Fueron horas de incertidumbre y miedo. Muchas. Entre la tarde del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de diciembre, el acuartelamiento del personal policial detonó saqueos, robos y tiros que se extendieron por la provincia de Córdoba como un reguero de violencia tan previsible como letal. El saldo –provisorio– de esa noche de furia: dos muertos, un centenar de heridos, pérdidas económicas millonarias y una multitud de sospechas que apuntan a la convivencia de bandas narcos con las fuerzas de seguridad y el descontrol político de una provincia bajo el dominio de un dirigente con aspiración presidencial.
José Manuel de la Sota se anotició de la crisis cuando puso un pie en Panamá. Fue en la madrugada del martes, cuando el conflicto policial llevaba varias horas de cocción. Los uniformados se acuartelaron poco después de que el gobernador tomara su vuelo con destino final a Colombia, previa escala en el país que se hizo célebre por su canal. La coincidencia entre la asonada policial y el viaje del mandatario despertó las primeras suspicacias: ¿los policías esperaron la acefalía para endurecer sus reclamos frente a un gobierno institucionalmente debilitado o el gobernador huyó de una provincia que hacía varios días había comenzado a conflagrar con una sucesión de conflictos que involucró a trabajadores judiciales y de la salud, entre otros?
Como forma de espantar los reclamos de los empleados estatales, De la Sota había ensayado el viejo recurso de victimizarse frente al Estado nacional, al que acusa de deberle dinero por coparticipación y previsión social. La misma estrategia utilizó en la madrugada del miércoles, cuando el avión de COPA lo depositó de vuelta en su incendiada Córdoba natal. “Todo esto es culpa de la inflación”, atinó a decir el mandatario, como insólita explicación frente al miedo que había copado las calles de las principales ciudades de su provincia.
El epicentro del caos fue la capital, donde se vivieron escenas dantescas, con vecinos que robaban los comercios de los barrios, sobre todo electrodomésticos, ropa de marca, motocicletas y bebidas alcohólicas, mientras otros se armaban contra los ladrones. Hubo casos donde se produjeron linchamientos tanto contra quienes habían participado de los saqueos como contra simples transeúntes. Como consecuencia fatal, un joven de 20 años recibió un disparo mientras que un hombre de 85 años murió durante un asalto en su vivienda. Al cierre de esta edición se registraban al menos 60 heridos de bala, arma blanca y golpes. Como daño colateral, pero no menos grave, en las calles y en las redes sociales brotó el racismo y la discriminación. “Fueron los negros de mierda”, dijeron muchos –demasiados–, refiriéndose de ese modo a personas de condición humilde que habitan como pueden en la periferia de una ciudad próspera de soja y producción automotriz.
El martes se firmó un acuerdo salarial entre la policía y el gobernador provincial, que tuvo que suspender su viaje oficial a Colombia –previo paso por el free shop– para negociar con los policías acuartelados. El salario mínimo de los policías pasó de 6 mil a 8 mil pesos. Y se aumentarán los adicionales un 52 por ciento. Sus promesas de llevar a la Justicia a los policías rebeldes no se cumplieron. Salió fortalecida la misma institución que en los últimos tiempos quedó expuesta por los estrechos vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos organizados, un dato que brilló por su ausencia en el discurso victimizado del gobernador.
Por su reconocido trabajo social y cultural, Susana Fiorito, de la Biblioteca Popular de Bella Vista, es una de las referentes más autorizadas para analizar la situación. “¿Quién más si no la policía tiene capacidad para organizar algo así?”, se preguntó en conversación con Veintitrés. “Acá hay un chantajeador, la policía, y uno que se daja chantajear, De la Sota”, señaló, para luego contextualizar su opinión. “Desde hace años que sabemos lo que últimamente está siendo más denunciado: la policía es la que regula el delito. Por nuestro trabajo con la biblioteca tenemos contacto con muchísimos casos de chicos de barrios populares que nos cuentan cómo la policía o bien les roba o los obliga a que roben para ellos”, denunció Fiorito, que apunta a lo planificado que fue el caos: “Hay relatos coincidentes de que los focos del saqueo comenzaron todos en el mismo horario y de la misma manera: llegaba un auto con personas que rompían los vidrios y por atrás decenas de motos cargaban en el baúl del vehículo los productos”.
Fiorito recordó que la policía cordobesa “sufrió hace poco tiempo una dura acusación que puso al descubierto el entramado de corrupción y la relación de las fuerzas policiales con el crimen organizado, lo que repercutió negativamente en cuanto al prestigio y el apoyo social hacia la institución”. Según analizó la referente, hay que evaluar en qué medida el “desmadre” que se vivió no es “un aviso de lo que pasa cuando el poder político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio aparato represivo, en un contexto donde fue denunciada la relación entre el narcotráfico y la policía”.
El comisario retirado Julio Giménez es uno de los principales denunciantes contra la corrupción en la policía cordobesa. En diálogo con esta revista puntualizó que “detrás de los saqueos hay un mensaje mafioso. La relación entre jefes policiales con el crimen ha quedado largamente demostrada. Evidentemente esto podría haber estado promovido por Ramón Frías, Alejo Paredes y Rafael Sosa”, en referencia a los funcionarios acusados de complicidad narco. Como dato adicional, Giménez subrayó que “los saqueos comenzaron en la zona sur, donde históricamente Paredes fue quien manejo todo”.
A pesar de sus sospechas, el ex policía Giménez desligó a los acuartelados de los saqueos. Destacó que quienes protagonizaron la protesta son “los que están en la trinchera”, es decir, efectivos que no tienen cargo jerárquico. “Tienen que poner plata para que los coches sigan funcionando, pedir colaboración a los comercios. Son los que tienen que soportar lugares inhumanos para descansar, baños con aguas servidas, comidas con cucarachas. Y una carga horaria totalmente inhumana, además del servicio tienen que hacer adicionales para llegar a una suma de dinero que les alcance. El año pasado se suicidaron 30 policías, mientras que este año ya hubo 20 casos de policías que se quitaron la vida. Un jefe cobra más de 23 mil pesos, cuando el resto cobra 5 o 6 mil pesos de bolsillo; para hacer 2 o 3 mil pesos más, tiene que trabajar 8 horas más y se lo pagan con 45 días de demora. Encima, el 10 por ciento de los adicionales se lo queda la jefatura, son cifras millonarias. Lo policías de abajo ven cómo los jefes se enriquecen y son corruptos. Y esto no acabó con las renuncias de Frías y de Paredes. La ministra Alejandra Monteoliva y el jefe de la policía César Almada son lo mismo, gente del riñón de Paredes, que era el nexo entre narcotráfico, policía y poder político”.
En esa línea, el periodista José Hernández, integrante de Ecos Córdoba, de Indymedia y de la Red Nacional de Medios Alternativos, aportó algunas pistas sobre los hechos. “Muchos se preguntan cómo pudo ocurrir esto y quiénes están detrás de los saqueos. No es lineal, pero el contexto nos da pistas. Hace más de un mes están detenidos varios jefes policiales involucrados en el narcotráfico, lo que desencadenó una crisis de gobernabilidad que no tiene fondo aún”. Uno de los imputados es Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas y policía estrella de De la Sota. Esto desembocó en la renuncia del ministro de Seguridad Alejo Paredes y del jefe de la policía Ramón Frías, ambos acusados por organizaciones de derechos humanos locales de ser garantes de la continuidad de la policía de la dictadura.
Hernández remarcó que “no hay que olvidar el estilo de este gobierno de cerrar todas las puertas al diálogo e imponer todo, como ocurrió con el acampe contra la planta de semillas que pretende instalar la multinacional Monsanto en Malvinas, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde en casi tres meses de corte el gobierno solamente envió fuerzas represivas y las patotas de la UOCRA que golpearon a manifestantes mientras la policía los dejaba hacer. Esto se suma a las amenazas y agresiones contra Sofía Gatica, referente de la lucha contra la contaminación ambiental”. Según analizó Hernández, “el clima ya venía enrarecido”. A lo de la represión contra los manifestantes anti-Monsanto se le suman otros hechos: “En Capilla del Señor se produjo recientemente una pueblada por el asesinato del joven Jorge Reyna en una comisaría. Sus padres denuncian que la policía lo obligaba a robar. Y recientemente se produjo la Marcha de la Gorra, con más de 20 mil personas, la más masiva en estos siete años en que se vienen haciendo estas movilizaciones contra el Código de Faltas y la violencia policial”.
El corresponsal de Veintitrés en la ciudad de Córdoba, Lázaro Llorens, presenció como una camioneta 4×4 de alta gama iniciaba uno de los saqueos en el barrio Los Boulevares. Según apuntó, nada de esto hubiera sucedido si no se hubiesen sumado dos factores: “La precarización laboral absoluta con muy bajos sueldos en la que vienen trabajando los policías. De la Sota no quiso ni atender a las mujeres de los policías. Todo porque no quiere abrir paritarias con nadie. Esto se suma a las consecuencias del modelo de exclusión del delasotismo que deja afuera a tantos jóvenes. Procuran expulsar a los pobres de la ciudad. Ese es el caldo de cultivo en el que se produce todo esto”.
A las organizaciones sociales les preocupa, además de la situación social, cuál va a ser la salida de la crisis, donde la policía quedó con vía libre para profundizar la persecución contra jóvenes de condición humilde. El referente de la regional Córdoba del Frente Popular Darío Santillán, Pablo Núñez, advirtió que no son necesarias más “leyes duras contra los pibes ni llenar de policías las calles”. Según consideró el militante, es necesario “poner fin al proyecto represivo delasotista que, junto al Poder Judicial, protege a la policía del gatillo fácil, la que extorsiona a niños y adolescentes para que delincan, la que les cobra su parte en el negocio a tratantes y narcos, cuando no son estos ellos mismos. Hay que romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PFA–, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrada la policía. Córdoba es un perfecto ejemplo de cómo el poder político apuesta a reforzar la relación entre mafias y fuerzas de seguridad, que son las que generan inseguridad”.
Los testimonios coinciden en el diagnóstico: si los robos y saqueos fueron organizados, y no provinieron de la desesperación social, en Córdoba habitan organizaciones criminales interesadas en generar una situación de caos, lo que en la noche del martes se materializó. Pero el horror podría haber sido mucho peor si, como se reclamó tardíamente desde la provincia, la Gendarmería hubiese irrumpido a sangre y fuego para conjurar la situación.
La ausencia de fuerzas federales fue otro de los argumentos que De la Sota utilizó para exculparse frente a las esquirlas de una ciudad ardiente. En este caso, la tarea de victimización incluyó imágenes patéticas, como el tuit que el mandatario envió cerca de las tres de la mañana reclamando que los gendarmes repusieran el orden en su provincia. Por cierto, la ley de seguridad interior prevé condiciones y mecanismos formales para reclamar este tipo de asistencias –el Twitter no está contemplado como opción–, pero lo más llamativo fue la contradicción entre el gobernador y su ministra Monteoliva, quien cerca de las 10.30 de la noche del martes había descartado convocar a la Gendarmería para resolver la seguridad local.
Frente a las idas y vueltas del gobernador y sus subordinados, el gobierno nacional se mantuvo en silencio mientras los tiros resonaban en las calles de La Docta. Recién en la mañana del miércoles, el secretario de seguridad Sergio Berni ordenó el traslado de dos mil efectivos a la provincia, cuando lo peor ya había quedado atrás. El kirchnerismo podía argumentar, con razón, que la gestión De la Sota había actuado con payasesca impericia frente a la crisis al utilizar una red social para pedir lo que pocas horas antes había negado, pero eso no amortiguó el enojo de muchos vecinos que se sintieron abandonados por el Ejecutivo nacional frente a la incapacidad de la provincia para hacerse cargo de la situación. En la Argentina, un país federal con pensamiento unitario, la transferencia de culpas y responsabilidades al gobierno central es un deporte que muchos gobernadores practican con eficacia para descargar el costo político en la Nación. Y De la Sota, en ese deporte, es un crack.
José Manuel de la Sota se anotició de la crisis cuando puso un pie en Panamá. Fue en la madrugada del martes, cuando el conflicto policial llevaba varias horas de cocción. Los uniformados se acuartelaron poco después de que el gobernador tomara su vuelo con destino final a Colombia, previa escala en el país que se hizo célebre por su canal. La coincidencia entre la asonada policial y el viaje del mandatario despertó las primeras suspicacias: ¿los policías esperaron la acefalía para endurecer sus reclamos frente a un gobierno institucionalmente debilitado o el gobernador huyó de una provincia que hacía varios días había comenzado a conflagrar con una sucesión de conflictos que involucró a trabajadores judiciales y de la salud, entre otros?
Como forma de espantar los reclamos de los empleados estatales, De la Sota había ensayado el viejo recurso de victimizarse frente al Estado nacional, al que acusa de deberle dinero por coparticipación y previsión social. La misma estrategia utilizó en la madrugada del miércoles, cuando el avión de COPA lo depositó de vuelta en su incendiada Córdoba natal. “Todo esto es culpa de la inflación”, atinó a decir el mandatario, como insólita explicación frente al miedo que había copado las calles de las principales ciudades de su provincia.
El epicentro del caos fue la capital, donde se vivieron escenas dantescas, con vecinos que robaban los comercios de los barrios, sobre todo electrodomésticos, ropa de marca, motocicletas y bebidas alcohólicas, mientras otros se armaban contra los ladrones. Hubo casos donde se produjeron linchamientos tanto contra quienes habían participado de los saqueos como contra simples transeúntes. Como consecuencia fatal, un joven de 20 años recibió un disparo mientras que un hombre de 85 años murió durante un asalto en su vivienda. Al cierre de esta edición se registraban al menos 60 heridos de bala, arma blanca y golpes. Como daño colateral, pero no menos grave, en las calles y en las redes sociales brotó el racismo y la discriminación. “Fueron los negros de mierda”, dijeron muchos –demasiados–, refiriéndose de ese modo a personas de condición humilde que habitan como pueden en la periferia de una ciudad próspera de soja y producción automotriz.
El martes se firmó un acuerdo salarial entre la policía y el gobernador provincial, que tuvo que suspender su viaje oficial a Colombia –previo paso por el free shop– para negociar con los policías acuartelados. El salario mínimo de los policías pasó de 6 mil a 8 mil pesos. Y se aumentarán los adicionales un 52 por ciento. Sus promesas de llevar a la Justicia a los policías rebeldes no se cumplieron. Salió fortalecida la misma institución que en los últimos tiempos quedó expuesta por los estrechos vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos organizados, un dato que brilló por su ausencia en el discurso victimizado del gobernador.
Por su reconocido trabajo social y cultural, Susana Fiorito, de la Biblioteca Popular de Bella Vista, es una de las referentes más autorizadas para analizar la situación. “¿Quién más si no la policía tiene capacidad para organizar algo así?”, se preguntó en conversación con Veintitrés. “Acá hay un chantajeador, la policía, y uno que se daja chantajear, De la Sota”, señaló, para luego contextualizar su opinión. “Desde hace años que sabemos lo que últimamente está siendo más denunciado: la policía es la que regula el delito. Por nuestro trabajo con la biblioteca tenemos contacto con muchísimos casos de chicos de barrios populares que nos cuentan cómo la policía o bien les roba o los obliga a que roben para ellos”, denunció Fiorito, que apunta a lo planificado que fue el caos: “Hay relatos coincidentes de que los focos del saqueo comenzaron todos en el mismo horario y de la misma manera: llegaba un auto con personas que rompían los vidrios y por atrás decenas de motos cargaban en el baúl del vehículo los productos”.
Fiorito recordó que la policía cordobesa “sufrió hace poco tiempo una dura acusación que puso al descubierto el entramado de corrupción y la relación de las fuerzas policiales con el crimen organizado, lo que repercutió negativamente en cuanto al prestigio y el apoyo social hacia la institución”. Según analizó la referente, hay que evaluar en qué medida el “desmadre” que se vivió no es “un aviso de lo que pasa cuando el poder político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio aparato represivo, en un contexto donde fue denunciada la relación entre el narcotráfico y la policía”.
El comisario retirado Julio Giménez es uno de los principales denunciantes contra la corrupción en la policía cordobesa. En diálogo con esta revista puntualizó que “detrás de los saqueos hay un mensaje mafioso. La relación entre jefes policiales con el crimen ha quedado largamente demostrada. Evidentemente esto podría haber estado promovido por Ramón Frías, Alejo Paredes y Rafael Sosa”, en referencia a los funcionarios acusados de complicidad narco. Como dato adicional, Giménez subrayó que “los saqueos comenzaron en la zona sur, donde históricamente Paredes fue quien manejo todo”.
A pesar de sus sospechas, el ex policía Giménez desligó a los acuartelados de los saqueos. Destacó que quienes protagonizaron la protesta son “los que están en la trinchera”, es decir, efectivos que no tienen cargo jerárquico. “Tienen que poner plata para que los coches sigan funcionando, pedir colaboración a los comercios. Son los que tienen que soportar lugares inhumanos para descansar, baños con aguas servidas, comidas con cucarachas. Y una carga horaria totalmente inhumana, además del servicio tienen que hacer adicionales para llegar a una suma de dinero que les alcance. El año pasado se suicidaron 30 policías, mientras que este año ya hubo 20 casos de policías que se quitaron la vida. Un jefe cobra más de 23 mil pesos, cuando el resto cobra 5 o 6 mil pesos de bolsillo; para hacer 2 o 3 mil pesos más, tiene que trabajar 8 horas más y se lo pagan con 45 días de demora. Encima, el 10 por ciento de los adicionales se lo queda la jefatura, son cifras millonarias. Lo policías de abajo ven cómo los jefes se enriquecen y son corruptos. Y esto no acabó con las renuncias de Frías y de Paredes. La ministra Alejandra Monteoliva y el jefe de la policía César Almada son lo mismo, gente del riñón de Paredes, que era el nexo entre narcotráfico, policía y poder político”.
En esa línea, el periodista José Hernández, integrante de Ecos Córdoba, de Indymedia y de la Red Nacional de Medios Alternativos, aportó algunas pistas sobre los hechos. “Muchos se preguntan cómo pudo ocurrir esto y quiénes están detrás de los saqueos. No es lineal, pero el contexto nos da pistas. Hace más de un mes están detenidos varios jefes policiales involucrados en el narcotráfico, lo que desencadenó una crisis de gobernabilidad que no tiene fondo aún”. Uno de los imputados es Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas y policía estrella de De la Sota. Esto desembocó en la renuncia del ministro de Seguridad Alejo Paredes y del jefe de la policía Ramón Frías, ambos acusados por organizaciones de derechos humanos locales de ser garantes de la continuidad de la policía de la dictadura.
Hernández remarcó que “no hay que olvidar el estilo de este gobierno de cerrar todas las puertas al diálogo e imponer todo, como ocurrió con el acampe contra la planta de semillas que pretende instalar la multinacional Monsanto en Malvinas, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde en casi tres meses de corte el gobierno solamente envió fuerzas represivas y las patotas de la UOCRA que golpearon a manifestantes mientras la policía los dejaba hacer. Esto se suma a las amenazas y agresiones contra Sofía Gatica, referente de la lucha contra la contaminación ambiental”. Según analizó Hernández, “el clima ya venía enrarecido”. A lo de la represión contra los manifestantes anti-Monsanto se le suman otros hechos: “En Capilla del Señor se produjo recientemente una pueblada por el asesinato del joven Jorge Reyna en una comisaría. Sus padres denuncian que la policía lo obligaba a robar. Y recientemente se produjo la Marcha de la Gorra, con más de 20 mil personas, la más masiva en estos siete años en que se vienen haciendo estas movilizaciones contra el Código de Faltas y la violencia policial”.
El corresponsal de Veintitrés en la ciudad de Córdoba, Lázaro Llorens, presenció como una camioneta 4×4 de alta gama iniciaba uno de los saqueos en el barrio Los Boulevares. Según apuntó, nada de esto hubiera sucedido si no se hubiesen sumado dos factores: “La precarización laboral absoluta con muy bajos sueldos en la que vienen trabajando los policías. De la Sota no quiso ni atender a las mujeres de los policías. Todo porque no quiere abrir paritarias con nadie. Esto se suma a las consecuencias del modelo de exclusión del delasotismo que deja afuera a tantos jóvenes. Procuran expulsar a los pobres de la ciudad. Ese es el caldo de cultivo en el que se produce todo esto”.
A las organizaciones sociales les preocupa, además de la situación social, cuál va a ser la salida de la crisis, donde la policía quedó con vía libre para profundizar la persecución contra jóvenes de condición humilde. El referente de la regional Córdoba del Frente Popular Darío Santillán, Pablo Núñez, advirtió que no son necesarias más “leyes duras contra los pibes ni llenar de policías las calles”. Según consideró el militante, es necesario “poner fin al proyecto represivo delasotista que, junto al Poder Judicial, protege a la policía del gatillo fácil, la que extorsiona a niños y adolescentes para que delincan, la que les cobra su parte en el negocio a tratantes y narcos, cuando no son estos ellos mismos. Hay que romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PFA–, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrada la policía. Córdoba es un perfecto ejemplo de cómo el poder político apuesta a reforzar la relación entre mafias y fuerzas de seguridad, que son las que generan inseguridad”.
Los testimonios coinciden en el diagnóstico: si los robos y saqueos fueron organizados, y no provinieron de la desesperación social, en Córdoba habitan organizaciones criminales interesadas en generar una situación de caos, lo que en la noche del martes se materializó. Pero el horror podría haber sido mucho peor si, como se reclamó tardíamente desde la provincia, la Gendarmería hubiese irrumpido a sangre y fuego para conjurar la situación.
La ausencia de fuerzas federales fue otro de los argumentos que De la Sota utilizó para exculparse frente a las esquirlas de una ciudad ardiente. En este caso, la tarea de victimización incluyó imágenes patéticas, como el tuit que el mandatario envió cerca de las tres de la mañana reclamando que los gendarmes repusieran el orden en su provincia. Por cierto, la ley de seguridad interior prevé condiciones y mecanismos formales para reclamar este tipo de asistencias –el Twitter no está contemplado como opción–, pero lo más llamativo fue la contradicción entre el gobernador y su ministra Monteoliva, quien cerca de las 10.30 de la noche del martes había descartado convocar a la Gendarmería para resolver la seguridad local.
Frente a las idas y vueltas del gobernador y sus subordinados, el gobierno nacional se mantuvo en silencio mientras los tiros resonaban en las calles de La Docta. Recién en la mañana del miércoles, el secretario de seguridad Sergio Berni ordenó el traslado de dos mil efectivos a la provincia, cuando lo peor ya había quedado atrás. El kirchnerismo podía argumentar, con razón, que la gestión De la Sota había actuado con payasesca impericia frente a la crisis al utilizar una red social para pedir lo que pocas horas antes había negado, pero eso no amortiguó el enojo de muchos vecinos que se sintieron abandonados por el Ejecutivo nacional frente a la incapacidad de la provincia para hacerse cargo de la situación. En la Argentina, un país federal con pensamiento unitario, la transferencia de culpas y responsabilidades al gobierno central es un deporte que muchos gobernadores practican con eficacia para descargar el costo político en la Nación. Y De la Sota, en ese deporte, es un crack.
