Viernes 10 de Mayo de 2013
Por Ignacio Zuleta.-CLAVES Y SEÑALES (PARA ENTENDER): • Olivos cree que con salvar la ley de cautelares en la Justicia, ya ganó. • Despegó convocatoria a senadores y diputados de la de consejeros de la Magistratura. • Con eso salva las primarias de ser arrastradas por impugnaciones. • Mejoraron las relaciones con la Corte y negociaron, pero lo negarán. • Cautelares acortadas y elección de consejeros son viejos proyectos del peronismo que Cristina ha usado para tenerlos amarrados hasta las elecciones. Una forma de alambrarlos en el resbaladizo tiempo de la traición que precede a cada elección.
Por: Ignacio Zuleta
El Gobierno ensayó esta semana, de puertas adentro como todo lo que hace, un balance de la guerra de la reforma judicial. En lo formal, es un triunfo; en lo político, es un tembladeral por la pelea que comienza en la Justicia. Del paquete de las seis leyes sólo importan dos: el recorte a las cautelares y la elección de los consejeros. Para la propia Cristina de Kirchner, si salva la vigencia del nuevo sistema de cautelares, se cumplió ya el 75% del esfuerzo político. Si la elección no sale, pasa, era un tema más discutible, que hiere la convivencia entre los partidos. Haber logrado una reforma tan importante con tan poco consenso legislativo (uno o dos votos por encima de lo necesario) alimenta su fragilidad en la Justicia o después de un recambio legislativo. Sirvió todo para darle al peronismo que gobierna un proyecto que lo unificó hasta el momento mismo del llamado a elección (lunes 13), es decir, el momento más fácil para la traición y la deslealtad con un Gobierno cuyos dos principales cargos (Cristina de Kirchner y Daniel Scioli) no tienen reelección, y el formato de su asociación les impide decir con libertad qué harán en el futuro. Alambrado el peronismo que gobierna, este proyecto lo ha mantenido junto, unido cuando más peligro había de migración hacia otras querencias más prósperas o que por lo menos tienen la libertad de decir cuáles son sus proyectos.
Ese balance que ensayó Olivos en las últimas horas pondera la nueva ley de amparos como ligada a una línea doctrinaria y menos pegada a la política agónica. Tampoco es nuevo el ánimo del peronismo de achicar los recursos que tiene una sociedad agobiada por las desgracias encadenadas (la Justicia lenta es uno de sus eslabones) que sufren los ciudadanos y también el Estado. El amparismo es una de las caras del garantismo, que es una tendencia mundial y que está acuñado en tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que la Justicia hará valer a la hora de evaluar los reclamos que se dispararan desde la vigencia efectiva de la nueva norma que se produjo a la 0 de ayer, como informó este diario. Fue al cumplirse los ocho días que prevé el Código Civil para que rija una ley, si en el decreto de promulgación no especificó otra fecha, algo de lo que cuidó la Presidente cuando no pudo extender la zona gris entre sanción y cumplimiento efectivo de la ley de cautelares. El achicamiento de los amparos lo defiende el peronismo, que sostiene la doctrina de que las normas de este tipo han avanzado en la Argentina de las últimas décadas por presión sobre el Congreso de intereses particulares ligados a empresas, y a sus patrocinantes en los estudios de abogados en donde actúan, además, los tratadistas. Esto es discutible frente a quienes creen que, en sistemas populistas, el Estado avanza sobre los fueros de la sociedad civil con medidas que avasallan o ignoran derechos inalienables. Ya bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde hubo debates sobre este punto cuando una ola de amparos frenó la renegociación de tarifas de servicios públicos en la comisión que coordinaba Rafael Bielsa. Cuando éste ya era canciller de Néstor Kirchner fue a la Comisión de Justicia para una audiencia en la que sostuvo la posición del peronismo de que no se puede gobernar con un sistema tan generoso de amparos. La pelea con el monopolio Clarín lubricó el empeño del Gobierno contra las cautelares, pero es también una historia que precede a este ciclo. Cristina de Kirchner tiene un flanco de racionalidad que sostiene con una pretensión juridicista y valora que se le atribuyan proyectos con solidez doctrinaria. Tiene respeto por los tratadistas y cree que si impone un avance en el sistema de cautelares, la historia se lo reconocerá en el futuro.
La tranquilizó sobre este punto que esta semana se abrieran algunas líneas de comunicación con la Corte Suprema. Nadie admitirá nada por temor a las acusaciones «lilistas» de pactos espurios -en la Argentina de hoy quien negocia es un traidor, desafía los demonios de la militancia y la intransigencia-, pero hubo conversaciones en el máximo nivel, a cuatro ojos o por teléfono. Avanzaron las partes en detalles de las reformas que no son judiciables y que requieren de negociaciones políticas como la que destrabó la principal queja de la Corte porque el proyecto pretendía quitarle el uso de los fondos de la Justicia. Hace dos semanas hubo una escalada que culminó con amenazas (de renuncia de los miembros de la Corte, y sobre la familia de Ricardo Lorenzetti). Esta semana fue todo más pacífico.
Como todos los temas calientes de la agenda, la reforma judicial cayó bajo los dos demonios negativos de la política criolla, la militancia y la intransigencia. El Senado aprobó la elección de los consejeros de la Magistratura por 38 votos, apenas uno más de los que necesitaba esa reforma. Entre hoy y el lunes, el Gobierno publicará la promulgación de la norma en el Boletín Oficial, a la espera de una andanada de cuestionamientos que escalarán en horas hacia la Corte Suprema de Justicia por la vía del «per saltum» que usarán los contradictores para acelerar los plazos que producen novedades hora a hora. Ayer el Gobierno se previno de que el nuevo sistema quede colgado del alambrado de las impugnaciones y no arrastre a las elecciones primarias del 11 de agosto. Se adelantó al plazo último que tenía para convocarlas (el lunes 13) y las llamó sólo para las categorías de diputados y senadores. Si la red de impugnaciones detuviera en los próximos días la tercera elección, la de consejeros, quedan salvadas las PASO, un sistema de elección de candidatos que estatizó en 2011 las internas partidarias, que antes estaban regidas por las cartas orgánicas de los partidos y que beneficia a quien gobierna. Esas primarias actúan como una encuesta global, casi un censo de las intenciones de voto, y como una radiografía de la conducta de los dirigentes, algo imprescindible para el peronismo que es una liga de gobernadores con proyectos, ideas y deseos contradictorios y que sólo se sindica en un vértice (Menem en los 90, los Kirchner en la década siguiente) cuando éste le puede asegurar la conservación del poder en el orden nacional. Entre las encuestas y el examen de conductas ajenas, las primarias terminan, como ocurrió en las presidenciales de 2011, siendo una primera vuelta electoral que ordena voluntades y refina la competencia en las generales. Esto es más claro cuando se trata de una presidencial, por el «balotaje», pero en una legislativa termina siendo un ensayo general con trajes y luces, como dicen en el Teatro Colón.
La promulgación en cuotas de la convocatoria presume, desde la perspectiva del Gobierno, que es posible que la elección de consejeros termine sepultada en algún amparo. Por eso se despegó la convocatoria de diputados y senadores -una elección de rutina- de la de consejeros, que implica una revolución en el sistema de control de la Justicia que desmonta todas las novedades de la reforma de la Constitución de 1994 y vuelve al control partidario de los magistrados en su designación, control y destitución. El trámite se hizo con las limitaciones del corsé que les dan a todas las discusiones la presión de la militancia y la intransigencia y por eso parece teñido de cristinismo, pero expresa un proyecto del peronismo que precede al kirchnerismo. El Consejo de la Magistratura en su formato original fue una inclusión del radicalismo y del peronismo renovador -Héctor Masnatta, Alberto García Lema, Antonio Cafiero- traída del modelo europeo que desde el primer debate en Santa Fe fue denunciado por el peronismo como ajeno a la doctrina constitucional argentina ligada a la tradición de los Estados Unidos. Los debates para que se modificase el proyecto original que figuraba como Punto H del Núcleo de Coincidencias Básicas que acordaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín reproducían un acuerdo de finales de los años 80 entre Alfonsín y Cafiero que no prosperó. El ánimo de ese acuerdo pretendía abolir el sistema que ahora regresa, si el proyecto prospera, que tenía como centro la Comisión de Acuerdos del Senado donde negociaban desde 1983 el peronismo (Vicente Saadi) y el radicalismo los nombres de los nuevos magistrados. El país de 1983 vivía una primavera democrática y era un supuesto que el loteo de los nombramientos debía expresar el bipartidismo. Por eso esas designaciones se negociaban en beneficio del conjunto. Todos ponían jueces.
La sucesión de las crisis desde 1983 hizo prosperar los demonios negativos de la política criolla de la militancia -una forma de ejercer la manipulación de otro recortando la libertad de los dirigentes en el formato partidario- y la intransigencia -una negación de la política, que es debate, acuerdo y negociación-. La militancia trató de contener la vertiginosa fragmentación del sistema político que se explica también por los fracasos encadenados, de los cuales nadie quería terminar siendo responsable por pertenecer a un conjunto que iba a ser demonizado por el fracaso. La intransigencia prosperó porque si la política, que es acuerdo, fracasaba, nadie quería ser visto como colaborando en medidas y proyectos que terminarían en frustración. Ese despeñadero que fueron los últimos 30 años deterioró aquella primavera de convivencia de 1983. El pacto de 1994 en Olivos contradijo ese deterioro, pero significó el estallido de peronismo y radicalismo. El Frente Grande de Solanas-Chacho, que hasta esa fecha crecía en estado gaseoso, tuvo su gran hora en aquella elección de constituyentes y generó la fractura más importante dentro del peronismo en toda su historia. En la UCR Alfonsín intervino desde el Comité Nacional todos los distritos que no aceptaban el Pacto y dejó afuera de la convención a sectores importantes del partido, como el delarruismo, que demostró que existía cuando hizo presidente a su caudillo. Con ese ánimo podía prosperar la letra del Consejo de la Magistratura, pero no su espíritu, que fue afeitado en su reglamentación y en las sucesivas reformas, la más importante la de 2005. Era un país con menos convivencia y con fracciones tratándose a los golpes de porra. ¿Cómo iban los partidos a acordar en el manejo de la Justicia?
Esta reforma vuelve al sistema de 1983 con los candidatos a jueces pidiendo su designación en la sede de los partidos políticos y cumple el sueño del peronismo desde que se creó el Consejo. Es el último regalo de Cristina de Kichner a sus compañeros y eso explica cómo se encuadraron los bloques de las dos cámaras detrás de los proyectos, algo que de paso desnudó cómo sanciona estas leyes el oficialismo, siempre al borde del quórum y de los votos necesarios; en la noche del miércoles superó por uno los 38 necesarios. Este punto será tenido en cuenta por la Justicia cuando revise esta ley que busca cambiar el sistema permanente y de todos con una parcialidad ajustada de los votos.
Por Ignacio Zuleta.-CLAVES Y SEÑALES (PARA ENTENDER): • Olivos cree que con salvar la ley de cautelares en la Justicia, ya ganó. • Despegó convocatoria a senadores y diputados de la de consejeros de la Magistratura. • Con eso salva las primarias de ser arrastradas por impugnaciones. • Mejoraron las relaciones con la Corte y negociaron, pero lo negarán. • Cautelares acortadas y elección de consejeros son viejos proyectos del peronismo que Cristina ha usado para tenerlos amarrados hasta las elecciones. Una forma de alambrarlos en el resbaladizo tiempo de la traición que precede a cada elección.
Por: Ignacio Zuleta
El Gobierno ensayó esta semana, de puertas adentro como todo lo que hace, un balance de la guerra de la reforma judicial. En lo formal, es un triunfo; en lo político, es un tembladeral por la pelea que comienza en la Justicia. Del paquete de las seis leyes sólo importan dos: el recorte a las cautelares y la elección de los consejeros. Para la propia Cristina de Kirchner, si salva la vigencia del nuevo sistema de cautelares, se cumplió ya el 75% del esfuerzo político. Si la elección no sale, pasa, era un tema más discutible, que hiere la convivencia entre los partidos. Haber logrado una reforma tan importante con tan poco consenso legislativo (uno o dos votos por encima de lo necesario) alimenta su fragilidad en la Justicia o después de un recambio legislativo. Sirvió todo para darle al peronismo que gobierna un proyecto que lo unificó hasta el momento mismo del llamado a elección (lunes 13), es decir, el momento más fácil para la traición y la deslealtad con un Gobierno cuyos dos principales cargos (Cristina de Kirchner y Daniel Scioli) no tienen reelección, y el formato de su asociación les impide decir con libertad qué harán en el futuro. Alambrado el peronismo que gobierna, este proyecto lo ha mantenido junto, unido cuando más peligro había de migración hacia otras querencias más prósperas o que por lo menos tienen la libertad de decir cuáles son sus proyectos.
Ese balance que ensayó Olivos en las últimas horas pondera la nueva ley de amparos como ligada a una línea doctrinaria y menos pegada a la política agónica. Tampoco es nuevo el ánimo del peronismo de achicar los recursos que tiene una sociedad agobiada por las desgracias encadenadas (la Justicia lenta es uno de sus eslabones) que sufren los ciudadanos y también el Estado. El amparismo es una de las caras del garantismo, que es una tendencia mundial y que está acuñado en tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que la Justicia hará valer a la hora de evaluar los reclamos que se dispararan desde la vigencia efectiva de la nueva norma que se produjo a la 0 de ayer, como informó este diario. Fue al cumplirse los ocho días que prevé el Código Civil para que rija una ley, si en el decreto de promulgación no especificó otra fecha, algo de lo que cuidó la Presidente cuando no pudo extender la zona gris entre sanción y cumplimiento efectivo de la ley de cautelares. El achicamiento de los amparos lo defiende el peronismo, que sostiene la doctrina de que las normas de este tipo han avanzado en la Argentina de las últimas décadas por presión sobre el Congreso de intereses particulares ligados a empresas, y a sus patrocinantes en los estudios de abogados en donde actúan, además, los tratadistas. Esto es discutible frente a quienes creen que, en sistemas populistas, el Estado avanza sobre los fueros de la sociedad civil con medidas que avasallan o ignoran derechos inalienables. Ya bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde hubo debates sobre este punto cuando una ola de amparos frenó la renegociación de tarifas de servicios públicos en la comisión que coordinaba Rafael Bielsa. Cuando éste ya era canciller de Néstor Kirchner fue a la Comisión de Justicia para una audiencia en la que sostuvo la posición del peronismo de que no se puede gobernar con un sistema tan generoso de amparos. La pelea con el monopolio Clarín lubricó el empeño del Gobierno contra las cautelares, pero es también una historia que precede a este ciclo. Cristina de Kirchner tiene un flanco de racionalidad que sostiene con una pretensión juridicista y valora que se le atribuyan proyectos con solidez doctrinaria. Tiene respeto por los tratadistas y cree que si impone un avance en el sistema de cautelares, la historia se lo reconocerá en el futuro.
La tranquilizó sobre este punto que esta semana se abrieran algunas líneas de comunicación con la Corte Suprema. Nadie admitirá nada por temor a las acusaciones «lilistas» de pactos espurios -en la Argentina de hoy quien negocia es un traidor, desafía los demonios de la militancia y la intransigencia-, pero hubo conversaciones en el máximo nivel, a cuatro ojos o por teléfono. Avanzaron las partes en detalles de las reformas que no son judiciables y que requieren de negociaciones políticas como la que destrabó la principal queja de la Corte porque el proyecto pretendía quitarle el uso de los fondos de la Justicia. Hace dos semanas hubo una escalada que culminó con amenazas (de renuncia de los miembros de la Corte, y sobre la familia de Ricardo Lorenzetti). Esta semana fue todo más pacífico.
Como todos los temas calientes de la agenda, la reforma judicial cayó bajo los dos demonios negativos de la política criolla, la militancia y la intransigencia. El Senado aprobó la elección de los consejeros de la Magistratura por 38 votos, apenas uno más de los que necesitaba esa reforma. Entre hoy y el lunes, el Gobierno publicará la promulgación de la norma en el Boletín Oficial, a la espera de una andanada de cuestionamientos que escalarán en horas hacia la Corte Suprema de Justicia por la vía del «per saltum» que usarán los contradictores para acelerar los plazos que producen novedades hora a hora. Ayer el Gobierno se previno de que el nuevo sistema quede colgado del alambrado de las impugnaciones y no arrastre a las elecciones primarias del 11 de agosto. Se adelantó al plazo último que tenía para convocarlas (el lunes 13) y las llamó sólo para las categorías de diputados y senadores. Si la red de impugnaciones detuviera en los próximos días la tercera elección, la de consejeros, quedan salvadas las PASO, un sistema de elección de candidatos que estatizó en 2011 las internas partidarias, que antes estaban regidas por las cartas orgánicas de los partidos y que beneficia a quien gobierna. Esas primarias actúan como una encuesta global, casi un censo de las intenciones de voto, y como una radiografía de la conducta de los dirigentes, algo imprescindible para el peronismo que es una liga de gobernadores con proyectos, ideas y deseos contradictorios y que sólo se sindica en un vértice (Menem en los 90, los Kirchner en la década siguiente) cuando éste le puede asegurar la conservación del poder en el orden nacional. Entre las encuestas y el examen de conductas ajenas, las primarias terminan, como ocurrió en las presidenciales de 2011, siendo una primera vuelta electoral que ordena voluntades y refina la competencia en las generales. Esto es más claro cuando se trata de una presidencial, por el «balotaje», pero en una legislativa termina siendo un ensayo general con trajes y luces, como dicen en el Teatro Colón.
La promulgación en cuotas de la convocatoria presume, desde la perspectiva del Gobierno, que es posible que la elección de consejeros termine sepultada en algún amparo. Por eso se despegó la convocatoria de diputados y senadores -una elección de rutina- de la de consejeros, que implica una revolución en el sistema de control de la Justicia que desmonta todas las novedades de la reforma de la Constitución de 1994 y vuelve al control partidario de los magistrados en su designación, control y destitución. El trámite se hizo con las limitaciones del corsé que les dan a todas las discusiones la presión de la militancia y la intransigencia y por eso parece teñido de cristinismo, pero expresa un proyecto del peronismo que precede al kirchnerismo. El Consejo de la Magistratura en su formato original fue una inclusión del radicalismo y del peronismo renovador -Héctor Masnatta, Alberto García Lema, Antonio Cafiero- traída del modelo europeo que desde el primer debate en Santa Fe fue denunciado por el peronismo como ajeno a la doctrina constitucional argentina ligada a la tradición de los Estados Unidos. Los debates para que se modificase el proyecto original que figuraba como Punto H del Núcleo de Coincidencias Básicas que acordaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín reproducían un acuerdo de finales de los años 80 entre Alfonsín y Cafiero que no prosperó. El ánimo de ese acuerdo pretendía abolir el sistema que ahora regresa, si el proyecto prospera, que tenía como centro la Comisión de Acuerdos del Senado donde negociaban desde 1983 el peronismo (Vicente Saadi) y el radicalismo los nombres de los nuevos magistrados. El país de 1983 vivía una primavera democrática y era un supuesto que el loteo de los nombramientos debía expresar el bipartidismo. Por eso esas designaciones se negociaban en beneficio del conjunto. Todos ponían jueces.
La sucesión de las crisis desde 1983 hizo prosperar los demonios negativos de la política criolla de la militancia -una forma de ejercer la manipulación de otro recortando la libertad de los dirigentes en el formato partidario- y la intransigencia -una negación de la política, que es debate, acuerdo y negociación-. La militancia trató de contener la vertiginosa fragmentación del sistema político que se explica también por los fracasos encadenados, de los cuales nadie quería terminar siendo responsable por pertenecer a un conjunto que iba a ser demonizado por el fracaso. La intransigencia prosperó porque si la política, que es acuerdo, fracasaba, nadie quería ser visto como colaborando en medidas y proyectos que terminarían en frustración. Ese despeñadero que fueron los últimos 30 años deterioró aquella primavera de convivencia de 1983. El pacto de 1994 en Olivos contradijo ese deterioro, pero significó el estallido de peronismo y radicalismo. El Frente Grande de Solanas-Chacho, que hasta esa fecha crecía en estado gaseoso, tuvo su gran hora en aquella elección de constituyentes y generó la fractura más importante dentro del peronismo en toda su historia. En la UCR Alfonsín intervino desde el Comité Nacional todos los distritos que no aceptaban el Pacto y dejó afuera de la convención a sectores importantes del partido, como el delarruismo, que demostró que existía cuando hizo presidente a su caudillo. Con ese ánimo podía prosperar la letra del Consejo de la Magistratura, pero no su espíritu, que fue afeitado en su reglamentación y en las sucesivas reformas, la más importante la de 2005. Era un país con menos convivencia y con fracciones tratándose a los golpes de porra. ¿Cómo iban los partidos a acordar en el manejo de la Justicia?
Esta reforma vuelve al sistema de 1983 con los candidatos a jueces pidiendo su designación en la sede de los partidos políticos y cumple el sueño del peronismo desde que se creó el Consejo. Es el último regalo de Cristina de Kichner a sus compañeros y eso explica cómo se encuadraron los bloques de las dos cámaras detrás de los proyectos, algo que de paso desnudó cómo sanciona estas leyes el oficialismo, siempre al borde del quórum y de los votos necesarios; en la noche del miércoles superó por uno los 38 necesarios. Este punto será tenido en cuenta por la Justicia cuando revise esta ley que busca cambiar el sistema permanente y de todos con una parcialidad ajustada de los votos.
