Malas noticias para el señor Magnetto

Que las fuerzas que constituyen la primera y segunda minoría políticas del Parlamento se hayan integrado, finalmente, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al directorio de RTA (Radio y Televisión Argentina) y al de la AFSCA fue una muy buena noticia para la democracia y una pésima señal para las corporaciones.
Aunque demoraron casi tres años desde la sanción de la Ley de Medios, con el mismo énfasis que se la critica cuando cede a estrategias de bloqueo que perjudican a todos, es inevitable reconocer que, esta vez, la oposición hizo lo que correspondía.
La Comisión Bicameral quedó así encabezada por los kirchneristas Agustín Rossi, presidente; Liliana Fellner, vice; y el radical Ricardo Buryaile como secretario. Para la AFSCA, el radicalismo postuló a Marcelo Stubrin y el FAP a Alejandro Pereyra. Y en RTA, la UCR propuso a José Cusinato y el FAP a Marcelo Romeau. La UCR y el FAP no objetaron la nominación de la periodista, docente y escritora Cynthia Ottaviano como defensora del Público.
No fue esta, sin embargo, la única mala noticia que Héctor Magnetto recibió en la semana. La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal dejó sin efecto una resolución (inspirada en el camarista radical y consejero Ricardo Recondo, según denunció el oficialismo) por la cual los jueces que atendían los cinco juzgados vacantes de su fuero eran elegidos primero a dedo entre magistrados jubilados de antecedentes opinables –algunos habían sido designados por la dictadura de Aramburu, otros por la de Onganía y otros por la de Videla– y luego, algo insólito, por un sorteo que no cumplía los requisitos mínimos de una lotería familiar.
La sospecha de manejo discrecional en expedientes de alto interés público, que bien pudo haber sido disipada por el Consejo de la Magistratura nombrando a los cinco candidatos que concursaron por sus cargos, como manda la Constitución, generó polémica. Pero tanto Recondo como el diputado y consejero Oscar Aguad, también radical, negaron número a esta solución, de carácter cristalino y reglamentario. Tanta fue la preocupación del reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti por el vendaval de críticas, que llamó a su despacho a los consejeros.
El primero de ellos fue el radical Recondo. Si bien no trascendió qué le habría dicho en privado, es imaginable que hayan conversado sobre un reportaje suyo con el bisemanario Perfil, donde admitía un doble rol como juez y parte, consejero y camarista, y se ufanaba de que los gobiernos pasaban pero los jueces quedaban a perpetuidad, todo esto dicho con indisimulable corazoncito en la disputa.
Lo cierto es que un día después, la Cámara decidió que lo mejor era, como pedía el kirchnerismo, respetar la ley. Esto no es broma: está escrito. La resolución del 18 de octubre, firmada por los camaristas Santiago Kiernan, Ricardo Víctor Guarinón, María Susana Majurieta, Graciela Medina, bajo la presidencia de Martín Diego Farrel, señala que «las repercusiones que el aludido sistema de subrogancias ha generado en las últimas declaraciones oficiales aconsejan al Tribunal a seguir, en adelante, el procedimiento establecido por el artículo 1, inciso ‘a’, de la Ley 26.376 (…) «Se deja sin efecto, a partir de la fecha, toda resolución o acordada dictada por el Tribunal que sea contraria a esta decisión». Se habían metido en un embrollo. Salieron de él aplicando la ley. ¿Entonces, qué hacían antes?
La medida le dio la razón al oficialismo. Al menos, de ahora en más, los jueces subrogantes saldrán del propio fuero, y aunque lo correcto sería que fuese el Consejo quien los designe, no es lo mismo un juez digitado que firma sentencias o cautelares desde la dulce poltrona jubilatoria, como proponía previamente la Cámara, que otro que ya regentea un juzgado y actúa al margen de la excepcionalidad. En el peor de los casos, si el primero perdiera un juicio político regresaría a su situación previa, es decir, a la de usía pasivo. Al segundo, se supone, le troncharía la carrera judicial. Parece mentira haber llegado a este punto. Pero el abuso de la «justicia cautelar» llevó las cosas a niveles de incredulidad generalizada. A Lorenzetti le va a resultar difícil remontar el descrédito, que no provocó, esto es verdad. Y aunque es cierto que su foto en Mendoza con magistrados de todo el país (titulada por los medios hegemónicos como «los jueces no cederemos a ninguna presión», en supuesta réplica al proyecto oficial de «per saltum» presentado en el Senado), se pareció mucho a la presentación en sociedad de un «partido judicial» anti- K, tal vez se trate de un espejismo hecho a imagen y semejanza de los que pretenden que la Corte se convierta en enemiga del Poder Ejecutivo, elegido por el voto popular, o que renuncie a sus principios.
El reelecto Lorenzetti sabe mejor que nadie que una cosa es la justicia y sus necesidades como poder independiente y otra, las necesidades de Clarín en la justicia. Por eso, cuando uno revisa lo que dijo en Mendoza, y no lo que Clarín y La Nación dijeron que dijo, se deduce que los poderes corporativos también recibieron lo suyo de parte del titular del máximo tribunal. Para que no queden dudas, lo que sigue es lo que dijo Lorenzetti, textual: «Avisamos que no vamos a ceder ante las presiones. No importa que sean poderes políticos o económicos. Obviamente que hay presiones de toda naturaleza y yo quiero decirles que nosotros ya sabemos que va a haber presiones en cualquier caso que nosotros tengamos de cierta notoriedad. Y que no vamos a cambiar nuestros principios, esté quien esté por delante. Este es un buen aviso porque nosotros hace rato que hablamos de la imparcialidad que significa que si uno tiene un caso, esté quién esté en ese caso, siempre debe fallar según los mismos principios.» También dijo que «los cargos vacantes deben ser cubiertos de manera objetiva y controlable.» Es decir, según marca la ley.
Por lo pronto, con la nueva resolución de la Cámara, la que respeta la ley, los magistrados Horacio Alfonso, Francisco de Asís Soto y Alejandro Saint Genez se ocuparán de los juzgados a la deriva («hasta que se cubran definitivamente las vacantes») en un fuero anómalo, donde cinco de los once juzgados están sin jueces nombrados por el Consejo. La solución no es la mejor, pero al menos corrige el zafarrancho que irritó al kirchnerismo y a media familia judicial, cansada de la otra mitad que hace y deshace según su antojo. De todos ellos, Alfonso se ocupará del Juzgado 1, donde está radicada la causa del Grupo Clarín contra la Ley de Medios.
Curiosamente, el diario de Magnetto no recibió a Alfonso con la algarabía gramática que le dedicó a Edmundo Carbone en su momento, o a Raúl Tettamenti, recientemente. El primero fue quien resolvió la medida cautelar a favor de Clarín para que no se le aplicara el artículo 161 de adecuación a la ley.
El segundo, nombrado con el aval de la Cámara y Recondo, adujo «violencia moral» y renunció cuando el Ministerio de Justicia dejó en evidencia que había beneficiado al mismo grupo en un fallo sobre Fibertel. Resulta que Alfonso dio de baja en el pasado una cautelar del ahora jubilado Carbone que suspendía el artículo 30 de la ley que permite la incursión de cooperativas en la prestación de servicios audiovisuales. La frialdad que le prodigó Clarín desde sus 250 licencias y su diario de agitación quizá tenga que ver con este antecedente, nada alentador para el grupo.
Mientras tanto, Cristina Kirchner viajó a Corrientes, más precisamente al santuario de la Virgen de Itatí, a llevar una de las banderas que flameó en Malvinas en 1966 durante el Operativo Cóndor. Dijo que lo hacía como «peregrina» y no como presidenta, que se lo había prometido a María Cristina Verrier, viuda de Dardo Cabo, y pidió a la virgen que ablandara los corazones de los poderosos que se resisten a resignar sus privilegios.
Recordó que Evita era devota de la Virgen de Itatí y que Perón había puesto en marcha la construcción del santuario el 27 de octubre de 1947. Flaqueó al citar la fecha: Néstor Kirchner murió un 27 de octubre, pero de 2010. Rindió homenaje al Regimiento 12 de la provincia («los cuchilleros correntinos»), por haberse batido en Ganso Verde, Islas Malvinas, en 1982, con coraje frente a los ingleses. Volvió a interpelar a los jóvenes y tuvo, quizá, el discurso más peronista de los últimos tiempos, sin dejar de remarcar que la última década es la de mejores índices de inclusión y crecimiento en los 200 años de historia argentina. Las menciones a Perón y Evita no fueron al azar: el peronismo festejó esta semana un nuevo 17 de octubre.
Ese día, Hugo Moyano hizo un discurso desde las puertas de la CGT Azopardo. Estuvo flanqueado por el ex carapintada Aldo Rico, su compadre el «Momo» Venegas y el hoy macrista Jesús Cariglino, acusado de liderar las patotas que agredieron a periodistas de Tiempo Argentino, Crónica, Malviticias y la agencia Télam, que cubrían casos de presunta «mala praxis» en el hospital de Malvinas Argentinas. Moyano fue duro con el gobierno y anunció, desafiante, que va a encausar el voto de los trabajadores en otra opción política que no sea kirchnerista. Mientras hablaba, desde el Twitter oficial del Sindicato de Camioneros se burlaron de Héctor Recalde, abogado histórico de la CGT –comenzó en la década del ’60, con José Alonso– y del sindicato de Moyano, desde hace 20 años. El divorcio era inimaginable hace un año, cuando Recalde era moyanista y Moyano recaldista, y los dos kirchneristas. Pero las diferencias políticas (Recalde actúa dentro del bloque del FPV y reconoce en Cristina a su jefa política, y Moyano ya es antikirch- nerista sin retorno) terminaron por enfrentarlos. La excusa del camionero fue el nuevo proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo, enviado por el Ejecutivo, que aunque no fue respaldado por Recalde –en acuerdo con Agustín Rossi–, le sirvió a Moyano para romper todos los puentes con el histórico abogado laboralista. Recalde quedó dolido porque Moyano lo increpó con dureza y sin elegancia en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se votaba el dictamen de mayoría que el abogado, fiel a sus convicciones, no firmó. Habrá que ver qué gana el camionero, que se sueña como «el Lula argentino», con esta ruptura impensada. Dejar a Recalde para abrazarse con Cariglino es una medida esotérica más que política.
Así están las cosas. «
Bajar el cuadro
Cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla hizo realidad el “Nunca más” a los golpes militares en la Argentina. La democracia sepultó ese día, con un sencillo pero significativo acto, nada menos que el miedo al Estado genocida. El valor simbólico de la medida fue comparable a una liberación para toda la sociedad, la que se reconoce como kirchnerista y la que no. El 7 de diciembre, a casi 30 años de la recuperación democrática, esa misma sociedad bajará el cuadro de una corporación económica, que cree estar por encima de la legalidad, las instituciones y la voluntad popular expresada en las urnas. Será un paso gigante, una revolución por el sentido de las cosas sin sangre. Los dueños del poder y del dinero asisten azorados a este cambio de época. No comprenden por qué Cristina se atreve a tanto. No lo pueden creer. Sería conveniente repasar lo que les ocurrió a otros gobernantes electos frente a estas mismas corporaciones, que constituían el poder permanente en nuestro país. Raúl Alfonsín fue eyectado de la Casa Rosada por un golpe de estado económico alentado por Clarín, la Sociedad Rural, la banca y el establishment empresario local. Leopoldo Moreau, que apoya la plena vigencia de la Ley de Medios, lo recordó estos días. Es un buen ejercicio de memoria el suyo. Recuperar la soberanía de la palabra es también recuperar la soberanía popular. Ni el partido militar, ni el judicial, ni el económico pueden pretender la suma del poder. No, al menos, en el sistema democrático. Cuando se ven las tapas histéricas de sus voceros, se confirma que esta vez, va en serio. Primero fue el cuadro de Videla. El 7D, el de Magnetto. No es casualidad: el primero fue la cara militar de un Estado genocida. El segundo, su socio y vocero, el que calló el genocidio para cambiar la matriz económica del país en beneficio de un sector privilegiado. No hubieran podido hacerlo sin sangre. No hubieran tenido éxito si no arrojaban a los opositores al mar y no silenciaban el horror. La democracia finalmente se pone los pantalones largos. Esta es otra mala noticia para los grupos que tienen un proyecto de país donde sobran 20 millones de argentinos. Y una muy buena para el conjunto social, donde conviven los kirchneristas y los que no.
Dilma le dijo no a la SIP
Las patronales mediáticas conservadoras del hemisferio agrupadas en la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se reunieron en San Pablo, Brasil, durante la última semana. La tribuna fue utilizada por La Nación y Clarín para despotricar contra Cristina Kirchner y la Ley de Medios de la Democracia. La cobertura de ambos diarios destacó que la SIP enviará una delegación a la Argentina para acompañar el reclamo corporativo de que todo vuelva a ser como era cuando no había leyes antimonopólicas. Los discursos fueron bastante previsibles y aburridos, con dardos a Chávez, a Correa, a Evo y a todo lo que el Departamento de Estado califica de «democracias participativas», es decir, peligrosas o no controladas. La noticia, sin embargo, fue que por segunda vez, Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa del Brasil, la sexta economía del mundo, y principal socio comercial y político de la Argentina, decidió no concurrir al evento al que había sido invitada con antelación. Directamente, los plantó.