Las notas fueron enviadas al Nuncio Apostólico, Emil Paul Tscherrig, y al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone y fueron viabilizadas a través del secretario de Culto de la cancillería argentina, Guillermo Olivieri.
Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Rosario pidió al Vaticano, con el apoyo de la cancillería argentina, acceder a los archivos sobre la represión en esta región, con el objetivo de esclarecer el destino de los desaparecidos. Los pedidos fueron enviados al Nuncio Apostólico, Emil Paul Tscherrig, y al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone y fueron viabilizados por el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri. «Es nuestra intención profundizar la investigación, llegando a tener acceso a los archivos que el propio Estado Vaticano guarda», señalaron los organismos.
La historia -que se cuenta aquí por primera vez- comenzó a gestarse a mediados de mayo de 2010, cuando Elida Luna, en su doble carácter de presidenta de Familiares Rosario y querellante en la causa Feced, solicitó al juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque que ordene a la Iglesia católica entregar los archivos que poseyeran acerca de la represión ilegal en Rosario.
En el escrito se manifestaba que «no cabían dudas» de la existencia de material de archivo bajo custodia de la Iglesia católica. Asi se informó al juez que en el organismo de derechos humanos, desde su fundación, se recepcionaron declaraciones de sobrevivientes de centros clandestinos de detención de esta región y sus familiares, confeccionando los legajos que luego se convirtieron en prueba de la causa, incorporados desde sus inicios en enero de 1984.
La abogada Gabriela Durruty, quien formó parte desde el inicio de esta estrategia, relató que «ese amplio conocimiento de la mecánica del genocidio en nuestra región, dado a partir de años de colección de testimonios, sumado a la prueba producida en la audiencia oral Díaz Bessone (elevación parcial de Feced) donde también se incorporaron las declaraciones que mencionamos, permitieron afirmar desde siempre que la iglesia argentina brindó a las cúpulas genocidas un apoyo como institución, garantizado por sus jerarquías, y una colaboración activa con la represión a través de sus capellanías, tanto castrenses como policiales, así como un claro apoyo mediante las declaraciones públicas de sus dirigentes y sus documentos oficiales durante toda la última dictadura».
La abogada está convencida de que «la Iglesia, como es usanza de la institución desde hace dos milenios, guarda archivos de lo ocurrido, específicamente del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal y clandestina de personas llevado a cabo por la dictadura eclesiástico-cívico-militar».
La convicción tiene sustento en que en la causa Feced se encuentra procesado el ex capellán de la policía de la dictadura, Eugenio Zitelli, por la comisión de privaciones ilegítimas de la libertad y como parte de la asociación ilícita que implementó el plan sistemático. Zitelli incluso fue indagado nuevamente a fines del año pasado, por lo que los archivos serían de mucha utilidad para profundizar la investigación.
En este sentido el juez Bailaque hizo lugar a aquella solicitud. El 6 de junio de 2012 ofició a la Iglesia local que entregue los archivos que posean en el arzobispado de Rosario, o en cualquier organización conexa.
En cumplimiento del requerimiento judicial el Arzobispado acompañó dos dossiers con material de archivo «disperso y desordenado», pero que evidenciaban claramente la existencia de una profusa documentación.
Después de esta respuesta Elida Luna explicó que «considerando que la Iglesia Católica es una institución profundamente vertical, que centraliza en el Estado Vaticano las decisiones, empezamos a trabajar para formular ante aquel Estado un pedido de desclasificación de todos los archivos que tuvieren en derredor de la represión en nuestra región, con la esperanza encontrar mayores datos sobre el plan sistemático implementado por los usurpadores del poder estatal, e incluso, sobre el destino sufrido por los compañeros desaparecidos, y los responsables del genocidio».
Fue entonces que tuvo lugar la primera de dos reuniones que dieron aún más aire a la estrategia: en agosto de 2012 un grupo de militantes fueron recibidos por el vicecanciller de la nación, Eduardo Zuain, a quien impusieron del trabajo en Rosario y de su intención de llegar con el pedido hasta el Vaticano. La comitiva estaba integrada por Elida Luna, Lilian Echegoy, Diego Mattos, Nélida Turlione y Héctor Medina, quienes informaron con detalles al vicecanciller acerca de los avances de la causa Feced en relación a la responsabilidad de Zitelli y su intención de llegar hasta el centro mismo del poder eclesiástico con el reclamo.
«Fuimos muy bien recibidos por el vicecanciller, quien nos orientó para continuar con nuestra solicitud, excediendo el ámbito del tribunal, tratando de avanzar con nuestro reclamo por las vías diplomáticas», relató Echegoy.
En noviembre de 2012, mantuvieron una reunión con el secretario de Culto de la Nación. Olivieri recibió en su despacho a Luna, Etchegoy, Durruty y la madre de Plaza 25 de Mayo, Norma Vermeulen. «El embajador nos despejó los problemas que se nos presentaban a la hora de formular nuestras presentaciones y encaminamos finalmente nuestro requerimiento, con su apoyo», remarcó Echegoy.
A fin de año, con el apoyo de la Cancillería presentaron dos requerimientos: uno al Nuncio Apostólico, Emil Paul Tscherrig, con un doble objetivo: solicitar que revise los archivos de la Nunciatura en busca de material relacionado con la represión ilegal en Rosario, presentando como antecedente el material entregado por el arzobispo José Luis Mollaghan, dado que el propio Mollaghan en su misiva de elevación de los archivos reconocía que la documentación era profusa y que probablemente se encontraran nuevos documentos, dado lo extenso del archivo de Rosario. El otro objetivo era remitir un pedido que adjuntaron directamente al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone para solicitarle que se les permita acceder a la documentación relativa a la represión ilegal en esta zona.
«Estamos seguros de que existe, dado que, más allá de las conclusiones relativas al accionar de la iglesia desde hace dos milenios, conocedores de la tradición de crear registros de la curia, tenemos pruebas objetivas», apuntó Durruty.
La letrada recordó que «una de las integrantes de Familiares de Santa Fe, durante 1977, se presentó en la Santa Sede con el objetivo de averiguar cualquier dato posible sobre el paradero de su hijo. En el mismo momento que preguntó le exhibieron un legajo con datos de su hijo, que nunca apareció, los archivos existen».
Los miembros de esta comitiva recordaron también que en Rosario, durante 1978, el por entonces arzobispo Guillermo Bolatti recibió a dos madres, Nelly Huarque -ya fallecida- y a Vermeulen: «A ambas les reconoció que muchos de sus hijos habían sido asesinados. La Iglesia sabía. El Estado Vaticano tiene mucho para aportar. No nos caben dudas. Con el cambio en el papado decidimos profundizar nuestro pedido, reiterarlo e intentar viabilizarlo».
«Si bien no compartimos la mirada esperanzadora que muchos compañeros vierten sobre la nueva designación, esperamos que nuestro pedido tenga eco», expresó «Peti» Luna. «No compartimos la esperanza de cambio porque el nuevo Papa proviene de la iglesia argentina, la misma que fue partícipe del genocidio de nuestros familiares, la que nunca pidió perdón, la que nunca entregó sus propios archivos, la que protegió a los responsables dentro de su seno, sinceramente esperamos estar muy equivocados y recibir una respuesta favorable a nuestro pedido», agregó Durruty.
Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Rosario pidió al Vaticano, con el apoyo de la cancillería argentina, acceder a los archivos sobre la represión en esta región, con el objetivo de esclarecer el destino de los desaparecidos. Los pedidos fueron enviados al Nuncio Apostólico, Emil Paul Tscherrig, y al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone y fueron viabilizados por el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri. «Es nuestra intención profundizar la investigación, llegando a tener acceso a los archivos que el propio Estado Vaticano guarda», señalaron los organismos.
La historia -que se cuenta aquí por primera vez- comenzó a gestarse a mediados de mayo de 2010, cuando Elida Luna, en su doble carácter de presidenta de Familiares Rosario y querellante en la causa Feced, solicitó al juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque que ordene a la Iglesia católica entregar los archivos que poseyeran acerca de la represión ilegal en Rosario.
En el escrito se manifestaba que «no cabían dudas» de la existencia de material de archivo bajo custodia de la Iglesia católica. Asi se informó al juez que en el organismo de derechos humanos, desde su fundación, se recepcionaron declaraciones de sobrevivientes de centros clandestinos de detención de esta región y sus familiares, confeccionando los legajos que luego se convirtieron en prueba de la causa, incorporados desde sus inicios en enero de 1984.
La abogada Gabriela Durruty, quien formó parte desde el inicio de esta estrategia, relató que «ese amplio conocimiento de la mecánica del genocidio en nuestra región, dado a partir de años de colección de testimonios, sumado a la prueba producida en la audiencia oral Díaz Bessone (elevación parcial de Feced) donde también se incorporaron las declaraciones que mencionamos, permitieron afirmar desde siempre que la iglesia argentina brindó a las cúpulas genocidas un apoyo como institución, garantizado por sus jerarquías, y una colaboración activa con la represión a través de sus capellanías, tanto castrenses como policiales, así como un claro apoyo mediante las declaraciones públicas de sus dirigentes y sus documentos oficiales durante toda la última dictadura».
La abogada está convencida de que «la Iglesia, como es usanza de la institución desde hace dos milenios, guarda archivos de lo ocurrido, específicamente del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal y clandestina de personas llevado a cabo por la dictadura eclesiástico-cívico-militar».
La convicción tiene sustento en que en la causa Feced se encuentra procesado el ex capellán de la policía de la dictadura, Eugenio Zitelli, por la comisión de privaciones ilegítimas de la libertad y como parte de la asociación ilícita que implementó el plan sistemático. Zitelli incluso fue indagado nuevamente a fines del año pasado, por lo que los archivos serían de mucha utilidad para profundizar la investigación.
En este sentido el juez Bailaque hizo lugar a aquella solicitud. El 6 de junio de 2012 ofició a la Iglesia local que entregue los archivos que posean en el arzobispado de Rosario, o en cualquier organización conexa.
En cumplimiento del requerimiento judicial el Arzobispado acompañó dos dossiers con material de archivo «disperso y desordenado», pero que evidenciaban claramente la existencia de una profusa documentación.
Después de esta respuesta Elida Luna explicó que «considerando que la Iglesia Católica es una institución profundamente vertical, que centraliza en el Estado Vaticano las decisiones, empezamos a trabajar para formular ante aquel Estado un pedido de desclasificación de todos los archivos que tuvieren en derredor de la represión en nuestra región, con la esperanza encontrar mayores datos sobre el plan sistemático implementado por los usurpadores del poder estatal, e incluso, sobre el destino sufrido por los compañeros desaparecidos, y los responsables del genocidio».
Fue entonces que tuvo lugar la primera de dos reuniones que dieron aún más aire a la estrategia: en agosto de 2012 un grupo de militantes fueron recibidos por el vicecanciller de la nación, Eduardo Zuain, a quien impusieron del trabajo en Rosario y de su intención de llegar con el pedido hasta el Vaticano. La comitiva estaba integrada por Elida Luna, Lilian Echegoy, Diego Mattos, Nélida Turlione y Héctor Medina, quienes informaron con detalles al vicecanciller acerca de los avances de la causa Feced en relación a la responsabilidad de Zitelli y su intención de llegar hasta el centro mismo del poder eclesiástico con el reclamo.
«Fuimos muy bien recibidos por el vicecanciller, quien nos orientó para continuar con nuestra solicitud, excediendo el ámbito del tribunal, tratando de avanzar con nuestro reclamo por las vías diplomáticas», relató Echegoy.
En noviembre de 2012, mantuvieron una reunión con el secretario de Culto de la Nación. Olivieri recibió en su despacho a Luna, Etchegoy, Durruty y la madre de Plaza 25 de Mayo, Norma Vermeulen. «El embajador nos despejó los problemas que se nos presentaban a la hora de formular nuestras presentaciones y encaminamos finalmente nuestro requerimiento, con su apoyo», remarcó Echegoy.
A fin de año, con el apoyo de la Cancillería presentaron dos requerimientos: uno al Nuncio Apostólico, Emil Paul Tscherrig, con un doble objetivo: solicitar que revise los archivos de la Nunciatura en busca de material relacionado con la represión ilegal en Rosario, presentando como antecedente el material entregado por el arzobispo José Luis Mollaghan, dado que el propio Mollaghan en su misiva de elevación de los archivos reconocía que la documentación era profusa y que probablemente se encontraran nuevos documentos, dado lo extenso del archivo de Rosario. El otro objetivo era remitir un pedido que adjuntaron directamente al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone para solicitarle que se les permita acceder a la documentación relativa a la represión ilegal en esta zona.
«Estamos seguros de que existe, dado que, más allá de las conclusiones relativas al accionar de la iglesia desde hace dos milenios, conocedores de la tradición de crear registros de la curia, tenemos pruebas objetivas», apuntó Durruty.
La letrada recordó que «una de las integrantes de Familiares de Santa Fe, durante 1977, se presentó en la Santa Sede con el objetivo de averiguar cualquier dato posible sobre el paradero de su hijo. En el mismo momento que preguntó le exhibieron un legajo con datos de su hijo, que nunca apareció, los archivos existen».
Los miembros de esta comitiva recordaron también que en Rosario, durante 1978, el por entonces arzobispo Guillermo Bolatti recibió a dos madres, Nelly Huarque -ya fallecida- y a Vermeulen: «A ambas les reconoció que muchos de sus hijos habían sido asesinados. La Iglesia sabía. El Estado Vaticano tiene mucho para aportar. No nos caben dudas. Con el cambio en el papado decidimos profundizar nuestro pedido, reiterarlo e intentar viabilizarlo».
«Si bien no compartimos la mirada esperanzadora que muchos compañeros vierten sobre la nueva designación, esperamos que nuestro pedido tenga eco», expresó «Peti» Luna. «No compartimos la esperanza de cambio porque el nuevo Papa proviene de la iglesia argentina, la misma que fue partícipe del genocidio de nuestros familiares, la que nunca pidió perdón, la que nunca entregó sus propios archivos, la que protegió a los responsables dentro de su seno, sinceramente esperamos estar muy equivocados y recibir una respuesta favorable a nuestro pedido», agregó Durruty.
