Arrastraba la inquietud desde hacía tiempo. El fallo por la ley de medios venía siendo cuestionado en cámaras empresariales que lo ven como una puesta en duda de «derechos adquiridos»: las licencias de Clarín , razonan, fueron revocadas por el mismo gobierno que las autorizó. Ese rumor, nunca explícito, molesta desde entonces a Ricardo Lorenzetti , presidente de la Corte, que ayer se permitió una larga explicación ante hombres de negocios.
Fue el primer contacto público con el establishment. En el hotel Alvear, durante un almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, que preside Eduardo Eurnekian, Lorenzetti introdujo: «Me parece apropiado que en este ámbito podamos hablar de un tema vital para el mundo de los negocios, que para mí es la seguridad jurídica».
Esa referencia genérica habría sido explosiva si hubiera estado en el auditorio el principal refutador del concepto: Axel Kicillof, ministro de Economía, autor de una lapidaria definición en abril de 2012. «Seguridad jurídica y clima de inversión son dos palabras horribles», dijo en el Senado. Pero Kicillof, que había pedido una semana antes estar, se disculpó ante los organizadores por un viaje a China y a Rusia. Excusa de patas cortas: por la tarde fue a la jura de ministros en la Casa Rosada.
Lorenzetti se explayó, en cambio, en la necesidad de esa condición. «La previsibilidad de los negocios es lo que se conoce como seguridad jurídica», dijo, e instó a «crear un ambiente de negocios» y «un sistema de reglas estables». Después se adentró en el tema Clarín. «Trato de hablarles con absoluta sinceridad: me gustaría hacer referencia a muchas interpretaciones de la ley de medios», empezó, y admitió que no era sencillo. «Es muy difícil el análisis inmediato porque lo que hay es un contexto de partido de fútbol: uno dice una cosa, hay insultos, pedidos de expulsión, barrabravas».
Hablaba sin sobresaltarse. Lo escuchaban Adrián Werthein, Eurnekian, Adelmo Gabbi, Amadeo Riva, Héctor Méndez, Luis Etchevehere, Teddy Karagozian y Lily Sielecki, entre otros. Hizo un recorrido por ministros de la Corte de Estados Unidos cuestionados por fallos: John Marshall en el siglo XIX; Earl Warren, en el XX, y John Roberts, en estos días. «Tuvieron que tomar decisiones y fueron muy criticados -definió-. Es normal que ocurra, pero no hay que perder los principios. Quienes los atacaron fueron completamente olvidados y quedó el prestigio. Tenemos que dejar registros para la historia, no para las crónicas de peleas de vecinos.»
Después avanzó sobre el artículo de la ley que sembró las dudas, el 161: «No es igual una licencia que una concesión o un contrato administrativo. Este fallo no se aplica a concesiones o contratos administrativos. La jurisprudencia es diferente».
La distinción es medular y, a la vez, controvertida. Parte de los empresarios la juzga excesivamente sutil. Dicen, por ejemplo, que las distribuidoras de gas tienen licencias y que no por eso deberían estar exentas del concepto derecho adquirido. La licencia se otorga sobre un negocio ya montado; la concesión, sobre una actividad que el adjudicatario debe empezar a desarrollar. Lorenzetti aclaró que «sobre los derechos adquiridos frente al Estado, la posición de la Corte no ha cambiado ni va a cambiar».
¿Qué le pareció?, le preguntó la nacion a Werthein. «Muy bueno. Dio en un tema esencial: la previsibilidad jurídica y el funcionamiento institucional. A veces los empresarios, metidos en el bosque, venimos con los problemas del día.» Eurnekian coincidió: «Demostramos que queremos escuchar a todo el mundo. Son los mecanismos de la democracia».
Antes del postre, Lorenzetti se sentó a la mesa con los periodistas, donde fue consultado sobre los cambios en el proyecto del Código Civil. «Nosotros hicimos nuestro trabajo, hay que ver qué hace el Congreso. Se están discutiendo tres o cuatro temas importantes, no creo que se haya desvirtuado el original.» Se le insistió en que quienes lo habían acompañado en la redacción, Elena Highton y Aída Kemelmajer, estaban disgustados, y fue ahí menos ambiguo: «Sí, yo también, nosotros no compartimos. Pero el Poder Ejecutivo y el Congreso están en su derecho de hacer los cambios. Es la democracia».
El grupo de intelectuales Plataforma 2012 advirtió sobre la criminalización de las luchas sociales y la política de judicialización de la protesta y la pobreza durante los gobiernos de los Kirchner, al denunciar en una declaración «la creciente violación de los derechos humanos en la última década». La entidad cuestionó «las leyes antiterroristas promovidas por el oficialismo en 2006 y en 2011 y la designación del general César Milani al mando del Ejército». Firman el texto Diana Kordon, José Emilio Burucúa, Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Alejandro Katz y Gabriel Levinas, entre otros. .
Fue el primer contacto público con el establishment. En el hotel Alvear, durante un almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, que preside Eduardo Eurnekian, Lorenzetti introdujo: «Me parece apropiado que en este ámbito podamos hablar de un tema vital para el mundo de los negocios, que para mí es la seguridad jurídica».
Esa referencia genérica habría sido explosiva si hubiera estado en el auditorio el principal refutador del concepto: Axel Kicillof, ministro de Economía, autor de una lapidaria definición en abril de 2012. «Seguridad jurídica y clima de inversión son dos palabras horribles», dijo en el Senado. Pero Kicillof, que había pedido una semana antes estar, se disculpó ante los organizadores por un viaje a China y a Rusia. Excusa de patas cortas: por la tarde fue a la jura de ministros en la Casa Rosada.
Lorenzetti se explayó, en cambio, en la necesidad de esa condición. «La previsibilidad de los negocios es lo que se conoce como seguridad jurídica», dijo, e instó a «crear un ambiente de negocios» y «un sistema de reglas estables». Después se adentró en el tema Clarín. «Trato de hablarles con absoluta sinceridad: me gustaría hacer referencia a muchas interpretaciones de la ley de medios», empezó, y admitió que no era sencillo. «Es muy difícil el análisis inmediato porque lo que hay es un contexto de partido de fútbol: uno dice una cosa, hay insultos, pedidos de expulsión, barrabravas».
Hablaba sin sobresaltarse. Lo escuchaban Adrián Werthein, Eurnekian, Adelmo Gabbi, Amadeo Riva, Héctor Méndez, Luis Etchevehere, Teddy Karagozian y Lily Sielecki, entre otros. Hizo un recorrido por ministros de la Corte de Estados Unidos cuestionados por fallos: John Marshall en el siglo XIX; Earl Warren, en el XX, y John Roberts, en estos días. «Tuvieron que tomar decisiones y fueron muy criticados -definió-. Es normal que ocurra, pero no hay que perder los principios. Quienes los atacaron fueron completamente olvidados y quedó el prestigio. Tenemos que dejar registros para la historia, no para las crónicas de peleas de vecinos.»
Después avanzó sobre el artículo de la ley que sembró las dudas, el 161: «No es igual una licencia que una concesión o un contrato administrativo. Este fallo no se aplica a concesiones o contratos administrativos. La jurisprudencia es diferente».
La distinción es medular y, a la vez, controvertida. Parte de los empresarios la juzga excesivamente sutil. Dicen, por ejemplo, que las distribuidoras de gas tienen licencias y que no por eso deberían estar exentas del concepto derecho adquirido. La licencia se otorga sobre un negocio ya montado; la concesión, sobre una actividad que el adjudicatario debe empezar a desarrollar. Lorenzetti aclaró que «sobre los derechos adquiridos frente al Estado, la posición de la Corte no ha cambiado ni va a cambiar».
¿Qué le pareció?, le preguntó la nacion a Werthein. «Muy bueno. Dio en un tema esencial: la previsibilidad jurídica y el funcionamiento institucional. A veces los empresarios, metidos en el bosque, venimos con los problemas del día.» Eurnekian coincidió: «Demostramos que queremos escuchar a todo el mundo. Son los mecanismos de la democracia».
Antes del postre, Lorenzetti se sentó a la mesa con los periodistas, donde fue consultado sobre los cambios en el proyecto del Código Civil. «Nosotros hicimos nuestro trabajo, hay que ver qué hace el Congreso. Se están discutiendo tres o cuatro temas importantes, no creo que se haya desvirtuado el original.» Se le insistió en que quienes lo habían acompañado en la redacción, Elena Highton y Aída Kemelmajer, estaban disgustados, y fue ahí menos ambiguo: «Sí, yo también, nosotros no compartimos. Pero el Poder Ejecutivo y el Congreso están en su derecho de hacer los cambios. Es la democracia».
El grupo de intelectuales Plataforma 2012 advirtió sobre la criminalización de las luchas sociales y la política de judicialización de la protesta y la pobreza durante los gobiernos de los Kirchner, al denunciar en una declaración «la creciente violación de los derechos humanos en la última década». La entidad cuestionó «las leyes antiterroristas promovidas por el oficialismo en 2006 y en 2011 y la designación del general César Milani al mando del Ejército». Firman el texto Diana Kordon, José Emilio Burucúa, Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Alejandro Katz y Gabriel Levinas, entre otros. .
