La educación, prioridad declarada de dos gobiernos del Frente Amplio, sufre una crisis agravada este año por los conflictos gremiales que alteraron el dictado de las clases especialmente en Secundaria. Una situación que pudo preverse después que una maratón de asambleas y debates (la «Asamblea Constituyente Educativa» era su pomposo título) terminó 5 años atrás en un congreso dominado por gremios de docentes y funcionarios. De allí salió la ley que acentuó la injerencia de los gremios en la conducción de la enseñanza. Así estamos.
En la salud tampoco se recogieron los frutos prometidos. Ni los hospitales públicos, ni la creación de esa gran mutualista que es ASSE y ni siquiera la situación de los centros asistenciales privados llenaron las expectativas depositadas por una reforma que se suponía era el «non plus ultra» en la materia. Los nombramientos de carácter político así como la influencia del poder sindical en la conducción del sistema son fuente constante de problemas. A ello se suma el déficit de gestión debido al cual, pese a las cifras millonarias que se vuelcan en la salud, vivimos entre denuncias de fallas y carencias en la atención a los pacientes, sobre todo en el interior del país.
El capítulo seguridad es todavía más triste. Las tasas de criminalidad, en particular la de homicidios, siguen en alza desde los albores del gobierno de Vázquez cuando su primer ministro del Interior, el socialista José Díaz, dio la tónica al preocuparse más por los victimarios que por las víctimas del delito. De su sucesora, la también socialista Daisy Tourné, solo queda el recuerdo de sus excentricidades sin que se le pueda atribuir mejoría alguna en las tareas de prevención y represión del crimen. Tan mal se manejó esta área que el Frente Amplio en su folleto oficial de la campaña de 2009 confesó su fracaso y prometió enmendarse en lo sucesivo (cosa que, de más está decirlo, no sucedió).
Con la reforma del Estado, en tanto, hubo solemnes anuncios, una puesta en escena que auguraba cambios drásticos en la organización del trabajo de los funcionarios y una racionalización de los recursos humanos en toda la administración. Con muchos aspavientos Vázquez extrajo del Senado a quien fue públicamente presentado como el supremo reformador del Estado y lo colocó a la cabeza de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Aparte de incrementar en varios miles el número de empleados públicos y de crear nuevos organismos con su consiguiente carga burocrática y crecimiento de los gastos, los frutos de esta supuesta reforma fueron prácticamente nulos.
En medio de una bonanza económica nunca vista, bajo el primer gobierno del Frente Amplio el fisco multiplicó su recaudación. Sin embargo, su mandato terminó con un déficit de casi el 2% del PBI, prueba del alza del gasto público impulsado por Vázquez y su elenco. Un gasto que en el caso de las políticas sociales si bien redujo los índices de pobreza se condujo con un criterio asistencialista, entre otros errores, que minaron su efectividad. Huelga decir que los mayores recursos de aquel tiempo tampoco se destinaron a recuperar la infraestructura vial ni a construir grandes obras de carácter estratégico.
Lo raro es que los impulsores de la candidatura de Vázquez no parecen reparar en tan modesta actuación del gobierno en el lapso 2005-2009 (ni el comienzo de zafarranchos como el de Pluna cuyo costo supera los 300 millones de dólares). Más aun, lo dan como favorito ignorando, quizás de manera deliberada que, con semejante pasado lanzado a la competencia electoral, su candidato ofrecerá muchos flancos vulnerables.
Aunque el Frente Amplio presenta a Tabaré Vázquez como favorito para 2014, su obra de gobierno en áreas como educación, salud y seguridad, lo dejan mal parado.
En la salud tampoco se recogieron los frutos prometidos. Ni los hospitales públicos, ni la creación de esa gran mutualista que es ASSE y ni siquiera la situación de los centros asistenciales privados llenaron las expectativas depositadas por una reforma que se suponía era el «non plus ultra» en la materia. Los nombramientos de carácter político así como la influencia del poder sindical en la conducción del sistema son fuente constante de problemas. A ello se suma el déficit de gestión debido al cual, pese a las cifras millonarias que se vuelcan en la salud, vivimos entre denuncias de fallas y carencias en la atención a los pacientes, sobre todo en el interior del país.
El capítulo seguridad es todavía más triste. Las tasas de criminalidad, en particular la de homicidios, siguen en alza desde los albores del gobierno de Vázquez cuando su primer ministro del Interior, el socialista José Díaz, dio la tónica al preocuparse más por los victimarios que por las víctimas del delito. De su sucesora, la también socialista Daisy Tourné, solo queda el recuerdo de sus excentricidades sin que se le pueda atribuir mejoría alguna en las tareas de prevención y represión del crimen. Tan mal se manejó esta área que el Frente Amplio en su folleto oficial de la campaña de 2009 confesó su fracaso y prometió enmendarse en lo sucesivo (cosa que, de más está decirlo, no sucedió).
Con la reforma del Estado, en tanto, hubo solemnes anuncios, una puesta en escena que auguraba cambios drásticos en la organización del trabajo de los funcionarios y una racionalización de los recursos humanos en toda la administración. Con muchos aspavientos Vázquez extrajo del Senado a quien fue públicamente presentado como el supremo reformador del Estado y lo colocó a la cabeza de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Aparte de incrementar en varios miles el número de empleados públicos y de crear nuevos organismos con su consiguiente carga burocrática y crecimiento de los gastos, los frutos de esta supuesta reforma fueron prácticamente nulos.
En medio de una bonanza económica nunca vista, bajo el primer gobierno del Frente Amplio el fisco multiplicó su recaudación. Sin embargo, su mandato terminó con un déficit de casi el 2% del PBI, prueba del alza del gasto público impulsado por Vázquez y su elenco. Un gasto que en el caso de las políticas sociales si bien redujo los índices de pobreza se condujo con un criterio asistencialista, entre otros errores, que minaron su efectividad. Huelga decir que los mayores recursos de aquel tiempo tampoco se destinaron a recuperar la infraestructura vial ni a construir grandes obras de carácter estratégico.
Lo raro es que los impulsores de la candidatura de Vázquez no parecen reparar en tan modesta actuación del gobierno en el lapso 2005-2009 (ni el comienzo de zafarranchos como el de Pluna cuyo costo supera los 300 millones de dólares). Más aun, lo dan como favorito ignorando, quizás de manera deliberada que, con semejante pasado lanzado a la competencia electoral, su candidato ofrecerá muchos flancos vulnerables.
Aunque el Frente Amplio presenta a Tabaré Vázquez como favorito para 2014, su obra de gobierno en áreas como educación, salud y seguridad, lo dejan mal parado.