El gasto público en la Argentina ya se sitúa en el 50% de su PBI. Dicha cifra, que representa un incremento de casi veinte puntos porcentuales respecto de su media histórica, supera el nivel de gasto de todos nuestros vecinos y es comparable con la de los países europeos con mayor presencia estatal. La otra cara de la misma moneda está representada por una fuerte presión impositiva, que hace que un asalariado haya necesitado trabajar más de medio año para cubrir el pago de todos los tributos.
El creciente peso del Estado en la economía no es acompañado por la provisión de servicios de excelencia que acorten la brecha en la distribución del ingreso entre los argentinos. Las inundaciones, las muertes por hechos delictivos, los cortes de energía, el colapso de las rutas y el deplorable nivel del transporte público muestran a las claras que este Estado no sólo no brinda ni una educación ni una salud de excelencia, sino que tampoco ofrece las mínimas condiciones de infraestructura que impidan que la valiosa vida de cada uno de los habitantes de la Nación corra altos riesgos todos los días.
Paradójicamente para un Estado tan expandido y supuestamente eficiente, las últimas cifras oficiales referidas a la evolución del gasto público consolidado respecto del PBI datan de 2009, cuando dicha cifra se ubicaba en 43%. La evolución reciente entre los años 2010 hasta el período que transcurre en 2013 permiten aseverar que el tamaño del Estado ya se sitúa en una cifra equivalente al 50% del Producto Bruto. Para poner dicha cifra en contexto, en 1980, aún en pleno auge del Estado empresario que albergaba a Segba y Entel, y que tenía un elevadísimo gasto militar, el peso del sector público en la economía se situaba alrededor del 29% del PBI. Y en torno de ese nivel osciló hasta 2004, cuando se inició la brutal escalada que lo ha llevado hasta los exorbitantes niveles actuales.
Para poner en contexto esta cifra, debemos tener en cuenta que nuestros vecinos Chile, Uruguay y Brasil muestran niveles de gasto público en relación con sus respectivas economías del 21%, el 28% y el 41%, respectivamente. Más al norte, los Estados Unidos y Canadá muestran en ambos casos un peso del gasto público en la economía del 39%. Y sólo los países europeos como Alemania (44%), Francia (53%), Italia (49%), Finlandia (49%) y Dinamarca (53%) muestran registros parecidos a los que exhibe hoy la Argentina, con servicios públicos e infraestructuras diametralmente diferentes.
La Argentina no posee el nivel de gasto previsional que enfrentan las naciones europeas, donde la edad promedio de la población es mucho más elevada que en nuestro país. Y los servicios de salud y educación, públicos y de excelencia en la mayor parte de los países europeos anteriormente citados, sobresalen en la Argentina exactamente por los motivos inversos. La educación pública genera pésimos resultados que agrandan la brecha en la distribución del ingreso, en tanto que la escasez de profesionales y de insumos es la norma en muchos hospitales públicos. Cierto es que el transporte urbano e interurbano recibe subsidios en gran parte de los países del mundo, pero la contrapartida de ese financiamiento estatal se refleja en sistemas de transporte de excelencia.
Adonde sí se puede observar la presencia del Estado argentino en los últimos años es en el extraordinario sistema de propaganda oficial que ha montado el Gobierno tanto a través de los medios oficiales como a través de los subsidios a la prensa privada que esté dispuesta a entregar su línea editorial a cambio de los cuantiosos recursos de la pauta oficial. También notamos la presencia del Estado a través de su renovado rol de empresario, mediante el cual ha perdido unos 900 millones de dólares tan sólo en 2012 con su manejo extravagante de Aerolíneas Argentinas.
El financiamiento de este monumental andamiaje se basa en una presión impositiva récord, y en el uso del impuesto inflacionario que deviene de los pesos que fabrica el Banco Central para ser destinados al Tesoro y que ya totaliza cerca de cuatro puntos porcentuales del PBI. La presión impositiva ha aumentado especialmente de la mano de la creación de las retenciones a las exportación, de la no actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de la prohibición a las empresas privadas de ajustar sus balances por la inflación.
Así, cada peso extra en manos del Estado es un peso menos en manos de familias y empresas, con el consiguiente impacto sobre la productividad y capacidad de crecer de la economía. O será cierto, como piensan las autoridades, que un peso en manos del Estado se utiliza con mejor tino que el que le asignarían quienes lo han generado. ¿Será cierto que una familia a la que no le han elevado el mínimo no Imponible de Ganancias saldrá beneficiada de gastar menos en la educación de sus hijos para que los aviones de Aerolíneas Argentinas cubran la ruta a ciertas ciudades del mundo con pérdidas incalculables?
Sería saludable que el gobierno nacional tomara el ejemplo de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien acaba de impulsar en su país una quita de impuestos a los productos de la canasta familiar, como una manera de combatir la inflación y, a su vez, beneficiar a los más pobres.
Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece empeñado en lo contrario. El proyectado incremento de las cuotas del monotributo sin ajustar las escalas de las categorías, a pesar de la galopante inflación, es un ejemplo.
La Argentina ya no crece desde hace un año y medio. Mientras la productividad de la economía se desbarranca, el Gobierno sólo se preocupa por cumplir con su agenda de cooptación de recursos y de extinción de las últimas barreras que tenía para, finalmente, comenzar a funcionar como una autocracia.
El objetivo de quedarse con todo es muy visible al analizar la evolución del peso del Estado en la economía y los privilegios que reciben algunos empresarios amigos del poder político, como se ha documentado en los últimos días. La paradoja es que, en el camino, ese todo se parecerá cada vez más a la nada.
En este contexto de creciente desigualdad, donde no hay dinero para obras de infraestructura elementales ni para afrontar deudas con jubilados, mientras la presión impositiva crece en forma proporcional a la corrupción y la impunidad de algunos funcionarios, urge que la sociedad se movilice pacíficamente en demanda de justicia..
El creciente peso del Estado en la economía no es acompañado por la provisión de servicios de excelencia que acorten la brecha en la distribución del ingreso entre los argentinos. Las inundaciones, las muertes por hechos delictivos, los cortes de energía, el colapso de las rutas y el deplorable nivel del transporte público muestran a las claras que este Estado no sólo no brinda ni una educación ni una salud de excelencia, sino que tampoco ofrece las mínimas condiciones de infraestructura que impidan que la valiosa vida de cada uno de los habitantes de la Nación corra altos riesgos todos los días.
Paradójicamente para un Estado tan expandido y supuestamente eficiente, las últimas cifras oficiales referidas a la evolución del gasto público consolidado respecto del PBI datan de 2009, cuando dicha cifra se ubicaba en 43%. La evolución reciente entre los años 2010 hasta el período que transcurre en 2013 permiten aseverar que el tamaño del Estado ya se sitúa en una cifra equivalente al 50% del Producto Bruto. Para poner dicha cifra en contexto, en 1980, aún en pleno auge del Estado empresario que albergaba a Segba y Entel, y que tenía un elevadísimo gasto militar, el peso del sector público en la economía se situaba alrededor del 29% del PBI. Y en torno de ese nivel osciló hasta 2004, cuando se inició la brutal escalada que lo ha llevado hasta los exorbitantes niveles actuales.
Para poner en contexto esta cifra, debemos tener en cuenta que nuestros vecinos Chile, Uruguay y Brasil muestran niveles de gasto público en relación con sus respectivas economías del 21%, el 28% y el 41%, respectivamente. Más al norte, los Estados Unidos y Canadá muestran en ambos casos un peso del gasto público en la economía del 39%. Y sólo los países europeos como Alemania (44%), Francia (53%), Italia (49%), Finlandia (49%) y Dinamarca (53%) muestran registros parecidos a los que exhibe hoy la Argentina, con servicios públicos e infraestructuras diametralmente diferentes.
La Argentina no posee el nivel de gasto previsional que enfrentan las naciones europeas, donde la edad promedio de la población es mucho más elevada que en nuestro país. Y los servicios de salud y educación, públicos y de excelencia en la mayor parte de los países europeos anteriormente citados, sobresalen en la Argentina exactamente por los motivos inversos. La educación pública genera pésimos resultados que agrandan la brecha en la distribución del ingreso, en tanto que la escasez de profesionales y de insumos es la norma en muchos hospitales públicos. Cierto es que el transporte urbano e interurbano recibe subsidios en gran parte de los países del mundo, pero la contrapartida de ese financiamiento estatal se refleja en sistemas de transporte de excelencia.
Adonde sí se puede observar la presencia del Estado argentino en los últimos años es en el extraordinario sistema de propaganda oficial que ha montado el Gobierno tanto a través de los medios oficiales como a través de los subsidios a la prensa privada que esté dispuesta a entregar su línea editorial a cambio de los cuantiosos recursos de la pauta oficial. También notamos la presencia del Estado a través de su renovado rol de empresario, mediante el cual ha perdido unos 900 millones de dólares tan sólo en 2012 con su manejo extravagante de Aerolíneas Argentinas.
El financiamiento de este monumental andamiaje se basa en una presión impositiva récord, y en el uso del impuesto inflacionario que deviene de los pesos que fabrica el Banco Central para ser destinados al Tesoro y que ya totaliza cerca de cuatro puntos porcentuales del PBI. La presión impositiva ha aumentado especialmente de la mano de la creación de las retenciones a las exportación, de la no actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y de la prohibición a las empresas privadas de ajustar sus balances por la inflación.
Así, cada peso extra en manos del Estado es un peso menos en manos de familias y empresas, con el consiguiente impacto sobre la productividad y capacidad de crecer de la economía. O será cierto, como piensan las autoridades, que un peso en manos del Estado se utiliza con mejor tino que el que le asignarían quienes lo han generado. ¿Será cierto que una familia a la que no le han elevado el mínimo no Imponible de Ganancias saldrá beneficiada de gastar menos en la educación de sus hijos para que los aviones de Aerolíneas Argentinas cubran la ruta a ciertas ciudades del mundo con pérdidas incalculables?
Sería saludable que el gobierno nacional tomara el ejemplo de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien acaba de impulsar en su país una quita de impuestos a los productos de la canasta familiar, como una manera de combatir la inflación y, a su vez, beneficiar a los más pobres.
Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece empeñado en lo contrario. El proyectado incremento de las cuotas del monotributo sin ajustar las escalas de las categorías, a pesar de la galopante inflación, es un ejemplo.
La Argentina ya no crece desde hace un año y medio. Mientras la productividad de la economía se desbarranca, el Gobierno sólo se preocupa por cumplir con su agenda de cooptación de recursos y de extinción de las últimas barreras que tenía para, finalmente, comenzar a funcionar como una autocracia.
El objetivo de quedarse con todo es muy visible al analizar la evolución del peso del Estado en la economía y los privilegios que reciben algunos empresarios amigos del poder político, como se ha documentado en los últimos días. La paradoja es que, en el camino, ese todo se parecerá cada vez más a la nada.
En este contexto de creciente desigualdad, donde no hay dinero para obras de infraestructura elementales ni para afrontar deudas con jubilados, mientras la presión impositiva crece en forma proporcional a la corrupción y la impunidad de algunos funcionarios, urge que la sociedad se movilice pacíficamente en demanda de justicia..
