Años atrás, la Defensoría del Pueblo porteña emitió un dictamen durísimo sobre el denominado acarreo de vehículos de la vía pública por mal estacionamiento, alertando que se realiza transgrediendo las normas y violando el derecho de propiedad de los ciudadanos. Pero además señaló que el dinero recaudado no ingresa a las arcas del fisco de la Ciudad de Buenos Aires. Es que la remoción callejera forma parte de un sistema ejecutado con licencia vencida hace más de una década por dos empresas privadas que actualmente cobran 350 pesos por devolver a los infractores cada rodado «levantado».
Hay denuncias de que por día son llevados unos 1.000 autos, con una recaudación promedio de 350 mil pesos y que mensualmente supera los 10 millones . De ese gigantesco monto, apenas el 1% llega a la ciudad para el pago de salarios u obras públicas.
Las empresas a cargo del servicio son Dakota SA y BRD SAICFI, que se dividen las tareas en el micro y macrocentro a partir de la calle Viamonte. En la página oficial del Gobierno de la Ciudad se puede leer que ambas tienen la «licitación vencida» desde 2001, pero reciben polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando. La privatización del sistema comenzó en 1990, cuando Carlos Grosso era intendente.
Un cálculo de la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires sostiene que a razón de 1.000 autos levantados por día, estas dos empresas logran recaudar mensualmente unos 10,5 millones de pesos. «De toda esa plata, que es mucha, las empresas en teoría le abonan a la ciudad, es decir a todos los porteños, nada más que 100 mil pesos, por el alquiler de las dos playas donde estacionan los coches hasta que los dueños los retiran. Por lo tanto, ganan 10.4 millones por mes estafando a los ciudadanos», dijo el abogado Javier Miglino.
Consultada por Diario Popular, la diputada María José Lubertino , miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, expresó que «se trata de un gran negocio de empresarios que lucran con el dinero de la gente, y que se remonta a la época del intendente Grosso, sostenido y ampliado por el gobierno de Mauricio Macri», agregando que «desde hace años, los legisladores venimos dando pelea para desmontar este fraude y que realmente se lleve adelante un sistema de control público que sirva para mejorar el tránsito y nuestra calidad de vida».
En ese punto, se debe indicar que la tasa de «acarreo» -los citados 350 pesos – es la que abonan los propietarios de los vehículos sólo para poder retirarlos de las playas, mientras que luego llega a los domicilios la multa por mal estacionamiento, cuyo costo depende del nivel de infracción. «El fin del acarreo privado no es disuadir y concientizar al conductor, sino que es recaudatorio, pero ni siquiera para beneficios de los porteños, sino para el bolsillo de dos empresas. La prueba está en que no se reduce la cantidad de acarreos, sino que cada vez aumenta más. Sencillamente porque es un negocio», señaló Lubertino.
En el dictamen de la Defensoría del Pueblo se explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan «peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación», requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte. » Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público», agregó el texto.
Hay denuncias de que por día son llevados unos 1.000 autos, con una recaudación promedio de 350 mil pesos y que mensualmente supera los 10 millones . De ese gigantesco monto, apenas el 1% llega a la ciudad para el pago de salarios u obras públicas.
Las empresas a cargo del servicio son Dakota SA y BRD SAICFI, que se dividen las tareas en el micro y macrocentro a partir de la calle Viamonte. En la página oficial del Gobierno de la Ciudad se puede leer que ambas tienen la «licitación vencida» desde 2001, pero reciben polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando. La privatización del sistema comenzó en 1990, cuando Carlos Grosso era intendente.
Un cálculo de la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires sostiene que a razón de 1.000 autos levantados por día, estas dos empresas logran recaudar mensualmente unos 10,5 millones de pesos. «De toda esa plata, que es mucha, las empresas en teoría le abonan a la ciudad, es decir a todos los porteños, nada más que 100 mil pesos, por el alquiler de las dos playas donde estacionan los coches hasta que los dueños los retiran. Por lo tanto, ganan 10.4 millones por mes estafando a los ciudadanos», dijo el abogado Javier Miglino.
Consultada por Diario Popular, la diputada María José Lubertino , miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, expresó que «se trata de un gran negocio de empresarios que lucran con el dinero de la gente, y que se remonta a la época del intendente Grosso, sostenido y ampliado por el gobierno de Mauricio Macri», agregando que «desde hace años, los legisladores venimos dando pelea para desmontar este fraude y que realmente se lleve adelante un sistema de control público que sirva para mejorar el tránsito y nuestra calidad de vida».
En ese punto, se debe indicar que la tasa de «acarreo» -los citados 350 pesos – es la que abonan los propietarios de los vehículos sólo para poder retirarlos de las playas, mientras que luego llega a los domicilios la multa por mal estacionamiento, cuyo costo depende del nivel de infracción. «El fin del acarreo privado no es disuadir y concientizar al conductor, sino que es recaudatorio, pero ni siquiera para beneficios de los porteños, sino para el bolsillo de dos empresas. La prueba está en que no se reduce la cantidad de acarreos, sino que cada vez aumenta más. Sencillamente porque es un negocio», señaló Lubertino.
En el dictamen de la Defensoría del Pueblo se explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan «peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación», requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte. » Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público», agregó el texto.
