Pablo Waisberg
Las grandes empresas mineras que operan en la Argentina lograron autorización del Banco Central para girar unos u$s7 millones diarios a sus casas matrices. La apertura «parcial», como la mencionan las multinacionales, comenzó a hacerse efectiva a fines de enero pasado y eso les permitió empezar a remitir utilidades en forma diaria: suman más de u$s500 millones. Se trata de una operatoria que tenían frenada desde octubre del 2011, cuando el Gobierno eliminó por decreto el beneficio que tenían las mineras y empresas petroleras de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior sin que los dólares físicos pasaran por la Argentina.
«Estamos girando, pero muy poco porque se frenaron casi dos años las remisiones de utilidades», reconoció una fuente de una de las firmas que está enviando dividendos a su casa matriz todos los días hábiles. La definición es casi calcada de la que dio otra de las grandes operadoras del sector, que también precisó a BAE Negocios que «sólo están remitiendo entre siete y diez compañías, que son las que tienen posibilidades y capacidad». Se calcula que habían dejado de enviar más de u$s950 millones.
A algunas firmas no les autorizaron giros. Una de ellas es Minera Santa Cruz, que explota el yacimiento San José, en la localidad santacruceña de Perito Moreno, que tiene vetas de cuarzo enriquecidas en oro y plata. Y existen firmas como Barrick Gold, que opera el proyecto Veladero en San Juan, que no solicitó autorización porque está reinvirtiendo sus utilidades en el lado argentino de Pascua-Lama, donde construye la planta de procesamiento de mineral.
Del lado chileno, donde se encuentra el 75% del mineral a extraer, la construcción del emprendimiento binacional está frenado desde abril. Sucede que la Justicia chilena hizo lugar a una denuncia sobre la «destrucción de glaciares» en las inmediaciones del proyecto minero y ordenó a la compañía suspender las tareas. En su resolución, la Corte de Apelaciones chilena indicó que la Dirección General de Aguas determinó que los incumplimientos de la empresa provocan «efectos adversos directos sobre el medio ambiente en su componente glaciares y sus consecuencias en la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca». La compañía rechazó el fallo y se esperan las definiciones de la Justicia.
Las autorizaciones para girar dividendos, que empezó a aprobar el Banco Central como anticipó este diario en febrero pasado, está relacionada con el avance de los programas de sustitución de importaciones que impulsó la administración central. Esa política, en la que pivotearon los funcionarios de la Secretaría de Minería y del Ministerio de Industria, fue definida en 2011 pero encontró cierta resistencia por parte de las compañías multinacionales. Si bien en abril de ese año se conformó la Mesa de Homologación Minera para establecer los procesos de sustitución de maquinarias, equipos y repuestos importados, el mecanismo demoró en funcionar. Se lograron avances después de que el Gobierno obligara a que las empresas ingresen al país sus liquidaciones de exportacione, vía el decreto 1722 de octubre del 2011
Tras ese cambio normativo, la administración central no autorizó la salida de utilidades del país y, finalmente, estableció la obligatoriedad de que las compañías tengan «su propio departamento de sustitución de importaciones». Eso fue lo que se instruyó en el primer artículo de la Resolución 13 de la Secretaría de Minería, del 12 de mayo 2012.
Ese texto, como bien lo señaló el secretario de Minería, Jorge Mayoral, generó «algún revuelo» entre los empresarios. Así lo dijo durante el almuerzo que la semana pasada ofreció la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para festejar el Día de la Minería. «No tenía otra premisa que fortalecer el proceso de sustitución de importaciones», dijo Mayoral y provocó algunos murmullos en al auditorio. De todos modos, compensó esa tensión con una frase que despertó sonrisas: «Se le ha exigido al sector minero lo que no se le ha exigido a otros sectores, como la ganadería y la agricultura en doscientos años».
NÚMEROS
u$s4.400 son las ventas previstas para 2013, según estimaciones oficiales.
u$s5.300 millones fueron las exportaciones en 2012.
600 son los proyectos mineros de distinta envergadura, según la Secretaría de Minería.
500.000 son los empleos directos e indirectos creados en todo el país.
Los gobernadores preparan otra reunión de la OFEMI
Los gobernadores de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz intentarán reunirse esta semana en el marco de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que fue impulsada por la administración central para respaldar la actividad.
En este encuentro, los mandatarios provinciales tienen en agenda avanzar es el abordaje de algunos puntos sectoriales que ya venían siendo evaluados y que deben iomplementar.
De cara a esa reunión, la semana pasada los miembros del Comité Ejecutivo de la organización analizaron junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, los próximos pasos en materia de comunicación, un tema que el sector minero empezó a tomar recién el año pasado.
Sucede que ese fue uno de los reclamos que les había hecho Mayoral en los últimos tiempos: que salieran a dar el debate público sobre los alcances y efectos de la actividad.
Según detalló el titular del Comité, el jujeño Daniel Ibañez, la campaña buscará explicar el carácter «de neta índole federal y defensora de una actividad sustentable” en un discurso articulado para destacar los efectos.
Durante ese encuentro, el secretario Mayoral dio además detalles de las negociaciones con la brasileña Vale Do Rio Doce, que abandonó el proyecto de Potasio Río Colorado, en Mendoza, que incluía el tendido y reparación de vías y la construcción de un puerto en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Esa negociación sigue en marcha porque la minera no termina de desprenderse del proyecto pero dejó de invertir en él y hay unos 7.000 puestos de trabajo pendientes de esa definición sobre el rumbo final que tomará el proyecto.
Además, Mayoral destacó “la importancia de buscar que en todos los emprendimientos se busque el desarrollo de los productores locales”.
Esa fue la línea definida por la la administración central hace dos años y que es, también, uno de los reclamos que se repiten en las comunidades donde se desarrolla la actividad minera, según sondearon las mismas compañías.
Las grandes empresas mineras que operan en la Argentina lograron autorización del Banco Central para girar unos u$s7 millones diarios a sus casas matrices. La apertura «parcial», como la mencionan las multinacionales, comenzó a hacerse efectiva a fines de enero pasado y eso les permitió empezar a remitir utilidades en forma diaria: suman más de u$s500 millones. Se trata de una operatoria que tenían frenada desde octubre del 2011, cuando el Gobierno eliminó por decreto el beneficio que tenían las mineras y empresas petroleras de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior sin que los dólares físicos pasaran por la Argentina.
«Estamos girando, pero muy poco porque se frenaron casi dos años las remisiones de utilidades», reconoció una fuente de una de las firmas que está enviando dividendos a su casa matriz todos los días hábiles. La definición es casi calcada de la que dio otra de las grandes operadoras del sector, que también precisó a BAE Negocios que «sólo están remitiendo entre siete y diez compañías, que son las que tienen posibilidades y capacidad». Se calcula que habían dejado de enviar más de u$s950 millones.
A algunas firmas no les autorizaron giros. Una de ellas es Minera Santa Cruz, que explota el yacimiento San José, en la localidad santacruceña de Perito Moreno, que tiene vetas de cuarzo enriquecidas en oro y plata. Y existen firmas como Barrick Gold, que opera el proyecto Veladero en San Juan, que no solicitó autorización porque está reinvirtiendo sus utilidades en el lado argentino de Pascua-Lama, donde construye la planta de procesamiento de mineral.
Del lado chileno, donde se encuentra el 75% del mineral a extraer, la construcción del emprendimiento binacional está frenado desde abril. Sucede que la Justicia chilena hizo lugar a una denuncia sobre la «destrucción de glaciares» en las inmediaciones del proyecto minero y ordenó a la compañía suspender las tareas. En su resolución, la Corte de Apelaciones chilena indicó que la Dirección General de Aguas determinó que los incumplimientos de la empresa provocan «efectos adversos directos sobre el medio ambiente en su componente glaciares y sus consecuencias en la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca». La compañía rechazó el fallo y se esperan las definiciones de la Justicia.
Las autorizaciones para girar dividendos, que empezó a aprobar el Banco Central como anticipó este diario en febrero pasado, está relacionada con el avance de los programas de sustitución de importaciones que impulsó la administración central. Esa política, en la que pivotearon los funcionarios de la Secretaría de Minería y del Ministerio de Industria, fue definida en 2011 pero encontró cierta resistencia por parte de las compañías multinacionales. Si bien en abril de ese año se conformó la Mesa de Homologación Minera para establecer los procesos de sustitución de maquinarias, equipos y repuestos importados, el mecanismo demoró en funcionar. Se lograron avances después de que el Gobierno obligara a que las empresas ingresen al país sus liquidaciones de exportacione, vía el decreto 1722 de octubre del 2011
Tras ese cambio normativo, la administración central no autorizó la salida de utilidades del país y, finalmente, estableció la obligatoriedad de que las compañías tengan «su propio departamento de sustitución de importaciones». Eso fue lo que se instruyó en el primer artículo de la Resolución 13 de la Secretaría de Minería, del 12 de mayo 2012.
Ese texto, como bien lo señaló el secretario de Minería, Jorge Mayoral, generó «algún revuelo» entre los empresarios. Así lo dijo durante el almuerzo que la semana pasada ofreció la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para festejar el Día de la Minería. «No tenía otra premisa que fortalecer el proceso de sustitución de importaciones», dijo Mayoral y provocó algunos murmullos en al auditorio. De todos modos, compensó esa tensión con una frase que despertó sonrisas: «Se le ha exigido al sector minero lo que no se le ha exigido a otros sectores, como la ganadería y la agricultura en doscientos años».
NÚMEROS
u$s4.400 son las ventas previstas para 2013, según estimaciones oficiales.
u$s5.300 millones fueron las exportaciones en 2012.
600 son los proyectos mineros de distinta envergadura, según la Secretaría de Minería.
500.000 son los empleos directos e indirectos creados en todo el país.
Los gobernadores preparan otra reunión de la OFEMI
Los gobernadores de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz intentarán reunirse esta semana en el marco de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que fue impulsada por la administración central para respaldar la actividad.
En este encuentro, los mandatarios provinciales tienen en agenda avanzar es el abordaje de algunos puntos sectoriales que ya venían siendo evaluados y que deben iomplementar.
De cara a esa reunión, la semana pasada los miembros del Comité Ejecutivo de la organización analizaron junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, los próximos pasos en materia de comunicación, un tema que el sector minero empezó a tomar recién el año pasado.
Sucede que ese fue uno de los reclamos que les había hecho Mayoral en los últimos tiempos: que salieran a dar el debate público sobre los alcances y efectos de la actividad.
Según detalló el titular del Comité, el jujeño Daniel Ibañez, la campaña buscará explicar el carácter «de neta índole federal y defensora de una actividad sustentable” en un discurso articulado para destacar los efectos.
Durante ese encuentro, el secretario Mayoral dio además detalles de las negociaciones con la brasileña Vale Do Rio Doce, que abandonó el proyecto de Potasio Río Colorado, en Mendoza, que incluía el tendido y reparación de vías y la construcción de un puerto en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Esa negociación sigue en marcha porque la minera no termina de desprenderse del proyecto pero dejó de invertir en él y hay unos 7.000 puestos de trabajo pendientes de esa definición sobre el rumbo final que tomará el proyecto.
Además, Mayoral destacó “la importancia de buscar que en todos los emprendimientos se busque el desarrollo de los productores locales”.
Esa fue la línea definida por la la administración central hace dos años y que es, también, uno de los reclamos que se repiten en las comunidades donde se desarrolla la actividad minera, según sondearon las mismas compañías.
