Milani, feliz anteayer, en el acto de entrega de su diploma como teniente general. Foto: LA NACION / Fabián Marelli
Los esfuerzos del Gobierno por aprobar el ascenso a teniente general del jefe del Ejército, César Milani , llegaron de la mano de más recursos para la participación de la fuerza en tareas de seguridad interior.
El 7 de noviembre último, cuando Cristina Kirchner estaba de licencia, el vicepresidente Amado Boudou firmó el decreto 1757/2013, que reasignó partidas presupuestarias y le dio al Ejército $ 1325 millones adicionales para financiar el apoyo de efectivos militares al programa Escudo Norte, que lleva adelante la Gendarmería en zonas de frontera.
El monto duplica los $ 626,9 millones que todas las Fuerzas Armadas destinan al área de la inteligencia militar, la especialidad del jefe Milani. El propio decreto fundamenta la asignación de más fondos al Ejército en la necesidad de «cumplimentar las exigencias de adiestramiento y de mantenimiento de la reserva operacional de la fuerza y para el Operativo Fortín II», con el cual los militares abastecen al Escudo Norte.
«No caben dudas de que la refuncionalización del Ejército al servicio del «proyecto nacional y popular» tiene como principal objetivo su participación en actividades de inteligencia y seguridad interior, ambas vedadas por la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la propia ley de inteligencia», denunció el diputado nacional Julio Martínez (UCR-La Rioja), que integra la Comisión de Defensa en la Cámara baja.
La ley de defensa nacional, sancionada en 1988, señala expresamente en su artículo 15 que «las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares». La ley de seguridad interior sólo prevé el apoyo logístico de militares.
Martínez interpretó: «El abierto involucramiento de la inteligencia militar en actividades de espionaje interno y la presencia cada vez más extendida de efectivos militares en diferentes circunstancias y conflictos pretende ejercer un efecto disuasivo frente a posibles desbordes sociales».
Hace cinco días, en medio de la conmoción social por las protestas policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que «las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el ámbito de la seguridad interior para resolver conflictos internos». Pese a las restricciones, estimó que pueden «prestar apoyo logístico de traslado de tropas, según lo establece la ley».
En diálogo con LA NACION, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena objetó la participación de la inteligencia militar en situaciones en que esté en juego la seguridad interior. «Está prohibido y no es la misión específica de las fuerzas», observó el ex funcionario, al recordar que el mes último el Ejército participó con la Gendarmería en el desalojo de 500 ocupantes en terrenos de la Armada en Río Gallegos.
Las críticas a la participación castrense en seguridad interior se extienden a las tareas de inteligencia. El presupuesto de esta área crece específicamente en el Ejército desde que es conducida por Milani. En 2008 era de $ 150 millones y el año próximo llegará a $ 431 millones, casi 70% de los recursos que destinan las Fuerzas Armadas a esa función. Fuentes castrenses admitieron que los recursos para inteligencia aumentan, pese a que no hay «hipótesis de conflicto».
A los $ 626,9 millones que el Ministerio de Defensa asigna a tareas de inteligencia se suman $ 689,3 millones presupuestados para el área de inteligencia de la Presidencia de la Nación y $ 558,1 millones para el Ministerio de Seguridad.
Los recursos reasignados al Ejército forman parte de un reparto de fondos más amplio, que llega a más de $ 80.000 millones en el decreto firmado por Boudou, para atender gastos operativos, el financiamiento de distintos programas, como Fútbol para Todos y compromisos de la deuda pública, entre otras urgencias. En el sector de Defensa, los $ 1325 millones asignados al Ejército se completan con $ 632,9 millones a la Fuerza Aérea y $ 493 millones a la Armada.
Los recursos a la inteligencia militar y la participación en seguridad interior crecen en medio de fuertes críticas por el estado de desinversión en el mantenimiento de materiales e insumos básicos. «La Argentina cuenta hoy sólo con un avión Hércules en condiciones de volar», advirtió el diputado Martínez. Según parámetros internacionales, Chile dedica el 65% del presupuesto militar a gastos de personal, y el 24%, a la compra de equipamiento. En la Argentina, los sueldos consumen el 80% de los recursos y sólo el 2,2% se destina a la adquisición de materiales. .
Del editor: qué significa.
El Gobierno imagina un Ejército más involucrado en cuestiones internas. La Gendarmería ya no cuenta con toda la confianza oficial, como antes.
Los esfuerzos del Gobierno por aprobar el ascenso a teniente general del jefe del Ejército, César Milani , llegaron de la mano de más recursos para la participación de la fuerza en tareas de seguridad interior.
El 7 de noviembre último, cuando Cristina Kirchner estaba de licencia, el vicepresidente Amado Boudou firmó el decreto 1757/2013, que reasignó partidas presupuestarias y le dio al Ejército $ 1325 millones adicionales para financiar el apoyo de efectivos militares al programa Escudo Norte, que lleva adelante la Gendarmería en zonas de frontera.
El monto duplica los $ 626,9 millones que todas las Fuerzas Armadas destinan al área de la inteligencia militar, la especialidad del jefe Milani. El propio decreto fundamenta la asignación de más fondos al Ejército en la necesidad de «cumplimentar las exigencias de adiestramiento y de mantenimiento de la reserva operacional de la fuerza y para el Operativo Fortín II», con el cual los militares abastecen al Escudo Norte.
«No caben dudas de que la refuncionalización del Ejército al servicio del «proyecto nacional y popular» tiene como principal objetivo su participación en actividades de inteligencia y seguridad interior, ambas vedadas por la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la propia ley de inteligencia», denunció el diputado nacional Julio Martínez (UCR-La Rioja), que integra la Comisión de Defensa en la Cámara baja.
La ley de defensa nacional, sancionada en 1988, señala expresamente en su artículo 15 que «las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares». La ley de seguridad interior sólo prevé el apoyo logístico de militares.
Martínez interpretó: «El abierto involucramiento de la inteligencia militar en actividades de espionaje interno y la presencia cada vez más extendida de efectivos militares en diferentes circunstancias y conflictos pretende ejercer un efecto disuasivo frente a posibles desbordes sociales».
Hace cinco días, en medio de la conmoción social por las protestas policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que «las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el ámbito de la seguridad interior para resolver conflictos internos». Pese a las restricciones, estimó que pueden «prestar apoyo logístico de traslado de tropas, según lo establece la ley».
En diálogo con LA NACION, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena objetó la participación de la inteligencia militar en situaciones en que esté en juego la seguridad interior. «Está prohibido y no es la misión específica de las fuerzas», observó el ex funcionario, al recordar que el mes último el Ejército participó con la Gendarmería en el desalojo de 500 ocupantes en terrenos de la Armada en Río Gallegos.
Las críticas a la participación castrense en seguridad interior se extienden a las tareas de inteligencia. El presupuesto de esta área crece específicamente en el Ejército desde que es conducida por Milani. En 2008 era de $ 150 millones y el año próximo llegará a $ 431 millones, casi 70% de los recursos que destinan las Fuerzas Armadas a esa función. Fuentes castrenses admitieron que los recursos para inteligencia aumentan, pese a que no hay «hipótesis de conflicto».
A los $ 626,9 millones que el Ministerio de Defensa asigna a tareas de inteligencia se suman $ 689,3 millones presupuestados para el área de inteligencia de la Presidencia de la Nación y $ 558,1 millones para el Ministerio de Seguridad.
Los recursos reasignados al Ejército forman parte de un reparto de fondos más amplio, que llega a más de $ 80.000 millones en el decreto firmado por Boudou, para atender gastos operativos, el financiamiento de distintos programas, como Fútbol para Todos y compromisos de la deuda pública, entre otras urgencias. En el sector de Defensa, los $ 1325 millones asignados al Ejército se completan con $ 632,9 millones a la Fuerza Aérea y $ 493 millones a la Armada.
Los recursos a la inteligencia militar y la participación en seguridad interior crecen en medio de fuertes críticas por el estado de desinversión en el mantenimiento de materiales e insumos básicos. «La Argentina cuenta hoy sólo con un avión Hércules en condiciones de volar», advirtió el diputado Martínez. Según parámetros internacionales, Chile dedica el 65% del presupuesto militar a gastos de personal, y el 24%, a la compra de equipamiento. En la Argentina, los sueldos consumen el 80% de los recursos y sólo el 2,2% se destina a la adquisición de materiales. .
Del editor: qué significa.
El Gobierno imagina un Ejército más involucrado en cuestiones internas. La Gendarmería ya no cuenta con toda la confianza oficial, como antes.
