Según Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibirán una pensión de sólo CH$150.000 mensuales (US$314).
El sistema chileno de pensiones, administrado por compañías privadas, está en discusión por los bajos montos que ofrece, inferiores al 70% del sueldo de los trabajadores, lo que ha arreciado el debate sobre la revisión de este mecanismo, vigente desde 1980.
Los trabajadores critican las ingentes ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que en 2012 sumaron US$582 millones, mientras éstas creen que la solución está en aumentar la aportación (10% del salario) y los años de cotización.
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«Yo estuve imponiendo hasta los 60 años, me jubilé con 30 años de cotización y a estas alturas gano 104.000 pesos (US$218)», cuenta a Efe Norma Vargas, de 75 años, que trabajó como operaria en una industria y como lavandera y planchadora.
Con esa pensión, es su hijo quien se encarga de pagar 35.000 pesos (US$73) mensuales por un crédito que pidieron para pagar 1,8 millones de pesos (US$3.773) por una operación del nervio trigémino en el sistema público de salud, que es de copago, dijo Norma, que cocina cada tres días para ahorrar gas.
Según Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibirán una pensión de solo 150.000 pesos mensuales (US$314).
Se estima además que la tasa de reemplazo (monto de la pensión comparada con los últimos sueldos), llega al 64% promedio entre los hombres y al 50% entre las mujeres.
Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo hasta el 13%.
En estas condiciones, no es extraño ver a personas de hasta 75 u 80 años en activo, pues aunque los hombres se pueden retirar a los 65 años y las mujeres a los 60, muchos deciden seguir trabajando sin jubilarse o bien compatibilizar el trabajo con la pensión, como hizo la propia Norma hasta después de los 70 años.
Según la página de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, el valor de los Fondos de Pensiones alcanzó a 80,19 billones de pesos (unos US$168.000 millones), al 30 de abril de 2013, 7,9% más respecto a igual fecha del año anterior.
«De acuerdo con las estadísticas del propio sistema, 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores», aseguró a Efe el economista Manuel Riesco.
«Los otros 2 pesos se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales», donde las AFP depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad, añadió.
El sistema, basado en la capitalización individual, en la que cada empleado tiene una cuenta personal de ahorro con miras a su vejez, fue implantado en Chile en noviembre de 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Los trabajadores que ya estaban en activo pudieron decidir entonces si continuaban en el antiguo sistema o se cambiaban al nuevo, que hoy tiene diez millones de afiliados.
En él, cada trabajador puede elegir la administradora y el fondo en que depositará su dinero, con cinco opciones, desde el A, que es el de mayor riesgo, hasta el E, el más conservador.
Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo hasta el 13%.
El gobierno de Sebastián Piñera propuso el pasado 1 de mayo reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo) para aumentar un punto, hasta el 11%, la cotización a las AFP.
«Con ello se estaría dando un paso en la dirección correcta», respondió la empresarial Asociación de AFP, que considera que la tasa del 10% «es una de las más bajas a nivel internacional, en especial por el aumento en la expectativa de vida».
Según el presidente de la Asociación, Guillermo Arthur, si la cotización alcanzara el 20%, que sería similar al promedio de los países de la OCDE (19,6%), las tasas de reemplazo llegarían al 120%.
Otros expertos y políticos, como la ex mandataria Michelle Bachelet (2006-2010) apuestan por la creación de una AFP estatal.
Pero otros van más allá, y piden acabar con el actual mecanismo y volver al antiguo sistema de reparto, como defiende la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical del país.
«Urge terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema público de reparto solidario, de carácter tripartito y con garantía estatal, que devuelva la dignidad a los trabajadores al momento de jubilarse», reclamó su presidenta, Bárbara Figueroa, durante una protesta el pasado 29 de abril.
El economista Manuel Riesco ve factible esta solución.
«Si se termina el sistema de AFP, el Estado se tendría que hacer cargo de las pensiones, que tienen un costo de CH$2 billones anuales (unos US$4.192 millones), pero el Estado ya está poniendo un billón para compensar, entre otros, a los que cotizaron en el antiguo sistema», explicó.
«Por tanto, el Estado tendría que asumir como gasto adicional un billón de pesos anuales, y se quedaría con los fondos, que suman CH$80 billones, y con la administración de las cotizaciones, que fueron CH$4,7 billones en 2012», añadió el experto.
De esta manera, el Estado obtendría un ingreso adicional de más de CH$3 billones anuales, lo que -aseguró- le permitiría duplicar las pensiones actuales.
El sistema chileno de pensiones, administrado por compañías privadas, está en discusión por los bajos montos que ofrece, inferiores al 70% del sueldo de los trabajadores, lo que ha arreciado el debate sobre la revisión de este mecanismo, vigente desde 1980.
Los trabajadores critican las ingentes ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que en 2012 sumaron US$582 millones, mientras éstas creen que la solución está en aumentar la aportación (10% del salario) y los años de cotización.
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«Yo estuve imponiendo hasta los 60 años, me jubilé con 30 años de cotización y a estas alturas gano 104.000 pesos (US$218)», cuenta a Efe Norma Vargas, de 75 años, que trabajó como operaria en una industria y como lavandera y planchadora.
Con esa pensión, es su hijo quien se encarga de pagar 35.000 pesos (US$73) mensuales por un crédito que pidieron para pagar 1,8 millones de pesos (US$3.773) por una operación del nervio trigémino en el sistema público de salud, que es de copago, dijo Norma, que cocina cada tres días para ahorrar gas.
Según Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibirán una pensión de solo 150.000 pesos mensuales (US$314).
Se estima además que la tasa de reemplazo (monto de la pensión comparada con los últimos sueldos), llega al 64% promedio entre los hombres y al 50% entre las mujeres.
Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo hasta el 13%.
En estas condiciones, no es extraño ver a personas de hasta 75 u 80 años en activo, pues aunque los hombres se pueden retirar a los 65 años y las mujeres a los 60, muchos deciden seguir trabajando sin jubilarse o bien compatibilizar el trabajo con la pensión, como hizo la propia Norma hasta después de los 70 años.
Según la página de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, el valor de los Fondos de Pensiones alcanzó a 80,19 billones de pesos (unos US$168.000 millones), al 30 de abril de 2013, 7,9% más respecto a igual fecha del año anterior.
«De acuerdo con las estadísticas del propio sistema, 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores», aseguró a Efe el economista Manuel Riesco.
«Los otros 2 pesos se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales», donde las AFP depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad, añadió.
El sistema, basado en la capitalización individual, en la que cada empleado tiene una cuenta personal de ahorro con miras a su vejez, fue implantado en Chile en noviembre de 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Los trabajadores que ya estaban en activo pudieron decidir entonces si continuaban en el antiguo sistema o se cambiaban al nuevo, que hoy tiene diez millones de afiliados.
En él, cada trabajador puede elegir la administradora y el fondo en que depositará su dinero, con cinco opciones, desde el A, que es el de mayor riesgo, hasta el E, el más conservador.
Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo hasta el 13%.
El gobierno de Sebastián Piñera propuso el pasado 1 de mayo reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo) para aumentar un punto, hasta el 11%, la cotización a las AFP.
«Con ello se estaría dando un paso en la dirección correcta», respondió la empresarial Asociación de AFP, que considera que la tasa del 10% «es una de las más bajas a nivel internacional, en especial por el aumento en la expectativa de vida».
Según el presidente de la Asociación, Guillermo Arthur, si la cotización alcanzara el 20%, que sería similar al promedio de los países de la OCDE (19,6%), las tasas de reemplazo llegarían al 120%.
Otros expertos y políticos, como la ex mandataria Michelle Bachelet (2006-2010) apuestan por la creación de una AFP estatal.
Pero otros van más allá, y piden acabar con el actual mecanismo y volver al antiguo sistema de reparto, como defiende la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical del país.
«Urge terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema público de reparto solidario, de carácter tripartito y con garantía estatal, que devuelva la dignidad a los trabajadores al momento de jubilarse», reclamó su presidenta, Bárbara Figueroa, durante una protesta el pasado 29 de abril.
El economista Manuel Riesco ve factible esta solución.
«Si se termina el sistema de AFP, el Estado se tendría que hacer cargo de las pensiones, que tienen un costo de CH$2 billones anuales (unos US$4.192 millones), pero el Estado ya está poniendo un billón para compensar, entre otros, a los que cotizaron en el antiguo sistema», explicó.
«Por tanto, el Estado tendría que asumir como gasto adicional un billón de pesos anuales, y se quedaría con los fondos, que suman CH$80 billones, y con la administración de las cotizaciones, que fueron CH$4,7 billones en 2012», añadió el experto.
De esta manera, el Estado obtendría un ingreso adicional de más de CH$3 billones anuales, lo que -aseguró- le permitiría duplicar las pensiones actuales.
