Esta norma, aprobada en octubre del año 2011 derogó la llamada Ley de Caducidad y desconoció la decisión del soberano cristalizada en dos plebiscitos.
Este tipo de visitas y declaraciones de personalidades extranjeras se están haciendo monótonas. Es posible recordar lo dicho por el Jefe Regional del Alto Comisionado de la ONU (quien advirtió que «El fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional del Uruguay sin duda»), las expresiones del exjuez español Baltasar Garzón (modestamente, sostuvo que «lo mejor que puedo decir es que cuanto antes espero se corrija» la posición que había tomado nuestra Suprema Corte), y las declaraciones de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas Navi Pillay.
El sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el Relator llegó en visita oficial como resultado de un pedido realizado por nuestro país. El propósito fue «examinar las medidas de justicia de transición que se han adoptado hasta ahora en el Uruguay para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura».
Ello no le impidió dar su opinión sobre otros temas. Así, declaró en una entrevista de prensa, «que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debería examinar `en detalle` y evaluar posibles cambios en el sistema de designaciones, traslados, ascensos y sanciones de magistrados» (El País, 5 de octubre).
El sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores opina que «Merece una referencia particular» el encuentro del Relator y los miembros de la Suprema Corte de Justicia. En esa oportunidad, sigue el comunicado, el Relator señaló a los miembros de la Corte «que las últimas decisiones que ha aprobado la Corporación `han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional». Luego agrega: «En el mencionado encuentro… el Relator expresó que la Corte ha llegado a conclusiones que `no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales` en temas `tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales y el uso de tipos criminales comunes en el derecho internacional, como los crímenes de lesa humanidad, así como la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido». (Los textos figuran en cursiva en el comunicado de la Cancillería).
Tenemos entonces: un funcionario de un organismo internacional que concurre a nuestro país invitado por el Poder Ejecutivo. Este funcionario formula serias críticas a la Suprema Corte de Justicia (que ejerce el Poder Judicial), las cuales son ampliamente divulgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (que es parte del Poder Ejecutivo). ¿A nadie le rechina este episodio?
Pero, dejando de lado esos aspectos, lo peor son los fundamentos invocados por estos innecesarios consejeros venidos del exterior.
Así, Garzón, luego de recordar que Uruguay es parte del Estatuto de Roma sostuvo que «a estas alturas de la historia cuestionar mediante argumentos positivistas y de carácter restrictivo en materia de derechos humanos no es sostenible». El Relator que nos visitó en estos días habla de «tendencias jurisprudenciales actuales». Tampoco faltan las amenazas más o menos veladas: las decisiones de nuestra Corte de Justicia «han despertado alarma» en la comunidad internacional.
La función de la Corte es aplicar el Derecho. Y esto es lo que ha hecho, con una sólida base jurídica, en sus recientes sentencias.
Ese Derecho positivo es la firme roca sobre la cual se construye el sistema que tutela los derechos humanos.
Aquellos críticos, en realidad, están minando garantías fundamentales de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras (por ejemplo al atacar el principio fundamental de no retroactividad de la ley penal).
Todo ello con el fin de reparar violaciones cometidas en el pasado y sobre las cuales los uruguayos ya nos pronunciamos dos veces.
Este tipo de visitas y declaraciones de personalidades extranjeras se están haciendo monótonas. Es posible recordar lo dicho por el Jefe Regional del Alto Comisionado de la ONU (quien advirtió que «El fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional del Uruguay sin duda»), las expresiones del exjuez español Baltasar Garzón (modestamente, sostuvo que «lo mejor que puedo decir es que cuanto antes espero se corrija» la posición que había tomado nuestra Suprema Corte), y las declaraciones de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas Navi Pillay.
El sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el Relator llegó en visita oficial como resultado de un pedido realizado por nuestro país. El propósito fue «examinar las medidas de justicia de transición que se han adoptado hasta ahora en el Uruguay para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura».
Ello no le impidió dar su opinión sobre otros temas. Así, declaró en una entrevista de prensa, «que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debería examinar `en detalle` y evaluar posibles cambios en el sistema de designaciones, traslados, ascensos y sanciones de magistrados» (El País, 5 de octubre).
El sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores opina que «Merece una referencia particular» el encuentro del Relator y los miembros de la Suprema Corte de Justicia. En esa oportunidad, sigue el comunicado, el Relator señaló a los miembros de la Corte «que las últimas decisiones que ha aprobado la Corporación `han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional». Luego agrega: «En el mencionado encuentro… el Relator expresó que la Corte ha llegado a conclusiones que `no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales` en temas `tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales y el uso de tipos criminales comunes en el derecho internacional, como los crímenes de lesa humanidad, así como la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido». (Los textos figuran en cursiva en el comunicado de la Cancillería).
Tenemos entonces: un funcionario de un organismo internacional que concurre a nuestro país invitado por el Poder Ejecutivo. Este funcionario formula serias críticas a la Suprema Corte de Justicia (que ejerce el Poder Judicial), las cuales son ampliamente divulgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (que es parte del Poder Ejecutivo). ¿A nadie le rechina este episodio?
Pero, dejando de lado esos aspectos, lo peor son los fundamentos invocados por estos innecesarios consejeros venidos del exterior.
Así, Garzón, luego de recordar que Uruguay es parte del Estatuto de Roma sostuvo que «a estas alturas de la historia cuestionar mediante argumentos positivistas y de carácter restrictivo en materia de derechos humanos no es sostenible». El Relator que nos visitó en estos días habla de «tendencias jurisprudenciales actuales». Tampoco faltan las amenazas más o menos veladas: las decisiones de nuestra Corte de Justicia «han despertado alarma» en la comunidad internacional.
La función de la Corte es aplicar el Derecho. Y esto es lo que ha hecho, con una sólida base jurídica, en sus recientes sentencias.
Ese Derecho positivo es la firme roca sobre la cual se construye el sistema que tutela los derechos humanos.
Aquellos críticos, en realidad, están minando garantías fundamentales de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras (por ejemplo al atacar el principio fundamental de no retroactividad de la ley penal).
Todo ello con el fin de reparar violaciones cometidas en el pasado y sobre las cuales los uruguayos ya nos pronunciamos dos veces.
