El diputado oficialista señaló que el Consejo de la Magistratura no funciona y que los cambios son necesarios. Advirtió que los cuestionamientos están exacerbados por los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición.
El abogado laboralista y diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, defendió los proyectos del Gobierno para democratizar la Justicia, precisó detalles de las iniciativas y cuestionó los calificativos que utilizó la oposición para negarse a debatir en el Senado, mientras sus legisladores realizaban un raid mediático por los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición. Recalde afirmó que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura destrabará la parálisis del organismo y sostuvo que la Justicia es el único poder donde la soberanía popular está ajena. Aunque reivindicó el acceso igualitario al Poder Judicial, el ex abogado de la CGT prefirió no opinar sobre el paro de 72 horas que el gremio de judiciales lanzó en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo.
Usted ha defendido la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué?
Porque la realidad indica que el Consejo no funciona, está frenado. Evidentemente alguna modificación hay que hacer para que sea operativo; si no, estaríamos omitiendo como legisladores el mandato del artículo 114 de la Constitución. Debatámoslo públicamente. El artículo dice que el número y las formas lo establecerá la ley: es una delegación de facultades que hace la Constitución en el Congreso para no entrar en la casuística.
Pero la oposición se negó a dar el debate en el Senado.
Soy muy respetuoso incluso de las decisiones tácticas de los miembros de la oposición que no quisieron ir a debatir en el Senado, pero la realidad desmiente los cuestionamientos. Dijeron que no había ninguna posibilidad de modificación y quedó desmentido por el propio dictamen, en el que se introdujeron tres modificaciones. Tampoco es la primera vez que en el recinto, aunque es excepcional, se realicen modificaciones. Si entienden que es incorrecta la posición del Ejecutivo, qué mejor que dar el debate en cuanto ámbito sea posible, no sólo mediáticamente.
De hecho se incorporó el tema ambiental a las cautelares contra el Estado, que era uno de los cuestionamientos que surgían desde la oposición.
Además porque no está en el espíritu del Ejecutivo excluir la cuestión ambiental, que es casi un derecho humano. Está exacerbada la crítica, especialmente de los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición. Llegan a decir que corre riesgo el derecho de propiedad, que le van a sacar la casita a la gente. He visto algunas demasías, hay mucha crispación en los que cuestionan los proyectos con calificaciones muy duras. Es muy importante dar este debate sobre qué es el Poder Judicial, el único poder donde la soberanía popular está ajena.
También se cuestiona que la elección de los consejeros vaya atada a las legislativas y presidenciales.
Qué diferencia hay que sean separadas si van a ser elegidos a través del voto y va a ser un partido político el que los presente. Esta vez se hará con las legislativas, luego con las presidenciales.
¿Por qué no se pueden presentar listas por fuera de los partidos?
Porque el artículo 38 de la Constitución les da ese rol a los partidos. Más allá de que la reforma constitucional del 94 fue un pacto espurio entre el PJ menemista y el radicalismo, uno reivindica los valores positivos que tiene, como las incorporación de los tratados internacionles, el hábeas corpus, el amparo. Y sobre esto hay una confusión de doctrina, de análisis jurídico tremendo, como es comparar la cautelar con la acción de amparo: la acción de amparo continúa, no tiene nada que ver con la cautelar.
Tampoco los jueces son ajenos a la política.
Vamos a ser sobrios. Hay muchos jueces que tienen antecedentes partidarios: (Juan Carlos) Maqueda, PJ; (Eugenio) Zaffaroni, Frepaso; (Ricardo) Recondo, funcionario radical. Nadie cuestiona el origen, creo que es bueno que todo el mundo tenga una posición filosófica, doctrinaria, partidaria, porque eso hace a la vida, la relación social y política de un país. Ahora, con esos antecedentes, si llega a la función judicial tiene que observar la independencia y no fallar de acuerdo a los antecedentes políticos. Ahí se ve la independencia. Y la verdadera independencia a la Justicia se la dio un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner con el decreto 222 del año 2003, cuando nos sacó de encima la Corte de la mayoría automática como la menemista, y designó jueces, con los que uno puede disentir, discrepar, pero no dudar de la independencia que tienen.
Algunos ya proponen presentar ante la Justicia recursos de inconstitucionalidad de estos proyectos que todavía no son leyes.
Estas leyes son constitucionales, están acorde con los artículos de la Constitución. Pero esto forma parte de las reglas de la democracia y quien disienta de estas leyes puede argumentar la inconstitucionalidad ante la Justicia. Lo que no es posible es el abuso, como pasó con muchos jueces que postergaban indefinidamente el enjuiciamiento a los miembros de la dictadura, casi protegiéndolos, sin que el Consejo de la Magistratura hiciera nada con ellos. Como esas medidas cautelares que hace diez años que están vigente. Una sola empresa se negó a pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social tal como los paga el resto de las empresas e hizo una cautelar que dura diez años y ya tiene tres o cuatro años en la Corte: esa empresa es el diario La Nación. Ni hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo saben los medios que la Cámara va a declarar su inconstitucionalidad sin que se conozca el fallo? ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura sobre eso?
Diputados también va a tratar el proyecto para que las resoluciones de la Corte y los tribunales federales superiores sean públicas…
Si hay un derecho violado en nuestro país, ese es el derecho ciudadano a la información. Que se mienta en las interpretaciones no me preocupa, lo que sí me preocupa es que se falseen los hechos. Las resoluciones deben ser públicas y de rápido acceso. Estoy de acuerdo en que la declaración jurada de bienes sea pública, pero que esto también sea extensivo y una obligación para los jueces, no hay nada que ocultar.
¿Y sobre el acceso igualitario al Poder Judicial?
Hice un posgrado de derecho constitucional en la UBA, con Gil Domínguez, con quien tengo una buena relación. En la presentación de los proyectos, el 1º de marzo, la Presidenta habló de sorteos y al otro día en el diario Clarín, Gil Domínguez, sin leer el discurso, dice qué barbaridad que se sortea el ingreso. Y no es así. Si hay 100 concursantes y ocho se sacaron 100 puntos cada uno, ¿quién entra? Y eso es lo que se hace por sorteo público. No es que se tira la monedita.
El sindicato de empleados judiciales, que encabeza Julio Piumato, lanzó un paro de 72 horas para oponerse al paquete de leyes de la llamada democratización de la Justicia. ¿Qué opina?
¿Setenta y dos horas y ni siquiera hay una ley? Soy abogado laboralista y siempre defiendo a los trabajadores, pero prefiero no opinar sobre esto.
El abogado laboralista y diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, defendió los proyectos del Gobierno para democratizar la Justicia, precisó detalles de las iniciativas y cuestionó los calificativos que utilizó la oposición para negarse a debatir en el Senado, mientras sus legisladores realizaban un raid mediático por los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición. Recalde afirmó que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura destrabará la parálisis del organismo y sostuvo que la Justicia es el único poder donde la soberanía popular está ajena. Aunque reivindicó el acceso igualitario al Poder Judicial, el ex abogado de la CGT prefirió no opinar sobre el paro de 72 horas que el gremio de judiciales lanzó en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo.
Usted ha defendido la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué?
Porque la realidad indica que el Consejo no funciona, está frenado. Evidentemente alguna modificación hay que hacer para que sea operativo; si no, estaríamos omitiendo como legisladores el mandato del artículo 114 de la Constitución. Debatámoslo públicamente. El artículo dice que el número y las formas lo establecerá la ley: es una delegación de facultades que hace la Constitución en el Congreso para no entrar en la casuística.
Pero la oposición se negó a dar el debate en el Senado.
Soy muy respetuoso incluso de las decisiones tácticas de los miembros de la oposición que no quisieron ir a debatir en el Senado, pero la realidad desmiente los cuestionamientos. Dijeron que no había ninguna posibilidad de modificación y quedó desmentido por el propio dictamen, en el que se introdujeron tres modificaciones. Tampoco es la primera vez que en el recinto, aunque es excepcional, se realicen modificaciones. Si entienden que es incorrecta la posición del Ejecutivo, qué mejor que dar el debate en cuanto ámbito sea posible, no sólo mediáticamente.
De hecho se incorporó el tema ambiental a las cautelares contra el Estado, que era uno de los cuestionamientos que surgían desde la oposición.
Además porque no está en el espíritu del Ejecutivo excluir la cuestión ambiental, que es casi un derecho humano. Está exacerbada la crítica, especialmente de los medios hegemónicos, que son los líderes de la oposición. Llegan a decir que corre riesgo el derecho de propiedad, que le van a sacar la casita a la gente. He visto algunas demasías, hay mucha crispación en los que cuestionan los proyectos con calificaciones muy duras. Es muy importante dar este debate sobre qué es el Poder Judicial, el único poder donde la soberanía popular está ajena.
También se cuestiona que la elección de los consejeros vaya atada a las legislativas y presidenciales.
Qué diferencia hay que sean separadas si van a ser elegidos a través del voto y va a ser un partido político el que los presente. Esta vez se hará con las legislativas, luego con las presidenciales.
¿Por qué no se pueden presentar listas por fuera de los partidos?
Porque el artículo 38 de la Constitución les da ese rol a los partidos. Más allá de que la reforma constitucional del 94 fue un pacto espurio entre el PJ menemista y el radicalismo, uno reivindica los valores positivos que tiene, como las incorporación de los tratados internacionles, el hábeas corpus, el amparo. Y sobre esto hay una confusión de doctrina, de análisis jurídico tremendo, como es comparar la cautelar con la acción de amparo: la acción de amparo continúa, no tiene nada que ver con la cautelar.
Tampoco los jueces son ajenos a la política.
Vamos a ser sobrios. Hay muchos jueces que tienen antecedentes partidarios: (Juan Carlos) Maqueda, PJ; (Eugenio) Zaffaroni, Frepaso; (Ricardo) Recondo, funcionario radical. Nadie cuestiona el origen, creo que es bueno que todo el mundo tenga una posición filosófica, doctrinaria, partidaria, porque eso hace a la vida, la relación social y política de un país. Ahora, con esos antecedentes, si llega a la función judicial tiene que observar la independencia y no fallar de acuerdo a los antecedentes políticos. Ahí se ve la independencia. Y la verdadera independencia a la Justicia se la dio un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner con el decreto 222 del año 2003, cuando nos sacó de encima la Corte de la mayoría automática como la menemista, y designó jueces, con los que uno puede disentir, discrepar, pero no dudar de la independencia que tienen.
Algunos ya proponen presentar ante la Justicia recursos de inconstitucionalidad de estos proyectos que todavía no son leyes.
Estas leyes son constitucionales, están acorde con los artículos de la Constitución. Pero esto forma parte de las reglas de la democracia y quien disienta de estas leyes puede argumentar la inconstitucionalidad ante la Justicia. Lo que no es posible es el abuso, como pasó con muchos jueces que postergaban indefinidamente el enjuiciamiento a los miembros de la dictadura, casi protegiéndolos, sin que el Consejo de la Magistratura hiciera nada con ellos. Como esas medidas cautelares que hace diez años que están vigente. Una sola empresa se negó a pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social tal como los paga el resto de las empresas e hizo una cautelar que dura diez años y ya tiene tres o cuatro años en la Corte: esa empresa es el diario La Nación. Ni hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo saben los medios que la Cámara va a declarar su inconstitucionalidad sin que se conozca el fallo? ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura sobre eso?
Diputados también va a tratar el proyecto para que las resoluciones de la Corte y los tribunales federales superiores sean públicas…
Si hay un derecho violado en nuestro país, ese es el derecho ciudadano a la información. Que se mienta en las interpretaciones no me preocupa, lo que sí me preocupa es que se falseen los hechos. Las resoluciones deben ser públicas y de rápido acceso. Estoy de acuerdo en que la declaración jurada de bienes sea pública, pero que esto también sea extensivo y una obligación para los jueces, no hay nada que ocultar.
¿Y sobre el acceso igualitario al Poder Judicial?
Hice un posgrado de derecho constitucional en la UBA, con Gil Domínguez, con quien tengo una buena relación. En la presentación de los proyectos, el 1º de marzo, la Presidenta habló de sorteos y al otro día en el diario Clarín, Gil Domínguez, sin leer el discurso, dice qué barbaridad que se sortea el ingreso. Y no es así. Si hay 100 concursantes y ocho se sacaron 100 puntos cada uno, ¿quién entra? Y eso es lo que se hace por sorteo público. No es que se tira la monedita.
El sindicato de empleados judiciales, que encabeza Julio Piumato, lanzó un paro de 72 horas para oponerse al paquete de leyes de la llamada democratización de la Justicia. ¿Qué opina?
¿Setenta y dos horas y ni siquiera hay una ley? Soy abogado laboralista y siempre defiendo a los trabajadores, pero prefiero no opinar sobre esto.
