Sobre llovido, mojado. En medio de las protestas policiales, ciertos sectores políticos se expresaron promoviendo la sindicalización policial como forma de contener y resolver el conflicto que ha involucrado a las fuerzas de seguridad en casi todo el país.
Los argumentos de los defensores de la sindicalización son teóricamente plausibles. Plantean la «expansión de derechos» a los trabajadores de la seguridad, la posibilidad de discutir acuerdos laborales y condiciones de trabajo, de generar protección contra medidas arbitrarias y abuso de autoridad, de construir canales adecuados para expresar y regular el conflicto laboral mejorando la capacidad de negociación de los policías frente al Estado-empleador, entre otras razones.
Ahora bien, hay un conjunto de preguntas prácticas que la teoría promotora de la sindicalización no responde. En efecto, ¿es la sindicalización una prioridad en la agenda, dado el problema de seguridad que aqueja a la Argentina y las (no)capacidades con las que cuenta el Estado para proteger apropiadamente la vida, libertad y patrimonio de las personas? Más aún, la existencia de sindicatos policiales, ¿sería un factor promotor, neutral o refractario de la modernización policial necesaria en nuestro país? Finalmente, con sindicatos policiales, este tipo de conflictos, ¿serían más o menos recurrentes? ¿Se hubiese evitado la situación actual o se la hubiese potenciado?
Es necesario tener presente que esta crisis se explica por ciertos factores de contexto y otros específicos de las policías argentinas. Fundamentalmente, la estructura salarial policial. Éste es el nudo gordiano que ningún gobierno de la democracia ha querido desatar. Hacerlo no lleva a conquistar el mundo, como la leyenda griega mentaba, pero sí a organizar un servicio de policía adecuado. Las estructuras actuales obligan a los policías a sobreemplearse de modo de obtener ingresos adicionales a su salario básico. Esto llevó a desorganizar el servicio de policía, es decir, a organizarlo de modo de permitir que el policía trabaje en sus horarios de descanso y descanse en sus horarios de servicio. En este contexto, por ejemplo, no hay posibilidad de entrenamiento ni de capacitación, ya que esto compite con el tiempo dedicado a los ingresos adicionales. El desorden de vida que acarrea el servicio lleva a la mala alimentación, que se expresa en el mal estado físico del grueso de los efectivos de más de 30 años de edad.
La tercerización del ajuste en las provincias, la inflación y la legitimización social ya instalada del piquete, el bloqueo y la toma como métodos de protesta explican el resto. Por cierto, nada de todo esto es evitado por la sindicalización.
Entonces, ¿qué sentido tiene promoverla? Cuando las políticas están fuertemente sesgadas por los ideologismos, las soluciones son más importantes que los problemas. Así lo muestra la experiencia en materia de políticas de seguridad en la Argentina, sean de cuño «progresista» o de factura «mano dura».
En su lugar, las policías argentinas claman a gritos una modernización que contenga una serie de aspectos fundamentales; por ejemplo: una nueva organización institucional basada en la descentralización operativa y la concentración de información e inteligencia; un nuevo » management » que establezca claros sistemas de premios y castigos en relación con el cumplimiento de metas; un nuevo régimen de personal con concursos internos de oposición para ocupar cargos y ascensos basados en la meritocracia y no en la antigüedad; nuevos sistemas de control y auditoría, de modo de poder otorgar facultades indispensables para la labor policial, entre otros puntos.
Frente a esta agenda de modernización, que más necesaria se hace cuanto más se demora, ¿cuál sería la actitud de un gremio policial? ¿Cómo tomaría un sindicato policial la iniciativa de evaluar a los policías? Si tomamos como parámetro la postura de los sindicatos docentes bonaerenses a los distintos intentos de modernización del sistema educativo de la provincia (por ejemplo, la evaluación docente), no habría antecedentes que auguren un buen presagio. Entonces, ¿es oportuno organizar a un actor que seguramente va a ser refractario a una necesaria política de modernización? ¿Cómo se hubiese comportado un gremio policial en los períodos donde se buscó depurar a la policía bonaerense? ¿Hubiesen apoyado o rechazado la depuración intentada?
A lo largo de estos treinta años de democracia, la política argentina reaccionó al problema de la seguridad con un patrón común: rodear el problema, nunca enfrentarlo. Esperemos que en este tema, a diferencia de otros, no se pretenda apagar el fuego con más nafta, porque, como dice el proverbio, «quien no tenga cabeza para pensar, deberá tener espalda para soportar».
© LA NACION .
Los argumentos de los defensores de la sindicalización son teóricamente plausibles. Plantean la «expansión de derechos» a los trabajadores de la seguridad, la posibilidad de discutir acuerdos laborales y condiciones de trabajo, de generar protección contra medidas arbitrarias y abuso de autoridad, de construir canales adecuados para expresar y regular el conflicto laboral mejorando la capacidad de negociación de los policías frente al Estado-empleador, entre otras razones.
Ahora bien, hay un conjunto de preguntas prácticas que la teoría promotora de la sindicalización no responde. En efecto, ¿es la sindicalización una prioridad en la agenda, dado el problema de seguridad que aqueja a la Argentina y las (no)capacidades con las que cuenta el Estado para proteger apropiadamente la vida, libertad y patrimonio de las personas? Más aún, la existencia de sindicatos policiales, ¿sería un factor promotor, neutral o refractario de la modernización policial necesaria en nuestro país? Finalmente, con sindicatos policiales, este tipo de conflictos, ¿serían más o menos recurrentes? ¿Se hubiese evitado la situación actual o se la hubiese potenciado?
Es necesario tener presente que esta crisis se explica por ciertos factores de contexto y otros específicos de las policías argentinas. Fundamentalmente, la estructura salarial policial. Éste es el nudo gordiano que ningún gobierno de la democracia ha querido desatar. Hacerlo no lleva a conquistar el mundo, como la leyenda griega mentaba, pero sí a organizar un servicio de policía adecuado. Las estructuras actuales obligan a los policías a sobreemplearse de modo de obtener ingresos adicionales a su salario básico. Esto llevó a desorganizar el servicio de policía, es decir, a organizarlo de modo de permitir que el policía trabaje en sus horarios de descanso y descanse en sus horarios de servicio. En este contexto, por ejemplo, no hay posibilidad de entrenamiento ni de capacitación, ya que esto compite con el tiempo dedicado a los ingresos adicionales. El desorden de vida que acarrea el servicio lleva a la mala alimentación, que se expresa en el mal estado físico del grueso de los efectivos de más de 30 años de edad.
La tercerización del ajuste en las provincias, la inflación y la legitimización social ya instalada del piquete, el bloqueo y la toma como métodos de protesta explican el resto. Por cierto, nada de todo esto es evitado por la sindicalización.
Entonces, ¿qué sentido tiene promoverla? Cuando las políticas están fuertemente sesgadas por los ideologismos, las soluciones son más importantes que los problemas. Así lo muestra la experiencia en materia de políticas de seguridad en la Argentina, sean de cuño «progresista» o de factura «mano dura».
En su lugar, las policías argentinas claman a gritos una modernización que contenga una serie de aspectos fundamentales; por ejemplo: una nueva organización institucional basada en la descentralización operativa y la concentración de información e inteligencia; un nuevo » management » que establezca claros sistemas de premios y castigos en relación con el cumplimiento de metas; un nuevo régimen de personal con concursos internos de oposición para ocupar cargos y ascensos basados en la meritocracia y no en la antigüedad; nuevos sistemas de control y auditoría, de modo de poder otorgar facultades indispensables para la labor policial, entre otros puntos.
Frente a esta agenda de modernización, que más necesaria se hace cuanto más se demora, ¿cuál sería la actitud de un gremio policial? ¿Cómo tomaría un sindicato policial la iniciativa de evaluar a los policías? Si tomamos como parámetro la postura de los sindicatos docentes bonaerenses a los distintos intentos de modernización del sistema educativo de la provincia (por ejemplo, la evaluación docente), no habría antecedentes que auguren un buen presagio. Entonces, ¿es oportuno organizar a un actor que seguramente va a ser refractario a una necesaria política de modernización? ¿Cómo se hubiese comportado un gremio policial en los períodos donde se buscó depurar a la policía bonaerense? ¿Hubiesen apoyado o rechazado la depuración intentada?
A lo largo de estos treinta años de democracia, la política argentina reaccionó al problema de la seguridad con un patrón común: rodear el problema, nunca enfrentarlo. Esperemos que en este tema, a diferencia de otros, no se pretenda apagar el fuego con más nafta, porque, como dice el proverbio, «quien no tenga cabeza para pensar, deberá tener espalda para soportar».
© LA NACION .
