La izquierda clasista desafía el modelo sindical peronista

En 1945, Perón tejió una alianza con los trabajadores y con varios de los sindicatos ideológicamente de izquierdas. A cambio de apoyo político, el Gobierno concedió a los sindicatos afines poderes exclusivos de representación y de huelga, promulgó una legislación pro-obrera y mejoró las condiciones de trabajo.
Los sindicatos renovados nacieron con dos almas que coexistieron o se alternaron a lo largo de casi 70 años: una incita a la negociación con el Estado y los patronos; la otra alienta rebeldías y huelgas.
Fue Vandor quien encontró la más eficaz combinación de estas dos almas, antagónicas sólo en apariencia.
Más adelante, la dictadura de Onganía reforzó el modelo peronista poniendo las Obras Sociales bajo control de los sindicatos, que desde entonces son también cuasi-empresas de salud y ocio. Un perfil que en los años 90 reforzaron organizando sociedades para prestar servicios tercerizados.
Ya en la presente década, los sindicatos oficiales se movieron dentro del no escrito Pacto Kirchner-Moyano que dinamizó la acción sindical al compás de la inflación y consolidó el monopolio, en perjuicio de la CTA y demás agrupaciones que desafían liderazgos vetustos.
El Pacto permitió a los sindicatos recuperar parte de lo perdido con la devaluación de 2002 y, luego, situar algunas remuneraciones unos puntos por encima de la inflación; eso sí, dejando fuera a los trabajadores no registrados, jubilados y perceptores de ayudas sociales. El Pacto Kirchner-Moyano autorizó al sindicato de camioneros a devorar afiliados de otras organizaciones confederadas.
En este contexto los sindicatos oficiales se movieron en sintonía con el Gobierno, descalificaron las demandas de pluralismo y se centraron en la clásica puja distributiva. Lo hicieron, naturalmente, sin desafiar al poder de dirección ni cuestionar las nuevas formas de organización del trabajo surgidas en los 90.
Hasta que Cristina Fernández de Kirchner repudió el Pacto al restaurar la Ley de Riesgos del Trabajo de 1995, rechazar las demandas sobre impuestos, asignaciones familiares y reintegros a las Obras Sociales, y aventurar que los trabajadores deben más a la macroeconomía que a los sindicatos.
Fue entonces cuando la CGT respondió con huelgas generales que anuncian fuertes tensiones.
Sin embargo, la inflación, la fiscalidad que esteriliza los aumentos, la irrupción de la izquierda clasista y la intemperancia presidencial están cambiando un panorama que parecía inamovible. Las nuevas garantías del bloque constitucional, federal y cosmopolita reformado en 1994, las sentencias de la CSJN favorables a la libertad sindical y el recambio generacional en la clase trabajadora y sus dirigentes aceleran los cambios.
La presencia de la izquierda clasista en las fábricas tiene antiguas e intermitentes referencias: ocurrió en los primeros años de la Argentina industrial, cuando el movimiento obrero era liderado por anarquistas, comunistas y socialistas, y en los años del Cordobazo hasta la trágica irrupción de los mesianismos armados que liquidaron las libertades y al emergente movimiento sindical contestatario.
A 30 años de restaurada la democracia, la izquierda clasista es relevante en muchos centros de trabajo donde controla comisiones internas, cuerpos de delegados y asambleas, como quedó de manifiesto en los conflictos en Metrovías, Kraft o en la Patagonia petrolera.
Las nuevas direcciones de base, cuyos líderes nacieron entre 1970 y 1980, rechazan el monopolio y el centralismo, no acatan los pactos cupulares, cuestionan radicalmente el poder de dirección del empleador, impugnan la lógica de mercado y luchan por reunificar los planteles en un solo estatuto, eliminando contratos temporales, tercerizaciones y otras flexibilidades pactadas o toleradas por los sindicatos oficiales.
Han descubierto las inconsecuencias y límites del autodenominado modelo de crecimiento con inclusión social.
Esta incipiente renovación sindical desafía a los sindicatos tradicionales (que no cuentan ya con las herramientas antaño usadas para restablecer su supremacía) y a la patronal, que se muestra perpleja ante la contundencia de las nuevas medidas de fuerza, la impotencia de sus viejos aliados y la inocuidad de los métodos tradicionales de gestión de conflictos.
A su vez, el Estado comienza a advertir que la regulación de la huelga en los servicios esenciales, adoptada en 2004, cedió imprudentemente a ciertos prejuicios y apela, en subsidio, a multas millonarias que no pueden ejecutarse sobre las comisiones internas ni asambleas.
La irrupción de este nuevo actor provoca, además, un doble impacto sobre el sistema político. Por una parte, presiona en favor de la libertad y la democracia sindicales y aporta aire fresco a un ambiente enrarecido: honestidad de los dirigentes, gestión asamblearia de los conflictos, alianzas con estudiantes y piqueteros que reivindican la inclusión social. Pero, por otra, desafía a la democracia constitucional en tanto y en cuanto en muchas ocasiones, las huelgas conducidas por la izquierda clasista incorporan notas de violencia y radicalidad que desbordan el cauce constitucional y afectan a otros derechos fundamentales.