Contratapa
Mineras y provincias, futuros consortes
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAE
Mineras y provincias, futuros consortes
31/10/2012
Para nuevos proyectos, las empresas tendrían que asociarse con firmas estatales del interior. Posible camino para evitar una suba de regalías, siempre en agenda
Minera del Altiplano S.A., subsidiaria de la norteamericana FCM Lithium, habría freezado su decisión de aumentar su exposición en la Argentina desembolsando u$s200 millones para un desarrollo que, a juicio de sus máximos responsables, no resulta oportuno por los cambios de reglas operados y los que podrían producirse. Sin embargo, ni esta ni otra firma minera tienen demasiadas razones para preocuparse: el único cambio en ciernes parece ser la obligación de las mineras de ser socias de empresas provinciales del rubro.
No se trata de un maridaje totalmente novedoso. Lo diferente es que será condición ineludible para el desarrollo de nuevos proyectos del rubro en el país. Aquí una primera tranquilidad para los inversores renuentes: cualquier discusión acerca de qué hacer con los siempre controvertidos emprendimientos de este sector por ahora incluye no introducir más cambios al propicio marco legal que generó la Ley de Inversiones Mineras para quienes ya tienen explotaciones en curso.
En Santa Cruz hubo un proyecto de ley más osado, que afectaba los proyectos en curso. Según la propuesta formulada por el diputado del Frente para la Victoria Leonardo Álvarez luego de que un proyecto era considerado factible, la empresa en cuestión tenía que constituir una sociedad anónima con Fomicruz S.E., la minera provincial, cediéndole el 10% de participación accionaria sin cargo. Adicionalmente, se obligaba a ceder el 8% del mineral extraído, una vez refinado libre de todo costo y según la cotización en el mercado de Londres.
Esa iniciativa resultó más viable que otra abortada tras un debate que fracturó en mitades la Legislatura y que proponía un impuesto extraordinario del 10% sobre las operaciones de compra y venta de emprendimientos mineros. Estaba inspirada en las operaciones de GoldCorp (que compró Cerro Negro) y Yamana Corp., que hizo lo propio con Cerro Moro. Pero de la Secretaría de Minería de la Nación, a cargo de Jorge Mayoral, llegó el aviso de que ese tipo de imposiciones podría desalentar inversiones y de que cualquier cuestión tendría que resolverse en el marco de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi).
Ése es el punto crucial. La OFEMI, presidida por el gobernador José Luis Gioja –tan sanjuanino como Mayoral– es un núcleo de una decena de provincias que tienen este tipo de recursos y que decidieron hermanar sus estrategias para regular la explotación. De aquí deben surgir los principios que cada estado luego aplicará con la idea de no diferenciarse en demasía.
Mayoral aspira a cuidar a un sector que conoce y lo entusiasma genuinamente. Tanto que sus números son hasta más optimistas que los de las firmas privadas: para la secretaría a su cargo, la extracción de metales promovió la generación de 500.000 empleos directos e indirectos, número que para las companías no puede subir de 100.000.
La Ley de Inversiones Mineras, mirada con celos y codicia por empresarios de otros rubros, ofreció una serie de garantías a las transnacionales que formularon apuestas en el territorio local, la más atractiva: la de estabilidad fiscal por treinta años, la amortización anticipada de bienes de capital en etapa exploratoria o la liberad para girar dividendos.
Algunas de estas prerrogativas quedaron en el camino, cuando se impusieron retenciones de entre el 5 y el 7% a las exportaciones y se limitó la posibilidad de no liquidar divisas en el país. Otras están recortadas por medidas coyunturales y de carácter especial, como la que restringe el giro de utilidades para evitar el drenaje de dólares. Pero hasta ahora no prosperó ninguna idea para capturar una porción de la creciente renta de las companías del sector, en gran medida impulsada por la extraordinaria suba que tuvieron los precios de los metales en el mercado internacional.
Las regalías del 3% sobre valor de facturación de lo producido que tributan a las arcas provinciales es para los políticos de casi cualquier signo una contribución nimia. Sin embargo, la manera que la Ofemi está encontrando de aumentar aquella porción no es aumentando la alícuota sino por la vía de asociaciones bajo pautas aún no precisas, pero que reservarían al estado provincial el derecho a tener una porción de los nuevos emprendimientos y una porción equivalente en las utilidades, una salida consensuada que no afectaría la mentada seguridad jurídica, algo parecido a lo que intenta la nacional Enarsa con sus joint ventures con petroleras y similar a la línea de trabajo que tiene Gas y Petróleo de Neuquén, incluso para restituirle a energéticas que operan en su territorio áreas revertidas sin demasiado fundamento técnico.
Mientras pule esta fórmula –que apura a los estados del interior que no tienen empresas a conformarlas rápidamente–, la Ofemi busca cómo fortalecer los controles para acotar el impacto ambiental y, de paso, revertir la mala imagen de la actividad, sindicada de contaminante y expoliadora. Mientras la Barrick analiza la performance de su balance local, que habría registrado una utilidad de u$s400 millones en el último ejercicio, alista un reporte para mostrar sus buenas acciones, cuidadosas del entorno.
Las empresas, tanto como los políticos conocedores del paño, saben que erradicar los pruritos hacia las mineras es más difícil que asociarlas a las provincias, dueñas del recurso que éstas venden casi en bruto, consolidando sus fortunas.
Mineras y provincias, futuros consortes
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAE
Mineras y provincias, futuros consortes
31/10/2012
Para nuevos proyectos, las empresas tendrían que asociarse con firmas estatales del interior. Posible camino para evitar una suba de regalías, siempre en agenda
Minera del Altiplano S.A., subsidiaria de la norteamericana FCM Lithium, habría freezado su decisión de aumentar su exposición en la Argentina desembolsando u$s200 millones para un desarrollo que, a juicio de sus máximos responsables, no resulta oportuno por los cambios de reglas operados y los que podrían producirse. Sin embargo, ni esta ni otra firma minera tienen demasiadas razones para preocuparse: el único cambio en ciernes parece ser la obligación de las mineras de ser socias de empresas provinciales del rubro.
No se trata de un maridaje totalmente novedoso. Lo diferente es que será condición ineludible para el desarrollo de nuevos proyectos del rubro en el país. Aquí una primera tranquilidad para los inversores renuentes: cualquier discusión acerca de qué hacer con los siempre controvertidos emprendimientos de este sector por ahora incluye no introducir más cambios al propicio marco legal que generó la Ley de Inversiones Mineras para quienes ya tienen explotaciones en curso.
En Santa Cruz hubo un proyecto de ley más osado, que afectaba los proyectos en curso. Según la propuesta formulada por el diputado del Frente para la Victoria Leonardo Álvarez luego de que un proyecto era considerado factible, la empresa en cuestión tenía que constituir una sociedad anónima con Fomicruz S.E., la minera provincial, cediéndole el 10% de participación accionaria sin cargo. Adicionalmente, se obligaba a ceder el 8% del mineral extraído, una vez refinado libre de todo costo y según la cotización en el mercado de Londres.
Esa iniciativa resultó más viable que otra abortada tras un debate que fracturó en mitades la Legislatura y que proponía un impuesto extraordinario del 10% sobre las operaciones de compra y venta de emprendimientos mineros. Estaba inspirada en las operaciones de GoldCorp (que compró Cerro Negro) y Yamana Corp., que hizo lo propio con Cerro Moro. Pero de la Secretaría de Minería de la Nación, a cargo de Jorge Mayoral, llegó el aviso de que ese tipo de imposiciones podría desalentar inversiones y de que cualquier cuestión tendría que resolverse en el marco de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi).
Ése es el punto crucial. La OFEMI, presidida por el gobernador José Luis Gioja –tan sanjuanino como Mayoral– es un núcleo de una decena de provincias que tienen este tipo de recursos y que decidieron hermanar sus estrategias para regular la explotación. De aquí deben surgir los principios que cada estado luego aplicará con la idea de no diferenciarse en demasía.
Mayoral aspira a cuidar a un sector que conoce y lo entusiasma genuinamente. Tanto que sus números son hasta más optimistas que los de las firmas privadas: para la secretaría a su cargo, la extracción de metales promovió la generación de 500.000 empleos directos e indirectos, número que para las companías no puede subir de 100.000.
La Ley de Inversiones Mineras, mirada con celos y codicia por empresarios de otros rubros, ofreció una serie de garantías a las transnacionales que formularon apuestas en el territorio local, la más atractiva: la de estabilidad fiscal por treinta años, la amortización anticipada de bienes de capital en etapa exploratoria o la liberad para girar dividendos.
Algunas de estas prerrogativas quedaron en el camino, cuando se impusieron retenciones de entre el 5 y el 7% a las exportaciones y se limitó la posibilidad de no liquidar divisas en el país. Otras están recortadas por medidas coyunturales y de carácter especial, como la que restringe el giro de utilidades para evitar el drenaje de dólares. Pero hasta ahora no prosperó ninguna idea para capturar una porción de la creciente renta de las companías del sector, en gran medida impulsada por la extraordinaria suba que tuvieron los precios de los metales en el mercado internacional.
Las regalías del 3% sobre valor de facturación de lo producido que tributan a las arcas provinciales es para los políticos de casi cualquier signo una contribución nimia. Sin embargo, la manera que la Ofemi está encontrando de aumentar aquella porción no es aumentando la alícuota sino por la vía de asociaciones bajo pautas aún no precisas, pero que reservarían al estado provincial el derecho a tener una porción de los nuevos emprendimientos y una porción equivalente en las utilidades, una salida consensuada que no afectaría la mentada seguridad jurídica, algo parecido a lo que intenta la nacional Enarsa con sus joint ventures con petroleras y similar a la línea de trabajo que tiene Gas y Petróleo de Neuquén, incluso para restituirle a energéticas que operan en su territorio áreas revertidas sin demasiado fundamento técnico.
Mientras pule esta fórmula –que apura a los estados del interior que no tienen empresas a conformarlas rápidamente–, la Ofemi busca cómo fortalecer los controles para acotar el impacto ambiental y, de paso, revertir la mala imagen de la actividad, sindicada de contaminante y expoliadora. Mientras la Barrick analiza la performance de su balance local, que habría registrado una utilidad de u$s400 millones en el último ejercicio, alista un reporte para mostrar sus buenas acciones, cuidadosas del entorno.
Las empresas, tanto como los políticos conocedores del paño, saben que erradicar los pruritos hacia las mineras es más difícil que asociarlas a las provincias, dueñas del recurso que éstas venden casi en bruto, consolidando sus fortunas.
