Jueves 5 de Diciembre de 2013
Por: Florencia Arbeleche
El gobernador fue advertido sobre los incidentes en la escala obligada en Panamá (arriba), rumbo a Colombia. Desde allí regresó a Córdoba. Muchos vecinos y dueños de comercios (izq.) se armaron para frenar el avance de los delincuentes, frente al caos producido por la ausencia de personal policial.
C órdoba – Pese a tener información previa sobre la posibilidad de que se produjera un motín policial, José Manuel de la Sota no vaciló ni un minuto en subirse al avión que debía transportarlo a la cumbre de gobernadores en Valledupar, Colombia. El estallido lo encontró a mitad de camino, en la ciudad de Panamá, escala obligada por la aerolínea.
Esa subestimación de los acontecimientos, que se convirtió con el correr de las horas en una de las crisis sociales más graves en la historia reciente de Córdoba , obligó al propio delasotismo a tener que admitir públicamente el error de cálculo.
«Probablemente no hubo una evaluación profunda de la situación por parte del Gobierno provincial y eso derivó en este escenario» , debieron reconocer el jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien junto a la vicegobernadora Alicia Pregno intentaron -sin éxito- durante todo el martes encauzar el conflicto con los efectivos.
El senador del Frente Cívico Luis Juez culpó al gobernador por los incidentes y lo acusó de «vivir de vacaciones» , y recordó que «lo tuvimos que traer a los empujones para que venga a resolver un conflicto que hace meses sabíamos que iba a suceder» .
El malestar con la fuerza policial tiene su origen en la decisión del Estado cordobés de desactivar los presuntos vínculos con el narcotráfico, una pelea que empezó hace más de seis meses con sonadas detenciones de altos jefes policiales y la renuncia del ministro de Seguridad Alejo Paredes.
Ese avance sobre la corrupción enquistada en la cúpula de la fuerza activó la reacción de los subalternos y de sus familiares, que venían reclamando una «limpieza de imagen».
Pero la falta de respuesta del Gobierno de De la Sota para contener ese malestar gestó con el correr de los días un escenario de resultado previsible.
El 14 de noviembre una ola de mensajes anónimos recibidos en teléfonos de los funcionarios, efectivos, guardiacárceles y familias anticipó el desenlace: «Es necesario crear un cambio para toda la Policía de Córdoba. El objetivo era «lograr que se limpie la corrupción de una vez por todas y que se denuncien las irregularidades conocidas hoy en día por todos los habitantes de la provincia».
Asimismo dejaba bien en claro que «este cambio es para sus familias y su vida cotidiana» , y convocaba «a reunirse frente a Jefatura el lunes 18 de noviembre a las 6 de la tarde».
Ese fue el inicio de una cadena incesante de advertencias que se multiplicaban a diario instando a marchar, protestar e incluso a acuartelarse, con el objetivo de reclamar mejoras salariales, un bono de fin de año y una limpieza de la imagen de la fuerza.
Las denuncias y el malestar creciente forzaron el lunes a De la Sota a tomar una decisión cosmética, que creyó le permitiría concretar su viaje a Colombia. Ordenó otorgar, a través del Ministerio de Seguridad, un aumento en los adicionales que cobran los efectivos, que no alcanzó para evitar que horas más tarde, ya en la madrugada del martes, el anuncio del acuartelamiento en el Distrito 5.
Por: Florencia Arbeleche
El gobernador fue advertido sobre los incidentes en la escala obligada en Panamá (arriba), rumbo a Colombia. Desde allí regresó a Córdoba. Muchos vecinos y dueños de comercios (izq.) se armaron para frenar el avance de los delincuentes, frente al caos producido por la ausencia de personal policial.
C órdoba – Pese a tener información previa sobre la posibilidad de que se produjera un motín policial, José Manuel de la Sota no vaciló ni un minuto en subirse al avión que debía transportarlo a la cumbre de gobernadores en Valledupar, Colombia. El estallido lo encontró a mitad de camino, en la ciudad de Panamá, escala obligada por la aerolínea.
Esa subestimación de los acontecimientos, que se convirtió con el correr de las horas en una de las crisis sociales más graves en la historia reciente de Córdoba , obligó al propio delasotismo a tener que admitir públicamente el error de cálculo.
«Probablemente no hubo una evaluación profunda de la situación por parte del Gobierno provincial y eso derivó en este escenario» , debieron reconocer el jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien junto a la vicegobernadora Alicia Pregno intentaron -sin éxito- durante todo el martes encauzar el conflicto con los efectivos.
El senador del Frente Cívico Luis Juez culpó al gobernador por los incidentes y lo acusó de «vivir de vacaciones» , y recordó que «lo tuvimos que traer a los empujones para que venga a resolver un conflicto que hace meses sabíamos que iba a suceder» .
El malestar con la fuerza policial tiene su origen en la decisión del Estado cordobés de desactivar los presuntos vínculos con el narcotráfico, una pelea que empezó hace más de seis meses con sonadas detenciones de altos jefes policiales y la renuncia del ministro de Seguridad Alejo Paredes.
Ese avance sobre la corrupción enquistada en la cúpula de la fuerza activó la reacción de los subalternos y de sus familiares, que venían reclamando una «limpieza de imagen».
Pero la falta de respuesta del Gobierno de De la Sota para contener ese malestar gestó con el correr de los días un escenario de resultado previsible.
El 14 de noviembre una ola de mensajes anónimos recibidos en teléfonos de los funcionarios, efectivos, guardiacárceles y familias anticipó el desenlace: «Es necesario crear un cambio para toda la Policía de Córdoba. El objetivo era «lograr que se limpie la corrupción de una vez por todas y que se denuncien las irregularidades conocidas hoy en día por todos los habitantes de la provincia».
Asimismo dejaba bien en claro que «este cambio es para sus familias y su vida cotidiana» , y convocaba «a reunirse frente a Jefatura el lunes 18 de noviembre a las 6 de la tarde».
Ese fue el inicio de una cadena incesante de advertencias que se multiplicaban a diario instando a marchar, protestar e incluso a acuartelarse, con el objetivo de reclamar mejoras salariales, un bono de fin de año y una limpieza de la imagen de la fuerza.
Las denuncias y el malestar creciente forzaron el lunes a De la Sota a tomar una decisión cosmética, que creyó le permitiría concretar su viaje a Colombia. Ordenó otorgar, a través del Ministerio de Seguridad, un aumento en los adicionales que cobran los efectivos, que no alcanzó para evitar que horas más tarde, ya en la madrugada del martes, el anuncio del acuartelamiento en el Distrito 5.
