Es sabido que a inicios de la década del 2000 el movimiento popular se hallaba a la defensiva, golpeado por una fenomenal crisis económico-social y la represión estatal. El kirchnerismo, de algún modo emergente también de esa crisis, tuvo que lidiar con la tragedia social y la informalidad laboral creciente, en primer término, mediante programas de asistencia y políticas activas de empleo. De a poco, sin embargo, y al calor de una estrategia expansiva y autónoma de política económica, surgió la necesidad de revitalizar a los actores del mundo del trabajo formal.
Así, en base a sus luchas y con el apoyo del Ministerio de Trabajo en los gobiernos de Néstor y Cristina, el movimiento obrero comenzó a recuperar terreno en materia de conflictividad y negociación salarial, en especial en aquellos sectores menos golpeados, y en algunos casos beneficiados por la apertura de mercado de la década anterior, como transporte, pesquero, petroleros y otros. En una segunda etapa, los grandes sindicatos, como metalúrgicos, servicios públicos o comercio, se fortalecieron también con la consolidación del modelo y del mercado interno. La restauración de una institucionalidad laboral marco, obturada por el neoliberalismo (derogación de la ley Banelco, Ley de Negociación Colectiva, Consejo de Salario) cimentaba este proceso. Mientras, en el plano de la política social, la estatización de los fondos previsionales y la Asignación Universal por Hijo apuntaban a transformar aquellas políticas de contención de inicios de la década en un Estado de bienestar moderno.
Era natural, por lo tanto, que los trabajadores mejor organizados sindicalmente, en particular en el sector privado, y que habían logrado defender más su organización de la tormenta neoliberal, protagonizaran las primeras ofensivas de la nueva era. Había, no obstante, colectivos de trabajadores menos organizados a nivel nacional, más golpeados y fragmentados en el mercado de trabajo, que no podían tener la misma capacidad de reacción, por ejemplo, docentes de todo el país castigados por años de ataques a la educación pública, los trabajadores agrarios y las trabajadoras del servicio doméstico.
Entonces, los gobiernos kirchneristas fueron diseñando políticas y regulaciones que apuntaron a potenciar a grupos de trabajadores más atomizados y menos favorecidos estructural y legalmente en el mercado de trabajo. Primero fue la Ley de Financiamiento Educativo que instauró una paritaria nacional y un salario mínimo docente, financiando el Estado central a las provincias más débiles. Después, la Ley de Estatuto del Peón Rural trajo nuevos derechos a los trabajadores agrarios en materia de licencias, jornada de trabajo, condiciones laborales y salario.
Hace pocos días se aprobó la Ley para Trabajadoras de Casas Particulares que equipara derechos en igual sentido: jornada laboral, licencia paga por maternidad, días de estudio, asignación familiar, compensación por despido, protección por accidentes y otros. Finalmente, la nueva ley de sanciones penales para quienes promuevan el trabajo infantil también se inscribe en la orientación de proteger a los grupos sociales más vulnerables.
Los peones rurales y las trabajadoras del servicio doméstico trabajan en condiciones particularmente difíciles, salen poco en los medios y tienen una organización débil. Estaban gobernados por infaustas y mínimas regulaciones sancionadas por las dictaduras de Videla y Aramburu. La democracia tenía una deuda con ellos, saldada recién ahora por los gobiernos de Cristina Kirchner. Las amplias mayorías logradas en la aprobación de ambas leyes no deberían engañar sobre lo arduo de su trámite parlamentario y los intereses empresarios y políticos que intentaron sabotear, repetidamente, ambas normas.
Por supuesto, quedan desafíos pendientes en materia de trabajo no registrado, especialmente en los mencionados sectores rurales y de trabajadoras domésticas. Pero la reparación necesariamente empieza por instaurar el adecuado marco normativo. Visibilizar y regular lo invisibilizado es el primer paso para dar derechos. El kirchnerismo lo tiene en su genética desde el año 2003.
* Politólogo.
Así, en base a sus luchas y con el apoyo del Ministerio de Trabajo en los gobiernos de Néstor y Cristina, el movimiento obrero comenzó a recuperar terreno en materia de conflictividad y negociación salarial, en especial en aquellos sectores menos golpeados, y en algunos casos beneficiados por la apertura de mercado de la década anterior, como transporte, pesquero, petroleros y otros. En una segunda etapa, los grandes sindicatos, como metalúrgicos, servicios públicos o comercio, se fortalecieron también con la consolidación del modelo y del mercado interno. La restauración de una institucionalidad laboral marco, obturada por el neoliberalismo (derogación de la ley Banelco, Ley de Negociación Colectiva, Consejo de Salario) cimentaba este proceso. Mientras, en el plano de la política social, la estatización de los fondos previsionales y la Asignación Universal por Hijo apuntaban a transformar aquellas políticas de contención de inicios de la década en un Estado de bienestar moderno.
Era natural, por lo tanto, que los trabajadores mejor organizados sindicalmente, en particular en el sector privado, y que habían logrado defender más su organización de la tormenta neoliberal, protagonizaran las primeras ofensivas de la nueva era. Había, no obstante, colectivos de trabajadores menos organizados a nivel nacional, más golpeados y fragmentados en el mercado de trabajo, que no podían tener la misma capacidad de reacción, por ejemplo, docentes de todo el país castigados por años de ataques a la educación pública, los trabajadores agrarios y las trabajadoras del servicio doméstico.
Entonces, los gobiernos kirchneristas fueron diseñando políticas y regulaciones que apuntaron a potenciar a grupos de trabajadores más atomizados y menos favorecidos estructural y legalmente en el mercado de trabajo. Primero fue la Ley de Financiamiento Educativo que instauró una paritaria nacional y un salario mínimo docente, financiando el Estado central a las provincias más débiles. Después, la Ley de Estatuto del Peón Rural trajo nuevos derechos a los trabajadores agrarios en materia de licencias, jornada de trabajo, condiciones laborales y salario.
Hace pocos días se aprobó la Ley para Trabajadoras de Casas Particulares que equipara derechos en igual sentido: jornada laboral, licencia paga por maternidad, días de estudio, asignación familiar, compensación por despido, protección por accidentes y otros. Finalmente, la nueva ley de sanciones penales para quienes promuevan el trabajo infantil también se inscribe en la orientación de proteger a los grupos sociales más vulnerables.
Los peones rurales y las trabajadoras del servicio doméstico trabajan en condiciones particularmente difíciles, salen poco en los medios y tienen una organización débil. Estaban gobernados por infaustas y mínimas regulaciones sancionadas por las dictaduras de Videla y Aramburu. La democracia tenía una deuda con ellos, saldada recién ahora por los gobiernos de Cristina Kirchner. Las amplias mayorías logradas en la aprobación de ambas leyes no deberían engañar sobre lo arduo de su trámite parlamentario y los intereses empresarios y políticos que intentaron sabotear, repetidamente, ambas normas.
Por supuesto, quedan desafíos pendientes en materia de trabajo no registrado, especialmente en los mencionados sectores rurales y de trabajadoras domésticas. Pero la reparación necesariamente empieza por instaurar el adecuado marco normativo. Visibilizar y regular lo invisibilizado es el primer paso para dar derechos. El kirchnerismo lo tiene en su genética desde el año 2003.
* Politólogo.
