27/12/13
Desde que nos hicimos cargo del Gobierno de la Ciudad, en 2007, hemos gobernado con aciertos y errores, pero cosechando un enorme apoyo de los vecinos. Porque lo agradecemos, no tomamos esa solidaridad activa como un cheque en blanco. Incluso aquellos que no nos han elegido reconocen que siempre abrimos el diálogo, damos la cara y manifestamos disposición a explicar nuestras decisiones las veces que sea necesario. Es lo que me propongo, una vez más, hacer ahora.
En los últimos días, mucho se ha dicho sobre el convenio que firmamos con el Gobierno Nacional sobre el juego. Vale la pena formular algunas aclaraciones sobre el tema: El Gobierno Nacional fue quien concesionó el juego en la Ciudad y todavía lo administra y controla. Hace seis años que el tema está judicializado.
En ese pleito sostenemos con firmeza que tal competencia debe ser recuperada por el Gobierno de la Ciudad con los recursos y las potestades pertinentes. Corresponde que así sea en defensa de la autonomía porteña, de igual manera que hemos exigido la transferencia de la policía y del puerto y hemos defendido los genuinos intereses locales en otras cuestiones que pertenecen, según la Constitución Nacional, a la esfera de atribuciones de la Ciudad y no del Gobierno Nacional. La justicia aún no ha resuelto el tema que hoy acapara la atención ciudadana. Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue administrando, contra lo que la Constitución Nacional establece, las concesiones del juego en la Ciudad. Son las mismas que él otorgó bajo condiciones que lamentablemente todavía se encuentran en pie.
La Ciudad, por decisión de la justicia, nunca pudo ni puede en este momento cobrar el impuesto de Ingresos Brutos al juego.
A fines de 2008, a partir de una propuesta del PRO, se sancionó la Ley 2.997, que impuso Ingresos Brutos a la actividad del juego en la CABA. Los operadores recurrieron a la Justicia Federal y de inmediato obtuvieron en primera instancia medidas cautelares que prohibían al Gobierno de la Ciudad “dictar cualquier acto administrativo o adoptar cualquier conducta que implique ejercer una pretensión de cobro sobre las actividades” que desarrollan como titulares de la concesión otorgada por el Estado Nacional a través de la Lotería Nacional. Apeladas las medidas por la Ciudad, fueron confirmadas en segunda instancia y, después, por la Corte de Justicia de la Nación, el 24 de septiembre de 2013, que decidió, sin embargo, no opinar sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, hasta que se dicte sentencia en la causa, el Gobierno de la Ciudad está impedido siquiera de intentar cobrar Ingresos Brutos a los operadores. Sin renunciar a ningún derecho propio ni reconocer ningún derecho de los operadores ni del Gobierno Nacional, continuamos con nuestro reclamo judicial con la expectativa de que pronto se reconozcan los derechos autonómicos en su plenitud.
Creemos acertado que el Gobierno de la Ciudad, sin renunciar a sus derechos, acepte percibir ingresos del Gobierno Nacional por la actividad del juego en territorio porteño , mientras el tema de la competencia está trabado en la justicia. Conviene recordar, entretanto, que el convenio original, todavía vigente, lo firmó Aníbal Ibarra, como jefe de Gobierno, en 2003.
La reciente modificación al Convenio original asegura un aumento de $300 millones de pesos anuales para la Ciudad.
Se aumenta de un 35% a un 50% el porcentaje que la Ciudad tenía sobre el canon que cobra al juego la Nación y se le suma a eso un 3% de las utilidades de la actividad. Es una mejora respecto del convenio original y sus renovaciones, y una alternativa para reducir el daño a la recaudación de la Ciudad mientras se lleva adelante el proceso judicial en el que se resolverá si corresponde, como lo reclamamos nosotros, que los operadores de juego tributen al Gobierno de la CABA y no al Gobierno Nacional.
La modificación al Convenio no condona la deuda pasada del impuesto a Ingresos Brutos que los operadores tengan con la Ciudad.
La modificación al convenio establece que sólo por los períodos en que se perciba el incremento del porcentaje del canon que la Lotería Nacional cede a la CABA (50%) y el canon suplementario (3% de las utilidades), tal pago extinguirá la pretensión tributaria de la CABA contra los operadores. No condona, por lo tanto, la deuda que pudiera existir desde la sanción de la Ley 2.997 y la entrada en vigencia de la modificación al convenio (enero 2014). Y el Gobierno de la CABA puede, apenas cuente con respaldo judicial, perseguir el cobro de Ingresos Brutos contra los operadores (lo que haría que la Lotería Nacional deje de pagar el aumento en el porcentaje y el canon suplementario). Son falsas, pues, las denuncias que se han hecho con seria tergiversación de los hechos y que han causado -no lo ignoro- desconcierto entre los vecinos de la Ciudad, a los que me debo.
La modificación al Convenio no renueva ni prorroga su vigencia, no amplia los plazos de concesión ni garantiza ningún beneficio a los operadores actuales.
El convenio sigue vigente hasta el 30 de octubre del 2015. Que el señor Cristóbal Lopez sea uno de los operadores del juego en la Ciudad ha sido parte de las decisiones del Gobierno Nacional contra las cuales nos estamos batiendo en el único terreno posible: el de la justicia.
En síntesis, se ha celebrado una modificación que garantiza a la Ciudad mayores ingresos durante los próximos dos años. Ingresos prácticamente idénticos a los que percibiríamos si pudiéramos cobrar Ingresos Brutos a los operadores del juego. No hemos renunciado a nuestro derecho a que, con los recursos correspondientes, nos sea transferida la competencia del juego en la Ciudad ni a ejercer la potestad tributaria ni el poder de policía sobre la actividad.
Sabemos que el juego es un tema difícil. Creemos que es una actividad que debe ser regulada, administrada y fiscalizada rigurosamente. Y que hacerlo en la jurisdicción de la Ciudad corresponde a los porteños.
No nos gusta que el Gobierno Nacional haya otorgado las concesiones y cobre el canon de explotación. Ni nos gusta que los operadores usen y abusen de argucias legales para eludir el pago de los tributos que nuestra Legislatura les imponga. Pero somos respetuosos del Estado de Derecho, de las decisiones judiciales y de la seguridad jurídica. Confiados en que finalmente se nos dará la razón, cumplimos la medida cautelar que nos impide cobrar Ingresos Brutos. Pero buscamos, mediante la modificación al convenio, reparar parcialmente el daño que sufre el presupuesto porteño sin renunciar a nuestro enérgico reclamo ante la justicia.
Los ingresos que asegura la modificación al convenio se suman a los ingresos y ahorros que hemos generado estos años con medidas que muchas veces debimos explicar, que no fueron simpáticas ni populares, pero que siempre se dieron dentro de la ley, respetando la justicia y en el convencimiento de que gobernar es tomar con frecuencia decisiones complejas y sin mentir a los vecinos. Que gobernar es muchas veces decir que no, pensando en la Ciudad que vamos a dejar y no en la próxima encuesta o en la próxima elección. Sostener esta política nos ha permitido vivir de lo nuestro, tener la policía mejor paga y equipada del país, los mejores indicadores sociales, construir tres Metrobus y planificar otros cuatro más, hacernos cargo de un subte quebrado, recuperar los edificios escolares, darle una computadora a cada alumno de primaria y hacer, además, obras múltiples que están transformando la Ciudad.
Todo esto lo hemos encarado sin bajar los brazos en un país con inflación y crecimiento cero y mientras la mayoría de los gobiernos provinciales se debate en serias crisis fiscales. No es poco.
Desde que nos hicimos cargo del Gobierno de la Ciudad, en 2007, hemos gobernado con aciertos y errores, pero cosechando un enorme apoyo de los vecinos. Porque lo agradecemos, no tomamos esa solidaridad activa como un cheque en blanco. Incluso aquellos que no nos han elegido reconocen que siempre abrimos el diálogo, damos la cara y manifestamos disposición a explicar nuestras decisiones las veces que sea necesario. Es lo que me propongo, una vez más, hacer ahora.
En los últimos días, mucho se ha dicho sobre el convenio que firmamos con el Gobierno Nacional sobre el juego. Vale la pena formular algunas aclaraciones sobre el tema: El Gobierno Nacional fue quien concesionó el juego en la Ciudad y todavía lo administra y controla. Hace seis años que el tema está judicializado.
En ese pleito sostenemos con firmeza que tal competencia debe ser recuperada por el Gobierno de la Ciudad con los recursos y las potestades pertinentes. Corresponde que así sea en defensa de la autonomía porteña, de igual manera que hemos exigido la transferencia de la policía y del puerto y hemos defendido los genuinos intereses locales en otras cuestiones que pertenecen, según la Constitución Nacional, a la esfera de atribuciones de la Ciudad y no del Gobierno Nacional. La justicia aún no ha resuelto el tema que hoy acapara la atención ciudadana. Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue administrando, contra lo que la Constitución Nacional establece, las concesiones del juego en la Ciudad. Son las mismas que él otorgó bajo condiciones que lamentablemente todavía se encuentran en pie.
La Ciudad, por decisión de la justicia, nunca pudo ni puede en este momento cobrar el impuesto de Ingresos Brutos al juego.
A fines de 2008, a partir de una propuesta del PRO, se sancionó la Ley 2.997, que impuso Ingresos Brutos a la actividad del juego en la CABA. Los operadores recurrieron a la Justicia Federal y de inmediato obtuvieron en primera instancia medidas cautelares que prohibían al Gobierno de la Ciudad “dictar cualquier acto administrativo o adoptar cualquier conducta que implique ejercer una pretensión de cobro sobre las actividades” que desarrollan como titulares de la concesión otorgada por el Estado Nacional a través de la Lotería Nacional. Apeladas las medidas por la Ciudad, fueron confirmadas en segunda instancia y, después, por la Corte de Justicia de la Nación, el 24 de septiembre de 2013, que decidió, sin embargo, no opinar sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, hasta que se dicte sentencia en la causa, el Gobierno de la Ciudad está impedido siquiera de intentar cobrar Ingresos Brutos a los operadores. Sin renunciar a ningún derecho propio ni reconocer ningún derecho de los operadores ni del Gobierno Nacional, continuamos con nuestro reclamo judicial con la expectativa de que pronto se reconozcan los derechos autonómicos en su plenitud.
Creemos acertado que el Gobierno de la Ciudad, sin renunciar a sus derechos, acepte percibir ingresos del Gobierno Nacional por la actividad del juego en territorio porteño , mientras el tema de la competencia está trabado en la justicia. Conviene recordar, entretanto, que el convenio original, todavía vigente, lo firmó Aníbal Ibarra, como jefe de Gobierno, en 2003.
La reciente modificación al Convenio original asegura un aumento de $300 millones de pesos anuales para la Ciudad.
Se aumenta de un 35% a un 50% el porcentaje que la Ciudad tenía sobre el canon que cobra al juego la Nación y se le suma a eso un 3% de las utilidades de la actividad. Es una mejora respecto del convenio original y sus renovaciones, y una alternativa para reducir el daño a la recaudación de la Ciudad mientras se lleva adelante el proceso judicial en el que se resolverá si corresponde, como lo reclamamos nosotros, que los operadores de juego tributen al Gobierno de la CABA y no al Gobierno Nacional.
La modificación al Convenio no condona la deuda pasada del impuesto a Ingresos Brutos que los operadores tengan con la Ciudad.
La modificación al convenio establece que sólo por los períodos en que se perciba el incremento del porcentaje del canon que la Lotería Nacional cede a la CABA (50%) y el canon suplementario (3% de las utilidades), tal pago extinguirá la pretensión tributaria de la CABA contra los operadores. No condona, por lo tanto, la deuda que pudiera existir desde la sanción de la Ley 2.997 y la entrada en vigencia de la modificación al convenio (enero 2014). Y el Gobierno de la CABA puede, apenas cuente con respaldo judicial, perseguir el cobro de Ingresos Brutos contra los operadores (lo que haría que la Lotería Nacional deje de pagar el aumento en el porcentaje y el canon suplementario). Son falsas, pues, las denuncias que se han hecho con seria tergiversación de los hechos y que han causado -no lo ignoro- desconcierto entre los vecinos de la Ciudad, a los que me debo.
La modificación al Convenio no renueva ni prorroga su vigencia, no amplia los plazos de concesión ni garantiza ningún beneficio a los operadores actuales.
El convenio sigue vigente hasta el 30 de octubre del 2015. Que el señor Cristóbal Lopez sea uno de los operadores del juego en la Ciudad ha sido parte de las decisiones del Gobierno Nacional contra las cuales nos estamos batiendo en el único terreno posible: el de la justicia.
En síntesis, se ha celebrado una modificación que garantiza a la Ciudad mayores ingresos durante los próximos dos años. Ingresos prácticamente idénticos a los que percibiríamos si pudiéramos cobrar Ingresos Brutos a los operadores del juego. No hemos renunciado a nuestro derecho a que, con los recursos correspondientes, nos sea transferida la competencia del juego en la Ciudad ni a ejercer la potestad tributaria ni el poder de policía sobre la actividad.
Sabemos que el juego es un tema difícil. Creemos que es una actividad que debe ser regulada, administrada y fiscalizada rigurosamente. Y que hacerlo en la jurisdicción de la Ciudad corresponde a los porteños.
No nos gusta que el Gobierno Nacional haya otorgado las concesiones y cobre el canon de explotación. Ni nos gusta que los operadores usen y abusen de argucias legales para eludir el pago de los tributos que nuestra Legislatura les imponga. Pero somos respetuosos del Estado de Derecho, de las decisiones judiciales y de la seguridad jurídica. Confiados en que finalmente se nos dará la razón, cumplimos la medida cautelar que nos impide cobrar Ingresos Brutos. Pero buscamos, mediante la modificación al convenio, reparar parcialmente el daño que sufre el presupuesto porteño sin renunciar a nuestro enérgico reclamo ante la justicia.
Los ingresos que asegura la modificación al convenio se suman a los ingresos y ahorros que hemos generado estos años con medidas que muchas veces debimos explicar, que no fueron simpáticas ni populares, pero que siempre se dieron dentro de la ley, respetando la justicia y en el convencimiento de que gobernar es tomar con frecuencia decisiones complejas y sin mentir a los vecinos. Que gobernar es muchas veces decir que no, pensando en la Ciudad que vamos a dejar y no en la próxima encuesta o en la próxima elección. Sostener esta política nos ha permitido vivir de lo nuestro, tener la policía mejor paga y equipada del país, los mejores indicadores sociales, construir tres Metrobus y planificar otros cuatro más, hacernos cargo de un subte quebrado, recuperar los edificios escolares, darle una computadora a cada alumno de primaria y hacer, además, obras múltiples que están transformando la Ciudad.
Todo esto lo hemos encarado sin bajar los brazos en un país con inflación y crecimiento cero y mientras la mayoría de los gobiernos provinciales se debate en serias crisis fiscales. No es poco.
