“Aquí, como en todas partes, el Vaticano es una fuerza de presión de primer nivel para cuestiones conservadoras, incluso reaccionarias. Un Papa argentino puede llevar ese poder a alturas desconocidas”, evaluó el escritor Martín Caparrós en una columna de opinión publicada por el diario The New York Times.
“La Iglesia argentina será también distinta mientras haya en Roma un Papa argentino. Es fácilmente predecible que muchos argentinos se reencontrarán con el misterio de la fe y que los líderes religiosos locales tendrán un poder más grande que el que tuvieron hasta ahora. La palabra de la Iglesia recobrará un peso distinto y mayor”, sostuvo a su vez el columnista Joaquín Morales Solá, en La Nación.
El escenario de una Iglesia argentina -la actual, no ya la que se conformaría (“pobre y para los pobres”) a partir de los deseos y los lineamientos a futuro expresados por el papa Francisco- con mayor nivel de influencia ante la nueva coyuntura no parece inverosímil. A diferencia de lo que ocurre con otros temas, esa posible situación inquieta a algunos sectores, tanto de un lado como del otro de la línea que separa a oficialistas de opositores.
Así, habrá que preguntarse:
La “gimnasia” de siglos por parte de las instituciones europeas para considerar al Papa (europeo) como un elemento más del paisaje, para nada decisivo en la definición de las políticas públicas, ¿funcionará del mismo modo ante el sistema político local y con un papa latinoamericano y argentino?
De ahora en más, ¿la Comisión Episcopal Argentina (CEA) seguirá emitiendo declaraciones sobre la situación del país? Como antecedente, está un documento del 29 de noviembre pasado, en el que los obispos denunciaron desde una “profunda crisis moral, que revela que la fe no impregna plenamente nuestro estilo de vida”, hasta un “excesivo caudillismo” que afecta la “independencia del Poder Judicial” -bueno es aclarar que las reflexiones de los obispos al acercarse la pasada Navidad no consideraron que hubiera en el país algún elemento digno de considerarse como positivo en la vida de los argentinos-. Este tipo de expresiones ¿serán ahora leídas sólo como la voz de los prelados locales o habrá lugar para pensar también que se trata de la opinión del Sumo Pontífice?
Cuando nos andentramos en las distintas realidades del país es fácil darse cuenta que las figuras del arzobispo porteño o incluso de los obispos de las populosas diócesis del Gran Buenos Aires tienen un impacto algo menor en la vida cotidiana de la gente, en comparación con el peso que los purpurados tienen en algunas provincias. En no pocos territorios la palabra del obispo tiene fuerte repercusión en la población pero también en los distintos poderes del Estado, para no mencionar a los tan sólo tres senadores nacionales que representan a cada provincia en la Cámara alta. ¿Sentirán ahora un renovado cimbronazo los legisladores nacionales ante alguna iniciativa puntual?
Para saber que los obispos católicos “presionan” a los poderes del Estado basta leer los principales matutinos de la capital, como Clarín o La Nación:
El 8 de febrero de 2004, cuando el Senado trataba el pliego de Carmen Argibay para la Corte Suprema, el diario Clarín publicó que “…los peronistas (…) recuerdan que algunos obispos influyeron sobre los senadores —como en el caso de los representantes de San Juan—, y pueden volver a hacerlo”.
El 8 de julio de 2004, el diario La Nación relató que en la sesión en la que se trató el pliego de Argibay, el presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto y el entonces titular de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma “convencieron a tres senadores del PJ (los santiagueños Mario Mera, María Elisa Castro y el sanjuanino Luis Martinazzo) de que se ausentaran en el momento de la votación. Estos legisladores habían decidido votar en contra horas antes de la sesión, producto de la fuerte presión ejercida por los obispos de sus provincias, y con su presencia ponían en peligro la aprobación del pliego”.
El 6 de marzo de 2005, el diario Clarín publicó que “los obispos redoblan la presión contra el ministro de Salud” (Ginés González García). En la misma nota se lee que el entonces el obispo de Quilmes, el monseñor Luis Stökler, consideró que “sería conveniente” que González García pusiera “su renuncia a disposición del presidente” (Néstor Kirchner).
El 16 de marzo de 2005, el diario Clarín destacó la “Presión de la Iglesia al Gobierno para que frene un proyecto en el Senado”. Relató cómo “los obispos les pidieron a los legisladores —y, por elevación, a la Casa Rosada— que no ratifiquen un protocolo adicional de la ONU contra la discriminación de la mujer que, a su juicio, “garantizaría la práctica del aborto como un servicio público”.
El 8 de julio de 2010, el diario Clarín publicó una entrevista al entonces presidente de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Episcopado, monseñor Antonio Marino, a quien se identifica como el encargado de “monitorear desde la Iglesia el proyecto de matrimonio gay” y allí el religioso denunció que la aprobación de la norma se debió al “efecto de una ideología dominante” y también al “resultado de la ‘obediencia debida’ o el miedo a las carpetas. También evaluó que las “manifestaciones populares” en contra de la iniciativa “fueron de un éxito notable”.
Por lo que puede leerse en la prensa, los obispos católicos realizan en forma habitual declaraciones públicas contra los proyectos de ley con los que están en desacuerdo, reclaman renuncias de ministros, ejercen “presiones” directas sobre senadores en algunos casos y avalan manifestaciones públicas contra determinados proyectos de ley. ¿Cada una de estas estrategias cambiarán en su impacto o despliegue ante la presencia de un Papa argentino?
El lector atento habrá notado que en ninguno de los casos citados la posición de los obispos católicos finalmente se impuso a nivel institucional. No ocurrió lo mismo en diciembre pasado en Mendoza, cuando el Senado provincial bloqueó la posibilidad de convertir en ley la adopción de una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
Nueve meses antes, el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia y el obispo auxiliar de esa diócesis, Sergio Buenanueva, junto con sus pares de de San Rafael, Eduardo María Taussig, de San Juan, Alfonso Delgado y de San Luis, Pedro Daniel Martínez habían dado a conocer un duro comunicado en el que cuestionaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que todos los abortos en casos de violación no son punibles,tanto para las mujeres como para los médicos que los practiquen. Los purpurados de Cuyo consideraron que “una mujer que ha sido violada merece comprensión y acompañamiento” pero que “su herida, sin embargo, no se cura con una injusticia mayor como es el aborto”.
El escenario ante el que se encuentra la relación entre la Iglesia y el Estado argentino en sus distintos niveles y estamentos se encuentra ante una situación inédita. Pensar en una mayor injerencia de la jerarquía de la Iglesia en los asuntos públicos no es, por lo tanto, una posibilidad alocada. Cómo se desenvuelva finalmente ese escenario dependerá de las acciones de ambas partes -funcionarios y prelados-, pero también del rumbo que tomen los planteos y debates que surjan de la sociedad civil.
“La Iglesia argentina será también distinta mientras haya en Roma un Papa argentino. Es fácilmente predecible que muchos argentinos se reencontrarán con el misterio de la fe y que los líderes religiosos locales tendrán un poder más grande que el que tuvieron hasta ahora. La palabra de la Iglesia recobrará un peso distinto y mayor”, sostuvo a su vez el columnista Joaquín Morales Solá, en La Nación.
El escenario de una Iglesia argentina -la actual, no ya la que se conformaría (“pobre y para los pobres”) a partir de los deseos y los lineamientos a futuro expresados por el papa Francisco- con mayor nivel de influencia ante la nueva coyuntura no parece inverosímil. A diferencia de lo que ocurre con otros temas, esa posible situación inquieta a algunos sectores, tanto de un lado como del otro de la línea que separa a oficialistas de opositores.
Así, habrá que preguntarse:
La “gimnasia” de siglos por parte de las instituciones europeas para considerar al Papa (europeo) como un elemento más del paisaje, para nada decisivo en la definición de las políticas públicas, ¿funcionará del mismo modo ante el sistema político local y con un papa latinoamericano y argentino?
De ahora en más, ¿la Comisión Episcopal Argentina (CEA) seguirá emitiendo declaraciones sobre la situación del país? Como antecedente, está un documento del 29 de noviembre pasado, en el que los obispos denunciaron desde una “profunda crisis moral, que revela que la fe no impregna plenamente nuestro estilo de vida”, hasta un “excesivo caudillismo” que afecta la “independencia del Poder Judicial” -bueno es aclarar que las reflexiones de los obispos al acercarse la pasada Navidad no consideraron que hubiera en el país algún elemento digno de considerarse como positivo en la vida de los argentinos-. Este tipo de expresiones ¿serán ahora leídas sólo como la voz de los prelados locales o habrá lugar para pensar también que se trata de la opinión del Sumo Pontífice?
Cuando nos andentramos en las distintas realidades del país es fácil darse cuenta que las figuras del arzobispo porteño o incluso de los obispos de las populosas diócesis del Gran Buenos Aires tienen un impacto algo menor en la vida cotidiana de la gente, en comparación con el peso que los purpurados tienen en algunas provincias. En no pocos territorios la palabra del obispo tiene fuerte repercusión en la población pero también en los distintos poderes del Estado, para no mencionar a los tan sólo tres senadores nacionales que representan a cada provincia en la Cámara alta. ¿Sentirán ahora un renovado cimbronazo los legisladores nacionales ante alguna iniciativa puntual?
Para saber que los obispos católicos “presionan” a los poderes del Estado basta leer los principales matutinos de la capital, como Clarín o La Nación:
El 8 de febrero de 2004, cuando el Senado trataba el pliego de Carmen Argibay para la Corte Suprema, el diario Clarín publicó que “…los peronistas (…) recuerdan que algunos obispos influyeron sobre los senadores —como en el caso de los representantes de San Juan—, y pueden volver a hacerlo”.
El 8 de julio de 2004, el diario La Nación relató que en la sesión en la que se trató el pliego de Argibay, el presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto y el entonces titular de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma “convencieron a tres senadores del PJ (los santiagueños Mario Mera, María Elisa Castro y el sanjuanino Luis Martinazzo) de que se ausentaran en el momento de la votación. Estos legisladores habían decidido votar en contra horas antes de la sesión, producto de la fuerte presión ejercida por los obispos de sus provincias, y con su presencia ponían en peligro la aprobación del pliego”.
El 6 de marzo de 2005, el diario Clarín publicó que “los obispos redoblan la presión contra el ministro de Salud” (Ginés González García). En la misma nota se lee que el entonces el obispo de Quilmes, el monseñor Luis Stökler, consideró que “sería conveniente” que González García pusiera “su renuncia a disposición del presidente” (Néstor Kirchner).
El 16 de marzo de 2005, el diario Clarín destacó la “Presión de la Iglesia al Gobierno para que frene un proyecto en el Senado”. Relató cómo “los obispos les pidieron a los legisladores —y, por elevación, a la Casa Rosada— que no ratifiquen un protocolo adicional de la ONU contra la discriminación de la mujer que, a su juicio, “garantizaría la práctica del aborto como un servicio público”.
El 8 de julio de 2010, el diario Clarín publicó una entrevista al entonces presidente de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Episcopado, monseñor Antonio Marino, a quien se identifica como el encargado de “monitorear desde la Iglesia el proyecto de matrimonio gay” y allí el religioso denunció que la aprobación de la norma se debió al “efecto de una ideología dominante” y también al “resultado de la ‘obediencia debida’ o el miedo a las carpetas. También evaluó que las “manifestaciones populares” en contra de la iniciativa “fueron de un éxito notable”.
Por lo que puede leerse en la prensa, los obispos católicos realizan en forma habitual declaraciones públicas contra los proyectos de ley con los que están en desacuerdo, reclaman renuncias de ministros, ejercen “presiones” directas sobre senadores en algunos casos y avalan manifestaciones públicas contra determinados proyectos de ley. ¿Cada una de estas estrategias cambiarán en su impacto o despliegue ante la presencia de un Papa argentino?
El lector atento habrá notado que en ninguno de los casos citados la posición de los obispos católicos finalmente se impuso a nivel institucional. No ocurrió lo mismo en diciembre pasado en Mendoza, cuando el Senado provincial bloqueó la posibilidad de convertir en ley la adopción de una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
Nueve meses antes, el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia y el obispo auxiliar de esa diócesis, Sergio Buenanueva, junto con sus pares de de San Rafael, Eduardo María Taussig, de San Juan, Alfonso Delgado y de San Luis, Pedro Daniel Martínez habían dado a conocer un duro comunicado en el que cuestionaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que todos los abortos en casos de violación no son punibles,tanto para las mujeres como para los médicos que los practiquen. Los purpurados de Cuyo consideraron que “una mujer que ha sido violada merece comprensión y acompañamiento” pero que “su herida, sin embargo, no se cura con una injusticia mayor como es el aborto”.
El escenario ante el que se encuentra la relación entre la Iglesia y el Estado argentino en sus distintos niveles y estamentos se encuentra ante una situación inédita. Pensar en una mayor injerencia de la jerarquía de la Iglesia en los asuntos públicos no es, por lo tanto, una posibilidad alocada. Cómo se desenvuelva finalmente ese escenario dependerá de las acciones de ambas partes -funcionarios y prelados-, pero también del rumbo que tomen los planteos y debates que surjan de la sociedad civil.
