Política desquiciada: Schoklender tenía razón

Tal vez ni Cristina Fernández ni el kirchnerismo alcancen a mensurar el daño que le acaban de infringir a la política, a la democracia y a la credibilidad de las instituciones. Al menos, los últimos gestos públicos así lo dejaron traslucir.
La Presidenta se encargó de banalizar el lunes un episodio gravísimo, al justificar la salida de presos de las cárceles para participar en actos políticos de La Cámpora, disfrazados de culturales con una guitarra y una batería. Los camporistas se desnudaron como lo que son: jóvenes que se han zambullido en la política, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, con una enorme cuota de ambición, de desprejuicio y también una llamativa ausencia de elementales valores.
No se conoce de ellos un sólo aporte novedoso a las prácticas políticas democráticas. Lo que es peor, todavía, parecieran estar hurgando demasiado en los sumideros de la historia.
La utilización política de presos comunes llevada a cabo por el denominado “Vatayón Militante”, encuentra raíces inconfundibles en los Montoneros. Esa organización armada, en su época, transaba con bandas delictivas que aportaban la logística para los asaltos a los bancos, los secuestros y los ajusticiamientos.
La devaluación política del presente ofrece otra arista alarmante. La Presidenta y el kirchnerismo se esforzaron por encubrir aquella irregularidad que Sergio Schoklender se había encargado de denunciar hace meses.
Schoklender, el parricida, el psicópata, el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, el que cruza amenazas con Hebe de Bonafini y está envuelto en una causa por malversación de fondos públicos, podría transformarse en este tiempo –al menos en este escándalo– en una palabra veraz de la política. Un indicativo de hasta qué punto se degradó esa actividad.
Schoklender describió varias veces cómo los muchachos del “Vatayón Militante”, que responde a La Cámpora, se movían con total libertad por las cárceles reclutando simpatizantes para sus actos. El “Vatayón” lo desmintió, pero las apariciones en esos actos del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado hace poco a 18 años de prisión por haber quemado y asesinado a su mujer, parecieron darle razón a Schoklender.
De inmediato es posible plantear un estremecedor interrogante: ¿Tendrá también razón el parricida sobre los desmanejos de fondos públicos de Hebe en la Fundación de las Madres, que investiga el juez Norberto Oyarbide?
El ex apoderado de las Madres, asiduo visitante en sus tiempos de apogeo de Amado Boudou y de Alicia Kirchner, entre tantos funcionarios, supo bien de qué hablaba. Según fuentes del Servicio Penitenciario, él mismo habría participado del reclutamiento de presos para su propio grupo –ajeno al “Vatayón Militante”– que colaboraba con el emprendimiento “Sueños Compartidos”. Se trataba de la fabricación de viviendas para gente humilde. Los presos habrían sido contratados como peones y recibían una módica remuneración. Esos presos también eran autorizados a salir de modo silencioso. Las mismas fuentes dijeron que, en más de una ocasión, los reclusos se peleaban por ser elegidos para el grupo que lideraba Schoklender.
Por lo visto, entonces, las escapadas de Vásquez no constituyeron ninguna novedad. Sólo sirvieron para actualizar el vínculo escabroso entre las autoridades del Servicio Penitenciario y el kirchnerismo. Lo hacía Schoklender cuando formaba parte de la geografía del poder. Lo hacen ahora –está visto– los camporistas.
El caso de Vásquez sería emblemático.
Fue condenado el 14 de junio de este año –hace apenas 48 días– por la muerte de su mujer, Wanda Taddei. En medio del proceso judicial fue autorizado a una salida transitoria. Diez días después de la condena, a otra. Y existieron tres más, para realizar visitas a distintas cárceles. Todas con autorización de la Justicia y sin el conocimiento de su abogado ni del de la familia Taddei. El Tribunal Oral en lo Criminal que autorizó aquellas salidas explicó que se ajustó a la ley 24.660 que contempla la flexibilización en la situación de los presos. En el caso de la libertad condicional se concede luego de que el recluso cumple, al menos, los dos tercios de la condena estipulada. A Vásquez le hubiera correspondido la excepción de la salida transitoria recién en la mitad, es decir a los 9 años de reclusión .
El ministro de Justicia, Julio Alak, se empeñó en justificar con supuesto rigor el carácter cultural de las salidas del recluso. Cristina hizo lo mismo sin reparar en una grave omisión: Vásquez fue condenado por quemar a su mujer. El apremio político la indujo a enlodar una de sus banderas dilectas, la de la defensa del género.