La vida de Marion Fernández García empezó a declinar en 2008. Su marido perdió el trabajo y la pareja no pudo hacer frente por mucho tiempo más al pago de una abultada hipoteca de 1.250 euros mensuales. Con tres hijos pequeños, que ahora tienen diez, seis y dos años, la situación se complicó aún más cuando ambos se separaron. Marion, que nunca ha trabajado de forma regular, se quedó con el único apoyo económico de su madre. No percibe ninguna prestación y, como su marido está en el paro, tampoco le pasa ninguna pensión de alimentos. A punto de ser desahuciada y con un futuro muy negro, Marion acudió el pasado lunes a un supermercado Dia de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona) y se llevó, sin pagarlo, un carrito de la compra repleto de productos básicos. Según consta en el ticket de compra, los productos están valorados en 241,40 euros.
La justicia ha dado una respuesta rápida ante un fenómeno, el de los asaltos a supermercados, que va en aumento desde que el alcalde de Marinaleda y diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, liderase el asalto a un Mercadona en Écija. La acción la ha importado a Cataluña la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca del Alt Penedès, que trata de evitar desahucios. La empresa Dia presentó una denuncia contra la mujer, que este miércoles ha explicado en el juicio su versión de los hechos rodeada por una veintena de personas que han abarrotado la pequeña sala de vistas.
Ha sido un juicio breve, pero intenso. El fiscal ha pedido que Marion sea condenada por una falta de hurto al pago de una multa de 90 euros y a devolver el importe de los productos que cogió sin pagar. El abogado de la acusada, sin embargo, ha defendido que debe ser absuelta porque no ha cometido ningún ilícito penal.
La mujer, de 28 años, ha reconocido los hechos ante la juez. El pasado lunes, a las 14 horas, acudió al supermercado acompañada de miembros de la PAH. Llenó un carrito de la compra con productos de alimentación e higiene -arroz, aceite, carne, pescado, patatas, pañales, toallitas, leche y champú para bebés, compresas y jabones- y pasó por caja. Intentó pagar con una tarjeta de crédito a sabiendas de que no tenía fondos. Mientras la tarjeta era rechazada, los compañeros de Marion metieron los productos en bolsas de plástico y se los llevaron.
La cajera del Dia que atendió a la mujer también ha declarado, como testigo, en el juicio. «Al ver que no iban a pagar, avisé a mi encargada. Se me presentó un hombre diciéndome que era abogado, pero yo le dije que no quería saber nada de todo aquello», ha explicado la cajera.
Cuando decidió ir al súper, Marion era consciente de que estaba incumpliendo la ley. Pero decidió seguir adelante porque su situación es desesperada, ha explicado esta mañana. «Lo hice para coger la compra y poder subsistir. No aboné el importe del ticket porque no puedo pagarlo», ha respondido a preguntas del fiscal. Según la versión de Marion, intentó hablar con las empleadas para ofrecerles horas de trabajo a cambio del carrito. Pero nadie le hizo caso, ha dicho.
El fiscal ha puesto en duda que los productos fueran de primera necesidad, porque entre ellos había champú. «Es champú para niños», ha precisado la mujer. Los productos están en su poder y en el de otras tres familias con serias necesidades económicas. «Nadie del supermercado me dijo en ese momento que devolviera los productos», ha añadido en su defensa.
El escrito de conclusiones del fiscal ha irritado a los miembros de la PAH presentes en la sala. En opinión del fiscal, la mujer no ha acreditado suficientemente que haya agotado todos los recursos sociales disponibles. «¿Por qué no ha ido nunca a un comedor social?». «En mi pueblo, Sant Martí Sarroca, no lo hay. Pero he ido a Cáritas y a la Cruz Roja». Por eso la considera responsable de una falta de hurto prevista en el artículo 623 del Código Penal. «Ha tomado cosas ajenas sin consentimiento del titular y no ha reparado el daño, que ha causado un menoscabo al supermercado. Ha existido ánimo de lucro, que no siempre equivale a enriquecimiento, sino también a cualquier tipo de aprovechamiento». «¡Qué forma de entender la ley!», ha protestado uno de los miembros de la PAH.
El fiscal ha reconocido que existe la figura del hurto famélico; es decir, alguien que roba para subsistir, porque no tiene otros medios. Pero, a su juicio, esa figura «ya no tiene razón de ser en un Estado de Derecho que asegura que nadie se muere de hambre». La afirmación ha provocado sonoras carcajadas y protestas entre los miembros de la PAH, que han recibido la advertencia de la juez. El abogado defensor, José Ángel Gallego, ha expuesto que no existe ánimo de lucro porque la mujer tomó los productos sin pagarlos «para destinarlos a su consumo vital y poder sobrevivir».
Antes de la vista, los miembros de la PAH se han concentrado frente a los juzgados de Vilafranca del Penedès para dar apoyo a Marion. «No queremos dar mala imagen de España, es que ésta es la realidad del país. Damos dinero a los bancos y ellos no ofrecen nada a cambio; siguen desalojando a la gente de sus casas», ha explicado Gemma, una de las portavoces de la asamblea.
La sentencia del caso se conocerá mañana.
La justicia ha dado una respuesta rápida ante un fenómeno, el de los asaltos a supermercados, que va en aumento desde que el alcalde de Marinaleda y diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, liderase el asalto a un Mercadona en Écija. La acción la ha importado a Cataluña la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca del Alt Penedès, que trata de evitar desahucios. La empresa Dia presentó una denuncia contra la mujer, que este miércoles ha explicado en el juicio su versión de los hechos rodeada por una veintena de personas que han abarrotado la pequeña sala de vistas.
Ha sido un juicio breve, pero intenso. El fiscal ha pedido que Marion sea condenada por una falta de hurto al pago de una multa de 90 euros y a devolver el importe de los productos que cogió sin pagar. El abogado de la acusada, sin embargo, ha defendido que debe ser absuelta porque no ha cometido ningún ilícito penal.
La mujer, de 28 años, ha reconocido los hechos ante la juez. El pasado lunes, a las 14 horas, acudió al supermercado acompañada de miembros de la PAH. Llenó un carrito de la compra con productos de alimentación e higiene -arroz, aceite, carne, pescado, patatas, pañales, toallitas, leche y champú para bebés, compresas y jabones- y pasó por caja. Intentó pagar con una tarjeta de crédito a sabiendas de que no tenía fondos. Mientras la tarjeta era rechazada, los compañeros de Marion metieron los productos en bolsas de plástico y se los llevaron.
La cajera del Dia que atendió a la mujer también ha declarado, como testigo, en el juicio. «Al ver que no iban a pagar, avisé a mi encargada. Se me presentó un hombre diciéndome que era abogado, pero yo le dije que no quería saber nada de todo aquello», ha explicado la cajera.
Cuando decidió ir al súper, Marion era consciente de que estaba incumpliendo la ley. Pero decidió seguir adelante porque su situación es desesperada, ha explicado esta mañana. «Lo hice para coger la compra y poder subsistir. No aboné el importe del ticket porque no puedo pagarlo», ha respondido a preguntas del fiscal. Según la versión de Marion, intentó hablar con las empleadas para ofrecerles horas de trabajo a cambio del carrito. Pero nadie le hizo caso, ha dicho.
El fiscal ha puesto en duda que los productos fueran de primera necesidad, porque entre ellos había champú. «Es champú para niños», ha precisado la mujer. Los productos están en su poder y en el de otras tres familias con serias necesidades económicas. «Nadie del supermercado me dijo en ese momento que devolviera los productos», ha añadido en su defensa.
El escrito de conclusiones del fiscal ha irritado a los miembros de la PAH presentes en la sala. En opinión del fiscal, la mujer no ha acreditado suficientemente que haya agotado todos los recursos sociales disponibles. «¿Por qué no ha ido nunca a un comedor social?». «En mi pueblo, Sant Martí Sarroca, no lo hay. Pero he ido a Cáritas y a la Cruz Roja». Por eso la considera responsable de una falta de hurto prevista en el artículo 623 del Código Penal. «Ha tomado cosas ajenas sin consentimiento del titular y no ha reparado el daño, que ha causado un menoscabo al supermercado. Ha existido ánimo de lucro, que no siempre equivale a enriquecimiento, sino también a cualquier tipo de aprovechamiento». «¡Qué forma de entender la ley!», ha protestado uno de los miembros de la PAH.
El fiscal ha reconocido que existe la figura del hurto famélico; es decir, alguien que roba para subsistir, porque no tiene otros medios. Pero, a su juicio, esa figura «ya no tiene razón de ser en un Estado de Derecho que asegura que nadie se muere de hambre». La afirmación ha provocado sonoras carcajadas y protestas entre los miembros de la PAH, que han recibido la advertencia de la juez. El abogado defensor, José Ángel Gallego, ha expuesto que no existe ánimo de lucro porque la mujer tomó los productos sin pagarlos «para destinarlos a su consumo vital y poder sobrevivir».
Antes de la vista, los miembros de la PAH se han concentrado frente a los juzgados de Vilafranca del Penedès para dar apoyo a Marion. «No queremos dar mala imagen de España, es que ésta es la realidad del país. Damos dinero a los bancos y ellos no ofrecen nada a cambio; siguen desalojando a la gente de sus casas», ha explicado Gemma, una de las portavoces de la asamblea.
La sentencia del caso se conocerá mañana.
