El presidente de México, Enrique Peña Nieto , ha pasado a la ofensiva. La Cámara de Diputados aprobó este domingo de último minuto la polémica ley del Servicio Profesional Docente, que forma parte de la reforma educativa que este gobierno ha emprendido y que se encontraba empantanada, dado que su contenido ha sido rechazado tanto por especialistas en educación como por los maestros de la poderosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ), que lleva semanas en protesta en la capital mexicana.
La ley fue aprobada en lo general casi a la medianoche del domingo con el respaldo de 390 votos de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y de parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hubo 69 votos en contra y 4 abstenciones.
La llegada a la Cámara de Diputados de esta ley supone que el Gobierno de Peña Nieto retoma la iniciativa luego de que las protestas magisteriales lo obligaran a cambiar los planes originales, que suponían que esa iniciativa sería aprobada en agosto, durante sesiones extraordinarias en el Congreso.
La ley fue congelada luego de la llegada al Distrito Federal de miles de maestros de la Coordinadora, segmento disidente del gremio magisterial surgido en 1979 con banderas democráticas y en respuesta a la corrupción y la complicidad de líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con los gobierno priístas. Con los años, sin embargo, se ha acusado a la Coordinadora de haber caído en los mismos vicios que pretendía combatir.
Los maestros, provenientes sobre todo de Oaxaca, reclamaron la suspensión de la ley del Servicio Profesional Docente, que establece los mecanismos de evaluación de los profesores, y para presionar no dudaron en bloquear parcialmente el acceso al aeropuerto de la capital mexicana, el viernes 23 de agosto, o estrangular vialidades tan importantes como el Periférico Sur, al manifestarse el martes 27 durante más de cinco horas frente a las instalaciones de una televisora, dejando varados a decenas de miles de vehículos.
Las afectaciones a la ciudadanía de la capital por las protestas de los maestros, que han acampado en el Zócalo, la principal plaza del país, y que realizan marchas cotidianas, se volvió el tema más visible de un debate que va mucho más allá de los contratiempos viales de los capitalinos.
El tema de fondo es si el Pacto por México puede seguir con su agenda de reformas cuando desde legisladores hasta otros grupos de poder, como la Coordinadora, que tiene fuerte presencia en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Valle de México, reclaman que desde que se firmó ese acuerdo en diciembre, importantes reformas se procesan sin el debido debate en el Congreso. Incluso, algunas de las críticas más fuertes contra el Pacto fueron expresadas durante la sesión por diputados perredistas, que consideraron que las cámaras legislativas son utilizadas solo para tramitar acuerdos de las dirigencias de los partidos.
“La reforma educativa no merece ser aplastada por el peso del reloj previsto para la reforma energética”, escribió el especialista Ricardo Raphael el 19 de agosto , cuando todavía se pensaba que la ley podría ser aprobada en agosto. Profesor universitario y autor de Los Socios de Elba Esther , uno de los libros sobre la hoy presa ex líder del gremio magisterial de México, Raphael fundamenta sus reservas sobre la ley del servicio profesional, a la que calificó como construcción “en obra negra”, en que desde su punto de vista se incurre en confusión entre “la profesionalización y a la evaluación docente”, y que según él es imprecisa sobre responsabilidades y competencias entre las autoridades federales y locales y carece de un sistema para “el servicio profesional docente que asegure un piso mínimo y homogéneo en la calidad de las y los profesores”.
Las siguientes semanas corrieron sin que se registraran avances sustanciales en los contactos entre los legisladores y los maestros en rebeldía. Unos y otros se acusaron de cerrazón al tiempo que la protesta en las calles obligó a Peña Nieto a cancelar una visita a Turquía y a posponer su discurso con motivo del primer informe de gobierno , que el presidente de México tiene que dar al Congreso de la Unión cada primero de septiembre, cuando abre sesiones la legislatura. El gobierno hacía preparativos para emitir ese discurso el domingo antes de partir a Ankara, y lo haría, para evitar las protestas, desde el Campo Marte, prácticamente al lado de la residencia oficial de Los Pinos. El haber elegido una sede castrense –que ha sido utilizada lo mismo para funerales de Estado que para recibir a presidentes extranjeros– fue una decisión que hizo levantar cejas en medio de un clima de protestas en las calles.
Al final el presidente cambió de fecha y de sede del mensaje –será este lunes desde Los Pinos– pero dejó claro que su propósito era sacar adelante la ley pendiente de la reforma educativa, vista como prólogo de las siguientes reformas, entre las que están la energética y la fiscal. “No vamos a cejar, no vamos a claudicar, vamos firmes y decididos a que se materialicen las reformas educativas que aseguren edición de calidad para todos los mexicanos”, dijo Peña Nieto el miércoles 28 de agosto.
Incluso, el domingo al entregar al Congreso de la Unión el informe de gobierno de Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong adelantó lo que venía al expresar que “en nuestro país nadie puede imponer su verdad a los demás, las ideologías no deben estar por encima de las soluciones, ni lo intereses de unos cuantos anteponerse al bienestar de la mayoría. Los mexicanos exigen soluciones es a problemas y no problemas a cada solución que se plantea”.
Minutos después de ese acto protocolario, la Cámara de Diputados fue convocada, en pleno domingo, a sesionar sobre esta reforma, algo fuera de toda normalidad. Y en poco más de tres horas, la cámara baja discutió en lo general la reforma en una sesión con la sede parlamentaria rodeada de policías que la aislaron de las protestas.
“Se pretende consumar un atencazo parlamentario”, dijo Ricardo Mejía Berdeja, del partido Movimiento Ciudadano, en referencia a una violenta protesta y represión ocurrida en el estado de México cuando Peña Nieto gobernaba ahí. “Con un congreso amurallado, con policías de diferentes corporaciones, en un virtual estado de sitio, se quiere consumar un atraco inadmisible, una infamia parlamentaria”.
La respuesta a las críticas de la izquierda en la sesión vino por parte del diputado Arturo Escobar, del Partido Verde, organización que ha sido calificada como rémora del PRI: “ante cada mentira, ante cada insulto, habrá una contestación”, advirtió, tras recordar que los legisladores se reunieron en más de siete ocasiones con los profesores disidentes. Por otra parte, diputados del PRD subrayaron que gracias a la presión de los profesores se agregó una adenda con parte de sus demandas.
Queda por ver la respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya había anunciado el domingo, luego de las movilizaciones y antes de que se confirmara que los diputados estaban citados para votar la reforma, que el miércoles se declararán en “insurgencia magisterial en todo el país”.
Por lo pronto, Peña Nieto fijará su postura este lunes cuando emita su mensaje sobre el informe del gobierno a nueve meses de haber empezado la administración. Lo que diga fijará el debate sobre la propuesta de reforma energética, que también ha sido protestada en las calles, y sobre la marcha del país, atrapado en una economía renqueante, que en el cálculo oficial crecerá solo 1,8% en lugar del 3,1% originalmente estimado, y sin que haya claridad sobre la vigencia del Pacto por México, que sorprendió en diciembre, pero cuyo futuro hoy es la gran incógnita.
La ley fue aprobada en lo general casi a la medianoche del domingo con el respaldo de 390 votos de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y de parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hubo 69 votos en contra y 4 abstenciones.
La llegada a la Cámara de Diputados de esta ley supone que el Gobierno de Peña Nieto retoma la iniciativa luego de que las protestas magisteriales lo obligaran a cambiar los planes originales, que suponían que esa iniciativa sería aprobada en agosto, durante sesiones extraordinarias en el Congreso.
La ley fue congelada luego de la llegada al Distrito Federal de miles de maestros de la Coordinadora, segmento disidente del gremio magisterial surgido en 1979 con banderas democráticas y en respuesta a la corrupción y la complicidad de líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con los gobierno priístas. Con los años, sin embargo, se ha acusado a la Coordinadora de haber caído en los mismos vicios que pretendía combatir.
Los maestros, provenientes sobre todo de Oaxaca, reclamaron la suspensión de la ley del Servicio Profesional Docente, que establece los mecanismos de evaluación de los profesores, y para presionar no dudaron en bloquear parcialmente el acceso al aeropuerto de la capital mexicana, el viernes 23 de agosto, o estrangular vialidades tan importantes como el Periférico Sur, al manifestarse el martes 27 durante más de cinco horas frente a las instalaciones de una televisora, dejando varados a decenas de miles de vehículos.
Las afectaciones a la ciudadanía de la capital por las protestas de los maestros, que han acampado en el Zócalo, la principal plaza del país, y que realizan marchas cotidianas, se volvió el tema más visible de un debate que va mucho más allá de los contratiempos viales de los capitalinos.
El tema de fondo es si el Pacto por México puede seguir con su agenda de reformas cuando desde legisladores hasta otros grupos de poder, como la Coordinadora, que tiene fuerte presencia en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Valle de México, reclaman que desde que se firmó ese acuerdo en diciembre, importantes reformas se procesan sin el debido debate en el Congreso. Incluso, algunas de las críticas más fuertes contra el Pacto fueron expresadas durante la sesión por diputados perredistas, que consideraron que las cámaras legislativas son utilizadas solo para tramitar acuerdos de las dirigencias de los partidos.
“La reforma educativa no merece ser aplastada por el peso del reloj previsto para la reforma energética”, escribió el especialista Ricardo Raphael el 19 de agosto , cuando todavía se pensaba que la ley podría ser aprobada en agosto. Profesor universitario y autor de Los Socios de Elba Esther , uno de los libros sobre la hoy presa ex líder del gremio magisterial de México, Raphael fundamenta sus reservas sobre la ley del servicio profesional, a la que calificó como construcción “en obra negra”, en que desde su punto de vista se incurre en confusión entre “la profesionalización y a la evaluación docente”, y que según él es imprecisa sobre responsabilidades y competencias entre las autoridades federales y locales y carece de un sistema para “el servicio profesional docente que asegure un piso mínimo y homogéneo en la calidad de las y los profesores”.
Las siguientes semanas corrieron sin que se registraran avances sustanciales en los contactos entre los legisladores y los maestros en rebeldía. Unos y otros se acusaron de cerrazón al tiempo que la protesta en las calles obligó a Peña Nieto a cancelar una visita a Turquía y a posponer su discurso con motivo del primer informe de gobierno , que el presidente de México tiene que dar al Congreso de la Unión cada primero de septiembre, cuando abre sesiones la legislatura. El gobierno hacía preparativos para emitir ese discurso el domingo antes de partir a Ankara, y lo haría, para evitar las protestas, desde el Campo Marte, prácticamente al lado de la residencia oficial de Los Pinos. El haber elegido una sede castrense –que ha sido utilizada lo mismo para funerales de Estado que para recibir a presidentes extranjeros– fue una decisión que hizo levantar cejas en medio de un clima de protestas en las calles.
Al final el presidente cambió de fecha y de sede del mensaje –será este lunes desde Los Pinos– pero dejó claro que su propósito era sacar adelante la ley pendiente de la reforma educativa, vista como prólogo de las siguientes reformas, entre las que están la energética y la fiscal. “No vamos a cejar, no vamos a claudicar, vamos firmes y decididos a que se materialicen las reformas educativas que aseguren edición de calidad para todos los mexicanos”, dijo Peña Nieto el miércoles 28 de agosto.
Incluso, el domingo al entregar al Congreso de la Unión el informe de gobierno de Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong adelantó lo que venía al expresar que “en nuestro país nadie puede imponer su verdad a los demás, las ideologías no deben estar por encima de las soluciones, ni lo intereses de unos cuantos anteponerse al bienestar de la mayoría. Los mexicanos exigen soluciones es a problemas y no problemas a cada solución que se plantea”.
Minutos después de ese acto protocolario, la Cámara de Diputados fue convocada, en pleno domingo, a sesionar sobre esta reforma, algo fuera de toda normalidad. Y en poco más de tres horas, la cámara baja discutió en lo general la reforma en una sesión con la sede parlamentaria rodeada de policías que la aislaron de las protestas.
“Se pretende consumar un atencazo parlamentario”, dijo Ricardo Mejía Berdeja, del partido Movimiento Ciudadano, en referencia a una violenta protesta y represión ocurrida en el estado de México cuando Peña Nieto gobernaba ahí. “Con un congreso amurallado, con policías de diferentes corporaciones, en un virtual estado de sitio, se quiere consumar un atraco inadmisible, una infamia parlamentaria”.
La respuesta a las críticas de la izquierda en la sesión vino por parte del diputado Arturo Escobar, del Partido Verde, organización que ha sido calificada como rémora del PRI: “ante cada mentira, ante cada insulto, habrá una contestación”, advirtió, tras recordar que los legisladores se reunieron en más de siete ocasiones con los profesores disidentes. Por otra parte, diputados del PRD subrayaron que gracias a la presión de los profesores se agregó una adenda con parte de sus demandas.
Queda por ver la respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya había anunciado el domingo, luego de las movilizaciones y antes de que se confirmara que los diputados estaban citados para votar la reforma, que el miércoles se declararán en “insurgencia magisterial en todo el país”.
Por lo pronto, Peña Nieto fijará su postura este lunes cuando emita su mensaje sobre el informe del gobierno a nueve meses de haber empezado la administración. Lo que diga fijará el debate sobre la propuesta de reforma energética, que también ha sido protestada en las calles, y sobre la marcha del país, atrapado en una economía renqueante, que en el cálculo oficial crecerá solo 1,8% en lugar del 3,1% originalmente estimado, y sin que haya claridad sobre la vigencia del Pacto por México, que sorprendió en diciembre, pero cuyo futuro hoy es la gran incógnita.
