Pacto de impunidad y ataque a la democracia

Con el falso objetivo de democratizar la Justicia, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de leyes que convierte al Poder Judicial en apéndice del Gobierno y advierte que no permitirá ninguna modificación en el Congreso. La pretendida reforma viene a reasegurar el pacto de impunidad de la justicia federal penal y su degradación: después de décadas de corrupción contra el patrimonio público, existen escasas condenas, en contraste con los cientos de causas encajonadas y casos como el de Carlos Menem y los funcionarios absueltos en la causa de la voladura de la fábrica de explosivos de Río Tercero.
La inseguridad es hija de la corrupción y la corrupción mata, como lo atestiguan también las 52 muertes de Once y las más de 60 de las recientes inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata.
Estamos ante el más claro ataque al orden democrático y republicano que se haya dado en la última década.
La pretendida reforma judicial llega en tiempos del «vamos por todo» y sus objetivos de imponer la re-reelección.
Frente a esto, la sociedad no puede permanecer indiferente y debe movilizarse en cada plaza del país para dejarle en claro al poder que no está dispuesta a volver a un pasado autoritario ni a entregar las conquistas ganadas por las luchas de su pueblo.
La respuesta debe ser encabezada por la ciudadanía y no con alquimias electorales cómplices que pueden terminar convalidando este avance contra la Constitución y la Nación misma.
Los poderes públicos y las instituciones de la Argentina están atravesados por la cultura de la mafiosidad: la asociación ilícita de funcionarios con grupos privados y transnacionales en beneficio personal, la cultura del sobreprecio en la obra pública, el narcotráfico, la trata de personas, la complacencia con los miles de talleres que ejercen el trabajo esclavo, el negocio supermillonario a costa de la contaminación del agua y el medio ambiente, y el reparto impune de los yacimientos, la tierra pública y los bienes comunes.
Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura buscan destituir a los jueces independientes. Además de ser anticonstitucional, se trata de convertir a los postulantes en candidatos subordinados a los partidos políticos.
La limitación de las medidas cautelares deja indefenso al ciudadano que cuestione decisiones del Estado que puedan afectarlo. La creación de tres cámaras de casación establece nuevos obstáculos a quienes demandan sus derechos y dilatará aún más los procesos judiciales, en vez de agilizarlos.
Con estos proyectos se celebra un pacto de impunidad que significa someter a los pocos magistrados independientes del fuero federal, con el fin de unificarlos en una camarilla de jueces complacientes que justifiquen cualquier atropello, naturalicen los excesos y afecten los derechos y las libertades públicas, creando una Justicia adicta que interprete la ley de acuerdo con los dictados del poder de turno.
Esta falsa reforma de la Justicia impulsada por el kirchnerismo es un avasallamiento del Gobierno sobre el Poder Judicial, que convierte a la Nación en un coto de caza de ambiciones nefastas. Teniendo como principio democratizar la democracia, no podemos aceptar que en su nombre se pretenda institucionalizar la arbitrariedad, el abuso y la sistemática violación del orden jurídico.
Democratizar la Justicia no es someterla a los designios de los gobiernos de turno..