EL PAIS
Por Mario Wainfeld
Córdoba fue sacudida por una sólida denuncia de conexiones entre altas autoridades políticas y policiales con el narcotráfico. El primer reflejo del gobierno de José Manuel de la Sota fue acusar al fiscal del caso, Enrique Senestrari, por ser kirchnerista e integrante de Justicia Legítima. La presunta equivalencia entre los cargos revela una asombrosa escala de valores del cordobesismo que lidera el Gallego De la Sota. Para colmo de males, las acusaciones fiscales son contundentes: el gobernador se vio forzado a pedir la renuncia de su ministro de Seguridad, Alejo Paredes y su jefe de Policía, Ramón Frías. Casi nada.
Más allá de lo aterrador del caso, el ejemplo comprueba el escozor que causa Justicia Legítima en ciertos reductos de poder. Una prueba adicional sobre su existencia que esos mismos sectores niegan o ningunean.
Jueces, Camaristas, Defensores, Fiscales de buen nivel y prestigio persisten en agruparse y protagonizar un cisma en el Poder Judicial. En esta semana decidieron institucionalizarse, pasar de un vago movimientismo a ser una asociación civil. Firmaron la escritura respectiva y se van aprestando para mantener vivos debates y promover iniciativas que conmuevan la oscura estructura de los Tribunales. Una de las más cantadas medidas es resucitar el proyecto de Código nacional de Procedimientos Penales, redactado durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner y dejado frizar sin buenas razones. La ventaja es que el Código está precocinado y contiene avances estimables, sobre todo en lo vinculado a la oralidad y celeridad de los procesos. La desventaja relativa es que esa medida no es, por ponerlo de algún modo, de las más erotizantes en las polémicas que recorren el Foro.
Es seguro que el ambiente se caldearía más si se pusiera el dedo en la llaga, promoviendo un debate imprescindible y por eso mismo de largo aliento. Es el de modificar el control promiscuo de constitucionalidad (o sea, realizable por cualquier juzgado del país) que produjo tantas tropelías y abusos de poder corporativo en los últimos años. El ex juez y notable académico Julio Maier sugirió en este diario que esa modificación no requiere una reforma constitucional, imposible en la contingencia. Basta con elaborar consensos amplios y reformar añosas leyes de procedimientos. El debate sería un revulsivo de la cultura judicial, desatarlo sería todo un logro.
Otras cuestiones están al caer, suponen baqueanos de los pasillos de Tribunales. El diario La Nación ya lo insinúa, jueces del Ancien Régime lo auguran. Tal vez, tras las elecciones, la derecha nativa se declare ganadora y busque revancha en las causas en que se investigan responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado. Hay dos expedientes emblema: el de Papel Prensa y aquel en que se acusa al empresario Carlos Blaquier de participación directa y necesaria en crímenes de lesa humanidad. Si se produjera esa ofensiva, no todo el Poder Judicial se alineará dócilmente con los dueños del poder. Por ahora, todo es una hipótesis, para nada delirante o conspirativa.
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La provincia de Buenos Aires legisló el juicio por jurados. Una buena nueva, que la suma a Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro, donde se celebran con buena acogida social. Es para delitos graves, los jurados mixturan ciudadanos de a pie con un juez, el acusado puede rehusar ser sometido a ellos. Con esos elementos se ahorran críticas al instituto y no se expande demasiado su implementación, compleja y costosa.
Días atrás, la vocal de la Corte Suprema de la Nación Carmen Argibay apostrofó contra el juicio por jurados. Su argumento central fue la escasa educación del vulgo que puede desembocar en sentencias indeseables. Argibay Molina no se autointerrogó; ¿y por casa cómo andamos?. Si lo hubiera hecho, seguramente habría moderado su juicio de valor sobre la gente común. Despectiva con el populacho, distraída respecto de los vicios del sector de elite que integra, arrogante… su Señoría recitó el abecé del discurso corporativo.
Otro detalle digno de mención es que el juicio por jurados está establecido en la Constitución Nacional, mandato incumplido desde 1853. El ejemplo confirma una observación del cronista que es un extendido doble standard sobre la legalidad, transversal a los más variados (y sorprendentes) estamentos. A muchos jueces, como Argibay, los sublevan los presuntos atropellos a la constitución de los gobiernos elegidos por el pueblo. Pero la falta de regulación legal de un imperativo como es el juicio por jurados les parece un detalle nimio. Cuestión de jerarquías, cabe imaginar.
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Un valorable conjunto de organismos de derechos humanos y de abogados presentó un escrito reivindicando al juez federal Daniel Rafecas ante el Consejo de la Magistratura. Entre ellos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S (Regional Capital) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas. El pedido apunta al proceso que se sigue contra Rafecas, en el que se pide su destitución.
Los organismos recordaron la trayectoria ejemplar del magistrado en causas por violaciones de derechos humanos. No sólo por sus notables sentencias, sino también por innovaciones que supo introducir para investigar esos delitos. Y también por el trato personal e institucional a las víctimas.
Rafecas es acusado por su actuación en la causa Ciccone y es sujeto pasivo de un indeseable revival del bipartidismo más rancio. Investigó al ex presidente radical Fernando de la Rúa y a figuras de este gobierno. En su labor incurrió en errores impropios de su nivel, que pueden merecer una reprimenda, pero jamás un castigo severo e injusto. La trayectoria del juez debe pesar en la balanza del Consejo, si éste actúa con un mínimo de equidad.
Los organismos ponen la cuestión en su lugar. Es un despropósito ensañarse con Rafecas cuando siguen tan campantes jueces como Norberto Oyarbide, Francisco de las Carreras o los crápulas que concedieron indignas medidas cautelares eternas a Clarín. En esta breve nota se habla de lógicas corporativas versus lógicas democráticas. Es un mal extendido, tanto que los representantes de los partidos políticos a veces pueden sesgarse en el peor sentido. Esta vez recibieron un alerta calificado, que harían bien en atender.
