En exclusiva, AGENCIA PACO URONDO entrevistó a la vicepresidenta del CELS Laura Jordán de Conte y al director ejecutivo Gastón Chillier sobre las impugnaciones al general César Milani.
Por José Cornejo y Enrique de la Calle
Agencia Paco Urondo: ¿El CELS conocía con antelación las objeciones realizadas en el Senado el lunes 22 de julio contra el nombramiento del general Milani?
Gastón Chillier: No. Ante la consulta del Senado sobre los candidatos a ser promovidos, el CELS coteja la información con testimonios, causas judiciales y noticias periodísticas desde principios de los 80. De ese cotejo no surgió información sobre Milani. Sin embargo, ante el debate público que se generó y el pedido de organizaciones de derechos humanos fuimos a buscar más información y encontramos dos antecedentes: un sumario donde Milani actúa como instructor de la deserción del conscripto Alberto Ledo y la denuncia de Ramón Olivera sobre la desaparición de su padre.
APU: ¿La decisión de hacerlo público fue de Horacio Verbitsky?
Laura Jordán de Conte: No, fue del CELS en conjunto. De hecho, buscar esa información fue una manera de pararnos, era algo que correspondía que hiciéramos, es parte de nuestra identidad impugnar a aquellas personas sobre las que existen sospechas fundadas de participación en hechos del terrorismo de estado. No es nuevo esto, durante todos estos años hemos analizado los pliegos de integrantes de las fuerzas armadas propuestos para ascensos por el Poder Ejecutivo o en el marco de los acuerdos que debe dar el Senado.
Al encontrarnos con esa información, tuvimos una reunión de Comisión Directiva del CELS específica y la decisión de hacerlo público fue unánime. Yo me expresé desde mi experiencia personal, explicando que esto significa nuevas posibilidades para las víctimas que están buscando justicia para los suyos. Horacio (Verbitsky) fue el último en votar.
Tomamos los recaudos correspondientes, porque nosotros también pretendemos un ejército sanmartiniano. Decidimos convocar a los organismos de Derechos Humanos, para contarles que teníamos nuevos datos y cómo accionar en conjunto. La reunión se realizó el jueves 18 de julio (NdR: 4 días antes de la sesión del Senado que objetó a Milani). Fue en la sede de Abuelas y manifestamos que los datos nuevos eran absolutamente serios, que estaban metidos en los papeles de las causas judiciales y de declaraciones de hace muchos años, y que el Estado no había podido procesarlos pero que debíamos hacerlo público. Queríamos elevarle el informe al gobierno para que bajara los pliegos (de ascenso de Milani) hasta tanto se pudieran tener más precisiones sobre su accionar durante la última dictadura.
APU: ¿Qué respuesta obtuvieron de los organismos?
LJC: Todos los organismos presentes, Abuelas, Madres y Familiares, manifestaron que era muy preocupante, que les parecía bien elevar esta preocupación. Esto a pesar que los organismos tenemos modos diferentes de definir nuestras prioridades, en especial respecto a qué significa la democratización del ejército y sobre la responsabilidad pública que tenemos. Acordamos una reunión en Gobierno mientras la presidenta estaba en Colombia, que finalmente no se realizó como se había pedido. Tal como habíamos acordado previamente con los organismos, y al no haber ninguna novedad, el CELS envió el lunes 22 a la Comisión de Acuerdos, lo que habíamos corroborado.
APU: ¿Cuáles son los modos diferentes de entender la democratización del Ejército?
GC: El CELS no tenía información previa, la fuimos a buscar y confirmamos que existen dos denuncias. Acá hay dos criterios: uno, que expuso la Presidenta, es el de la responsabilidad penal, es decir, la aptitud del candidato se define en el ámbito judicial. Hay otro criterio. El CELS reconoce que el Poder Judicial está haciendo un gran trabajo, más de 95 sentencias, 400 condenados, pero al mismo tiempo todavía falta mucho. Entonces, habiendo indicios serios de la posible participación en crímenes de lesa humanidad del general Milani, siguiendo el estándar que usamos en otros casos, para el CELS es razón suficiente para impugnar el pliego. Evidentemente, esto tuvo relevancia en la posición oficial porque se suspendió el tratamiento del pliego y ahora hay que ver qué otros elementos se consiguen…
APU: ¿Qué opinión tienen respecto a cómo el Estado administra la información de las causas de delitos de lesa humanidad?
GC: El caso Milani abre varias discusiones. Al principio de la transición democrática, la depuración de las FFAA se hacía con los procesos y las condenas judiciales, que incluyen inhabilitación para cargos públicos, y las impugnaciones en el Senado. Cuando se interrumpió el proceso de Justicia por las Leyes de Impunidad y los indultos, desde el CELS nos abocamos a esta segunda opción, a partir de trabajos de Emilio Mignone y Augusto Conte, buscando promover FFAA democráticas y depuradas. Ahora se reabrieron las causas pero sigue habiendo deficiencias, sobre todo en el procesamiento de información.
En ese contexto, la vía judicial es complementaria con la discusión sobre los pliegos. Está produciéndose muchísima información no solo en las causas, sino también con la política de desclasificación del Ministerio de Defensa y otras dependencias del Estado. Es necesario que toda esa información sea sistematizada. En todas las presentaciones al Senado, siempre dejamos claro que nosotros informamos lo que tenemos en nuestro Centro de Documentación, construido a lo largo de 35 años, pero no tenemos acceso a todos los archivos del Estado. Siempre señalamos que nuestra información debería ser complementada con la que produzca el propio poder ejecutivo o el mismo Senado. Además, queda pendiente profundizar la información no solo sobre militares, sino también sobre participación de civiles en violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. La otra discusión es sobre el estándar aplicable, si rige la responsabilidad penal, sabiendo lo que demoran las causas y las deficiencias que existen, aún en un contexto de avances significativos en el proceso de justicia por estos casos o si, con evidencia claras o testimonios de víctimas, es suficiente para tomar una decisión política, sobre la carrera de un militar que en definitiva consiste en la política pública que la democracia argentina está construyendo para las fuerzas armadas.
Por José Cornejo y Enrique de la Calle
Agencia Paco Urondo: ¿El CELS conocía con antelación las objeciones realizadas en el Senado el lunes 22 de julio contra el nombramiento del general Milani?
Gastón Chillier: No. Ante la consulta del Senado sobre los candidatos a ser promovidos, el CELS coteja la información con testimonios, causas judiciales y noticias periodísticas desde principios de los 80. De ese cotejo no surgió información sobre Milani. Sin embargo, ante el debate público que se generó y el pedido de organizaciones de derechos humanos fuimos a buscar más información y encontramos dos antecedentes: un sumario donde Milani actúa como instructor de la deserción del conscripto Alberto Ledo y la denuncia de Ramón Olivera sobre la desaparición de su padre.
APU: ¿La decisión de hacerlo público fue de Horacio Verbitsky?
Laura Jordán de Conte: No, fue del CELS en conjunto. De hecho, buscar esa información fue una manera de pararnos, era algo que correspondía que hiciéramos, es parte de nuestra identidad impugnar a aquellas personas sobre las que existen sospechas fundadas de participación en hechos del terrorismo de estado. No es nuevo esto, durante todos estos años hemos analizado los pliegos de integrantes de las fuerzas armadas propuestos para ascensos por el Poder Ejecutivo o en el marco de los acuerdos que debe dar el Senado.
Al encontrarnos con esa información, tuvimos una reunión de Comisión Directiva del CELS específica y la decisión de hacerlo público fue unánime. Yo me expresé desde mi experiencia personal, explicando que esto significa nuevas posibilidades para las víctimas que están buscando justicia para los suyos. Horacio (Verbitsky) fue el último en votar.
Tomamos los recaudos correspondientes, porque nosotros también pretendemos un ejército sanmartiniano. Decidimos convocar a los organismos de Derechos Humanos, para contarles que teníamos nuevos datos y cómo accionar en conjunto. La reunión se realizó el jueves 18 de julio (NdR: 4 días antes de la sesión del Senado que objetó a Milani). Fue en la sede de Abuelas y manifestamos que los datos nuevos eran absolutamente serios, que estaban metidos en los papeles de las causas judiciales y de declaraciones de hace muchos años, y que el Estado no había podido procesarlos pero que debíamos hacerlo público. Queríamos elevarle el informe al gobierno para que bajara los pliegos (de ascenso de Milani) hasta tanto se pudieran tener más precisiones sobre su accionar durante la última dictadura.
APU: ¿Qué respuesta obtuvieron de los organismos?
LJC: Todos los organismos presentes, Abuelas, Madres y Familiares, manifestaron que era muy preocupante, que les parecía bien elevar esta preocupación. Esto a pesar que los organismos tenemos modos diferentes de definir nuestras prioridades, en especial respecto a qué significa la democratización del ejército y sobre la responsabilidad pública que tenemos. Acordamos una reunión en Gobierno mientras la presidenta estaba en Colombia, que finalmente no se realizó como se había pedido. Tal como habíamos acordado previamente con los organismos, y al no haber ninguna novedad, el CELS envió el lunes 22 a la Comisión de Acuerdos, lo que habíamos corroborado.
APU: ¿Cuáles son los modos diferentes de entender la democratización del Ejército?
GC: El CELS no tenía información previa, la fuimos a buscar y confirmamos que existen dos denuncias. Acá hay dos criterios: uno, que expuso la Presidenta, es el de la responsabilidad penal, es decir, la aptitud del candidato se define en el ámbito judicial. Hay otro criterio. El CELS reconoce que el Poder Judicial está haciendo un gran trabajo, más de 95 sentencias, 400 condenados, pero al mismo tiempo todavía falta mucho. Entonces, habiendo indicios serios de la posible participación en crímenes de lesa humanidad del general Milani, siguiendo el estándar que usamos en otros casos, para el CELS es razón suficiente para impugnar el pliego. Evidentemente, esto tuvo relevancia en la posición oficial porque se suspendió el tratamiento del pliego y ahora hay que ver qué otros elementos se consiguen…
APU: ¿Qué opinión tienen respecto a cómo el Estado administra la información de las causas de delitos de lesa humanidad?
GC: El caso Milani abre varias discusiones. Al principio de la transición democrática, la depuración de las FFAA se hacía con los procesos y las condenas judiciales, que incluyen inhabilitación para cargos públicos, y las impugnaciones en el Senado. Cuando se interrumpió el proceso de Justicia por las Leyes de Impunidad y los indultos, desde el CELS nos abocamos a esta segunda opción, a partir de trabajos de Emilio Mignone y Augusto Conte, buscando promover FFAA democráticas y depuradas. Ahora se reabrieron las causas pero sigue habiendo deficiencias, sobre todo en el procesamiento de información.
En ese contexto, la vía judicial es complementaria con la discusión sobre los pliegos. Está produciéndose muchísima información no solo en las causas, sino también con la política de desclasificación del Ministerio de Defensa y otras dependencias del Estado. Es necesario que toda esa información sea sistematizada. En todas las presentaciones al Senado, siempre dejamos claro que nosotros informamos lo que tenemos en nuestro Centro de Documentación, construido a lo largo de 35 años, pero no tenemos acceso a todos los archivos del Estado. Siempre señalamos que nuestra información debería ser complementada con la que produzca el propio poder ejecutivo o el mismo Senado. Además, queda pendiente profundizar la información no solo sobre militares, sino también sobre participación de civiles en violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. La otra discusión es sobre el estándar aplicable, si rige la responsabilidad penal, sabiendo lo que demoran las causas y las deficiencias que existen, aún en un contexto de avances significativos en el proceso de justicia por estos casos o si, con evidencia claras o testimonios de víctimas, es suficiente para tomar una decisión política, sobre la carrera de un militar que en definitiva consiste en la política pública que la democracia argentina está construyendo para las fuerzas armadas.
