Un poder que se muerde a sí mismo

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La Presidenta criticó a Darín por dudar del origen de su patrimonio
Cerraron tres causas y ya no se investigan los bienes
A Cristina Kirchner se la ve más preocupada por que se cumplan sus deseos que por que triunfen sus políticas. Tal vez haya alcanzado esa fase del egocentrismo en que resulta imposible sospechar que la obediencia a la propia voluntad puede no conducir, por sí sola, al éxito. Es el momento en que la personalidad autoritaria se vuelve autodestructiva.
El año comenzó con tres demostraciones de ese fenómeno. Anoche la Presidenta respondió con carta, plagada de insinuaciones agresivas, a declaraciones en las que Ricardo Darín se preguntó sobre su evolución patrimonial. El jueves pasado, Hebe de Bonafini fue destacada en la puerta de los tribunales para extorsionar a la Corte con un juicio popular que ella se propone conducir. Y al día siguiente el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con el senador Miguel Pichetto, fueron enviados a Bariloche a defenestrar al intendente sin más ritual que la comunicación de una orden. Es posible que en los tres casos la Presidenta sólo consiga desnudar su impotencia.
El texto dirigido a Darín confirmaría las preocupaciones del actor. En vez de agregar alguna información que despeje la incógnita del enriquecimiento, le aconseja interrogar a otros políticos, oficialistas u opositores, que no informan sobre el incremento de su fortuna. Como si la primera magistratura no impusiera obligaciones excepcionales.
La carta de la Presidenta no da nombres. Salvo el de Daniel Scioli, «candidato de las estrellas» y figura principal del oficialismo.
A pesar de que reconoce varias veces su talento, la Presidenta no aprecia la inteligencia de Darín. Lo identifica como una víctima más de la patraña que los medios orquestan para ocultar las virtudes del Gobierno (aun así, consigna que fue uno de esos medios, LA NACION, el que reveló que la declaración jurada de Scioli es secreta).
Como el actor propuso una reconciliación, la señora de Kirchner se preguntó en qué contexto lo hacía. Y se respondió a sí misma: quizá sea en el de los que se oponen a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La Presidenta hizo notar a Darín que la libertad de expresión que reina en el país no tiene antecedentes. Eso sí: desde ayer quedó claro que la celebridad que pregunte por los bienes de los Kirchner debe animarse a recibir una carta de 142 líneas firmada por la jefa del Estado y con algún recordatorio sobre su propia biografía. La que dedicada a Darín, consigna que hace 22 años el actor fue acusado y detenido por el contrabando de una camioneta, y que la investigación del hecho prescribió por el paso del tiempo.
El jueves pasado, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, que demostró su apego a los procedimientos con el programa Sueños Compartidos, anunció que cada semana ventilará datos para asociar a los magistrados de la Corte Suprema «con los que fueron represores». Bonafini ya declaró la inocencia de los jueces que firmaron una solicitada favorable a las tesis del oficialismo. Y calificó de «muy probo» a Raúl Zaffaroni, demostrando una inesperada capacidad de discernimiento: Zaffaroni ejerció la magistratura durante el último régimen militar, como él mismo justificó, con argumentos razonables, cuando recibió el acuerdo del Senado.
Hay que agradecer a Bonafini la sinceridad con que expuso la tesis oficial: sólo merecen respeto los jueces que fallan como espera el Poder Ejecutivo; los demás quedan ligados de inmediato a la peor de las dictaduras y merecen ser ajusticiados por la vía del escrache. Darín había explicado el mecanismo con otras palabras: «Te dicen lo que tenés que pensar y en qué dirección, y si no estás de acuerdo sos un hijo de puta».
Sinceridad de Bonafini
La señora de Kirchner tal vez no soportó la sinceridad de Bonafini y, estilizando su chantaje denunció vía Twitter, a lo Timerman, que «los jueces gobiernan anulando decisiones del Poder Ejecutivo y Legislativo». Se refería a los pronunciamientos de la Cámara Civil y Comercial en los conflictos con Clarín y con la Sociedad Rural. Pero el enojo es con la Corte: a esa cámara «se le ha permitido» pasar todos los límites, se quejó.
Los desafíos de los Kirchner al máximo tribunal no son novedosos. Varias veces desobedecieron sus sentencias. Y la propia Presidenta, en su último discurso de Plaza de Mayo, hizo un aporte al conocimiento histórico al revelar que el reemplazo de la Corte que su esposo heredó de Eduardo Duhalde no se debió a los motivos esgrimidos en el juicio político, que ella condujo, sino que fue un escarmiento por haber pretendido anular la pesificación. «En aquel momento, él tomó la decisión de contarle al pueblo lo que estaba pasando», recordó. ¿Estará Bonafini poniendo en marcha el mismo método?
Debajo de las diatribas contra la Justicia palpita la misma premisa que anima el conflicto con la prensa: no hay otra legitimidad que la que otorga el voto directo. Esta suposición, constitutiva de todo populismo, entra en conflicto con el diseño institucional que se han dado desde hace más de dos siglos las sociedades pluralistas. Las constituciones modernas, entre ellas la argentina, han puesto su régimen de garantías, de manera deliberada, en custodia de un poder cuyos funcionarios se eligen de modo indirecto y a los que se exige un título universitario. Ese dispositivo conservador aspira a evitar la dictadura de una mayoría. La misma ideología otorga fueros a la prensa para asegurar a los ciudadanos que los actos del poder más peligroso, el de los que administran el Estado, serán sometidos a la crítica.
Cuando las democracias se vuelven poco competitivas los que ejercen el gobierno tienden a derribar esas barreras. Desde que superó por 37 puntos a quien debería controlarla, Cristina Kirchner se ha abocado a esa tarea. Convertidos en los casi únicos obstáculos contra los que chocan sus ensoñaciones, la Justicia y los medios de comunicación son denunciados por ella como enemigos de la democracia. Pero esa retórica enfrenta un problema: es difícil que alguien que controla a su antojo el Poder Ejecutivo, incluido el aparato de Seguridad e Inteligencia; que obtiene la obediencia de ambas cámaras; que ejerce una influencia decisiva sobre casi toda la justicia federal, y que lidera el partido que domina casi todas las provincias, sea visto como víctima de actores mucho menos gravitantes. Sin embargo, como revela la carta a Darín, la Presidenta no supone que quien administra el Estado tiene responsabilidades superiores. Cultiva la teoría de los dos demonios. O de uno solo: el otro.
Bariloche
El pedido de renuncia a Omar Goye, el intendente de Bariloche, contradice aquella consagración del voto popular como fuente exclusiva de legitimidad. Según la carta orgánica de esa comuna, para revocar el mandato del intendente hace falta un pedido del 10% del electorado o de los 2/3 del Concejo Municipal. Después el 20% del padrón electoral debe avalar las acusaciones con su firma. Recién entonces, en un referéndum, los vecinos deciden la suerte del alcalde.
Weretilneck y Pichetto, urgidos por llevar la cabeza de Goye a la Presidenta, pretendieron sustituir esa voluntad popular por una orden de la Casa Rosada. El voto, que en la Nación es sacrosanto, en Río Negro es accesorio. El gobernador y el senador agregaron a esta incoherencia un papelón. Goye los hizo viajar a Bariloche, los atendió en un salón del aeropuerto, y les recordó que su período termina en 2015.
El Gobierno intenta que ese intendente cargue con el origen de los saqueos. Mientras tanto, sigue sobre la mesa una incógnita inquietante: ¿por qué no se conoce la identidad de los detenidos por los desmanes? Sólo en la provincia de Buenos Aires hubo más de 500. La señora de Kirchner atribuyó los ataques a un intento de desestabilización. Si se identificara a los responsables, se descartaría la hipótesis según la cual el anonimato protege a militantes del propio oficialismo, indignados por un retraso de dos meses en el reparto de alimentos, sobre todo en el conurbano bonaerense.
Impedida de expandirse más allá de la frontera alcanzada en 2011, Cristina Kirchner ha decidido replegarse sobre una base cada día más pequeña. Al perseguir a Lorenzetti y a otros cinco jueces del máximo tribunal, renuncia a uno de los hits de su marketing fundacional, el reemplazo de la «Corte adicta» por otra independiente. En Bariloche, no sólo afianzó a Goye, un dirigente muy débil por razones previas a los saqueos. Humilló a uno de sus talibanes, Pichetto, padrino del intendente, y desnudó una puja despiadada entre peronistas y no peronistas, que se proyecta sobre la escena nacional. Para colmo de males, el viernes pasado falleció el intendente de Viedma, Jorge Ferreira, por lo que en 74 días se realizarán en esa capital las primeras elecciones del año.
Las acusaciones contra Hugo Moyano y Luis Barrionuevo también fueron un búmeran. Sólo lograron que Antonio Caló, líder de la CGT-Balcarce, se solidarizara con sus rivales y les sugiriera, amigable, una reunión.
El kirchnerismo, que inició su tercer período bajo la consigna «vamos por todo», camina en el sentido contrario a ese objetivo. Desde hace un año lo único que hace es fagocitarse a sí mismo..