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Viernes 22 de febrero de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial I
La indiferencia de un gobierno al que no le importó ver cómo se deterioraba la infraestructura ferroviaria fue un factor decisivo en la tragedia
Son muchas, son demasiadas y muy pesadas las deudas del Estado con las víctimas de la tragedia ferroviaria en la estación Once, de la que hoy se cumple un año. Aquella mañana del 22 de febrero del año pasado, una formación de la línea Sarmiento no pudo frenar y la colisión produjo 51 muertes y heridas a más de 789 personas, 31 de ellas de suma gravedad.
Esta vez, y en un hecho poco frecuente en nuestros tribunales, la causa judicial avanzó a buen ritmo y los 28 imputados, entre los que se incluyen funcionarios y ex funcionarios, empresarios y el maquinista Marcos Córdoba, ya han sido elevados a juicio oral. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital, y entre los acusados se encuentran los hermanos Cirigliano, responsables de la empresa concesionaria, y los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Pero como decíamos, aún se está en deuda con los sobrevivientes, pues a un año del hecho ninguno de ellos, ni siquiera los que han sufrido las heridas más graves, ha recibido una indemnización. Como sostuvo Natalia Meza en LA NACION, «nadie se hace cargo, se tiran la pelota entre ellos», en referencia al gobierno nacional y a la empresa TBA, de los Cirigliano, entre otros. Meza, de 29 años, tuvo que esperar cinco horas hasta que la socorrieran, atrapada por hierros retorcidos. Hoy camina con muletas, pues perdió el talón y el tobillo de la pierna derecha y sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda. Los médicos estuvieron a punto de amputarle ambas piernas. Mientras tanto, las organizaciones de víctimas y fallecidos afirman que no dan abasto para atender las carencias y que están solas y prácticamente sin ayuda.
La otra deuda que mantiene el Estado, no sólo con las víctimas del terrible choque sino con toda la sociedad, es el esclarecimiento del aún misterioso asesinato del anterior conductor del convoy, el maquinista Leonardo Andrada, quien entregó la formación a Córdoba aquel 22 de febrero del año pasado y fue uno de los testigos importantes en la causa judicial. Andrada fue asesinado hace dos semanas en una parada de colectivos en Ituzaingó, luego de que le robaran un teléfono celular, pero no la mochila ni los 1200 pesos que llevaba en el bolsillo.
Para ahondar las sospechas, mientras Andrada era velado, dos familiares que pasaron por su casa descubrieron que había dos hombres en el interior de la vivienda, según fuentes policiales. El delegado de Unión Ferroviaria, Edgardo Reynoso, aseguró que los intrusos se fueron luego de «amenazarlos y dejar todo revuelto», y no descartó que se tratara de un hecho «de tipo mafioso».
Pero el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni, advirtió hace ya más de una semana que «es sospechoso» el crimen del maquinista. Apreciación más que banal en boca de un funcionario de alto rango. «Habría que seguir profundizando la investigación hasta poder dar una versión clara», dijo Berni. Aún no lo hizo. Tampoco la Justicia. Y mientras no se sepa lo ocurrido, penderá sobre todos los testigos que deben declarar en el juicio oral el lógico temor a correr la misma suerte de Andrada.
Como ha señalado la investigación judicial, entre las principales causas de la tragedia se encuentra el hecho de que la empresa concesionaria habría desviado fondos estatales que tendría que haber invertido en material ferroviario. Fallaron, obviamente, los controles estatales, siempre y cuando las fallas no hayan sido tales sino una interesada connivencia entre quienes debían controlar y quienes no eran controlados.
Como sea, la indiferencia de años de un gobierno al que no le importó ver cómo se deterioraba la infraestructura ferroviaria fue un factor decisivo en esta tragedia absolutamente evitable.
Por eso decimos que se trató de un crimen de Estado. Un crimen que continúa cometiéndose en la medida en que no se asista como corresponde a las víctimas y no se esclarezca el crimen del conductor Andrada y se castigue a sus homicidas..
Abucheos a Cristina y De Vido en el acto
El actor Manuel Callau leyó una declaración de Plataforma 2012; la Presidenta fue silbada por los familiares de las víctimas; hubo gritos y agresiones
A las 8:32, una sirena, muchos aplausos y un pedido de justicia para las víctimas
Se cumple un año del choque en Once; familiares de víctimas y sobrevivientes realizan un acto en el lugar
Once: la herida abierta de una tragedia que marcó al país
Hace 365 días el tiempo se detuvo para 51 familias y más de 700 heridos; una recorrida por los puntos más relevantes de una historia de abandono, desidia y muerte
Las caras de la tragedia de Once
Estas son las 51 personas que perdieron la vida en el choque del tren
Cristina recordó a las víctimas de la tragedia de Once a un año del accidente
«Yo se que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable. Nadie lo puede suplir y nada lo puede reparar», destacó la jefa de Estado
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TEMAS DE HOY Choque de tren en OnceJuicio AMIAConflicto docenteChoque en Panamericana
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La indiferencia de un gobierno al que no le importó ver cómo se deterioraba la infraestructura ferroviaria fue un factor decisivo en la tragedia
Son muchas, son demasiadas y muy pesadas las deudas del Estado con las víctimas de la tragedia ferroviaria en la estación Once, de la que hoy se cumple un año. Aquella mañana del 22 de febrero del año pasado, una formación de la línea Sarmiento no pudo frenar y la colisión produjo 51 muertes y heridas a más de 789 personas, 31 de ellas de suma gravedad.
Esta vez, y en un hecho poco frecuente en nuestros tribunales, la causa judicial avanzó a buen ritmo y los 28 imputados, entre los que se incluyen funcionarios y ex funcionarios, empresarios y el maquinista Marcos Córdoba, ya han sido elevados a juicio oral. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital, y entre los acusados se encuentran los hermanos Cirigliano, responsables de la empresa concesionaria, y los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Pero como decíamos, aún se está en deuda con los sobrevivientes, pues a un año del hecho ninguno de ellos, ni siquiera los que han sufrido las heridas más graves, ha recibido una indemnización. Como sostuvo Natalia Meza en LA NACION, «nadie se hace cargo, se tiran la pelota entre ellos», en referencia al gobierno nacional y a la empresa TBA, de los Cirigliano, entre otros. Meza, de 29 años, tuvo que esperar cinco horas hasta que la socorrieran, atrapada por hierros retorcidos. Hoy camina con muletas, pues perdió el talón y el tobillo de la pierna derecha y sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda. Los médicos estuvieron a punto de amputarle ambas piernas. Mientras tanto, las organizaciones de víctimas y fallecidos afirman que no dan abasto para atender las carencias y que están solas y prácticamente sin ayuda.
La otra deuda que mantiene el Estado, no sólo con las víctimas del terrible choque sino con toda la sociedad, es el esclarecimiento del aún misterioso asesinato del anterior conductor del convoy, el maquinista Leonardo Andrada, quien entregó la formación a Córdoba aquel 22 de febrero del año pasado y fue uno de los testigos importantes en la causa judicial. Andrada fue asesinado hace dos semanas en una parada de colectivos en Ituzaingó, luego de que le robaran un teléfono celular, pero no la mochila ni los 1200 pesos que llevaba en el bolsillo.
Para ahondar las sospechas, mientras Andrada era velado, dos familiares que pasaron por su casa descubrieron que había dos hombres en el interior de la vivienda, según fuentes policiales. El delegado de Unión Ferroviaria, Edgardo Reynoso, aseguró que los intrusos se fueron luego de «amenazarlos y dejar todo revuelto», y no descartó que se tratara de un hecho «de tipo mafioso».
Pero el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni, advirtió hace ya más de una semana que «es sospechoso» el crimen del maquinista. Apreciación más que banal en boca de un funcionario de alto rango. «Habría que seguir profundizando la investigación hasta poder dar una versión clara», dijo Berni. Aún no lo hizo. Tampoco la Justicia. Y mientras no se sepa lo ocurrido, penderá sobre todos los testigos que deben declarar en el juicio oral el lógico temor a correr la misma suerte de Andrada.
Como ha señalado la investigación judicial, entre las principales causas de la tragedia se encuentra el hecho de que la empresa concesionaria habría desviado fondos estatales que tendría que haber invertido en material ferroviario. Fallaron, obviamente, los controles estatales, siempre y cuando las fallas no hayan sido tales sino una interesada connivencia entre quienes debían controlar y quienes no eran controlados.
Como sea, la indiferencia de años de un gobierno al que no le importó ver cómo se deterioraba la infraestructura ferroviaria fue un factor decisivo en esta tragedia absolutamente evitable.
Por eso decimos que se trató de un crimen de Estado. Un crimen que continúa cometiéndose en la medida en que no se asista como corresponde a las víctimas y no se esclarezca el crimen del conductor Andrada y se castigue a sus homicidas..
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