A medida que transcurren los días, cada vez se torna más clara la decisión política del Gobierno, a través de las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para declarar la “irregularidad e ineficacia” de las decisiones adoptadas en la última Asamblea de accionistas del Grupo Clarín, como forma de allanar el camino a una intervención posterior de la compañía.
Este procedimiento es el que usó el Gobierno cada vez que quiso tomar el control de una empresa, como sucedió con YPF, Siderar y Papel Prensa.
Ahora se supo que una funcionaria de la CNV, que acompañó al titular de ese organismo durante la Asamblea en Clarín -y que fue ascendida pocos días antes -, modificó un informe de un profesional técnico sobre dicho evento.
El subgerente de Emisoras de la CNV, Luis Felipe Marrollo, emitió el 1° de julio el informe técnico sobre el desarrollo de la Asamblea del Grupo Clarín. Pero allí no volcó ninguno de los cuestionamientos que luego hizo el directorio de la CNV, para declarar la “irregularidad e ineficacia” de la Asamblea.
El subgerente Marrollo no mencionó la “falta de información” al accionista minoritario (ANSES), ni la “excesiva” participación de la asesora legal, como figura en la Resolución de la CNV contra Clarín. Y respecto a la ausencia de tres directores en la Asamblea -que estuvo justificada por nota-, el informe de Marrollo recomienda “advertir” a esos directores a que en el futuro deberán concurrir a la Asamblea, pero nunca recomendó que se sancionara a la empresa.
Como Marrollo no mencionó ninguna de las causas que figuran en la Resolución que luego tomó la CNV, entonces su jefa, la recientemente ascendida “a cargo de la Gerencia de Emisoras”, Karina Bermúdez, incluyó de motu propio esas otras cuestiones, que sirvieron de justificación a la Resolución que tomó la CNV y que fueron desmentidas por Clarín.
Ella fue la encargada de mencionar, por ejemplo, una supuesta faltas de información o una excesiva participación de la asesora legal del Grupo Clarín. Y a partir de esos supuestos, para los que nunca dio derecho de defensa a la empresa, sostuvo que “las observaciones efectuadas dan cuenta de irregularidades acaecidas en el acto asambleario”. Por estas razones, Bermúdez dice que se “aprecia recomendable declarar la irregularidad e ineficacia de los actos administrativos” de la Asamblea.
Esta funcionaria había acompañado al titular de la CNV, Alejandro Vanoli, a la Asamblea de Clarín, que se realizó el 25 de abril.
Otro dato llamativo es que Bermúdez recibió el informe de Marrollo el 10 de julio y ese mismo día ella elaboró un dictamen de 36 páginas, con citas de jurisprudencia y doctrina. Ese mismo día se lo giró al Servicio Jurídico, quien también ese día emitió su dictamen de 10 páginas. El 11 de julio se expidió el gerente general; y ese mismo día el Directorio emitió la Resolución que declaró la “irregularidad e ineficacia” de las decisiones de la Asamblea.
Todo un récord.
Esa Resolución fue similar a otras nueve que tomó la CNV desde 2009: una contra Siderar (cuando discutía incorporar a directores de La Cámpora); otra fue contra YPF, antes de su intervención; y nada menos que siete contra Papel Prensa, que sirvieron de base para el pedido que este año hizo la SIGEN de intervenir la compañía.
Esa es la herramienta que el Gobierno planea usar para avanzar sobre el Grupo Clarín.
Este procedimiento es el que usó el Gobierno cada vez que quiso tomar el control de una empresa, como sucedió con YPF, Siderar y Papel Prensa.
Ahora se supo que una funcionaria de la CNV, que acompañó al titular de ese organismo durante la Asamblea en Clarín -y que fue ascendida pocos días antes -, modificó un informe de un profesional técnico sobre dicho evento.
El subgerente de Emisoras de la CNV, Luis Felipe Marrollo, emitió el 1° de julio el informe técnico sobre el desarrollo de la Asamblea del Grupo Clarín. Pero allí no volcó ninguno de los cuestionamientos que luego hizo el directorio de la CNV, para declarar la “irregularidad e ineficacia” de la Asamblea.
El subgerente Marrollo no mencionó la “falta de información” al accionista minoritario (ANSES), ni la “excesiva” participación de la asesora legal, como figura en la Resolución de la CNV contra Clarín. Y respecto a la ausencia de tres directores en la Asamblea -que estuvo justificada por nota-, el informe de Marrollo recomienda “advertir” a esos directores a que en el futuro deberán concurrir a la Asamblea, pero nunca recomendó que se sancionara a la empresa.
Como Marrollo no mencionó ninguna de las causas que figuran en la Resolución que luego tomó la CNV, entonces su jefa, la recientemente ascendida “a cargo de la Gerencia de Emisoras”, Karina Bermúdez, incluyó de motu propio esas otras cuestiones, que sirvieron de justificación a la Resolución que tomó la CNV y que fueron desmentidas por Clarín.
Ella fue la encargada de mencionar, por ejemplo, una supuesta faltas de información o una excesiva participación de la asesora legal del Grupo Clarín. Y a partir de esos supuestos, para los que nunca dio derecho de defensa a la empresa, sostuvo que “las observaciones efectuadas dan cuenta de irregularidades acaecidas en el acto asambleario”. Por estas razones, Bermúdez dice que se “aprecia recomendable declarar la irregularidad e ineficacia de los actos administrativos” de la Asamblea.
Esta funcionaria había acompañado al titular de la CNV, Alejandro Vanoli, a la Asamblea de Clarín, que se realizó el 25 de abril.
Otro dato llamativo es que Bermúdez recibió el informe de Marrollo el 10 de julio y ese mismo día ella elaboró un dictamen de 36 páginas, con citas de jurisprudencia y doctrina. Ese mismo día se lo giró al Servicio Jurídico, quien también ese día emitió su dictamen de 10 páginas. El 11 de julio se expidió el gerente general; y ese mismo día el Directorio emitió la Resolución que declaró la “irregularidad e ineficacia” de las decisiones de la Asamblea.
Todo un récord.
Esa Resolución fue similar a otras nueve que tomó la CNV desde 2009: una contra Siderar (cuando discutía incorporar a directores de La Cámpora); otra fue contra YPF, antes de su intervención; y nada menos que siete contra Papel Prensa, que sirvieron de base para el pedido que este año hizo la SIGEN de intervenir la compañía.
Esa es la herramienta que el Gobierno planea usar para avanzar sobre el Grupo Clarín.
