El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, responsabilizó de la crisis financiera en las provincias a los gobernadores “que no se han manejado con precaución” en el contexto del disloque internacional y de la desaceleración de la economía argentina.
Habría que ver, en cada caso, cuánto incide en la crisis actual el dispendio o la falta de previsión de los mandatarios. Pero llama la atención que el fenómeno abarque a casi todas las provincias, sin distinción del color político. Es más, hay distritos muy apremiados, como Entre Ríos o Santa Cruz, que tienen una inconfundible identidad kirchnerista. Mendoza, del ultra K Francisco Pérez, debió colocar deuda por más de $ 1.300 millones para conseguir fondos genuinos. Existen otros distritos que también debieron ajustar sus cinturones pero que aún no salieron a la búsqueda de auxilio nacional extra, como el socialismo que gobierna Santa Fe.
Lo llamativo, en todos los casos, suele ser la impunidad de la palabra oficial.
Abal Medina habló como si el gobierno de Cristina Fernández fuera un dechado de virtudes administrativas. Ya la semana pasada, el viceministro de Economía, Axel Kicillof cuestionó a quienes objetaron la utilización de fondos de la ANSeS para financiar el último plan de viviendas K. A juicio suyo, el dinero público debería tener sentido de solidaridad. Y no pensar que la plata de los jubilados sólo se puede poner en el bolsillo de ellos. El sentido primario de esa solidaridad sería abonarles lo que corresponde (el 82% móvil) y no apelar los 366.000 juicios por actualización de haberes que dormitan en la Justicia. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, se despachó ayer con otra parrafada singular: “La toma de los colegios es un triunfo de la democracia” , sentenció.
Valdría la pena, sin embargo, detenerse en el reto o consejo que Abal Medina dispensó a los gobernadores.
¿Cuál ha sido en estos años la eficiente praxis del Gobierno central? La Presidenta asumió en el 2007 con un superávit fiscal que representó el 3,1% del PBI. Cuando concluya este año, si la tendencia continúa, sellará un déficit del 3% del PBI. En síntesis, una caída de 6% en cinco años.
Su gestión arrancó en el primer mandato con un superávit de la balanza comercial que, aún antes de la crisis del mundo, comenzó a virar en déficit . Manejó hasta el 2011 un tipo de cambio administrado que en los primeros meses de su segundo mandato transformó en cepo . Sobre la inflación no haría falta abundar. El arrastre se remonta al 2006 y tendría responsabilidad compartida con Néstor Kirchner. Se podrían enumerar otros ejemplos, aunque acaso resulte ilustrativo uno solo: el gobierno kirchnerista se devoró el autoabastecimiento energético y gasta cerca de US$ 9.000 millones en la importación de combustibles. Ese sensor indujo a Cristina a disponer algunos ajustes económicos y desató la crisis con el dólar.
La debilidad de los gobernadores, en ese contexto, se profundiza. Ninguno de ellos, con excepción de Daniel Scioli y, en menor medida, José Manuel de la Sota poseen espaldas políticas para plantear de modo frontal reclamos y diferencias con el Gobierno. El mayor aporte que reciben las provincias, además, reside en la coparticipación federal, en teoría en el orden del 34,6%. Pero según el socialista Hermes Binner, en este presente de flaquezas económicas ese porcentaje no superaría el 26%.
Los gobernadores parecen depender entonces, más que nunca , del poder central. Eso les quita la posibilidad de cierta elasticidad política en un sistema de por sí extremadamente rígido que supo construir el kirchnerismo. Los mandatarios provinciales corren con otra desventaja: no tienen, ante los déficits, otras fuentes de ingresos. Deben recurrir a reformas tributarias , como la que ensayó Jorge Sapag en Neuquén o fracasó Daniel Peralta en Santa Cruz. En todos los casos con secuelas sociales. O a endeudamiento con altísimas tasas de interés por la poca confianza internacional que despierta la Argentina.
El Gobierno, en cambio, ha colocado a su disposición casi todas las cajas del Estado para financiarse.
Y va por más frente a la necesidad.
El proyecto que presentó en Buenos Aires el diputado provincial Mario Caputo para estatizar el juego, es sólo un anticipo de lo que podría venir. Caputo fue, antes de convertirse en legislador, secretario privado del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La señal podría ser interpretada, además, como una continuidad en baja intensidad del conflicto que la Presidenta y el cristikirchnerismo mantienen con Scioli. La tregua abierta con el envío de fondos a La Plata para completar el pago del aguinaldo pareciera circunscribirse a Cristina, al gobernador y, por el momento, también Gabriel Mariotto.
De la Sota ha evitado hasta ahora peleas directas con Cristina, aunque expresó su solidaridad con Scioli en los días más agitados del pleito. El gobernador trasladó el problema de la deuda que la Nación mantiene con la provincia a la Legislatura cordobesa. Pero de ese debate el kirchnerismo se ausentó.
El senador Luis Juez propuso que las partes equilibren las cuentas (la provincia adeudaría $ 928 millones y la Nación $ 1.040 millones). La mayoría opositora al delasotismo urgió llevar la cuestión a la Corte Suprema.
Los restantes gobernadores están en situación similar a Scioli, De la Sota y el santafesino Bonfatti. Pero no se han atrevido a correrse de la línea oficial. El panorama resulta elocuente y hablaría de un rápido deterioro de la macroeconomía argentina . Todos los mandatarios –como Cristina– ganaron con claridad las elecciones.
Eso sucedió hace apenas nueve meses.
Habría que ver, en cada caso, cuánto incide en la crisis actual el dispendio o la falta de previsión de los mandatarios. Pero llama la atención que el fenómeno abarque a casi todas las provincias, sin distinción del color político. Es más, hay distritos muy apremiados, como Entre Ríos o Santa Cruz, que tienen una inconfundible identidad kirchnerista. Mendoza, del ultra K Francisco Pérez, debió colocar deuda por más de $ 1.300 millones para conseguir fondos genuinos. Existen otros distritos que también debieron ajustar sus cinturones pero que aún no salieron a la búsqueda de auxilio nacional extra, como el socialismo que gobierna Santa Fe.
Lo llamativo, en todos los casos, suele ser la impunidad de la palabra oficial.
Abal Medina habló como si el gobierno de Cristina Fernández fuera un dechado de virtudes administrativas. Ya la semana pasada, el viceministro de Economía, Axel Kicillof cuestionó a quienes objetaron la utilización de fondos de la ANSeS para financiar el último plan de viviendas K. A juicio suyo, el dinero público debería tener sentido de solidaridad. Y no pensar que la plata de los jubilados sólo se puede poner en el bolsillo de ellos. El sentido primario de esa solidaridad sería abonarles lo que corresponde (el 82% móvil) y no apelar los 366.000 juicios por actualización de haberes que dormitan en la Justicia. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, se despachó ayer con otra parrafada singular: “La toma de los colegios es un triunfo de la democracia” , sentenció.
Valdría la pena, sin embargo, detenerse en el reto o consejo que Abal Medina dispensó a los gobernadores.
¿Cuál ha sido en estos años la eficiente praxis del Gobierno central? La Presidenta asumió en el 2007 con un superávit fiscal que representó el 3,1% del PBI. Cuando concluya este año, si la tendencia continúa, sellará un déficit del 3% del PBI. En síntesis, una caída de 6% en cinco años.
Su gestión arrancó en el primer mandato con un superávit de la balanza comercial que, aún antes de la crisis del mundo, comenzó a virar en déficit . Manejó hasta el 2011 un tipo de cambio administrado que en los primeros meses de su segundo mandato transformó en cepo . Sobre la inflación no haría falta abundar. El arrastre se remonta al 2006 y tendría responsabilidad compartida con Néstor Kirchner. Se podrían enumerar otros ejemplos, aunque acaso resulte ilustrativo uno solo: el gobierno kirchnerista se devoró el autoabastecimiento energético y gasta cerca de US$ 9.000 millones en la importación de combustibles. Ese sensor indujo a Cristina a disponer algunos ajustes económicos y desató la crisis con el dólar.
La debilidad de los gobernadores, en ese contexto, se profundiza. Ninguno de ellos, con excepción de Daniel Scioli y, en menor medida, José Manuel de la Sota poseen espaldas políticas para plantear de modo frontal reclamos y diferencias con el Gobierno. El mayor aporte que reciben las provincias, además, reside en la coparticipación federal, en teoría en el orden del 34,6%. Pero según el socialista Hermes Binner, en este presente de flaquezas económicas ese porcentaje no superaría el 26%.
Los gobernadores parecen depender entonces, más que nunca , del poder central. Eso les quita la posibilidad de cierta elasticidad política en un sistema de por sí extremadamente rígido que supo construir el kirchnerismo. Los mandatarios provinciales corren con otra desventaja: no tienen, ante los déficits, otras fuentes de ingresos. Deben recurrir a reformas tributarias , como la que ensayó Jorge Sapag en Neuquén o fracasó Daniel Peralta en Santa Cruz. En todos los casos con secuelas sociales. O a endeudamiento con altísimas tasas de interés por la poca confianza internacional que despierta la Argentina.
El Gobierno, en cambio, ha colocado a su disposición casi todas las cajas del Estado para financiarse.
Y va por más frente a la necesidad.
El proyecto que presentó en Buenos Aires el diputado provincial Mario Caputo para estatizar el juego, es sólo un anticipo de lo que podría venir. Caputo fue, antes de convertirse en legislador, secretario privado del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La señal podría ser interpretada, además, como una continuidad en baja intensidad del conflicto que la Presidenta y el cristikirchnerismo mantienen con Scioli. La tregua abierta con el envío de fondos a La Plata para completar el pago del aguinaldo pareciera circunscribirse a Cristina, al gobernador y, por el momento, también Gabriel Mariotto.
De la Sota ha evitado hasta ahora peleas directas con Cristina, aunque expresó su solidaridad con Scioli en los días más agitados del pleito. El gobernador trasladó el problema de la deuda que la Nación mantiene con la provincia a la Legislatura cordobesa. Pero de ese debate el kirchnerismo se ausentó.
El senador Luis Juez propuso que las partes equilibren las cuentas (la provincia adeudaría $ 928 millones y la Nación $ 1.040 millones). La mayoría opositora al delasotismo urgió llevar la cuestión a la Corte Suprema.
Los restantes gobernadores están en situación similar a Scioli, De la Sota y el santafesino Bonfatti. Pero no se han atrevido a correrse de la línea oficial. El panorama resulta elocuente y hablaría de un rápido deterioro de la macroeconomía argentina . Todos los mandatarios –como Cristina– ganaron con claridad las elecciones.
Eso sucedió hace apenas nueve meses.
