El Gobierno comenzará a ejercer más control directo sobre las empresas en las que el Estado nacional tenga directores a través de las acciones de la ANSES. Las compañías que estén en esta situación, generada a partir de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), tendrán que comenzar a enviar al organismo que maneja Diego Bossio, y al despacho del viceministro Axel Kicillof, un documento donde figuren todos los resultados contables de los últimos años, la marcha del ejercicio 2012 y las previsiones para 2013. Además, serán notificadas de que deberán informar a los directores del Estado en las compañías los presupuestos impositivos para el próximo año, así como los dividendos que quieran distribuir, obviamente en pesos.
Oficialmente se asegura que esta mayor presión sobre las empresas con participación estatal sólo se explica por la necesidad del Ministerio de Economía de tener más información sobre los ingresos fiscales con que el sector público contará el año próximo. Los datos que llegarán a la ANSES y al Palacio de Hacienda, especialmente los referidos a los ingresos por ganancias, la distribución de dividendos y las declaraciones juradas impositivas, permitirán calcular los fondos que deberán llegar al sector público el año próximo. La intención primaria es entonces tener esta información para el momento en que desde Economía se comience a confeccionar el Presupuesto para 2013, que en teoría, el mes próximo el Gobierno tiene que enviar al Congreso Nacional. Todo parece indicar que así será, y que por primera vez desde que Cristina de Kirchner está en la Casa Rosada, el Presupuesto se aprobará en tiempo y forma sin mayores problemas ni dificultades de mayorías parlamentarias.
Otras voces, más cercanas a las empresas, creen ver en esta nueva presión sobre las compañías una intención fiscalizadora e intervencionista. Siguiendo esta visión, lo que el Gobierno estaría buscando es conocer los datos más delicados de las empresas, para luego ejercer presiones impositivas, contables, fiscales, cambiarias y, eventualmente, inflacionarias. Incluso, en el caso de los bancos, lo que se buscaría es ejercer una presión más directa con vistas al proyecto oficial de buscar más crédito dirigido. En el caso de la situación tributaria, el Gobierno podría además tener los datos sobre cuál es el monto que las compañías tendrán que liquidar de Ganancias y otros impuestos, y, eventualmente, hasta pedir adelantos más importantes, como aportes eventuales en casos de falta de efectivo. De más está decir que también el Gobierno tendrá acceso directo a la demanda de divisas, y las razones para hacerlo, en tiempos de controles cambiarios férreos y directos. La intención de máxima sería tener influencia directa en los destinos de las empresas, especialmente en el tema del direccionamiento de inversiones. Esto más allá de que en ningún caso el Gobierno tiene mayoría en los directorios.
Ésta es, además, la explicación extraoficial que se da dentro del Ejecutivo a la decisión presidencial de brindarle a Kicillof el control de todos los directores de las empresas en esta situación, en una nueva oficina que ya comenzó a tomar contacto telefónico con los CEO de las compañías en cuestión, entre las que se encuentran el Banco Macro (un 30% de participación estatal), Gas Natural Ban (26,63%), Consultatio (26,62%), Edenor (26,41%), Siderar (26%), Telecom (24,98%), Molinos (20%), Pampa Energía (22,48%), Solvay (16,71%), Petrobras (11,84%), Quickfood (8,97%), BBVA Banco Francés (7,5%) e IRSA (4,47%), entre otras, que incluyen al Grupo Clarín (9%).
Desde Economía se afirma, además, que la presión sería más directa en aquellas empresas vinculadas a los servicios públicos que, según los datos oficiales, tienen serias dificultades de continuidad sin una decisión de incremento tarifario. Según los primeros contactos en este sentido, los directores están dispuestos a hablar de aportes de capital en estas empresas (y en otras) con dineros provenientes del Fondo de Garantía Sustentable (FGS). Naturalmente, la decisión final la tendrá la Presidente, pero habrá que seguir de cerca los informes que los nuevos controladores deriven al despacho de Cristina de Kirchner.
Oficialmente se asegura que esta mayor presión sobre las empresas con participación estatal sólo se explica por la necesidad del Ministerio de Economía de tener más información sobre los ingresos fiscales con que el sector público contará el año próximo. Los datos que llegarán a la ANSES y al Palacio de Hacienda, especialmente los referidos a los ingresos por ganancias, la distribución de dividendos y las declaraciones juradas impositivas, permitirán calcular los fondos que deberán llegar al sector público el año próximo. La intención primaria es entonces tener esta información para el momento en que desde Economía se comience a confeccionar el Presupuesto para 2013, que en teoría, el mes próximo el Gobierno tiene que enviar al Congreso Nacional. Todo parece indicar que así será, y que por primera vez desde que Cristina de Kirchner está en la Casa Rosada, el Presupuesto se aprobará en tiempo y forma sin mayores problemas ni dificultades de mayorías parlamentarias.
Otras voces, más cercanas a las empresas, creen ver en esta nueva presión sobre las compañías una intención fiscalizadora e intervencionista. Siguiendo esta visión, lo que el Gobierno estaría buscando es conocer los datos más delicados de las empresas, para luego ejercer presiones impositivas, contables, fiscales, cambiarias y, eventualmente, inflacionarias. Incluso, en el caso de los bancos, lo que se buscaría es ejercer una presión más directa con vistas al proyecto oficial de buscar más crédito dirigido. En el caso de la situación tributaria, el Gobierno podría además tener los datos sobre cuál es el monto que las compañías tendrán que liquidar de Ganancias y otros impuestos, y, eventualmente, hasta pedir adelantos más importantes, como aportes eventuales en casos de falta de efectivo. De más está decir que también el Gobierno tendrá acceso directo a la demanda de divisas, y las razones para hacerlo, en tiempos de controles cambiarios férreos y directos. La intención de máxima sería tener influencia directa en los destinos de las empresas, especialmente en el tema del direccionamiento de inversiones. Esto más allá de que en ningún caso el Gobierno tiene mayoría en los directorios.
Ésta es, además, la explicación extraoficial que se da dentro del Ejecutivo a la decisión presidencial de brindarle a Kicillof el control de todos los directores de las empresas en esta situación, en una nueva oficina que ya comenzó a tomar contacto telefónico con los CEO de las compañías en cuestión, entre las que se encuentran el Banco Macro (un 30% de participación estatal), Gas Natural Ban (26,63%), Consultatio (26,62%), Edenor (26,41%), Siderar (26%), Telecom (24,98%), Molinos (20%), Pampa Energía (22,48%), Solvay (16,71%), Petrobras (11,84%), Quickfood (8,97%), BBVA Banco Francés (7,5%) e IRSA (4,47%), entre otras, que incluyen al Grupo Clarín (9%).
Desde Economía se afirma, además, que la presión sería más directa en aquellas empresas vinculadas a los servicios públicos que, según los datos oficiales, tienen serias dificultades de continuidad sin una decisión de incremento tarifario. Según los primeros contactos en este sentido, los directores están dispuestos a hablar de aportes de capital en estas empresas (y en otras) con dineros provenientes del Fondo de Garantía Sustentable (FGS). Naturalmente, la decisión final la tendrá la Presidente, pero habrá que seguir de cerca los informes que los nuevos controladores deriven al despacho de Cristina de Kirchner.
