendo a los Estados Unidos– que no reformó la legislación penal juvenil y la adecuó a los nuevos estándares.
–¿Qué otras reformas son necesarias?
–Necesitamos que se reglamente rápidamente la ley de salud mental, porque tenemos una legislación modelo que nos pone a un nivel avanzado en el mundo, pero ya tiene más de un año y no fue reglamentada. Nosotros implementamos a un grupo de abogados que va a los centros donde hay personas internadas contra su voluntad y le dan patrocinio jurídico gratuito.
