Argentina advirtió el miércoles a la justicia estadounidense de que no acatará un fallo que la obligue a pagar a los fondos ‘buitres’ que exigen cobrar bonos en ‘default’ desde 2001, en el marco de una crucial audiencia por esta cuestión celebrada en Nueva York.
La cita en el Tribunal de Apelaciones de la justicia federal de Manhattan duró dos horas y veinte minutos y ambas partes asestaron golpes a su adversario y recibieron incisivas preguntas por parte de los tres jueces, cuya sentencia definitiva puede demorarse hasta algunos meses.
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estuvieron presentes en la audiencia, que atrajo a unas 200 personas (más de 50 en la sala principal y otras 150 en otra sala que siguieron los debates a través de una pantalla).
«Argentina no va a ir más allá de sus políticas. Los gobiernos no pueden ser forzados a hacer algo que viola de manera fundamental sus principios», dijo el abogado Jonathan Blackman al advertir de que la administración de Cristina Kirchner no aceptará que se mantenga un fallo a favor de los fondos de riesgos que no entraron en los canjes de reestructuración de su deuda externa de 2005 y 2010.
Blackman reiteró, sin embargo, que el gobierno argentino está dispuesto a reabrir un canje de bonos para poner fin al litigio. Un 92% de los tenedores de bonos en ‘default’ aceptó esas reestructuraciones de deuda con quitas de hasta el 75% sobre el valor nominal de esos títulos.
Por su lado, el letrado de los fondos NML Capital y Aurelius Capital, Theodore Olson, afirmó que Argentina «nunca» pretendió negociar y recordó las palabras de Kirchner «A los fondos buitres, ni un dólar», para defender la necesidad de que el tribunal mantenga la orden del juez federal Thomas Griesa del año pasado para que cobren 1.330 millones de dólares de capital e intereses adeudados desde 2001.
El fallo de Griesa, avalado por este mismo tribunal en octubre pasado, puso en peligro de ‘default’ técnico a Argentina, que apeló y logró a finales de noviembre la suspensión de la orden hasta que se dicte sentencia definitiva.
En la audiencia, participaron además como «interesados no parte» los bonistas que canjearon sus títulos, agrupados en el Exchange Bondholders Group (EBG), y el Bank of New York Mellon (BoNY), agente de Argentina en Estados Unidos, que instaron a los jueces a no afectarlos con un fallo que interrumpa la cadena de pagos.
«Va a haber un ‘default’ de los bonos canjeados», sostuvo el abogado del EGB, David Boys, al referirse a la exigencia de Griesa de que los fondos ‘buitres’ beneficien del ‘pari passu’ (tratamiento equitativo), por el cual deben cobrar todo lo que se les adeuda con el próximo pago a los bonistas que entraron en los canjes.
— Amenazas de Argentina, enojo del tribunal —
En su presentación escrita ante el tribunal, Argentina advirtió de que un fallo adverso provocaría un aumento inmanejable de hasta 43.000 millones de dólares en su deuda, ya que alentaría reclamaciones de los bonistas que aceptaron los canjes de bonos y que se sentirán perjudicados.
«Pueden empeorar la situación. No están ayudando (a los fondos de riesgos) (…). Sé que no es fácil. Pero esto no es el final. Tendremos más litigios», aseguró en ese sentido el abogado Blackman.
Los jueces, en particular Reena Raggi, no ocultaron su enojo ante la desafiante posición argentina: «Usted me dice que solo obedecerán lo que proponen», dijo esta magistrada en tono socarrón, recordando que «habitualmente» quien se somete a una jurisdicción, acata sus decisiones.
Para la parte querellante, la posición de Argentina demuestra que «la ley de Estados Unidos no significa nada» para el gobierno de Kirchner.
Después de la audiencia, el vicepresidente Boudou rechazó esta crítica y precisó que lo que su gobierno no acepta son «situaciones en las cuales se infrinja la ley argentina, que es que no se le puede dar a ningún acreedor más que lo que se le dio a los que entraron en el canje de 2005 y 2010». El ministro Lorenzino explicó, por su parte, que durante la audiencia, «Argentina, junto a los bonistas que adhirieron al canje y el Banco de Nueva York, insistieron en la fórmula de tratamiento igualitario».
Tras el fallo del tribunal de apelaciones de Nueva York, ambas partes pueden intentar llevar el caso ante el Tribunal Supremo estadounidense.
Entre los apoyos de Argentina se encuentra el gobierno estadounidense, que introdujo a finales de diciembre un ‘amicus curiae’, advirtiendo al tribunal de que su decisión adopta una nueva interpretación de la cláusula ‘pari passu’ que es «incorrecta».
En efecto, se teme que en caso de que se le dé la razón a los fondos ‘buitres’, otras reestructuraciones de deudas con importantes quitas, como la de Grecia, se tambaleen.
Argentina advirtió el miércoles a la justicia estadounidense de que no acatará un fallo que la obligue a pagar a los fondos ‘buitres’ que exigen cobrar bonos en ‘default’ desde 2001, en el marco de una crucial audiencia por esta cuestión celebrada en Nueva York.
Argentina advirtió el miércoles a la justicia estadounidense de que no acatará un fallo que la obligue a pagar a los fondos ‘buitres’ que exigen cobrar bonos en ‘default’ desde 2001, en el marco de una crucial audiencia por esta cuestión celebrada en Nueva York.
La cita en el Tribunal de Apelaciones de la justicia federal de Manhattan duró dos horas y veinte minutos y ambas partes asestaron golpes a su adversario y recibieron incisivas preguntas por parte de los tres jueces, cuya sentencia definitiva puede demorarse hasta algunos meses.
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estuvieron presentes en la audiencia, que atrajo a unas 200 personas (más de 50 en la sala principal y otras 150 en otra sala que siguieron los debates a través de una pantalla).
«Argentina no va a ir más allá de sus políticas. Los gobiernos no pueden ser forzados a hacer algo que viola de manera fundamental sus principios», dijo el abogado Jonathan Blackman al advertir de que la administración de Cristina Kirchner no aceptará que se mantenga un fallo a favor de los fondos de riesgos que no entraron en los canjes de reestructuración de su deuda externa de 2005 y 2010.
Blackman reiteró, sin embargo, que el gobierno argentino está dispuesto a reabrir un canje de bonos para poner fin al litigio. Un 92% de los tenedores de bonos en ‘default’ aceptó esas reestructuraciones de deuda con quitas de hasta el 75% sobre el valor nominal de esos títulos.
Por su lado, el letrado de los fondos NML Capital y Aurelius Capital, Theodore Olson, afirmó que Argentina «nunca» pretendió negociar y recordó las palabras de Kirchner «A los fondos buitres, ni un dólar», para defender la necesidad de que el tribunal mantenga la orden del juez federal Thomas Griesa del año pasado para que cobren 1.330 millones de dólares de capital e intereses adeudados desde 2001.
El fallo de Griesa, avalado por este mismo tribunal en octubre pasado, puso en peligro de ‘default’ técnico a Argentina, que apeló y logró a finales de noviembre la suspensión de la orden hasta que se dicte sentencia definitiva.
En la audiencia, participaron además como «interesados no parte» los bonistas que canjearon sus títulos, agrupados en el Exchange Bondholders Group (EBG), y el Bank of New York Mellon (BoNY), agente de Argentina en Estados Unidos, que instaron a los jueces a no afectarlos con un fallo que interrumpa la cadena de pagos.
«Va a haber un ‘default’ de los bonos canjeados», sostuvo el abogado del EGB, David Boys, al referirse a la exigencia de Griesa de que los fondos ‘buitres’ beneficien del ‘pari passu’ (tratamiento equitativo), por el cual deben cobrar todo lo que se les adeuda con el próximo pago a los bonistas que entraron en los canjes.
— Amenazas de Argentina, enojo del tribunal —
En su presentación escrita ante el tribunal, Argentina advirtió de que un fallo adverso provocaría un aumento inmanejable de hasta 43.000 millones de dólares en su deuda, ya que alentaría reclamaciones de los bonistas que aceptaron los canjes de bonos y que se sentirán perjudicados.
«Pueden empeorar la situación. No están ayudando (a los fondos de riesgos) (…). Sé que no es fácil. Pero esto no es el final. Tendremos más litigios», aseguró en ese sentido el abogado Blackman.
Los jueces, en particular Reena Raggi, no ocultaron su enojo ante la desafiante posición argentina: «Usted me dice que solo obedecerán lo que proponen», dijo esta magistrada en tono socarrón, recordando que «habitualmente» quien se somete a una jurisdicción, acata sus decisiones.
Para la parte querellante, la posición de Argentina demuestra que «la ley de Estados Unidos no significa nada» para el gobierno de Kirchner.
Después de la audiencia, el vicepresidente Boudou rechazó esta crítica y precisó que lo que su gobierno no acepta son «situaciones en las cuales se infrinja la ley argentina, que es que no se le puede dar a ningún acreedor más que lo que se le dio a los que entraron en el canje de 2005 y 2010». El ministro Lorenzino explicó, por su parte, que durante la audiencia, «Argentina, junto a los bonistas que adhirieron al canje y el Banco de Nueva York, insistieron en la fórmula de tratamiento igualitario».
Tras el fallo del tribunal de apelaciones de Nueva York, ambas partes pueden intentar llevar el caso ante el Tribunal Supremo estadounidense.
Entre los apoyos de Argentina se encuentra el gobierno estadounidense, que introdujo a finales de diciembre un ‘amicus curiae’, advirtiendo al tribunal de que su decisión adopta una nueva interpretación de la cláusula ‘pari passu’ que es «incorrecta».
En efecto, se teme que en caso de que se le dé la razón a los fondos ‘buitres’, otras reestructuraciones de deudas con importantes quitas, como la de Grecia, se tambaleen.
Argentina advirtió el miércoles a la justicia estadounidense de que no acatará un fallo que la obligue a pagar a los fondos ‘buitres’ que exigen cobrar bonos en ‘default’ desde 2001, en el marco de una crucial audiencia por esta cuestión celebrada en Nueva York.
Argentina advirtió el miércoles a la justicia estadounidense de que no acatará un fallo que la obligue a pagar a los fondos ‘buitres’ que exigen cobrar bonos en ‘default’ desde 2001, en el marco de una crucial audiencia por esta cuestión celebrada en Nueva York.
