Por una deuda impositiva cercana a los $ 2800 millones acumulada a partir de la evasión del Impuesto a las Ganancias, de retenciones a las exportaciones de granos y de la utilización de facturas apócrifas en tándem con «sociedades fantasma», la AFIP expulsó a la compañía de agronegocios Bunge del registro fiscal de operadores de granos y la sancionó con un aumento en las alícuotas del IVA y de Ganancias. Además, le trabó embargo sobre 50 propiedades de la compañía en todo el país.
En tanto, otras «diez o 12 grandes empresas» multinacionales exportadoras de granos y de manufacturas de origen agropecuario están bajo vigilancia del Estado también «con problemas de triangulaciones, evasión de Ganancias y utilización de facturas» falsas, indicó ayer en conferencia de prensa el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray.
«Bunge ya no forma parte del registro de granos y tiene una mayor retención de IVA y de Ganancias», aseguró Echegaray al dar cuenta de las sanciones. Además, aclaró que «si hay otro contribuyente que tenga una conducta fiscal no compatible con las normas de la Argentina, también se le podrá aplicar la sanción de baja del registro».
En concepto de Ganancias, informó el funcionario, Bunge le debe al Estado unos $ 2200 millones cuyo pago incumplió mediante triangulaciones «vía la zona franca de Montevideo (Uruguay), declarando menores valores en la Argentina», señaló el titular de la AFIP. Pero la empresa adeuda también entre $ 550 y $ 600 millones en materia de derechos de exportación que, según Echegaray, la empresa acumuló desde 2007. «Frente al cambio de alícuotas de la soja», Bunge habría vendido al exterior «productos que decía tener pero que todavía ni siquiera habían sido cosechados». La maniobra consistía en un congelamiento de la alícuota a un menor porcentaje de las tareas que se llevaron en su momento a cabo para rendir impuestos a un valor menor que el vigente en el momento concreto de la transacción.
Un tercer componente de deuda de Bunge es la utilización de facturas apócrifas para obtener recupero del IVA «en la compra de granos, cereales y oleaginosas a las sociedades fantasma».
«Estamos hablando de un contribuyente que pese a hacer grandes negocios no ha logrado una buena calificación en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales», consideró Echegaray. En una primera etapa de la investigación, «las normas nos habilitan a suspenderlos del registro fiscal de operadores de granos», refirió el funcionario. En el caso de Bunge, la medida había sido apelada por la empresa ante la justicia, pero la Cámara Federal de Apelaciones volvió a dar la razón a la AFIP a principios de octubre. Después, ante la ausencia de una regularización por parte de Bunge, se decidió la baja.
El titular de la AFIP denunció también la «conducta dual» de la compañía, que al mismo tiempo «incluye la deuda en sus balances» y la niega en los tribunales. En ese sentido, el jefe de la entidad recaudadora hizo votos para que Bunge revierta su actitud. «La empresa va a poder nuevamente iniciar su trámite de gestión ante el registro de operadores fiscales de granos si cumple con la deuda, porque los que más ganan son los que más tienen que pagar», subrayó Echegaray, y agregó que «nuestro proyecto no es dar de baja a las empresas» sino que «queremos que cumplan».
Pero a la par de Bunge, las empresas que adeudan «son las principales multinacionales exportadoras de granos, cereales, oleaginosas, aceites y otras manufacturas de origen agrícola», aseveró el jefe de la AFIP, abriendo un panorama que involucra a importantes jugadores del mercado local e internacional.
«Todas –aseguró el funcionario– tienen casos de triangulación, con agotamiento de la base disponible para el pago de Ganancias» y «la mayoría tiene utilización de facturas apócrifas por haber realizado operaciones por medio de operadores fantasmas», remarcó. En el caso de progresar la investigación sobre esas grandes compañías, «terminaremos dando de baja en el registro fiscal de operadores de granos a aquellas firmas que tienen una conducta fiscal renuente», dijo Echegaray.
Para el titular de la AFIP, existe una situación «conflictiva» sobre todo en «las multinacionales que operan en el mercado exportador de granos»: la mayoría de ellas «debe derechos de exportación por haber concretado operaciones y congelado la alícuota cuando no tenían los productos en existencia». El comportamiento «dual» trasciende a Bunge, ya que las otras grandes empresas también apelan a conductas contradictorias frente a la administración pública: «A la Aduana le dicen algo y a la DGI otra cosa. De un lado dicen que tienen que pagar una suma de dinero y en el otro que no.»
FANTASMAS. Echegaray también confió que en lo que va de 2012, la Administración desbarató unas 300 mil sociedades fantasma, que forman parte de la cadena de evasiones de estas grandes empresas. De esos, solamente el 0,02% pidió la reactivación del CUIT a la AFIP, lo que «quiere decir que la medida frente a compañías que no tenían movimiento, ni empleados, ni declaraciones juradas, ha sido muy efectiva», interpretó Echegaray. El vínculo con las «sociedades comerciales fantasma» se probó mediante las facturas apócrifas que, en el caso de Bunge, derivaron en llamados a indagatoria para su CEO global y sus directivos.
Finalmente, la AFIP llamó a las empresas a no transferir el costo de los controles de la AFIP a los productores primarios y prometió «medidas muy serias» para las multinacionales que intenten bajar «el precio de referencia» de las materias primas argumentando límites fiscales.
«Venimos monitoreando a cuánto se compra la tonelada en los distintos puntos del país y contamos con un valor promedio referencial» y «no queremos que 10 o 12 multinacionales comprometan las operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas en la Argentina», concluyó Echegaray. «
En tanto, otras «diez o 12 grandes empresas» multinacionales exportadoras de granos y de manufacturas de origen agropecuario están bajo vigilancia del Estado también «con problemas de triangulaciones, evasión de Ganancias y utilización de facturas» falsas, indicó ayer en conferencia de prensa el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray.
«Bunge ya no forma parte del registro de granos y tiene una mayor retención de IVA y de Ganancias», aseguró Echegaray al dar cuenta de las sanciones. Además, aclaró que «si hay otro contribuyente que tenga una conducta fiscal no compatible con las normas de la Argentina, también se le podrá aplicar la sanción de baja del registro».
En concepto de Ganancias, informó el funcionario, Bunge le debe al Estado unos $ 2200 millones cuyo pago incumplió mediante triangulaciones «vía la zona franca de Montevideo (Uruguay), declarando menores valores en la Argentina», señaló el titular de la AFIP. Pero la empresa adeuda también entre $ 550 y $ 600 millones en materia de derechos de exportación que, según Echegaray, la empresa acumuló desde 2007. «Frente al cambio de alícuotas de la soja», Bunge habría vendido al exterior «productos que decía tener pero que todavía ni siquiera habían sido cosechados». La maniobra consistía en un congelamiento de la alícuota a un menor porcentaje de las tareas que se llevaron en su momento a cabo para rendir impuestos a un valor menor que el vigente en el momento concreto de la transacción.
Un tercer componente de deuda de Bunge es la utilización de facturas apócrifas para obtener recupero del IVA «en la compra de granos, cereales y oleaginosas a las sociedades fantasma».
«Estamos hablando de un contribuyente que pese a hacer grandes negocios no ha logrado una buena calificación en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales», consideró Echegaray. En una primera etapa de la investigación, «las normas nos habilitan a suspenderlos del registro fiscal de operadores de granos», refirió el funcionario. En el caso de Bunge, la medida había sido apelada por la empresa ante la justicia, pero la Cámara Federal de Apelaciones volvió a dar la razón a la AFIP a principios de octubre. Después, ante la ausencia de una regularización por parte de Bunge, se decidió la baja.
El titular de la AFIP denunció también la «conducta dual» de la compañía, que al mismo tiempo «incluye la deuda en sus balances» y la niega en los tribunales. En ese sentido, el jefe de la entidad recaudadora hizo votos para que Bunge revierta su actitud. «La empresa va a poder nuevamente iniciar su trámite de gestión ante el registro de operadores fiscales de granos si cumple con la deuda, porque los que más ganan son los que más tienen que pagar», subrayó Echegaray, y agregó que «nuestro proyecto no es dar de baja a las empresas» sino que «queremos que cumplan».
Pero a la par de Bunge, las empresas que adeudan «son las principales multinacionales exportadoras de granos, cereales, oleaginosas, aceites y otras manufacturas de origen agrícola», aseveró el jefe de la AFIP, abriendo un panorama que involucra a importantes jugadores del mercado local e internacional.
«Todas –aseguró el funcionario– tienen casos de triangulación, con agotamiento de la base disponible para el pago de Ganancias» y «la mayoría tiene utilización de facturas apócrifas por haber realizado operaciones por medio de operadores fantasmas», remarcó. En el caso de progresar la investigación sobre esas grandes compañías, «terminaremos dando de baja en el registro fiscal de operadores de granos a aquellas firmas que tienen una conducta fiscal renuente», dijo Echegaray.
Para el titular de la AFIP, existe una situación «conflictiva» sobre todo en «las multinacionales que operan en el mercado exportador de granos»: la mayoría de ellas «debe derechos de exportación por haber concretado operaciones y congelado la alícuota cuando no tenían los productos en existencia». El comportamiento «dual» trasciende a Bunge, ya que las otras grandes empresas también apelan a conductas contradictorias frente a la administración pública: «A la Aduana le dicen algo y a la DGI otra cosa. De un lado dicen que tienen que pagar una suma de dinero y en el otro que no.»
FANTASMAS. Echegaray también confió que en lo que va de 2012, la Administración desbarató unas 300 mil sociedades fantasma, que forman parte de la cadena de evasiones de estas grandes empresas. De esos, solamente el 0,02% pidió la reactivación del CUIT a la AFIP, lo que «quiere decir que la medida frente a compañías que no tenían movimiento, ni empleados, ni declaraciones juradas, ha sido muy efectiva», interpretó Echegaray. El vínculo con las «sociedades comerciales fantasma» se probó mediante las facturas apócrifas que, en el caso de Bunge, derivaron en llamados a indagatoria para su CEO global y sus directivos.
Finalmente, la AFIP llamó a las empresas a no transferir el costo de los controles de la AFIP a los productores primarios y prometió «medidas muy serias» para las multinacionales que intenten bajar «el precio de referencia» de las materias primas argumentando límites fiscales.
«Venimos monitoreando a cuánto se compra la tonelada en los distintos puntos del país y contamos con un valor promedio referencial» y «no queremos que 10 o 12 multinacionales comprometan las operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas en la Argentina», concluyó Echegaray. «
