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Román Lejtman, Periodista
Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero son los tres jueces federales que pueden decidir la situación política y procesal del vicepresidente Amado Boudou, acusado del delito de negociaciones incompatibles con su cargo por haber facilitado el acceso de la empresa ex Ciccone Calcográfica a un negocio multimillonario de impresión de billetes de 100 pesos. Boudou está cercado por las evidencias y trata de evitar a los libros de historia: aún es inédito para la Argentina que un Vicepresidente sea indagado por tráfico de influencia. Boudou puede abrir ese capítulo en la justicia federal.
Freiler, Farah y Ballestero son tres magistrados que conocen las leyes y las relaciones de poder. No habitan en una Torre de Marfil y están bajo fuego cruzado. Tienen en sus manos la renuncia de Boudou y aún no definieron que camino tomarán, frente a la evidencia que se acumula en la causa que investiga Ariel Lijo, el juez federal a cargo del caso Ciccone.
La clave del expediente judicial es Alejandro Vandenbroele, presidente de paja de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos. Y la justicia federal debe discernir si Vandenbroele se transformó en proveedor del Estado desconociendo a Boudou, cuyas huellas dactilares aparecen en toda la causa penal como ya probó el fiscal Carlos Rívolo antes de su recusación ordenada por los camaristas Freiler, Farah y Ballestero.
La defensa profesional del Vicepresidente está en dificultades, porque su cliente no puede con lo obvio: si desconoce a Vandenbroele, cómo explica su participación administrativa para destrabar la quiebra de Ciccone, cuando era ministro de Economía y el primer delfín de la Casa Rosada.
Giovanni Falcone, un juez italiano asesinado por la mafia, explicó en un seminario que los actos de corrupción se prueban uniendo indicios que son tangenciales al caso concreto. Falcone enseñaba que los funcionarios corruptos, sin importar su coeficiente intelectual, saben que están violando la ley y que sus acciones tenderán a encubrir sus conductas criminales. Desde esta lógica de investigación, las pistas colaterales sumadas a las pruebas documentales y a los testimonios permiten encontrar a los responsables del delito.
Boudou jura que no conoce a Vandenbroele, pero Vandenbroele aparece como titular de su cuenta telefónica, pagando sus expensas y abonando su sistema de cable en el apartamento que reconoció como propio en la última declaración jurada presentada en el Senado. Laura Muñoz, aseguró que su ex esposo Vandenbroele era testaferro del Vicepresidente, pese a las amenazas de muerte que recibe por teléfono. Y la AFIP, por exigencia judicial, remitió al despacho de Lijo un expediente que prueba el interés de Boudou respecto a la situación contable de la empresa ex Ciccone, pieza esencial de un negocio que sobrepasa la pericia profesional y la capacidad económica de Vandenbroele.
Freiler, Farah y Ballestero conocen las enseñanzas del juez Falcone, que no dudaría frente a las evidencias colaterales sumadas en la causa. Los camaristas tienen la oportunidad de hacer justicia, y cuentan con otro indicio tan obvio que puso en un laberinto a la defensa del Vicepresidente: The Old Fund, la sociedad controlante de la ex Ciccone, pagó 19 viajes a José María Núñez Carmona, socio comercial de Boudou, y otros cuatro para su hermano y su cuñada. Cómo se explica semejante generosidad de Vandenbroele, si se asume que no tienen relación personal y económica con Boudou. Un dato más, que ratifica las enseñanzas académicas de Falcone: Vandenbroele tiene menos pasajes pagados por The Old Fund que los amigos y familiares del Vicepresidente. Solo dos, a Brasil, que compartió con Núñez Carmona, socio de Boudou. Y es el presunto titular de la empresa.
Freiler investigó muy bien las coimas en el Senado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Ballestero actuó con profundidad en causas vinculadas a los derechos humanos y a la apropiación de menores. Farah hace poco que llegó a la justicia federal, y en una actuación polémica aseguró que no había corrupción en el caso Skanska. Como se observa, los tres camaristas entienden al poder y sus consecuencias institucionales.
Cuando cumplió cincuenta años, Freiler recibió en su casa a Darío Richarte, socio del abogado que defiende a Boudou. Richarte le cantó feliz cumpleaños, y ahora ayuda a su socio para evitar que el Vicepresidente renuncie acusado por tráfico de influencia. Farah es amigo de Javier Fernández, síndico de la Auditoria General de la Nación y operador de la Casa Rosada en los tribunales. Sin Fernández, Farah no hubiera llegado a la Cámara Federal. Y Ballestero también le debe un favor a Fernández: su hija Josefina trabaja en la Auditoria General por su gestión e influencia.
La evidencia sin jueces es una naturaleza muerta. Testimonios, recibos de expensas, servicios de cable, boletas de teléfono, pasajes de avión y expedientes administrativos tienen sentido si los magistrados interpretan su valor y articulan su potencia acusadora. Antes de la Feria de Invierno, Freiler, Farah y Ballestero pidieron la causa Vandenbroele/Boudou para analizar la prueba recogida y determinar su legalidad. Citaron a las partes y luego decidirán si el allanamiento a la casa de Boudou, clave en la investigación, se ajusta a derecho. Por eso, el Vicepresidente depende de la decisión procesal de Freiler, Farah y Ballestero.
El juez Falcone fue muerto por la mafia en Palermo. Se trató de un asesinato político. Un crimen es diferente de un suicidio. Aunque a veces, basta revisar los antecedentes, un suicidio encubre un crimen político. La causa Vandenbroele/Boudou sólo necesita jueces. Ni suicidas, ni criminales.
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Román Lejtman, Periodista
Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero son los tres jueces federales que pueden decidir la situación política y procesal del vicepresidente Amado Boudou, acusado del delito de negociaciones incompatibles con su cargo por haber facilitado el acceso de la empresa ex Ciccone Calcográfica a un negocio multimillonario de impresión de billetes de 100 pesos. Boudou está cercado por las evidencias y trata de evitar a los libros de historia: aún es inédito para la Argentina que un Vicepresidente sea indagado por tráfico de influencia. Boudou puede abrir ese capítulo en la justicia federal.
Freiler, Farah y Ballestero son tres magistrados que conocen las leyes y las relaciones de poder. No habitan en una Torre de Marfil y están bajo fuego cruzado. Tienen en sus manos la renuncia de Boudou y aún no definieron que camino tomarán, frente a la evidencia que se acumula en la causa que investiga Ariel Lijo, el juez federal a cargo del caso Ciccone.
La clave del expediente judicial es Alejandro Vandenbroele, presidente de paja de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos. Y la justicia federal debe discernir si Vandenbroele se transformó en proveedor del Estado desconociendo a Boudou, cuyas huellas dactilares aparecen en toda la causa penal como ya probó el fiscal Carlos Rívolo antes de su recusación ordenada por los camaristas Freiler, Farah y Ballestero.
La defensa profesional del Vicepresidente está en dificultades, porque su cliente no puede con lo obvio: si desconoce a Vandenbroele, cómo explica su participación administrativa para destrabar la quiebra de Ciccone, cuando era ministro de Economía y el primer delfín de la Casa Rosada.
Giovanni Falcone, un juez italiano asesinado por la mafia, explicó en un seminario que los actos de corrupción se prueban uniendo indicios que son tangenciales al caso concreto. Falcone enseñaba que los funcionarios corruptos, sin importar su coeficiente intelectual, saben que están violando la ley y que sus acciones tenderán a encubrir sus conductas criminales. Desde esta lógica de investigación, las pistas colaterales sumadas a las pruebas documentales y a los testimonios permiten encontrar a los responsables del delito.
Boudou jura que no conoce a Vandenbroele, pero Vandenbroele aparece como titular de su cuenta telefónica, pagando sus expensas y abonando su sistema de cable en el apartamento que reconoció como propio en la última declaración jurada presentada en el Senado. Laura Muñoz, aseguró que su ex esposo Vandenbroele era testaferro del Vicepresidente, pese a las amenazas de muerte que recibe por teléfono. Y la AFIP, por exigencia judicial, remitió al despacho de Lijo un expediente que prueba el interés de Boudou respecto a la situación contable de la empresa ex Ciccone, pieza esencial de un negocio que sobrepasa la pericia profesional y la capacidad económica de Vandenbroele.
Freiler, Farah y Ballestero conocen las enseñanzas del juez Falcone, que no dudaría frente a las evidencias colaterales sumadas en la causa. Los camaristas tienen la oportunidad de hacer justicia, y cuentan con otro indicio tan obvio que puso en un laberinto a la defensa del Vicepresidente: The Old Fund, la sociedad controlante de la ex Ciccone, pagó 19 viajes a José María Núñez Carmona, socio comercial de Boudou, y otros cuatro para su hermano y su cuñada. Cómo se explica semejante generosidad de Vandenbroele, si se asume que no tienen relación personal y económica con Boudou. Un dato más, que ratifica las enseñanzas académicas de Falcone: Vandenbroele tiene menos pasajes pagados por The Old Fund que los amigos y familiares del Vicepresidente. Solo dos, a Brasil, que compartió con Núñez Carmona, socio de Boudou. Y es el presunto titular de la empresa.
Freiler investigó muy bien las coimas en el Senado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Ballestero actuó con profundidad en causas vinculadas a los derechos humanos y a la apropiación de menores. Farah hace poco que llegó a la justicia federal, y en una actuación polémica aseguró que no había corrupción en el caso Skanska. Como se observa, los tres camaristas entienden al poder y sus consecuencias institucionales.
Cuando cumplió cincuenta años, Freiler recibió en su casa a Darío Richarte, socio del abogado que defiende a Boudou. Richarte le cantó feliz cumpleaños, y ahora ayuda a su socio para evitar que el Vicepresidente renuncie acusado por tráfico de influencia. Farah es amigo de Javier Fernández, síndico de la Auditoria General de la Nación y operador de la Casa Rosada en los tribunales. Sin Fernández, Farah no hubiera llegado a la Cámara Federal. Y Ballestero también le debe un favor a Fernández: su hija Josefina trabaja en la Auditoria General por su gestión e influencia.
La evidencia sin jueces es una naturaleza muerta. Testimonios, recibos de expensas, servicios de cable, boletas de teléfono, pasajes de avión y expedientes administrativos tienen sentido si los magistrados interpretan su valor y articulan su potencia acusadora. Antes de la Feria de Invierno, Freiler, Farah y Ballestero pidieron la causa Vandenbroele/Boudou para analizar la prueba recogida y determinar su legalidad. Citaron a las partes y luego decidirán si el allanamiento a la casa de Boudou, clave en la investigación, se ajusta a derecho. Por eso, el Vicepresidente depende de la decisión procesal de Freiler, Farah y Ballestero.
El juez Falcone fue muerto por la mafia en Palermo. Se trató de un asesinato político. Un crimen es diferente de un suicidio. Aunque a veces, basta revisar los antecedentes, un suicidio encubre un crimen político. La causa Vandenbroele/Boudou sólo necesita jueces. Ni suicidas, ni criminales.
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