A Cristina Kirchner se le acabó la caja? Es una pregunta difícil. Sus recursos equivalen a lo que el Banco Central se anime a emitir. A pesar de esa disponibilidad, ha comenzado a actuar como si se hubiera quedado sin plata. Y esa limitación está sembrando de conflictos sus relaciones con el sindicalismo, los gobernadores y los empresarios. Es una dinámica comprensible: el orden político en que se sostiene la Presidenta es un orden fiscal.
Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli convocaron para el 20 de noviembre a un paro nacional contra la apropiación que hace el Gobierno de los fondos de las obras sociales y contra la quita salarial del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
La movilización es, entonces, en contra del Tesoro, que se apodera de recursos que pertenecen a los trabajadores.
La CGT de Barrionuevo se movilizará hoy a la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Economía. El lunes pasado hubo contactos para sumar a la CGT de Moyano. Barrionuevo pretende que las obras sociales recuperen los fondos destinados a subsidios de salud que recauda la AFIP y retiene Hacienda. Los gremialistas reclaman una suma de $ 15.000 millones. Las autoridades prometieron reintegrar $ 2000 millones. Hasta ahora no devolvieron una moneda. En los sindicatos se preparan para solicitar un amparo judicial y demandar a los funcionarios que desde 2007 administran como si fueran del Estado dineros que, en rigor, pertenecen a los afiliados a las entidades de salud.
La manifestación de hoy es parte de la guerra que se desencadenó el 3 de este mes, cuando la superintendenta Liliana Korenfeld firmó la resolución 1200. Por esta norma las obras sociales le cedían la selección de los prestadores de alta complejidad, pero conservaban la responsabilidad penal frente a los pacientes. La reforma terminó de convencer a los sindicalistas de que la señora de Kirchner avanzará sobre la salud, su negocio principal.
Desatada la ira de los gremios, Korenfeld culpó por la medida al director del PAMI, Luciano Di Cesare, que domina casi toda la Superintendencia, y dictó la resolución 1310, que suspendió la anterior hasta el 30 de noviembre. Olvidó decir que la nueva norma era retroactiva. Por lo tanto, la resolución 1200 tiene vigencia para todos los trámites que se realizaron entre el 3 y el 22 de este mes.
En un pasaje que merece entrar en la historia del derecho, Korenfeld explicó que la resolución 1200 sería corregida para dar más transparencia al sistema, a pedido de la CGT. Fue una alusión a uno de los artículos inspirados por Di Cesare, que vuelve a permitir a las obras sociales delegar el cobro de subsidios en intermediarios. Esa rehabilitación abre de nuevo el juego a la denominada «mafia de los medicamentos». Di Cesare está muy cerca de la droguería Núcleo Farma, de Alejandro Queipo.
En el mercado circula con insistencia la versión según la cual en esa empresa habría ingresado un nuevo socio, cercano a Di Cesare y, sobre todo, a su viejo amigo Emilio Salas, médico de varios integrantes de la familia Kirchner.
La medida original retiraba el subsidio destinado a los discapacitados, que ya se venía pagando con mucho retraso. La decisión provocó anteayer una multitudinaria protesta frente a la Superintendencia, liderada por el sacerdote Pablo Molero, de la obra de Don Orione. «Si decidieron no pagar esas prestaciones, que son tan sensibles, es porque se quedaron sin plata», comentó uno de los manifestantes. No tuvo en cuenta el nivel de incompetencia, que en la actual administración es cada vez más alto.
Hoy los sindicatos también reclamarán para que se eleve el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Para muchos empleados ya consumió el aumento de la primera ronda de paritarias y promete devorar casi todo el aguinaldo. El formato de la disputa es el mismo: la caja del Gobierno contra el bolsillo de los trabajadores.
La rebeldía de Moyano, Micheli y Barrionuevo se viene mostrando estéril para arrancar alguna conquista a la Presidenta. Pero la mansedumbre cooperativa de la CGT Balcarce no es más eficaz. Cristina Kirchner resolvió que los gremialistas conducidos por Antonio Caló sean atendidos por Juan Manuel Abal Medina. No es el mejor destino.
El jefe de Gabinete se comporta como un secretario privado de lujo y sólo se compromete a trasladar los reclamos a su jefa. El pusilánime Caló es su perfecta contraparte. La última reunión que La Balcarce mantuvo a solas con la Presidenta fue desopilante. Cuando ya estaba frente a ella, Caló miró a Omar Viviani, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Mister Cloro (José Luis Lingeri) y les dijo: «Muchachos, ya cumplí. Acá la tienen. Díganle las cosas que les preocupan». ¿Se justifica tanto miedo? Los demás se hundieron en un silencio de pánico. Ni que estuvieran ante Cruella de Vil.
Caló y sus socios se ilusionan con que dentro de pocos días la señora de Kirchner los recibirá para anunciar una reducción en la carga impositiva de los asalariados o una piñata de monedas para repartir entre las obras sociales. Demasiado optimismo. La Presidenta detesta que sus decisiones sean vistas como la reacción a una presión corporativa. Lo explicó hace un par de meses: «Quiero sindicatos que comprendan y se integren». Caló y sus asociados no han entendido que se están perdiendo esa oportunidad, de puro pedigüeños.
En el mismo sector oficialista hay quienes sospechan que no habrá satisfacción alguna hasta la campaña electoral. Mientras tanto, esperan que las alegrías lleguen desde Tribunales. En estos días podría conocerse un fallo que modifica la carga del impuesto a las ganancias.
Los gobernadores también se estrellan contra la caja kirchnerista. Los giros no automáticos del poder central son cada vez más pobres. Este año se han incrementado en 7%. Pero, como la inflación es del 25%, en realidad disminuyeron 18%. El que más lo advierte es Daniel Scioli. Hay proveedores de IOMA que pagan los sueldos con los bonos que, a falta de efectivo, les entrega esa obra social.
Los empresarios experimentan la misma aridez del fisco. Economía suspendió los reintegros de IVA a los exportadores que registren deudas con la AFIP. Es un detalle: todos los reembolsos están bloqueados.
¿Cuál es la razón de esta crisis del Tesoro? ¿El kirchnerismo se quedó sin fondos?¿O ha decidido no avanzar sobre aquellos de los que todavía dispone gracias a la generosa financiación del Banco Central? Habría que contemplar esta última opción. Axel Kicillof habría convencido a la Presidenta de atacar el problema de la inflación con el método más inesperado: un severísimo torniquete fiscal. Ortodoxia pura.
La rigidez de Kicillof deberá superar algunos desafíos: sin subsidios del Estado, por ejemplo, el sector energético amenaza con estallar durante el verano. Generadores y distribuidores de electricidad entraron en cesación de pagos.
Ante estas dificultades, ¿cuál será la próxima alcancía sobre la que se lanzará el kirchnerismo? Entre los empresarios y en algunas oficinas del Gobierno circula la misma apuesta: los aeropuertos de Eduardo Eurnekian.
La versión, muy insistente, afirma que la empresa está en la mira de La Cámpora, que fantasea con compensar con los ingresos aeroportuarios el insostenible déficit de Aerolíneas. Eurnekian iría a la fila de los Ezkenazi, Brito, Cirigliano o Werthein: viudas del modelo.
Las restricciones fiscales tienen una carga política decisiva. El principal desafío de Cristina Kirchner no es doblegar a sus opositores, sino reforzar la obediencia de sus subordinados.
Esa operación se realiza con dinero. Justo lo que le está faltando. Inquietante carencia, sobre todo cuando el firmamento oficial se cubre de malos augurios: de los 28 senadores que ayer levantaron una valla contra la reforma constitucional, más de media docena pertenece al partido de la Presidenta..
Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli convocaron para el 20 de noviembre a un paro nacional contra la apropiación que hace el Gobierno de los fondos de las obras sociales y contra la quita salarial del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
La movilización es, entonces, en contra del Tesoro, que se apodera de recursos que pertenecen a los trabajadores.
La CGT de Barrionuevo se movilizará hoy a la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Economía. El lunes pasado hubo contactos para sumar a la CGT de Moyano. Barrionuevo pretende que las obras sociales recuperen los fondos destinados a subsidios de salud que recauda la AFIP y retiene Hacienda. Los gremialistas reclaman una suma de $ 15.000 millones. Las autoridades prometieron reintegrar $ 2000 millones. Hasta ahora no devolvieron una moneda. En los sindicatos se preparan para solicitar un amparo judicial y demandar a los funcionarios que desde 2007 administran como si fueran del Estado dineros que, en rigor, pertenecen a los afiliados a las entidades de salud.
La manifestación de hoy es parte de la guerra que se desencadenó el 3 de este mes, cuando la superintendenta Liliana Korenfeld firmó la resolución 1200. Por esta norma las obras sociales le cedían la selección de los prestadores de alta complejidad, pero conservaban la responsabilidad penal frente a los pacientes. La reforma terminó de convencer a los sindicalistas de que la señora de Kirchner avanzará sobre la salud, su negocio principal.
Desatada la ira de los gremios, Korenfeld culpó por la medida al director del PAMI, Luciano Di Cesare, que domina casi toda la Superintendencia, y dictó la resolución 1310, que suspendió la anterior hasta el 30 de noviembre. Olvidó decir que la nueva norma era retroactiva. Por lo tanto, la resolución 1200 tiene vigencia para todos los trámites que se realizaron entre el 3 y el 22 de este mes.
En un pasaje que merece entrar en la historia del derecho, Korenfeld explicó que la resolución 1200 sería corregida para dar más transparencia al sistema, a pedido de la CGT. Fue una alusión a uno de los artículos inspirados por Di Cesare, que vuelve a permitir a las obras sociales delegar el cobro de subsidios en intermediarios. Esa rehabilitación abre de nuevo el juego a la denominada «mafia de los medicamentos». Di Cesare está muy cerca de la droguería Núcleo Farma, de Alejandro Queipo.
En el mercado circula con insistencia la versión según la cual en esa empresa habría ingresado un nuevo socio, cercano a Di Cesare y, sobre todo, a su viejo amigo Emilio Salas, médico de varios integrantes de la familia Kirchner.
La medida original retiraba el subsidio destinado a los discapacitados, que ya se venía pagando con mucho retraso. La decisión provocó anteayer una multitudinaria protesta frente a la Superintendencia, liderada por el sacerdote Pablo Molero, de la obra de Don Orione. «Si decidieron no pagar esas prestaciones, que son tan sensibles, es porque se quedaron sin plata», comentó uno de los manifestantes. No tuvo en cuenta el nivel de incompetencia, que en la actual administración es cada vez más alto.
Hoy los sindicatos también reclamarán para que se eleve el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Para muchos empleados ya consumió el aumento de la primera ronda de paritarias y promete devorar casi todo el aguinaldo. El formato de la disputa es el mismo: la caja del Gobierno contra el bolsillo de los trabajadores.
La rebeldía de Moyano, Micheli y Barrionuevo se viene mostrando estéril para arrancar alguna conquista a la Presidenta. Pero la mansedumbre cooperativa de la CGT Balcarce no es más eficaz. Cristina Kirchner resolvió que los gremialistas conducidos por Antonio Caló sean atendidos por Juan Manuel Abal Medina. No es el mejor destino.
El jefe de Gabinete se comporta como un secretario privado de lujo y sólo se compromete a trasladar los reclamos a su jefa. El pusilánime Caló es su perfecta contraparte. La última reunión que La Balcarce mantuvo a solas con la Presidenta fue desopilante. Cuando ya estaba frente a ella, Caló miró a Omar Viviani, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Mister Cloro (José Luis Lingeri) y les dijo: «Muchachos, ya cumplí. Acá la tienen. Díganle las cosas que les preocupan». ¿Se justifica tanto miedo? Los demás se hundieron en un silencio de pánico. Ni que estuvieran ante Cruella de Vil.
Caló y sus socios se ilusionan con que dentro de pocos días la señora de Kirchner los recibirá para anunciar una reducción en la carga impositiva de los asalariados o una piñata de monedas para repartir entre las obras sociales. Demasiado optimismo. La Presidenta detesta que sus decisiones sean vistas como la reacción a una presión corporativa. Lo explicó hace un par de meses: «Quiero sindicatos que comprendan y se integren». Caló y sus asociados no han entendido que se están perdiendo esa oportunidad, de puro pedigüeños.
En el mismo sector oficialista hay quienes sospechan que no habrá satisfacción alguna hasta la campaña electoral. Mientras tanto, esperan que las alegrías lleguen desde Tribunales. En estos días podría conocerse un fallo que modifica la carga del impuesto a las ganancias.
Los gobernadores también se estrellan contra la caja kirchnerista. Los giros no automáticos del poder central son cada vez más pobres. Este año se han incrementado en 7%. Pero, como la inflación es del 25%, en realidad disminuyeron 18%. El que más lo advierte es Daniel Scioli. Hay proveedores de IOMA que pagan los sueldos con los bonos que, a falta de efectivo, les entrega esa obra social.
Los empresarios experimentan la misma aridez del fisco. Economía suspendió los reintegros de IVA a los exportadores que registren deudas con la AFIP. Es un detalle: todos los reembolsos están bloqueados.
¿Cuál es la razón de esta crisis del Tesoro? ¿El kirchnerismo se quedó sin fondos?¿O ha decidido no avanzar sobre aquellos de los que todavía dispone gracias a la generosa financiación del Banco Central? Habría que contemplar esta última opción. Axel Kicillof habría convencido a la Presidenta de atacar el problema de la inflación con el método más inesperado: un severísimo torniquete fiscal. Ortodoxia pura.
La rigidez de Kicillof deberá superar algunos desafíos: sin subsidios del Estado, por ejemplo, el sector energético amenaza con estallar durante el verano. Generadores y distribuidores de electricidad entraron en cesación de pagos.
Ante estas dificultades, ¿cuál será la próxima alcancía sobre la que se lanzará el kirchnerismo? Entre los empresarios y en algunas oficinas del Gobierno circula la misma apuesta: los aeropuertos de Eduardo Eurnekian.
La versión, muy insistente, afirma que la empresa está en la mira de La Cámpora, que fantasea con compensar con los ingresos aeroportuarios el insostenible déficit de Aerolíneas. Eurnekian iría a la fila de los Ezkenazi, Brito, Cirigliano o Werthein: viudas del modelo.
Las restricciones fiscales tienen una carga política decisiva. El principal desafío de Cristina Kirchner no es doblegar a sus opositores, sino reforzar la obediencia de sus subordinados.
Esa operación se realiza con dinero. Justo lo que le está faltando. Inquietante carencia, sobre todo cuando el firmamento oficial se cubre de malos augurios: de los 28 senadores que ayer levantaron una valla contra la reforma constitucional, más de media docena pertenece al partido de la Presidenta..
