El Gobierno inició de oficio el proceso para que Clarín desinvierta

En desconocimiento del fallo de la Corte Suprema que confirmó hasta el 7 de diciembre próximo la vigencia de una medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, el gobierno nacional intimó ayer a varias empresas pertenecientes a ese conglomerado a comenzar el proceso de desinversión previsto en la ley de medios audiovisuales.
Las notificaciones de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fueron enviadas a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión. En un extenso escrito, el organismo solicita información detallada sobre accionistas, servicios prestados, grilla de contenidos, estructura y datos técnicos de las redes o plantas transmisoras, cantidad de clientes, montos facturados y competidores, entre otros.
La cédula de notificación lleva la firma de Fernando Pérez, coordinador interino de Afsca, y es acompañada de una carta explicativa firmada por Santiago Aragón, presidente de esa autoridad y amigo personal de su antecesor en el cargo y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto; y de Ignacio Saavedra, director del organismo que opera como una suerte de copresidente y que pertenece a la agrupación kirchnerista La Cámpora.
Con esta medida, Afsca pisó el acelerador de la aplicación de la norma en su aspecto más polémico la misma semana en que dejó «sin efecto» los concursos abiertos hace un año para la creación de 220 nuevos canales de TV. Para esa licitación, en la que se esperaba una avalancha de interesados, sólo se vendieron 48 pliegos.
Afsca también notificó de ese pedido a otros grupos de medios que carecen de resguardo legal y para los que el artículo que fija el plazo de desinversión está plenamente vigente desde el 28 de diciembre pasado. Entre las empresas que ya deberían haberse adecuado a la norma están el grupo Uno Medios, del ex ministro justicialista José Luis Manzano y el empresario Daniel Vila; el grupo Indalo-C5N, del empresario del juego Cristóbal López; y el conjunto de emisoras que tienen en propiedad (y en disputa judicial) Raúl Moneta y Matías Garfunkel.
La medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín fue dictada por el juez Edmundo Carbone el 7 de diciembre de 2009 y rafiticada por la Cámara Federal. Paradójicamente, la cuestión de fondo, la constitucionalidad o no del artículo 161, no tiene aún un juez designado. Ese artículo fijó el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para que las empresas que hayan quedado en situación irregular se adecuen al nuevo marco legal.
La interpretación sobre el alcance del fallo de la Corte que le puso plazo de vencimiento a la cautelar que suspendió la aplicación de ese artículo al Grupo Clarín es el nuevo round en esta extensa disputa judicial. Mientras que para la empresa el 7 de diciembre empieza a correr el plazo de un año previsto en el artículo 161 de la ley de medios, para la administración Kirchner, ese día vencen todos los plazos y la desinversión tiene que estar concluida.
El proceso de adecuación tiene tres pasos: la presentación voluntaria, la constatación de oficio y la transferencia compulsiva de las licencias (es decir, la venta de empresas).
Afsca inició ayer el proceso de constatación de oficio para «determinar la situación actual de cada uno de los licenciatarios que, no habiendo presentado una propuesta de adecuación voluntaria, se encuentren en presunta infracción a la normativa»..