Los kirchneristas, en especial los líderes de las organizaciones de derechos humanos, que insisten en que los desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los dirigentes de esas ONG «truchas» que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país.
¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de 7000 víctimas que registra el último documento publicado por el Gobierno sobre este tema, en 2006? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos ellos reconocen en privado como una suerte de mentira necesaria de otros tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión pública nacional e internacional?
Creo que la respuesta es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se consoliden dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una lógica de poder, ya no les interesa la verdad.
Durante demasiado tiempo, en mérito a sus luchas valerosas del pasado, las líderes de Madres y Abuelas han podido decir y hacer prácticamente cualquier cosa. El presente las encuentra con mucha influencia en la alianza gobernante, pero con la legitimidad dañada; son los beneficios y los perjuicios de haberse encolumnado en una opción política partidaria.
7158 víctimas es una cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue realizada desde el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más , el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se desarrolla la trama de mi último libro, ¡Viva la sangre! , y comprobé que el número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria; luego, extendí el recuento a nivel nacional.
Me gustaría hacer una aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415 desaparecidos y 743 víctimas de «ejecución sumaria», una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de una categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales, pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y comisarías o fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que pertenecían, en cumplimiento de sentencias de «juicios revolucionarios», como fue el caso del cordobés Fernando Haymal, de 26 años. Figuran, además, personas que murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo previsto.
Incluye también a muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo Irurzún, el «Capitán Santiago» del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país. Un combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en Asunción.
Es imposible averiguar cuántos son los casos irregulares de «ejecución sumaria» sin el libre acceso a los legajos de cada una de las personas que figuran en el nuevo Nunca Más , cuyo acceso está restringido por la Secretaría de los Derechos Humanos. Es otra de las tareas pendientes que deja el oficialismo.
Además, el kirchnerismo «extendió» el objetivo original de la Conadep; esta comisión fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para recoger información sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen militar; en 2006, Néstor Kirchner incluyó a las «víctimas del terrorismo de Estado» antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura, por ejemplo, Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, quien murió en un tiroteo con la policía en 1970, poco después de secuestrar y matar al teniente general Pedro Aramburu; la inclusión de Abal Medina (tío del actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo) habría sido realizada sin que su familia lo supiera.
La línea política parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los desaparecidos durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la revolución sin importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron. Eso sucede tanto en el nuevo Nunca Más como en los monumentos que se han levantado últimamente, como el Parque de la Memoria, en la Costanera porteña.
Las fechas han seguido corriéndose, con el respaldo de casi todos los bloques opositores, que aprobaron las leyes respectivas, y ahora el recuento de «víctimas del terrorismo de Estado» parte desde los muertos el 16 de junio de 1955 durante el bombardeo a la Plaza de Mayo.
El acceso a los legajos está restringido, pero podemos suponer que los herederos de todas esas personas han cobrado la indemnización prevista originalmente para las víctimas del terrorismo de Estado, que en estos momentos asciende a 1.700.000 pesos aproximadamente. Aunque no sería así en todos los casos, por ejemplo en la reducida cantidad de Madres que sigue a Hebe de Bonafini y entre los herederos de Fernando Abal Medina, según me aseguró un familiar del actual jefe de Gabinete.
Cifras que no son ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros que salen del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.
© LA NACION .
¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de 7000 víctimas que registra el último documento publicado por el Gobierno sobre este tema, en 2006? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos ellos reconocen en privado como una suerte de mentira necesaria de otros tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión pública nacional e internacional?
Creo que la respuesta es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se consoliden dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una lógica de poder, ya no les interesa la verdad.
Durante demasiado tiempo, en mérito a sus luchas valerosas del pasado, las líderes de Madres y Abuelas han podido decir y hacer prácticamente cualquier cosa. El presente las encuentra con mucha influencia en la alianza gobernante, pero con la legitimidad dañada; son los beneficios y los perjuicios de haberse encolumnado en una opción política partidaria.
7158 víctimas es una cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue realizada desde el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más , el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se desarrolla la trama de mi último libro, ¡Viva la sangre! , y comprobé que el número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria; luego, extendí el recuento a nivel nacional.
Me gustaría hacer una aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415 desaparecidos y 743 víctimas de «ejecución sumaria», una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de una categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales, pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y comisarías o fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que pertenecían, en cumplimiento de sentencias de «juicios revolucionarios», como fue el caso del cordobés Fernando Haymal, de 26 años. Figuran, además, personas que murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo previsto.
Incluye también a muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo Irurzún, el «Capitán Santiago» del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país. Un combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en Asunción.
Es imposible averiguar cuántos son los casos irregulares de «ejecución sumaria» sin el libre acceso a los legajos de cada una de las personas que figuran en el nuevo Nunca Más , cuyo acceso está restringido por la Secretaría de los Derechos Humanos. Es otra de las tareas pendientes que deja el oficialismo.
Además, el kirchnerismo «extendió» el objetivo original de la Conadep; esta comisión fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para recoger información sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen militar; en 2006, Néstor Kirchner incluyó a las «víctimas del terrorismo de Estado» antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura, por ejemplo, Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, quien murió en un tiroteo con la policía en 1970, poco después de secuestrar y matar al teniente general Pedro Aramburu; la inclusión de Abal Medina (tío del actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo) habría sido realizada sin que su familia lo supiera.
La línea política parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los desaparecidos durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la revolución sin importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron. Eso sucede tanto en el nuevo Nunca Más como en los monumentos que se han levantado últimamente, como el Parque de la Memoria, en la Costanera porteña.
Las fechas han seguido corriéndose, con el respaldo de casi todos los bloques opositores, que aprobaron las leyes respectivas, y ahora el recuento de «víctimas del terrorismo de Estado» parte desde los muertos el 16 de junio de 1955 durante el bombardeo a la Plaza de Mayo.
El acceso a los legajos está restringido, pero podemos suponer que los herederos de todas esas personas han cobrado la indemnización prevista originalmente para las víctimas del terrorismo de Estado, que en estos momentos asciende a 1.700.000 pesos aproximadamente. Aunque no sería así en todos los casos, por ejemplo en la reducida cantidad de Madres que sigue a Hebe de Bonafini y entre los herederos de Fernando Abal Medina, según me aseguró un familiar del actual jefe de Gabinete.
Cifras que no son ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros que salen del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.
© LA NACION .
es vergonzoso que se aluda a cifras cuando se trata de «justificar»la maldita represion,a la vez que se recurre a discutir numeros para atacar al gobierno,que se pretende usa,no defiende, a las victimas.El que se cree dueño de la verdad es este señor,cuando hubo mucha gente perseguida que se callo la boca,o se exilio,o fue echada de su trabajo por sus ideas o actitudes.
Lo vergonzoso es usar cifras como quien habla de medidas de una reina de belleza, cuanto mas grande mejor. Que no tiene nada que ver con justificar la maldita represion, insulto inconcebible de bestia que usas como quien se pone colonia.La represion fue un crimen atroz. Todos lo sabemos. Por respeto a quienes murieron, digamos la verdad comprobada y documentada. Si se dijera que en el Holocausto murieron dieciseis millones, lo unico que se hace es devaluar la causa, y darle municion a quienes lo niegan como un invento propagandistico.
Lo que este tipo oculta es que la negación del número 30.000 es una vieja obsesión de los defensores de los represores. Y la cifra no es una invención kirchnerista, es una consigna de los organismos de DDHH desde antes de la restauración democrática.
Antes que salgas con defensa de los represores, lee lo que puse arriba. El numero de 30000 es una especulacion no probada. Que lo diga quien lo diga no lo hace verificable o aceptable. La verdad comprobada es mas que suficiente.
¿La verdad comprobada, revelada por quién? Lo que dijiste en tu otro comentario también funciona a la inversa: achicar la cifra es vergonzoso porque sirve para rebajar la magnitud de los crímenes que se cometieron.
Vos lo dijiste : «consigna»
A mi me parece mas importante la verdad histórica que las consignas.
Y una cosa es el número, y otro el juicio moral sobre los hechos del pasado, que no tienen que cambiar ya sean 7000 o 30000
Justamente usé la palabra «consigna» porque no me interesa discutir el número en sí sino la intencionalidad polìtica de Reato. No veo por qué los organismos de DDHH deberían reconocer otra cifra mientras los represores (los que quedan) no den a conocer sus listas e informen sobre el destino de cada desaparecido. ¿Y por qué Reato resucita esto ahora, cuando es un tema que viene desde antes del juicio a las Juntas? ¿De repente descubrió «la verdad» o quizás Videla le entregó información que por décadas ocultó a la sociedad? Más bien intuyo que Reato hizo una operación de lógica aristotélica de nivel preescolar pero apta para el consumo antiK, a saber:
Premisa 1: «Los organismos de DDHH hablan de una cifra falsa de 30000 desaparecidos».
Premisa 2: «Los organismos de DDHH apoyan al gobierno kirchnerista».
Conclusión: «Los 30000 desaparecidos son otra mentira del relato kirchnerista.»
De paso, viendo las fotos de la presentación de su libro, con la presencia entre otros de Cecilia Pando y la encarnación actual de Graciela Fernández Meijide… creo que los comentarios huelgan.
Los 30000 no son ‘verdad’ porque nadie ha dado pruebas de la veracidad de la cifra, desmentida automaticamente por las cifras documentadas. Es una especulacion, tan valida como decir 50000, 100000 o la cifra que venga bien a los propositos de discurso.
Cierro por mi parte.
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/12752-reato-el-intento-de-reducir-la-tragedia-a-un-problema-contable.html
Post cierre, Rafa:
Coincido en que el tema no debiera ser contable. Entonces la Paco Urondo desmiente la argumentación contable… con otros datos contables…
No sería más simple que un gobierno comprometido con los DDHH publique una lista completa de desaparecidos? Tuvieron 10 años para hacerlo. Por qué falta esa información oficial?
«En La Plata, sabíamos que habían desaparecido en un primer momento unas 2.500 personas y que sólo hubo 800 denuncias».Como ‘sabemos’? La victima no puede auto-reportarse. Por lo tanto la unica forma de saber es si familia, amigos o vecinos declaran que X ha desaparecido. Por lo tanto X tendria un nombre y direccion. Si existen, esos datos podrian haber sido reunidos y registrados por las organizaciones o por el gobierno, si tuviera ganas o hubiera motivo.
Alguien piensa que 7, 10, 15 o 30 mil desaparecidos puede incidir en el nivel de indignación ante esa masacre atroz?
Hubo un plan criminal, hubo métodos aberrantes, etc. Con independencia del número final.
Lo que si, al aferrarse a cifras falsas, se pierde credibilidad. No puedo establecer si ese el propósito de Reato o es otro. Pero el flanco debil lo presentan los que se aferran a un número como dogma, como si hubiese bajado Moises del monte Sinaí con la cifra 30.000 escrita en piedra.
Para despejar dudas, deberían presentar una lista de al menos 25.000 nombres, apellidos y documentos, dejando el 20% restante para algunos nn. Y si no es posible, dejar que el número mas o menos definitivo (en realidad son todos nros provisorios) sea establecido por investigadores, sin que sea necesario ideologizar una cifra.
Para nada nuevo es la polémica sobre el número de desaparecidos. En la revista «Controversia», publicada en México por exiliados argentinos -1979/1981- como recuerda Vezzetti: «(…) se abordaba un problema que aún permanece sin una respuesta seria: ¿cuántos son los desaparecidos?. Y se animaba a contradecir la cifra de 30.000 que desde entonces y contra toda evidencia repiten los organismos de derechos humanos y las dependencias oficiales.(..)El número más probable oscilaría entre 10.000 o 12.000 casos, que son igualmente muchos y no alteran la gravedad de los crímenes producidos por la dictadura militar. Schmucler tenía razón: «No es necesario inflar las cifras para señalar el horror». Vezzetti, Hugo. Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Siglo XXI. Bs. As. 2009. páginas 84 y siguientes.
basta leer para conocer el paño.
Hay algunos que parecen tenerle miedo a la revisión del pasado, olvidando que la historia está cotidianamente en un proceso de revisión, en el sentido de volver a ver algo para comprobar si es acertado o erróneo.
Por supuesto que todo historiador adscribe a una postura ideológica, política o de credo religioso -como recuerda Chiaramonte- y en aras de esa adscripción, el tratamiento de aquellos problemas históricos vinculados a raíces de fuertes compromisos intelectual personal, pueden verse distorsionados. Con las mejores intenciones como es la de servir a las grandes causas que nos atraen, podemos correr el riesgo de vernos llevados a privar a la labor histórica del rigor que exige, pese a que existe una composición de lugar que puede conciliar ambas aparentemente contradictorias aspiraciones: que la mejor forma de servir a la causa que creemos válida es la de no engañarnos y no confundir a nuestro público deformando u ocultando la realidad; de manera tal, agreguemos, que una de las más antiguas advertencias al respeto, al punto de que se ha convertido en un lugar común, «soy amigo de Platón, pero más de la verdad, podría obtener así mayor adhesión».Chiaramonte, José Carlos. Usos políticos de la historia. Lenguaje de clase y revisionismo histórico. Sudamericana. Buenos Aires. 2013. páginas 77/78.
limpie las anteojeras,DAIO,y hable con claridad.
Reivindicar la lucha de los organismos de derechos humanos, no implica que haya que dejar de exigir, aún contradiciendo a dichos organismos, memoria, justicia y –algunos se olvidan de ésta- verdad.
Extrapolando: acaso hay que fumarse a Milani porque a Carlotto no le parece mal?