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Inicio > Editorial
17.01.2013 |impuesto a las ganancias
La frazada del presupuesto es corta y el recorte en los ingresos deberá recortarse de los egresos.
Por:
Ana Vainman
En 1984 Charly García pidió que no se hicieran promesas sobre el bidet. Aunque nadie pudo conocer a ciencia cierta el verdadero significado de la metáfora, una posible inferencia sería que no debe prometerse algo en circunstancias complicadas. Una lectura similar podría aplicarse al compromiso asumido por el gobierno frente a los representantes de los trabajadores de revisar el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
A poco de haberse conformado una nueva CGT oficialista –con el metalúrgico Antonio Caló a la cabeza y separada del cada vez más opositor camionero Hugo Moyano– la administración de Cristina Fernández comenzó a prometer respuestas para una serie de reclamos que tenían a la suba del mínimo no imponible como prioridad número uno. Antes de terminar el 2012 –año en el que no se elevó el piso a partir del cual se abona el impuesto– el único anuncio que llegó fue que el medio aguinaldo de diciembre quedaría excluido de pagar Ganancias.
La exigua concesión a favor de los trabajadores se explica en función de la importancia que tiene el Impuesto a las Ganancias para la recaudación total. Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que depende de la CTA de Hugo Yasky, el Impuesto a las Ganancias implicó un 32,3% de la recaudación total en 2011, con una tendencia alcista desde al menos 2009. La 4º categoría del tributo (la que alcanza a los trabajadores) representa aproximadamente el 4% del total de la recaudación y también muestra un incremento en los últimos años.
La frazada del presupuesto es corta y cualquier recorte que se haga en los ingresos (menor recaudación por la suba del mínimo no imponible, por ejemplo) deberá recortarse de los egresos (salud, educación, obra pública, etc.) o se correrá el riesgo de seguir ampliando el déficit primario, que si bien se redujo respecto del último trimestre de 2011, en el segundo trimestre de 2012 cerró con un resultado deficitario equivalente al 0,2% del PBI.
La recaudación durante 2012 fue de 679.799,3 millones de pesos. Algunos cálculos arrojan que una suba del 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias implicaría una pérdida de 6500 millones de pesos. Es decir, casi un 1% de la recaudación total. Y con ese incremento los pisos para pagar el impuesto quedarían en un nivel aproximado de 7000 pesos para solteros y 9600 pesos para casados con dos hijos.
El problema es que esos son más o menos los valores en los que, según Cifra, debería haber quedado el mínimo no imponible con la suba de abril de 2011 si se los hubiera ajustado según el alza de precios que se viene registrando de 2008. Si se hubiera incrementado en función del alza de salarios, debería haber quedado todavía un 16% más arriba. A eso habría que sumarle la inflación de 2012 y la proyectada de 2013. Por eso es difícil encontrar un sindicalista (de cualquiera de las cinco centrales que existen y de cualquier orientación política) que hoy hable de otra cosa. El retraso que lleva el mínimo no imponible es el protagonista de cualquier discusión.
Tanto retraso lleva el piso salarial para tributar Ganancias que hasta los dirigentes más oficialistas del arco sindical reconocen que la situación es insostenible. «(El retraso) le dio mala prensa a un impuesto realmente progresivo, diría que el más progresivo que existe en Argentina», afirmó un sindicalista que no oculta su cercanía política con el gobierno.
Ahora para muchos la discusión no se encuentra solo en subir el mínimo no imponible sino que aspiran a una reforma integral del sistema. Los opositores buscan la eliminación del impuesto bajo el argumento de que el salario no es ganancia. Los oficialistas reconocen la progresividad del tributo y admiten que se complicará la financiación del Estado. Es por eso que para conseguir que el gobierno cumpla con la promesa que hizo de revisar integralmente el impuesto, los sindicalistas que esta semana se reunieron con el Ministro de Trabajo Carlos Tomada acercaron fuentes alternativas de financiamiento.
Es curioso ver cuántas coincidencias hay respecto de las modificaciones que deberían hacerse en el sistema entre sindicalistas que están en veredas opuestas.
La gran mayoría acuerda en que el Impuesto a las Ganancias resulta inequitativo en el marco de un sistema tributario regresivo, que se apoya principalmente en el impuesto al valor agregado y que exime del pago de impuestos a las transacciones y a la renta financiera.
Muchos buscan que, dentro de la 4º categoría, se cambien las escalas y se aumente la presión tributaria sobre los salarios más altos y se haga «casi imperceptible» para los sueldos medios.
Y la mayor coincidencia se da en la inclusión de los jueces en el pago del impuesto. Son muchos los que encuentran inexplicable que no lo hagan. En el propio gobierno analizan la situación, pero buscan no toparse con un rechazo de la Corte Suprema (donde suponen que terminará el pleito) para eliminar sus privilegios. Y ese acuerdo se presenta como complicado cuando la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no está atravesando su mejor momento.
Tan complicado resulta incluir a los jueces en el pago de Ganancias, que en ese intento ya fracasaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.
En 1996 se sancionó de la Ley 24.631 que eliminó la exención del impuesto para los funcionarios de los tres poderes. Se incluía al presidente, a los senadores, diputados y a los jueces. Pero la Corte Suprema menemista emitió una acordada, declarando la ley inaplicable a los jueces y funcionarios judiciales por considerar que sus salarios eran «intangibles». Además, declararon que sólo los magistrados pueden resolver sobre el tema, prohibiendo la alternativa de una ley o un decreto. Es pro eso que hoy sólo cumplen con la 24.631 dos de los tres poderes del Estado. El judicial no.
Más allá de la habilidad con la que negocien los sindicatos oficialistas –que son los únicos con posibilidades de reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo– y de la presión que puedan ejercer los sindicatos opositores –que realizaron dos medidas de fuerza en el último trimestre de 2012– la modificación del Impuesto a las Ganancias no podrá demorarse mucho más. Las paritarias comienzan y no parecería sensato negociar aumentos salariales que serán virtualmente «comidos» por el tributo.
La cuestión está en ver cuántas de las promesas que hizo el gobierno sobre el bidet a este respecto llegarán a cumplirse. Trabajadores con cada vez más presión tributaria de un lado y gobierno con cuentas preocupantes del otro. «Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo», concluyó Charly en la misma canción del disco Piano Bar. – <dl
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17.01.2013 |impuesto a las ganancias
La frazada del presupuesto es corta y el recorte en los ingresos deberá recortarse de los egresos.
Por:
Ana Vainman
En 1984 Charly García pidió que no se hicieran promesas sobre el bidet. Aunque nadie pudo conocer a ciencia cierta el verdadero significado de la metáfora, una posible inferencia sería que no debe prometerse algo en circunstancias complicadas. Una lectura similar podría aplicarse al compromiso asumido por el gobierno frente a los representantes de los trabajadores de revisar el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
A poco de haberse conformado una nueva CGT oficialista –con el metalúrgico Antonio Caló a la cabeza y separada del cada vez más opositor camionero Hugo Moyano– la administración de Cristina Fernández comenzó a prometer respuestas para una serie de reclamos que tenían a la suba del mínimo no imponible como prioridad número uno. Antes de terminar el 2012 –año en el que no se elevó el piso a partir del cual se abona el impuesto– el único anuncio que llegó fue que el medio aguinaldo de diciembre quedaría excluido de pagar Ganancias.
La exigua concesión a favor de los trabajadores se explica en función de la importancia que tiene el Impuesto a las Ganancias para la recaudación total. Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que depende de la CTA de Hugo Yasky, el Impuesto a las Ganancias implicó un 32,3% de la recaudación total en 2011, con una tendencia alcista desde al menos 2009. La 4º categoría del tributo (la que alcanza a los trabajadores) representa aproximadamente el 4% del total de la recaudación y también muestra un incremento en los últimos años.
La frazada del presupuesto es corta y cualquier recorte que se haga en los ingresos (menor recaudación por la suba del mínimo no imponible, por ejemplo) deberá recortarse de los egresos (salud, educación, obra pública, etc.) o se correrá el riesgo de seguir ampliando el déficit primario, que si bien se redujo respecto del último trimestre de 2011, en el segundo trimestre de 2012 cerró con un resultado deficitario equivalente al 0,2% del PBI.
La recaudación durante 2012 fue de 679.799,3 millones de pesos. Algunos cálculos arrojan que una suba del 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias implicaría una pérdida de 6500 millones de pesos. Es decir, casi un 1% de la recaudación total. Y con ese incremento los pisos para pagar el impuesto quedarían en un nivel aproximado de 7000 pesos para solteros y 9600 pesos para casados con dos hijos.
El problema es que esos son más o menos los valores en los que, según Cifra, debería haber quedado el mínimo no imponible con la suba de abril de 2011 si se los hubiera ajustado según el alza de precios que se viene registrando de 2008. Si se hubiera incrementado en función del alza de salarios, debería haber quedado todavía un 16% más arriba. A eso habría que sumarle la inflación de 2012 y la proyectada de 2013. Por eso es difícil encontrar un sindicalista (de cualquiera de las cinco centrales que existen y de cualquier orientación política) que hoy hable de otra cosa. El retraso que lleva el mínimo no imponible es el protagonista de cualquier discusión.
Tanto retraso lleva el piso salarial para tributar Ganancias que hasta los dirigentes más oficialistas del arco sindical reconocen que la situación es insostenible. «(El retraso) le dio mala prensa a un impuesto realmente progresivo, diría que el más progresivo que existe en Argentina», afirmó un sindicalista que no oculta su cercanía política con el gobierno.
Ahora para muchos la discusión no se encuentra solo en subir el mínimo no imponible sino que aspiran a una reforma integral del sistema. Los opositores buscan la eliminación del impuesto bajo el argumento de que el salario no es ganancia. Los oficialistas reconocen la progresividad del tributo y admiten que se complicará la financiación del Estado. Es por eso que para conseguir que el gobierno cumpla con la promesa que hizo de revisar integralmente el impuesto, los sindicalistas que esta semana se reunieron con el Ministro de Trabajo Carlos Tomada acercaron fuentes alternativas de financiamiento.
Es curioso ver cuántas coincidencias hay respecto de las modificaciones que deberían hacerse en el sistema entre sindicalistas que están en veredas opuestas.
La gran mayoría acuerda en que el Impuesto a las Ganancias resulta inequitativo en el marco de un sistema tributario regresivo, que se apoya principalmente en el impuesto al valor agregado y que exime del pago de impuestos a las transacciones y a la renta financiera.
Muchos buscan que, dentro de la 4º categoría, se cambien las escalas y se aumente la presión tributaria sobre los salarios más altos y se haga «casi imperceptible» para los sueldos medios.
Y la mayor coincidencia se da en la inclusión de los jueces en el pago del impuesto. Son muchos los que encuentran inexplicable que no lo hagan. En el propio gobierno analizan la situación, pero buscan no toparse con un rechazo de la Corte Suprema (donde suponen que terminará el pleito) para eliminar sus privilegios. Y ese acuerdo se presenta como complicado cuando la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no está atravesando su mejor momento.
Tan complicado resulta incluir a los jueces en el pago de Ganancias, que en ese intento ya fracasaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.
En 1996 se sancionó de la Ley 24.631 que eliminó la exención del impuesto para los funcionarios de los tres poderes. Se incluía al presidente, a los senadores, diputados y a los jueces. Pero la Corte Suprema menemista emitió una acordada, declarando la ley inaplicable a los jueces y funcionarios judiciales por considerar que sus salarios eran «intangibles». Además, declararon que sólo los magistrados pueden resolver sobre el tema, prohibiendo la alternativa de una ley o un decreto. Es pro eso que hoy sólo cumplen con la 24.631 dos de los tres poderes del Estado. El judicial no.
Más allá de la habilidad con la que negocien los sindicatos oficialistas –que son los únicos con posibilidades de reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo– y de la presión que puedan ejercer los sindicatos opositores –que realizaron dos medidas de fuerza en el último trimestre de 2012– la modificación del Impuesto a las Ganancias no podrá demorarse mucho más. Las paritarias comienzan y no parecería sensato negociar aumentos salariales que serán virtualmente «comidos» por el tributo.
La cuestión está en ver cuántas de las promesas que hizo el gobierno sobre el bidet a este respecto llegarán a cumplirse. Trabajadores con cada vez más presión tributaria de un lado y gobierno con cuentas preocupantes del otro. «Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo», concluyó Charly en la misma canción del disco Piano Bar. – <dl
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