Pablo Waisberg
La Justicia argentina “resigna recuperar” casi de inmediato más de u$s5 millones que podría decomisar a los condenados por delitos de corrupción y delincuencia económica. Pero el monto podría multiplicarse varias veces si existiera “una acción decidida” por parte de los tribunales y fiscales y se realizara “una persecución penal inteligente que buscara reparar el daño provocado”, señaló el director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara, quien presentó una carta a la Corte Suprema de Justicia para que destine al Hospital Garraham los fondos decomisados a María Julia Alsogaray.
“Son muy pocas las condenas por casos de corrupción y delincuencia económica y menos los casos de recupero de activos. Pero en los casos en que se recupera no se asegura la reparación del daño que, para nosotros, significa darle a esos dineros un uso social. Esto ocurre porque no hay una persecución penal inteligente y en eso tiene que ver la falta de un instrumento específico pero también la voluntad de jueces y fiscales para recuperar ese dinero”, sostuvo Carrara, quien encabeza la ONG que aportó funcionarios a la flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que impulsó la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Según el análisis del CIPCE, la Justicia podría disponer casi de inmediato de los fondos decomisados a María Julia Alsogaray, que fue condenada a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por enriquecimiento ilícito en el 2004. La sentencia fue confirmada en el 2008 por la Corte Suprema de Justicia y un año después se obtuvieron $3,2 millones por el remate de su petit hotel de Recoleta. Fue una cifra menor al incremento patrimonial de $4 millones que María Julia no pudo justificar y por los que fue condenada, según el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.
“Dado que la corrupción implica un desfinanciamiento del Estado, los más afectados son los principales destinatarios de las políticas públicas: los sectores más vulnerables económicamente. Por lo tanto, debe darse un fin social a este dinero. En este sentido, propusimos que esta suma se destinara al Hospital Garrahan”, señaló Carrara al referirse a la carta que la organización presentó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia.
El pedido, que fue dirigido al titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, intenta modificar el criterio de la Secretaría Administrativa de la Corte, que en el 2010 señaló que los bienes decomisados pertenecían a los recursos propios del Poder Judicial. “Esa decisión implica que esos fondos no son para reparar el daño ni son reintegrados a la sociedad”, se quejaron desde el CIPCE.
“Otro de los casos es la causa por el contrabando de armas, donde se calcula que hubo un perjuicio para el Estado en más de $400 millones o la causa por la estafa de IBM-Banco Nación, donde cuatro de los siete condenados hicieron un preacuerdo y se comprometieron a devolver el dinero pero hace dos años y medio que el tema está parado. Se trata de unos u$s4 millones”, se quejó Carrara ante BAE Negocios. Y recordó que desde 1980 hasta 2007 los 750 casos de corrupción que llegaron a juicio significaron un perjuicio de más de u$s13.000 millones para el Estado, según un trabajo elaborado por el CIPCE.
Además, de la “falta de voluntad” o de “inteligencia en la pesquisa” que marcó Carrara, existe para él un lobby de “los grupos económicos que ocupan lugares en el Estado” y dificultan los avances de definiciones políticas-judiciales como sería crear instrumentos para poder realizar el “decomiso civil” de los fondos obtenidos por delitos económicos. “Eso existe en otros países e incluso la OEA (ver recuadro) tiene una ley modelo que permite tramitar una causa civil al margen de la penal y realizar los decomisos de esos fondos con mayor celeridad”, precisó Carrara.
La ley modelo sobre la extinción de dominio
En mayo del 2011, la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró una “ley modelo sobre extinción de dominio”, que permitiría utilizar ese instituto jurídico contra los bienes de origen o destinación ilícita. La propuesta reconoce que el derecho a la propiedad no se aplica para “los bienes adquiridos con capital ilícito” y subraya que ellos “no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal”.
“Es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”, precisó la OEA.
Libera monitorea el destino de los decomisos
En Italia existe Libera, una organización creada en 1995 para garantizar que los bienes y fondos incautados a las organizaciones mafiosas tengan un destino social. Reúne a más de 1.200 agrupaciones y grupos en distintos ámbitos poíticos y sociales.
Con ese objetivo, la organización fue promotora de una ley aprobada en 1996 sobre la reutilización “con fines de desarrollo económico y social de los bienes requisados a las organizaciones criminales”.
“La ley prevé la asignación de estos patrimonios ilegales a aquellos individuos –trabajadores sociales, organizaciones de voluntariado, cooperativas, municipios– capaces de devolverlos con su trabajo a la comunidad, haciendo de ello símbolos tangibles del restablecimiento de la legalidad”, precisó la organización. Y desde su puesta en vigencia, la norma permitió destinar a fines sociales más de 2.200 bienes inmuebles por un valor de superior a los 250 millones de euros.
También se encarga de dar un uso productivo a los terrenos confiscados de la mafia y allí se producen aceite, pasta, vino, legumbres y otros productos orgánicos de las cooperativas de jóvenes en Sicilia, Calabria, Apulia.
La Justicia argentina “resigna recuperar” casi de inmediato más de u$s5 millones que podría decomisar a los condenados por delitos de corrupción y delincuencia económica. Pero el monto podría multiplicarse varias veces si existiera “una acción decidida” por parte de los tribunales y fiscales y se realizara “una persecución penal inteligente que buscara reparar el daño provocado”, señaló el director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara, quien presentó una carta a la Corte Suprema de Justicia para que destine al Hospital Garraham los fondos decomisados a María Julia Alsogaray.
“Son muy pocas las condenas por casos de corrupción y delincuencia económica y menos los casos de recupero de activos. Pero en los casos en que se recupera no se asegura la reparación del daño que, para nosotros, significa darle a esos dineros un uso social. Esto ocurre porque no hay una persecución penal inteligente y en eso tiene que ver la falta de un instrumento específico pero también la voluntad de jueces y fiscales para recuperar ese dinero”, sostuvo Carrara, quien encabeza la ONG que aportó funcionarios a la flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que impulsó la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Según el análisis del CIPCE, la Justicia podría disponer casi de inmediato de los fondos decomisados a María Julia Alsogaray, que fue condenada a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por enriquecimiento ilícito en el 2004. La sentencia fue confirmada en el 2008 por la Corte Suprema de Justicia y un año después se obtuvieron $3,2 millones por el remate de su petit hotel de Recoleta. Fue una cifra menor al incremento patrimonial de $4 millones que María Julia no pudo justificar y por los que fue condenada, según el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.
“Dado que la corrupción implica un desfinanciamiento del Estado, los más afectados son los principales destinatarios de las políticas públicas: los sectores más vulnerables económicamente. Por lo tanto, debe darse un fin social a este dinero. En este sentido, propusimos que esta suma se destinara al Hospital Garrahan”, señaló Carrara al referirse a la carta que la organización presentó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia.
El pedido, que fue dirigido al titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, intenta modificar el criterio de la Secretaría Administrativa de la Corte, que en el 2010 señaló que los bienes decomisados pertenecían a los recursos propios del Poder Judicial. “Esa decisión implica que esos fondos no son para reparar el daño ni son reintegrados a la sociedad”, se quejaron desde el CIPCE.
“Otro de los casos es la causa por el contrabando de armas, donde se calcula que hubo un perjuicio para el Estado en más de $400 millones o la causa por la estafa de IBM-Banco Nación, donde cuatro de los siete condenados hicieron un preacuerdo y se comprometieron a devolver el dinero pero hace dos años y medio que el tema está parado. Se trata de unos u$s4 millones”, se quejó Carrara ante BAE Negocios. Y recordó que desde 1980 hasta 2007 los 750 casos de corrupción que llegaron a juicio significaron un perjuicio de más de u$s13.000 millones para el Estado, según un trabajo elaborado por el CIPCE.
Además, de la “falta de voluntad” o de “inteligencia en la pesquisa” que marcó Carrara, existe para él un lobby de “los grupos económicos que ocupan lugares en el Estado” y dificultan los avances de definiciones políticas-judiciales como sería crear instrumentos para poder realizar el “decomiso civil” de los fondos obtenidos por delitos económicos. “Eso existe en otros países e incluso la OEA (ver recuadro) tiene una ley modelo que permite tramitar una causa civil al margen de la penal y realizar los decomisos de esos fondos con mayor celeridad”, precisó Carrara.
La ley modelo sobre la extinción de dominio
En mayo del 2011, la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró una “ley modelo sobre extinción de dominio”, que permitiría utilizar ese instituto jurídico contra los bienes de origen o destinación ilícita. La propuesta reconoce que el derecho a la propiedad no se aplica para “los bienes adquiridos con capital ilícito” y subraya que ellos “no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal”.
“Es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”, precisó la OEA.
Libera monitorea el destino de los decomisos
En Italia existe Libera, una organización creada en 1995 para garantizar que los bienes y fondos incautados a las organizaciones mafiosas tengan un destino social. Reúne a más de 1.200 agrupaciones y grupos en distintos ámbitos poíticos y sociales.
Con ese objetivo, la organización fue promotora de una ley aprobada en 1996 sobre la reutilización “con fines de desarrollo económico y social de los bienes requisados a las organizaciones criminales”.
“La ley prevé la asignación de estos patrimonios ilegales a aquellos individuos –trabajadores sociales, organizaciones de voluntariado, cooperativas, municipios– capaces de devolverlos con su trabajo a la comunidad, haciendo de ello símbolos tangibles del restablecimiento de la legalidad”, precisó la organización. Y desde su puesta en vigencia, la norma permitió destinar a fines sociales más de 2.200 bienes inmuebles por un valor de superior a los 250 millones de euros.
También se encarga de dar un uso productivo a los terrenos confiscados de la mafia y allí se producen aceite, pasta, vino, legumbres y otros productos orgánicos de las cooperativas de jóvenes en Sicilia, Calabria, Apulia.
