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15.01.2013 |OPINIÓN
Desde la CGT Balcarce se emitió un documento que exigía el 50% de la suba del mínimo no imponible (MNI) para comenzar a hablar de paritarias. La CGT unificada reclamó esto desde 2011 y por no obtener respuestas en su agenda ha ido escalando el conflicto, velando por los intereses de sus representados.
Por:
Facundo Moyano
Los reclamos unen a todas las centrales.
La propuesta de la CGT que conduce (Antonio) Caló tiene muchas coincidencias con los proyectos que presenté en el Congreso, por lo cual no puedo dejar de manifestarme a favor aunque estos no han sido debatidos por falta de voluntad política. Esta unidad de concepción es la que evidencia que la división del Movimiento Obrero Organizado fue llevada a cabo por factores exógenos, para debilitarlo y reducir su capacidad de acción como en los ’90.
Todo ajuste al sector asalariado se lleva adelante mediante inflación y congelando el poder adquisitivo. El índice de aumento del salario acumulado del Ministerio de Trabajo se encuentra muy lejos de la actualización del MNI, por lo que esto retrasa la capacidad de compra de los asalariados formales, lo que es siempre parámetro para el resto de los trabajadores que se encuentran fuera de convenio e incluso el que está en la informalidad.
En 2011 se homologaron convenios para 4,235 millones de trabajadores y hoy ya son más de 2 millones los que pagan ganancias y vieron mermadas las paritarias por el retraso del MNI. Esto, en un contexto en donde el sector financiero y agroexportador han mantenido sus altos niveles de rentabilidad.
Por esta razón es que al margen de proponer sectores a los cuales exigir una mayor presión contributiva en los proyectos de ley (jueces, renta financiera, aportes patronales, renta agraria diferencial, renta minera o incluso el impuesto a la herencia, como lo insinuó el periodista Alfredo Zaiat en su artículo del 6 de enero) es necesario decir que aumentar el peso de la recaudación sobre un asalariado que paga alquiler, en lugar de hacerlo sobre sectores como el agroexportador que ha tenido records en los precios internacionales, es ante todo una política de Estado que debe revisarse si pretendemos tener una mejor distribución de la riqueza.
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15.01.2013 |OPINIÓN
Desde la CGT Balcarce se emitió un documento que exigía el 50% de la suba del mínimo no imponible (MNI) para comenzar a hablar de paritarias. La CGT unificada reclamó esto desde 2011 y por no obtener respuestas en su agenda ha ido escalando el conflicto, velando por los intereses de sus representados.
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Facundo Moyano
Los reclamos unen a todas las centrales.
La propuesta de la CGT que conduce (Antonio) Caló tiene muchas coincidencias con los proyectos que presenté en el Congreso, por lo cual no puedo dejar de manifestarme a favor aunque estos no han sido debatidos por falta de voluntad política. Esta unidad de concepción es la que evidencia que la división del Movimiento Obrero Organizado fue llevada a cabo por factores exógenos, para debilitarlo y reducir su capacidad de acción como en los ’90.
Todo ajuste al sector asalariado se lleva adelante mediante inflación y congelando el poder adquisitivo. El índice de aumento del salario acumulado del Ministerio de Trabajo se encuentra muy lejos de la actualización del MNI, por lo que esto retrasa la capacidad de compra de los asalariados formales, lo que es siempre parámetro para el resto de los trabajadores que se encuentran fuera de convenio e incluso el que está en la informalidad.
En 2011 se homologaron convenios para 4,235 millones de trabajadores y hoy ya son más de 2 millones los que pagan ganancias y vieron mermadas las paritarias por el retraso del MNI. Esto, en un contexto en donde el sector financiero y agroexportador han mantenido sus altos niveles de rentabilidad.
Por esta razón es que al margen de proponer sectores a los cuales exigir una mayor presión contributiva en los proyectos de ley (jueces, renta financiera, aportes patronales, renta agraria diferencial, renta minera o incluso el impuesto a la herencia, como lo insinuó el periodista Alfredo Zaiat en su artículo del 6 de enero) es necesario decir que aumentar el peso de la recaudación sobre un asalariado que paga alquiler, en lugar de hacerlo sobre sectores como el agroexportador que ha tenido records en los precios internacionales, es ante todo una política de Estado que debe revisarse si pretendemos tener una mejor distribución de la riqueza.
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