Alejandro Bercovich
El banco de inversión JP Morgan ordenó en secreto a un puñado de sus ejecutivos top que abandonen Buenos Aires para no verse involucrados en la causa que sigue el juez Sergio Torres a raíz de las denuncias de Hernán Arbizu, el financista «arrepentido» que dijo en 2008 haber ayudado a fugar del país a cuentas offshore al menos u$s200 millones de ricos y famosos argentinos. Aunque el banco lo niega y la orden no fue formal ni por escrito, al menos dos de los financistas abandonaron el país durante esta semana, luego de que Torres reactivara la causa con exhortos a Suiza y Estados Unidos para que aporten datos a la investigación por presunta evasión y lavado de dinero.
Uno de los ejecutivos que abandonó la Argentina en los últimos días es el director ejecutivo de la filial porteña de JP Morgan, Andrés Rodríguez Lubary. El argumento «oficial» fueron unas vacaciones por su aniversario de casamiento. El repentino viaje del financista fue confirmado telefónicamente por sus asistentes en las oficinas de Catalinas que ocupa el banco y por un miembro de su familia en su domicilio particular.
La otra economista «repatriada» por el JP Morgan es una argentina con base en Nueva York que había aterrizado en el país para una misión de negocios de dos semanas pero que regresó repentinamente vía Ezeiza durante el feriado por el Día del Trabajador, antes del plazo fijado inicialmente para su estadía. Su identidad se preserva por tratarse de una técnica sin cargo directivo en la filial local.
El denunciante Arbizu, quien entregó a la Justicia en 2008 varias planillas con datos sobre los ricos y famosos que fugaron dinero a cuentas offshore a través del banco, dijo a este diario que la práctica es habitual para JP Morgan y otras entidades financieras de ese tipo. «La encargada de conseguir los clientes cuando yo todavía estaba ahí era María Laura Tramezzani, que se radicó en Santiago de Chile después del escándalo por mi denuncia pero a quien se vio muchas veces después en el hotel Four Seasons porteño reunida con nuevos clientes», afirmó.
Pese a los reiterados llamados de este diario, en las oficinas porteñas de JP Morgan no quisieron opinar sobre el tema. Desde el cuartel general neoyorquino, en cambio, sí respondió el vocero para América latina, Adrián Garcia-Aranyos. “Estos rumores son completamente infundados”, aseguró. «Nuestra posición en Argentina incluso ha crecido en los últimos años, incorporando personal y ampliando la delegación», dijeron también desde la central en Wall Street.
En la lista de presuntos evasores que entregó Arbizu a la Justicia figuran empresas y empresarios cercanos al Gobierno, como Pampa Holding (de Marcelo Mindlin) y Consultatio (de Eduardo Constantini, el desarrollador de Nordelta), pero también el Grupo Clarín y sus principales accionistas, como Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Ernestina Herrera de Noble.
El lunes de esta semana, el juez Torres pidió al Departamento de Justicia que responda a sus pedidos de información sobre los argentinos denunciados y libró un exhorto a un juez de Berna para que también precise si tienen cuentas en ese país. A la vez, el magistrado ordenó “librar oficio a la AFIP para que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse por rubros” y especificando si en la presentación anual correspondiente los nombrados denunciaron tener cuentas en el exterior.
El banco de inversión JP Morgan ordenó en secreto a un puñado de sus ejecutivos top que abandonen Buenos Aires para no verse involucrados en la causa que sigue el juez Sergio Torres a raíz de las denuncias de Hernán Arbizu, el financista «arrepentido» que dijo en 2008 haber ayudado a fugar del país a cuentas offshore al menos u$s200 millones de ricos y famosos argentinos. Aunque el banco lo niega y la orden no fue formal ni por escrito, al menos dos de los financistas abandonaron el país durante esta semana, luego de que Torres reactivara la causa con exhortos a Suiza y Estados Unidos para que aporten datos a la investigación por presunta evasión y lavado de dinero.
Uno de los ejecutivos que abandonó la Argentina en los últimos días es el director ejecutivo de la filial porteña de JP Morgan, Andrés Rodríguez Lubary. El argumento «oficial» fueron unas vacaciones por su aniversario de casamiento. El repentino viaje del financista fue confirmado telefónicamente por sus asistentes en las oficinas de Catalinas que ocupa el banco y por un miembro de su familia en su domicilio particular.
La otra economista «repatriada» por el JP Morgan es una argentina con base en Nueva York que había aterrizado en el país para una misión de negocios de dos semanas pero que regresó repentinamente vía Ezeiza durante el feriado por el Día del Trabajador, antes del plazo fijado inicialmente para su estadía. Su identidad se preserva por tratarse de una técnica sin cargo directivo en la filial local.
El denunciante Arbizu, quien entregó a la Justicia en 2008 varias planillas con datos sobre los ricos y famosos que fugaron dinero a cuentas offshore a través del banco, dijo a este diario que la práctica es habitual para JP Morgan y otras entidades financieras de ese tipo. «La encargada de conseguir los clientes cuando yo todavía estaba ahí era María Laura Tramezzani, que se radicó en Santiago de Chile después del escándalo por mi denuncia pero a quien se vio muchas veces después en el hotel Four Seasons porteño reunida con nuevos clientes», afirmó.
Pese a los reiterados llamados de este diario, en las oficinas porteñas de JP Morgan no quisieron opinar sobre el tema. Desde el cuartel general neoyorquino, en cambio, sí respondió el vocero para América latina, Adrián Garcia-Aranyos. “Estos rumores son completamente infundados”, aseguró. «Nuestra posición en Argentina incluso ha crecido en los últimos años, incorporando personal y ampliando la delegación», dijeron también desde la central en Wall Street.
En la lista de presuntos evasores que entregó Arbizu a la Justicia figuran empresas y empresarios cercanos al Gobierno, como Pampa Holding (de Marcelo Mindlin) y Consultatio (de Eduardo Constantini, el desarrollador de Nordelta), pero también el Grupo Clarín y sus principales accionistas, como Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Ernestina Herrera de Noble.
El lunes de esta semana, el juez Torres pidió al Departamento de Justicia que responda a sus pedidos de información sobre los argentinos denunciados y libró un exhorto a un juez de Berna para que también precise si tienen cuentas en ese país. A la vez, el magistrado ordenó “librar oficio a la AFIP para que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse por rubros” y especificando si en la presentación anual correspondiente los nombrados denunciaron tener cuentas en el exterior.
