La querella que representa a tres manifestantes que sufrieron heridas el 20 de octubre de 2010 dijo que el ataque de la Unión Ferroviaria contra los tercerizados fue para defender los negocios de la burocracia sindical. Señaló responsabilidades políticas.
La querella que representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos durante el ataque de una patota de ferroviarios a un conjunto de empleados tercerizados de la ex línea Roca de trenes hace poco más de dos años, exigió que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires condene con 25 años de prisión a todos los acusados por sus heridas, que además cargan con la muerte de Mariano Ferreyra. Para Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, las abogadas que expusieron los alegatos, los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), los barrabravas y los policías implicados en la causa que acabó con los dirigentes de más poder en ese gremio José Pedraza y Juan Carlos Gallego Fernández tras las rejas son responsables de un crimen político contra la clase obrera que se llevó a cabo para defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios. En ese marco, exigieron la prosecusión de la causa contra los que permanecen en la impunidad y pidieron que se investigue al actual senador y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los ex funcionarios de la Secretaría de Transporte Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; a dirigentes de la administradora de la ex Roca y a otros miembros de la Unión Ferroviaria.
El delito que le endilgaron a los 17 acusados es el de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa, acción que resulta ajena a la voluntad de los autores, remarcó Ferrero, para dejar en claro que la querella que integra considera un azar que los militantes por ella representados no hayan muerto y no a una elección de los acusados. Tanto al comienzo como al final de sus conclusiones, las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) destacaron que consideran que es la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra, a pesar de que no puedan solicitarla. Sus representados sobrevivieron.
Tres pilares
La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares en el plan criminal que mató a Ferreyra e hirió a otros manifestantes, sostuvieron desde la querella de Correpi-Apel, ya que los tres comían de la misma torta del negocio. Similar a lo que propuso la querella de la familia Ferreyra el martes solicitó la prisión perpetua a la mayoría de los acusados, pero con otras palabras, las abogadas de Rodríguez y Aguirre definieron al negocio de la hiperexplotación de la tercerización laboral como el móvil principal del hecho que tuvo lugar en Barracas, hace poco más de dos años, y que originó el juicio oral que transita su etapa final. A partir de las escuchas telefónicas, los testimonios ofrecidos en el debate y las declaraciones realizadas a los medios (en el caso de Fernández), la querella exigió que se investigue la participación de Schiavi, Luna y el ex jefe de Gabinete en los hechos.
La UF, además, debía garantizar su supremacía política en el ámbito ferroviario, puesto en peligro por la organización de los tercerizados que exigían, sobre todo, su pase a planta permanente. Aquel 20 de octubre de 2010, los beneficiarios del sistema de explotación decidieron aleccionar de una vez y para siempre a ese grupo de díscolos que no acordaba con las reglas de juego impuestas por la tríada UF-Ugofe-Estado. Y ese aleccionamiento debía ir a fondo, apuntó Verdú, para enmarcar el ataque sufrido por un grupo de tercerizados de la ex Roca que, esa mañana, había decidido cortar las vías de esa línea para realizar reclamos laborales. Según la querella, la tercerización de la represión fue la metodología elegida para escarmentar a los tercerizados del Roca. Según Verdú, ese método es el que utiliza el gobierno nacional para mantener la fachada de no represor de la protesta social: El Gobierno no reprime con sus fuerzas de seguridad si puede recurrir a otros medios que no lo comprometan, como la patota.
Varios roles, todos responsables
En el plan criminal que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas de otros manifestantes graves en el caso de Rodríguez quienes ocupan un asiento en el sector de los acusados en el juicio cumplieron diferentes roles, según la querella que alegó ayer. Pedraza y Fernández fueron los instigadores: Detrás del escritorio, dieron la orden de aleccionar a los obreros.
El delegado Pablo Díaz y los barrabravas Cristian Favale y Gabriel Payaso Sánchez fueron coautores del hecho. La orden de Pedraza y Fernández bajó a Díaz, quien puso en marcha su ejecución concreta a través del reclutamiento de la patota y la convocatoria a más ferroviarios que sirvieron de pantalla y cobertura a aquélla. Favale y Sánchez fueron los ejecutores de los disparos que mataron e hirieron. Los roles cumplidos por los ferroviarios Claudio Alcorcel, Daniel González, Salvador Pipito, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez los convirtieron en partícipes necesarios del plan.
Verdú dijo que los siete policías acusados son los únicos funcionarios públicos responsables en el plan criminal que están en la sala y remarcó que son un grupo privilegiado, ya que están libres. La letrada sostuvo que la patota no actuó sola, necesitaba contar con el aparato estatal: la policía aseguró la libertad para el ataque y para que, luego, pudieran irse con las armas, ya que frenaron a los manifestantes que casi los estaban alcanzando. Para despejar dudas al respecto, citó no solo las modulaciones policiales, sino también el testimonio de varios testigos que participaron del debate.
La querella que representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos durante el ataque de una patota de ferroviarios a un conjunto de empleados tercerizados de la ex línea Roca de trenes hace poco más de dos años, exigió que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires condene con 25 años de prisión a todos los acusados por sus heridas, que además cargan con la muerte de Mariano Ferreyra. Para Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, las abogadas que expusieron los alegatos, los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), los barrabravas y los policías implicados en la causa que acabó con los dirigentes de más poder en ese gremio José Pedraza y Juan Carlos Gallego Fernández tras las rejas son responsables de un crimen político contra la clase obrera que se llevó a cabo para defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios. En ese marco, exigieron la prosecusión de la causa contra los que permanecen en la impunidad y pidieron que se investigue al actual senador y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los ex funcionarios de la Secretaría de Transporte Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; a dirigentes de la administradora de la ex Roca y a otros miembros de la Unión Ferroviaria.
El delito que le endilgaron a los 17 acusados es el de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa, acción que resulta ajena a la voluntad de los autores, remarcó Ferrero, para dejar en claro que la querella que integra considera un azar que los militantes por ella representados no hayan muerto y no a una elección de los acusados. Tanto al comienzo como al final de sus conclusiones, las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) destacaron que consideran que es la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra, a pesar de que no puedan solicitarla. Sus representados sobrevivieron.
Tres pilares
La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares en el plan criminal que mató a Ferreyra e hirió a otros manifestantes, sostuvieron desde la querella de Correpi-Apel, ya que los tres comían de la misma torta del negocio. Similar a lo que propuso la querella de la familia Ferreyra el martes solicitó la prisión perpetua a la mayoría de los acusados, pero con otras palabras, las abogadas de Rodríguez y Aguirre definieron al negocio de la hiperexplotación de la tercerización laboral como el móvil principal del hecho que tuvo lugar en Barracas, hace poco más de dos años, y que originó el juicio oral que transita su etapa final. A partir de las escuchas telefónicas, los testimonios ofrecidos en el debate y las declaraciones realizadas a los medios (en el caso de Fernández), la querella exigió que se investigue la participación de Schiavi, Luna y el ex jefe de Gabinete en los hechos.
La UF, además, debía garantizar su supremacía política en el ámbito ferroviario, puesto en peligro por la organización de los tercerizados que exigían, sobre todo, su pase a planta permanente. Aquel 20 de octubre de 2010, los beneficiarios del sistema de explotación decidieron aleccionar de una vez y para siempre a ese grupo de díscolos que no acordaba con las reglas de juego impuestas por la tríada UF-Ugofe-Estado. Y ese aleccionamiento debía ir a fondo, apuntó Verdú, para enmarcar el ataque sufrido por un grupo de tercerizados de la ex Roca que, esa mañana, había decidido cortar las vías de esa línea para realizar reclamos laborales. Según la querella, la tercerización de la represión fue la metodología elegida para escarmentar a los tercerizados del Roca. Según Verdú, ese método es el que utiliza el gobierno nacional para mantener la fachada de no represor de la protesta social: El Gobierno no reprime con sus fuerzas de seguridad si puede recurrir a otros medios que no lo comprometan, como la patota.
Varios roles, todos responsables
En el plan criminal que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas de otros manifestantes graves en el caso de Rodríguez quienes ocupan un asiento en el sector de los acusados en el juicio cumplieron diferentes roles, según la querella que alegó ayer. Pedraza y Fernández fueron los instigadores: Detrás del escritorio, dieron la orden de aleccionar a los obreros.
El delegado Pablo Díaz y los barrabravas Cristian Favale y Gabriel Payaso Sánchez fueron coautores del hecho. La orden de Pedraza y Fernández bajó a Díaz, quien puso en marcha su ejecución concreta a través del reclutamiento de la patota y la convocatoria a más ferroviarios que sirvieron de pantalla y cobertura a aquélla. Favale y Sánchez fueron los ejecutores de los disparos que mataron e hirieron. Los roles cumplidos por los ferroviarios Claudio Alcorcel, Daniel González, Salvador Pipito, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez los convirtieron en partícipes necesarios del plan.
Verdú dijo que los siete policías acusados son los únicos funcionarios públicos responsables en el plan criminal que están en la sala y remarcó que son un grupo privilegiado, ya que están libres. La letrada sostuvo que la patota no actuó sola, necesitaba contar con el aparato estatal: la policía aseguró la libertad para el ataque y para que, luego, pudieran irse con las armas, ya que frenaron a los manifestantes que casi los estaban alcanzando. Para despejar dudas al respecto, citó no solo las modulaciones policiales, sino también el testimonio de varios testigos que participaron del debate.
