“Gargarella: «Hay una opinión compartida dentro de los tribunales de que la reforma judicial es insostenible”»

Por Micaela Pérez
El abogado y sociólogo Roberto Gargarella es uno de los intelectuales que desde el minuto uno salieron a advertir sobre los intentos del Gobierno de someter a los jueces al poder político, cuando en el arranque del último verano Cristina Kirchner lanzaba desde el atril su por entonces imprecisa consigna de “democratizar la Justicia”. Ahora que las cartas ya están jugadas, Gargarella reitera que el paquete de leyes impulsado por el kirchnerismo y aprobado por el Congreso choca indefectiblemente contra la Constitución y aguarda que la Justicia actúe en consecuencia.
l ¿Le sorprendió la ofensiva de la Presidenta contra algunos miembros de la Corte Suprema esta semana?
– No, supongo que tiene que ver con la información que tiene ella de una decisión, ya sea de la Corte o la que fue tomada por otro tribunal, en contra de las aspiraciones en materia de reforma de la Justicia. Así que no me parece sorprendente.
l ¿Va por una Corte a medida Cristina? Porque hubo una ofensiva particular contra Carlos Fayt, que excede la edad límite para permanecer en ese tribunal.
– Hay maneras que no requieren una reforma constitucional y le permitirían ganar control sobre la Corte, anclada incluso en una propuesta que hizo Zaffaroni, de ampliar el número de jueces. No sería extraño que tuvieran alguna iniciativa en ese sentido. Ahora, en los casos de Fayt y Petracchi, obviamente hay un problema constitucional que los pone en una situación difícil. Hay una decisión de la Corte sobre Fayt, entonces está amparado judicialmente por la propia Corte, pero hay una dificultad que hay que tomarse en serio. Hoy el statu quo es legal y constitucional desde el punto de vista de la Corte, pero la decisión de la Corte tiene problemas… Es importante una discusión sobre el tema.
l Lo que preocupa es el contexto en el que Cristina menciona a Fayt. Parece una presión del poder político para producir una vacante en el tribunal…
– Sí, es una presión fuerte y de lo que se trata es de intentos de deslegitimar a la Corte. Y además son intentos que vienen en direcciones a veces contradictorias entre sí, y que se engloban en una postura de crítica sobre el sistema de Justicia y quieren dar respaldo a la reforma judicial. Pero el discurso de Cristina sobre la cuestión es muy contradictorio al demandar, por un lado, democratización y no tomar medidas para ayudar a mejorar el vínculo entre grupos desaventajados y la Justicia. Pienso en el acceso de los pobres a los tribunales. Pero también en su muy insistente discurso de que los criminales “entran por una puerta y salen por la otra”. Lo que está pidiendo es una postura menos garantista que también se contradice con otra parte de su discurso. Tiene la retórica de la democratización, pero insiste en que deben quedar en prisión los que son seleccionados habitualmente por el sistema judicial, los más pobres. Es una retórica engañosa y autocontradictoria.
l También la limitación de las cautelares, contenida en la reforma, afecta a sectores desfavorecidos como los jubilados.
– La limitación de las cautelares y también la creación de Cámaras de Casación desfavorecen muy en particular a los jubilados y a los trabajadores que hacen algún litigio. En caso de los jubilados, se convierte virtualmente en incobrable.
l La reforma al Consejo de la Magistratura tiene ya casi veinte fallos en contra, uno directamente contra la cuestión de fondo…
– El Gobierno y sus aliados hablaron muchas veces del “forum shopping” (N de R: como se denomina a ciertas tácticas para elegir al juez o al fiscal de un caso, con el que buscan tener mejor suerte). La crítica esa tiene sentido cuando lo que uno hace es buscar que de los 50 recursos que presenta, algún juez le dé la razón. Ahora, lo que el resultado obtenido demuestra es que esto merecía ser leído de otro modo: por un lado, que lo que había era una queja muy extendida y, por otro, un reconocimiento casi unánime dentro de la Justicia sobre el problema. La interpretación más adecuada es que no es que se necesitaba un juez que dijera algo en contra y entonces se hizo una operación tramposa para encontrarlo entre una enormidad de jueces que dicen lo contrario, sino que hay una opinión muy compartida dentro de los tribunales de que la reforma es insostenible, al menos en su parte más gruesa.
l Muchos sectores ya lo venían planteando antes de que la reforma se aprobara en el Congreso y el Gobierno no escuchó.
– Sí y lo mismo con las cautelares: la jurisprudencia que existía sobre las limitaciones que había promovido Duhalde por el corralito también mostraban que los tribunales no habían tenido el mínimo problema en desechar todas esas limitaciones. Para qué seguir insistiendo con esto.
l Si es tan obvio que la reforma judicial, al menos en sus proyectos clave, es inconstitucional, ¿por qué el Gobierno insiste con el tema? ¿Qué hay detrás?
– Un problema del Gobierno es que hay poco pensamiento detrás de lo que hace. Creo que hay mucha improvisación y a veces más que adjudicar todo a un gran plan conspirativo, lo que uno ve es chapucería. Muchos de estos actos, e incluso el modo en que estas normas están redactadas, tienen una gran chapucería, una falta de cuidado que demuestra que puede haber algún cerebro detrás, pero hay mucha improvisación y eso es consistente con los modos en que se toman las decisiones en este Gobierno: de modo muy inconsulto. Ni siquiera se consultó a los aliados, ni la gente más formada del Ministerio de Justicia tuvo una participación activa.
l En Santa Cruz, la elección del Consejo por voto popular se hizo de la mano de una reforma de la Constitución. ¿Puede ser una estrategia para llegar a esa instancia?
– Creo que hay varias cosas que ayudan a entender por qué se hace algo que parece condenado al fracaso. Primero, Néstor y Cristina, en su práctica, aprendieron que podía ser redituable políticamente aglutinar voluntades contra un enemigo, entonces parte puede ser explicado por esa lógica en la que han jugado exitosamente, pero en otros casos, perdidosamente. Luego, creo que una vez decididos a impulsar la reforma, dijeron: “Vamos a sacar la ventaja que podamos”. Se quería hacer más difíciles ciertas manifestaciones populares de protesta contra los servicios públicos, por eso parte de la reforma de las cautelares, aún la modificada por el CELS mantiene esas restricciones. Lo mismo con la creación de Cámaras y la consecuente dilación de los juicios de los jubilados. Pero el motor principal fue reformar el Consejo con el objetivo en la próxima elección así que, aún si la mayoría de las cuestiones se cayeran, es difícil que se caiga el tema de las Cámaras de Casación. En términos económicos, la reforma aún les puede resolver el problema de los jubilados.
l ¿Apostaron a más de un resultado?
– Sí, en áreas que eran conflictivas. En el caso del Consejo, aún si la cuestión de fondo se cayera en el mediano plazo, si podían salvar algo, les permitía intervenir en la elección de modo de atarle las manos a la oposición y perjudicarlos electoralmente.
l Ya hay un fallo de Servini de Cubría contra la cuestión de fondo en el tema del Consejo. ¿Indica que la Corte va a declarar también la inconstitucionalidad?
– Todo indica que sí, pero todo indica muchas cosas muchas veces y hasta que ocurra… La reforma judicial no se convierte en inconstitucional porque lo haya dicho Servini: lo era desde el primer momento.
l El Gobierno puede intentar -aunque hoy lo niegue- suspender las primarias? ¿En qué puede derivar un fallo adverso?
– Como lo fueron las candidaturas testimoniales, hay muchas creaciones de ellos que, por un lado, son trampas vergonzosas y, por otro lado, trampas que salen mal. Esto no ha impedido que siguieran adelante con un montón de decisiones que se sabe que están mal dirigidas, que son impopulares, resistidas institucionalmente y en parte por capricho, de otro modo es difícil explicar las testimoniales: algo que era hostil a la ley, impopular…, pero la idea era, “si con esto se puede llegar a sacar algún rédito electoral, bienvenido”.
l Cristina alega en favor de la reforma que los jueces tienen pertenencia ideológica…
– Pongamos que un 60% de los jueces son liberal-conservadores y un 30% de centroizquierda. Ahora, el liberal conservador no necesariamente es del PRO o radical … Lo mismo el progresista. El de la Presidenta es un discurso que dice una parte de verdad para ocultar una mentira. Uno puede coincidir en que los jueces tienen pertenencia ideológica y nadie es neutral, pero eso es consistente con decir que no queremos ni es legal en este momento que el juez quede atado a un partido político. z we
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