Quedó por ahora en suspenso la propuesta para que los gremios aporten su tropa de delegados para colaborar con los inspectores del Gobierno en la fiscalización del trabajo en negro en las grandes, medianas y pequeñas empresas de todo el país.
También está todavía en el aire y sin definición la creación de un registro con los empleadores que tengan personal no registrado. Sería una suerte de Veraz, con nombres y apellidos de empresarios y de compañías.
El rechazo de las cámaras empresariales, representadas por sus hombres más jerárquicos, fue casi unánime. Sin embargo, hubo un acercamiento de posturas sobre otras posibles medidas para bajar el índice de trabajo informal, que es del 34,5%, según los índices que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 16 del mes pasado. Es decir, algo más de 4.300.000 personas asalariadas no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social y realizan sus tareas en condiciones de precariedad.
El debate fue anoche y formó parte del segundo encuentro de la Comisión contra el Trabajo no Registrado, integrada por funcionarios del gobierno nacional, representantes de algunas cámaras empresariales y el sindicalismo oficialista. Presidieron la cumbre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fueron excluidas del encuentro las CGT que lideran Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y la CTA de Pablo Micheli. Esta última denunciará al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «por discriminación».
«Hay posiciones que deben acercarse un poco más. Todavía falta para ponernos de acuerdo. Pero lo importante es seguir por el camino del diálogo y el consenso para conseguir más derechos y empleo registrado», dijo a LA NACION Noé Ruiz, referente del sindicato de modelos y quien encabezó la nómina de la CGT ante la ausencia de Antonio Caló y otros jerárquicos.
Según Ruiz, los empresarios rechazaron ser incluidos en el registro de evasores. También señaló que no mostraron conformidad ante la posibilidad de que los delegados gremiales ayuden con los inspectores oficiales en la fiscalización de irregularidades en las compañías. Y agregó: «No puede haber empleados de primera y de segunda. El salario de todos debe remitir al que se acuerda en las paritarias».
Ante las diferencias, el Gobierno convocó a una nueva audiencia para el 22 del actual. Para ese día se intentará apurar un trato y escenificar un acuerdo tripartito a pocos días de las elecciones. «Paralelamente se llevarán a cabo otras reuniones sectoriales, comenzando por la mesa de la actividad agroindustrial, tal como fue solicitado por el sector empleador y aprobado por la Presidenta», se informó desde el Ministerio de Trabajo.
La CTA que encabeza Hugo Yasky fue la otra representante de los gremios. «El 22 confío en que acordemos una solución firme en cuanto al fortalecimiento de la fiscalización a nivel nacional y el registro de evasores», dijo a LA NACION Pedro Wasiejko, el número dos en el escalafón jerárquico de la CTA.
En lo que no hubo inconvenientes fue en activar cuanto antes una serie de incentivos para que las microempresas regularicen a sus empleados. En las microempresas el índice de informalidad alcanzaría el 80%, según la CTA. .
También está todavía en el aire y sin definición la creación de un registro con los empleadores que tengan personal no registrado. Sería una suerte de Veraz, con nombres y apellidos de empresarios y de compañías.
El rechazo de las cámaras empresariales, representadas por sus hombres más jerárquicos, fue casi unánime. Sin embargo, hubo un acercamiento de posturas sobre otras posibles medidas para bajar el índice de trabajo informal, que es del 34,5%, según los índices que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 16 del mes pasado. Es decir, algo más de 4.300.000 personas asalariadas no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social y realizan sus tareas en condiciones de precariedad.
El debate fue anoche y formó parte del segundo encuentro de la Comisión contra el Trabajo no Registrado, integrada por funcionarios del gobierno nacional, representantes de algunas cámaras empresariales y el sindicalismo oficialista. Presidieron la cumbre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fueron excluidas del encuentro las CGT que lideran Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y la CTA de Pablo Micheli. Esta última denunciará al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «por discriminación».
«Hay posiciones que deben acercarse un poco más. Todavía falta para ponernos de acuerdo. Pero lo importante es seguir por el camino del diálogo y el consenso para conseguir más derechos y empleo registrado», dijo a LA NACION Noé Ruiz, referente del sindicato de modelos y quien encabezó la nómina de la CGT ante la ausencia de Antonio Caló y otros jerárquicos.
Según Ruiz, los empresarios rechazaron ser incluidos en el registro de evasores. También señaló que no mostraron conformidad ante la posibilidad de que los delegados gremiales ayuden con los inspectores oficiales en la fiscalización de irregularidades en las compañías. Y agregó: «No puede haber empleados de primera y de segunda. El salario de todos debe remitir al que se acuerda en las paritarias».
Ante las diferencias, el Gobierno convocó a una nueva audiencia para el 22 del actual. Para ese día se intentará apurar un trato y escenificar un acuerdo tripartito a pocos días de las elecciones. «Paralelamente se llevarán a cabo otras reuniones sectoriales, comenzando por la mesa de la actividad agroindustrial, tal como fue solicitado por el sector empleador y aprobado por la Presidenta», se informó desde el Ministerio de Trabajo.
La CTA que encabeza Hugo Yasky fue la otra representante de los gremios. «El 22 confío en que acordemos una solución firme en cuanto al fortalecimiento de la fiscalización a nivel nacional y el registro de evasores», dijo a LA NACION Pedro Wasiejko, el número dos en el escalafón jerárquico de la CTA.
En lo que no hubo inconvenientes fue en activar cuanto antes una serie de incentivos para que las microempresas regularicen a sus empleados. En las microempresas el índice de informalidad alcanzaría el 80%, según la CTA. .
