A 20 años de haber sido suscrito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), éste ha fracasado en cada una de sus promesas. Más comercio y más inversiones no se han traducido en más y mejores empleos para los mexicanos. Por el contrario, en dos décadas se ha registrado ecocidio y la devastación del campo mexicano, la industria nacional está desmantelada, en el país crece el desempleo, la precariedad laboral y bajos salarios y se sigue arrojando a millones de compatriotas a la migración .
Organizaciones no gubernamentales realizaron un recuento de daños de las dos décadas del TLCAN, en el que concluyeron que el sueño norteamericano se convirtió para los mexicanos en pesadilla económica.
Entre las organizaciones que realizaron este análisis se encuentran la Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Micro Empresarias; Bia’lii, Asesoría e Investigación; el Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga ; Colectivo Ciudadano Conciencia Libertaria; Comité 1968 por las Libertades Democráticas y Jóvenes frente al G-20, entre otras.
En un pronunciamiento público que dieron a conocer ayer señalan que sólo con la razón de la fuerza, el fraude, el engaño y el sometimiento a intereses extranjeros se ha podido mantener el TLCAN.
Indicaron que afianzada en más de un millar de reformas constitucionales y modificaciones a leyes y reglamentos nuestro sistema jurídico se adapta a las disposiciones del TLCAN y se ha configurado a la Constitución de nuestro país, como la que arropa a los grandes capitales privados, a quienes se les otorgan plenos derechos, privilegios y garantías para sus inversiones y ganancias pero nulas obligaciones laborales, sociales, ambientales y productivas para con México.
Con este tratado, el país se enganchó a la región de América del Norte, encabezada por Estados Unidos, en la que corporaciones expolian y explotan a los pueblos, y reprodujo el modelo económico que le dictaron desde los organismos financieros mundiales, caracterizado por la polarización y descomposición social, la desarticulación regional y productiva. Una región en la que la militarización y el gasto bélico no tienen comparación en otras latitudes, desde la cual se promueve el gobierno de las corporaciones.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dejado a los transportistas mexicanos daños por 40 mil millones de dólares, discriminación, la imposibilidad de ampliar su mercado e invertir en Estados Unidos, porque Washington mantiene cerrada su frontera.
El director general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Refugio Muñoz López, dijo que después de 20 años de incumplimiento y de haber recurrido a todas las instancias que el TLCAN establece, los transportistas mexicanos interpusieron una demanda en contra del gobierno estadunidenses por los daños ocasionados al mantener cerrada su frontera, impedirles circular por sus carreteras e inhibir inversiones.
El daño estimado, dijo, es de 40 mil millones de dólares, 2 mil millones por cada año que la frontera ha estado cerrada para las unidades nacionales; sin embargo, las disposiciones en materia de arbitraje establecidas en el propio acuerdo señalan que sólo se pueden reclamar las afectaciones de los pasados tres años, de tal forma que además de todos los agravios los transportistas aspiran a ser indemnizados con sólo 6 mil millones de dólares.
Explicó que la Canacar presentó la demanda en contra del gobierno estadunidense a través de un despacho de aquel país, porque así lo permite el acuerdo comercial. Además de la Canacar demandan en lo individual las empresas nacionales de transporte, y están a la espera de la resolución.
José Refugio Muñoz López dijo que la Canacar optó por esta medida a pesar de que el gobierno mexicano está a la espera de que el Congreso de Estados Unidos resuelva si el Programa Demostrativo de Transporte Transfronterizo dio resultado y existen condiciones para abrir la frontera a los transportistas mexicanos, pero es programa no es representativo porque sólo participan alrededor de 20 empresas con 44 unidades que no reflejan la realidad ni el tamaño del sector mexicano .
Aseguró que si en este momento se abriera la frontera, habría por lo menos mil 200 empresas de transportes dedicadas a la importación y exportación listas para entrar a las carreteras estadunidenses y competir de manera leal con los transportistas de ese país, que han sido los principales opositores a la entrada de los camiones mexicanos.
Muñoz López dijo que el TLCAN consideraba también que los mexicanos pudieran invertir en empresas de transporte en Estados Unidos, al principio el gobierno incumplió también con esa parte del acuerdo. Ahora ya podemos invertir allá, pero si no podemos llevar nuestras unidades a nadie la interesa establecer una empresa en Estados Unidos .
Al cierre de la frontera y las limitaciones para invertir se suma uno de los factores que más mella han hecho en el gremio: la discriminación a la que son sometidos los transportistas mexicanos a quienes se les exige hablar inglés a pesar de que no se internan más allá de la zona comercial de Estados Unidos, presentar documentación, someterse a diversas pruebas y revisiones exhaustivas, además de llevar las unidades impecables .
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nunca fue planteado como una panacea económica que iba a resolver todos los problemas sociales de México, pero en cambio cumplió cabalmente con los objetivos para los que fue firmado, que eran incrementar las exportaciones y tener mayor capacidad de atraer inversión extranjera, sostuvo Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el equivalente actual a secretario de Economía.
A 20 años de la entrada en vigor del acuerdo del cual fue el principal negociador por la parte mexicana, el ex funcionario federal señaló que evaluar los resultados del tratado con base en las cifras de pobreza y desempleo que persisten en la actualidad es una evaluación un poquitín injusta , ya que hay muchas cosas que el tratado no resolvió y que no podía resolver .
En entrevista en sus oficinas en Santa Fe, donde preside una consultora en temas de inversión, financiamiento y derecho corporativo, entre otros asuntos, Serra sostuvo que si se hubiera abierto el tema de telecomunicaciones hace 10 años, o si se hubiera dado la apertura del sector energético hace 10 o 20 años, el panorama hoy sería distinto.
Es muy difícil saber qué le hubiera pasado a México sin el TLCAN, pero lo que sí sé es que es sólo un instrumento. El tratado contribuye con su componente, pero si los otros asuntos no ocurren, como resolver problemas sectoriales, quitar cuellos de botella, asegurarse que el gasto público sea mejor, etcétera, todas las cosas que se necesitan para crecer, es muy difícil que ocurran .
De acuerdo con el ex funcionario las preocupaciones que había durante la negociación del acuerdo, de que el mercado mexicano se inundaría de productos extranjeros, resultaron infundadas, ya que en 1993 México tenía un déficit comercial de alrededor de 3 mil millones de dólares con Estados Unidos, mientras que hoy hay superávit de más de 85 mil millones.
Lo que está claro es que aquellas preocupaciones que había de que nos iba a inundar el gigante no ocurrió, paradójicamente con quien tenemos déficit comercial es con los que no tenemos tratado de libre comercio, como China; entonces, como que el instrumento tratado no explica esa relación tanto como otros factores.
También rechazó las críticas que se hacían entonces de que la industria mexicana estaba poco preparada para competir con los gigantes estadunidenses, al señalar que justamente para eso se hizo un periodo de transición , a través del cual la apertura se hizo de manera gradual.
Comentó que si las empresas mexicanas tuvieran una cultura mayor de invertir en investigación y desarrollo y atraer talento, hoy estaríamos viendo en el mundo más marcas mexicanas de las que hay .
Reconoció que México pudo haber negociado mejor el tema de los arreglos institucionales en el tratado, particularmente en lo referente a la resolución de disputas.
No hemos sido capaces como región o como país de resolver el problema de los camiones, es increíble. Los estadunidenses han violado el tratado desde el primer día.
Sobre la visión que se debe tener de este punto hacia adelante Serra Puche consideró que tres grandes temas son los más importantes a futuro: rediseñar la arquitectura del tratado para incluir una visión regional en las exportaciones; mejorar la movilidad laboral para permitir una mayor flujo no sólo de capitales sino de personas entre los tres países que lo integran y profundizar el tema energético para que el país sea capaz de sacar beneficio a la revolución energética que ocurre en Estados Unidos con el tema del gas.
Al preguntársele a Mark Anderson, estratega sindical que coordinó la respuesta de la central obrera AFL-CIO a las iniciativas de comercio internacional, cómo caracterizaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al marcar su vigésimo aniversario, responde con una imagen: el incremento enorme de exportaciones agrarias de Estados Unidos a México tuvo el efecto de contribuir a la expulsión de millones de campesinos de sus tierras en México para que acabaran desemplumando pollos en una planta de procesamiento de carne en el este de Tenesi con salarios de miseria, sin derechos ni protecciones porque son indocumentados, todo para beneficiar a las grandes empresas agroindustriales estadunidenses. ¿Es eso el gran éxito del TLCAN?
Anderson, quien fue el director de asuntos económicos internacionales de la AFL-CIO durante los años del debate sobre el TLCAN, y después dirigente de campañas estratégicas e investigaciones de una agrupación de sindicatos de la rama alimenticia, es ahora un asesor externo del presidente nacional del sindicato nacional siderúrgico USW.
En entrevista con La Jornada , Anderson resume: “en los 20 años en que el TLCAN ha estado en vigor, trabajadores en cada uno de los tres países del acuerdo han atestiguado un incremento significativo en el poder empresarial a expensas de las mayorías. La promesa del TLCAN fue promover el bienestar de los ciudadanos promedio en los tres países al incrementar el comercio. El acuerdo sí tuvo el efecto de incrementar el comercio, pero los beneficios se destinaron completamente al capital, completamente a las empresas.
“En consecuencia tenemos, por lo menos en Estados Unidos, la peor distribución del ingreso que hemos visto en un siglo… y con ello un incremento en el dominio empresarial y un debilitamiento del poder de trabajadores, y estamos sufriendo de todo esto”, afirma.
Señaló que el acuerdo no fue, por sí solo, lo que causó todo esto, pero aceleró estas tendencias en los tres países . Afirmó que, por un lado, provocó un incremento de inversión estadunidense en México, pero eso ocasionó, con el traslado de producción industrial al otro lado de la frontera, una enorme pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos. A la vez, subrayó, para los trabajadores que permanecieron aquí, esto creó más poder para las empresas para suprimir salarios y beneficios; bastaba con amenazar el cierre de plantas aquí y su traslado a México .
Anderson señaló que el pacto creó mayores protecciones para las empresas, para su propiedad intelectual, más derechos para violentar normas y regulaciones promulgadas en cada uno de los tres países. En consecuencia, los salarios se han mantenido esencialmente iguales en Estados Unidos durante los pasados 20 años para trabajadores, y la promesa de la prosperidad en México y mejores salarios para trabajadores mexicanos simplemente no se ha dado. La brecha entre los salarios de trabajadores mexicanos y estadunidenses permanece exactamente igual que hace 20 años .
Recuerda que durante las negociaciones del tratado “me llegó una solicitud. Herminio Blanco, el negociador comercial del gobierno de México, deseaba verme. Me presentó ese argumento común entre los promotores del TLC en esos tiempos: ‘Mark, entiende, tienes que aceptar nuestros productos o aceptar a nuestra gente (los migrantes), esa es tu opción’. Mi respuesta al señor Blanco fue que prefería aceptar a la gente; por lo menos podría intentar sindicalizarla, respuesta que lo incomodó bastante.
Pero como resultado del TLC acabamos teniendo ambas cosas: un incremento enorme de importaciones desde México, como en el sector automotriz, por ejemplo, y un enorme incremento en migración, porque desplazamos a todos esos campesinos de sus tierras , señala.
Agrega que 20 años después, para los que promueven el tratado es cada vez mas difícil defenderlo como modelo de cómo organizar el comercio global ante una realidad para los trabajadores en los tres países que está a 180 grados de lo que ellos afirman, y creo que la gente empieza a verlo .
Por todo esto, dice, sólo se puede concluir que alguien está ganando como resultado del tratado, pero no son los trabajadores. Son los administradores y accionistas de las empresas que operan en América del Norte .
Pero el acuerdo sólo es el inicio de una nueva etapa internacional, indicó Anderson. Fue un momento definitorio, ya que de muchas maneras estableció el contexto para acuerdos comerciales que lo siguieron, sean los multilaterales de la ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio o los bilaterales, y ahora con lo de la Asociación Transpacífico .
¿Y el desafío hoy día para los opositores? Anderson, veterano de múltiples batallas sindicales en el ámbito internacional, responde: frenar este proceso es necesario, pero es insuficiente para abordar el tipo de problemas que enfrentan los trabajadores de manera cotidiana . Subrayó que “aun antes de estos acuerdos comerciales ya nos estaban golpeando; los acuerdos sólo empeoran esa situación para los trabajadores y sus sindicatos… y vale señalar que los impactos de estos acuerdos afectan aun a sectores sin relación directa con el comercio, ya que suprimen los niveles de vida de todos”.
Algunos proponen que una vía para los opositores es fortalecer normas internacionales en defensa de los derechos laborales, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero en la práctica hay una realidad aquí en Estados Unidos: las convenciones de la OIT no tienen ninguna relevancia, ninguna. Pretender otra cosa es absurdo. Tenemos mayor posibilidad de establecer un Estado proletario en Estados Unidos que de ratificar convenciones del OIT , bromea.
l campo mexicano ha cambiado sustancialmente durante los pasados 20 años y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido pieza clave. Uno de los efectos más evidentes es la concentración e integración regional de la producción y los mercados en favor de firmas trasnacionales. El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el Estado fue aprovechado por trasnacionales subsidiarias de firmas estadunidenses, muchas de las cuales se vincularon a partir de fusiones o compra de acciones con las empresas mexicanas más fuertes. Sin regulaciones estatales ni protección, muchos de los pequeños productores comerciales y de las unidades campesinas de producción sucumbieron frente a la competencia con las exportaciones que inundaron el mercado doméstico. Los grandes productores empresariales, mejor dotados de tierra, riego, insumos, crédito, e incluso beneficiarios del grueso de los subsidios, aprovecharon las ventajas de la apertura para absorber una mayor porción del mercado interno.
Para México, la producción de maíz fue la piedra de toque en la negociación del tratado. El maíz es el cultivo más importante en cuanto volumen de producción, superficie sembrada y número de productores, además de ser el alimento básico de toda la población, pero no tiene ventajas comparativas frente a la producción de Estados Unidos y Canadá. En 1991 existían 3.1 millones de productores de maíz y, desde el enfoque de los diseñadores de las políticas, la actividad de 85 por ciento de ellos, con predios menores a cinco hectáreas, no sería competitiva; 4.7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a otro cultivo y se dejarían de producir 7.1 millones de toneladas de maíz en esa superficie. La pequeña producción campesina de maíz debía desaparecer, a pesar de que aportaba más de la mitad de la producción nacional, aunque destinaba la mitad de ella para autoconsumo.
Sin el consenso de la sociedad civil, el gobierno mexicano acordó la liberalización del maíz en el tratado y argumentó haber conseguido una protección extraordinaria por 15 años con aranceles altos y cuotas de importación reducidas. Pero a partir de 1996, el gobierno mexicano realizó dumping contra los productores nacionales de maíz al eliminar unilateralmente la protección acordada, para favorecer a las comercializadoras trasnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland, Corn Products International, Arancia, Maseca, Minsa, quienes controlan actualmente el mercado mexicano de maíz. La reducción unilateral de los aranceles también fue una concesión a los productores de ganado vacuno, porcino y pollo –crecientemente integrados con sus contrapartes de Estados Unidos– que utilizan el maíz como insumo para la fabricación de alimentos balanceados y piensos.
A pesar de las intenciones gubernamentales, la producción de maíz no sólo se ha mantenido, sino se ha duplicado entre 1989 y 2012 a partir del aumento de los rendimientos, al sobrepasar los 22 millones de toneladas, en una superficie sembrada relativamente constante de más de 7 millones de hectáreas. Sin embargo, sí ha ocurrido una mayor polarización de los productores maiceros. Los productores de riego, que producen con un paquete tecnológico similar al de Estados Unidos, con semillas comerciales, fertilizantes y plaguicidas químicos, y maquinaria agrícola para el cultivo de grandes extensiones, aportan actualmente más de 42 por ciento de la producción de maíz, cuando a finales de los 80 únicamente aportaban 25 por ciento. El volumen de producción de maíz en riego ha aumentado dos y media veces, aunque se concentra en sólo 40 mil unidades de producción. En contraste, la gran mayoría de unidades de producción de temporal, alrededor de 2.6 millones, han perdido importancia a pesar de que aportan todavía 57 por ciento de la producción y aumentaron su volumen en 50 por ciento, durante estos más de 20 años.
Las importaciones de maíz crecieron exponencialmente, alentadas por el gobierno mexicano desde 1996 y actualmente absorben 30 por ciento del consumo nacional de maíz. El grueso de las importaciones son de maíz amarillo destinado a la alimentación de ganado. En 1995 la crisis económica en la ganadería mexicana provocó la destrucción de gran número de explotaciones y la concentración del sector en grandes productores modernizados, integrados horizontal y verticalmente, y vinculados a las principales corporaciones productoras en Estados Unidos. El gobierno mexicano eliminó unilateralmente los aranceles que protegían a los productores nacionales de maíz para dotar al sector pecuario de maíz amarillo importado y barato para que pudiera competir con las importaciones de carne. Las importaciones de maíz sin arancel causaron la caída de los precios del maíz en el mercado interno y llevaron a la ruina a miles de productores. Mientras, las corporaciones pecuarias instaladas en el país, como Smithfield –líder mundial en la producción de puercos y responsable de la fiebre porcina H1N1–, Tyson, Pilgrims Pride y Cargill –en la de pollos–, así como IBP y Tyson –en la de res– aprovechan las ventajas de la falta de regulaciones ambientales y establecen explotaciones intensivas en el país para lanzarse a los mercados asiáticos, además de absorber el crecimiento del consumo interno.
Los maiceros mexicanos, primer eslabón de la cadena, son los perdedores netos del TLCAN, pero también la única posibilidad de soberanía alimentaria.
Washington, 30 de diciembre.
La promesa fue de mayor prosperidad y empleo como resultado del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canada, pero 20 años más tarde Estados Unidos tiene el nivel más alto de desigualdad económica en casi un siglo, una de sus capitales industriales acaba de declarar la bancarrota, se han perdido millones de empleos de ingreso medio, hay más hambre y menos movilidad socioeconómica y el propio presidente estadunidense reconoce que la esencia de lo que se llamaba el sueño americano se está anulando.
Aunque las condiciones económicas actuales en este país no se pueden atribuir exclusivamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es innegable que estas tendencias se aceleraron en los 20 años en que ha estado en vigor el acuerdo, y por ello continúa el gran debate que estalló con la promoción del tratado en este país.
Aquí, los promotores del libre comercio y gran parte de la cúpula política y empresarial señalan como prueba del éxito de su gran experimento la multiplicación del volumen comercial entre México y Estados Unidos a más de 500 mil millones de dólares, como el incremento en inversión estadunidense en México, y repiten que eso ha generado millones de empleos.
Carla Hills, quien fue representante de Comercio de Estados Unidos y principal negociadora del TLCAN, celebra en el número más reciente de la prestigiosa publicación Foreign Affairs que el acuerdo creó un mercado regional con un valor de 19 billones de dólares, con 470 millones de consumidores y subraya que la Cámara de Comercio calcula que unos 6 millones de empleos estadunidenses dependen del comercio con México. El TLCAN fue el primer acuerdo integral de libre comercio en vincular naciones desarrolladas y en desarrollo, y logró un apertura de mercado más amplio y más profunda que cualquier acuerdo comercial anterior .
A la vez, los promotores consideran que fue a partir del TLCAN que México no sólo abrió sus mercados, sino ocasionó un giro en su política que llevó a mayor democracia y cooperación en asuntos de seguridad nacional. De hecho, dentro de la Casa Blanca, la promoción del acuerdo no se contemplaba sólo como un tratado comercial, sino fue explícitamente considerado una prioridad de seguridad nacional .
Más aún: aquí se reporta que la actual apertura de Pemex y el sector energético mexicano es fruto de tendencias políticas que se fueron promoviendo a partir del TLCAN. El Wall Street Journal , en un editorial, señaló que la ley de energéticos aprobada en México continúa una tendencia que se inició con una serie de presidentes promercado y que continuó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 .
Los opositores sostienen que el acuerdo fue nada menos que un experimento peligroso de cúpulas empresariales que estableció no sólo la liberalización comercial, sino también un código de derechos y privilegios supranacionales para la inversión internacional; de hecho, consideran que es más bien un acuerdo de inversión para facilitar el flujo del capital. Afirman que sirvió de marco para políticas económicas internacionales de privatización y desregulación que tienen relación directa con desastres para sectores sociales en el sector manufacturero, pequeños productores agrarios y la crisis ambiental en los tres países.
Según un nuevo informe que resume los resultados del acuerdo a sus 20 años elaborado por Public Citizen, el tratado es causante de la pérdida de un millón de empleos estadunidenses, un déficit comercial estadunidense de 181 mil millones de dólares con sus socios del pacto, la duplicación de la migración desde México, más de 360 millones de dólares en fondos públicos de cada uno de los tres países pagados a empresas por demandas contra regulaciones nacionales o locales, y un mayor nivel de desigualdad económica, entre otras cosas ( el informe completo, que incluye efectos en los tres países ).
Este mismo debate continúa hoy día con la negociación de más acuerdos comerciales, como la Asociación Transpacífico, que Lori Wallach, de Public Citizen, caracteriza como el TLCAN en esteroides , entre otros. Los críticos advierten que el tratado sigue siendo el marco para la Asociación Transpacífico, como antes para otros acuerdos, incluso para la Organización Mundial de Comercio, todo a pesar de que los daños del TLCAN para las poblaciones están a la vista.
Pataté, Chis., 30 de diciembre.
Siete meses antes del alzamiento armado de 1994, el Ejército Mexicano detuvo en esta comunidad de las cañadas de Ocosingo a ocho indígenas acusados de asesinar a dos militares y de traición a la patria, entre otros delitos, lo que incrementó los rumores sobre la conformación de un grupo guerrillero en la selva Lacandona.
El hecho permanece en la memoria de la comunidad porque todos sus pobladores fueron concentrados en la cancha de basquetbol y, en presencia de hombres, mujeres y niños, los ocho tzeltales, entre ellos un menor de edad, fueron llevados por los militares, lo que los convirtió en los primeros detenidos relacionados con el movimiento zapatista, antes de que se hiciera público.
La detención ocurrió el 24 de mayo, después que los dos días previos elementos del Ejército Mexicano se habían enfrentado con hombres armados en la sierra de Corralchén –ubicada a unos seis kilómetros en línea recta de esta comunidad–, al localizar y luego destruir el campamento zapatista Las Calabazas. En los enfrentamientos murieron dos militares y otros dos resultaron lesionados, pero también perdió la vida un guerrillero, por lo menos.
Los federales, que se habían desplegado por cientos en varias comunidades de la zona ubicada en la selva Lacandona, llegaron a acampar a esta localidad el 23 de mayo de 1993, y un día después concentraron a todos sus habitantes en la cancha. Uno a uno obligaron a los jefes de familia a acompañarlos a sus casas para catearlas. En total encontraron 11 armas viejas y de bajo calibre que los lugareños usaban para cazar.
Ello fue suficiente para detener a Tiburcio Ruiz Clara (diácono de la diócesis de San Cristóbal); Lázaro Pérez Lorenzo y su hijo Marcos Pérez Jiménez; los hermanos Nicolás y Manuel Clara Ruiz, y Antonio y Melchor López Jiménez, así como Melchor Jiménez López, fallecido hace siete años. Ya traían nuestros nombres en una lista , recordó Antonio López Jiménez, quien entonces tenía 17 años de edad. Por separado fueron detenidos los hermanos guatemaltecos Mateo Salvador Domingo y Andrés Salvador Antonio, este último menor de edad, quienes se dedicaban a vender ropa.
Agregó que al ser trasladados en vehículos militares de Pataté a la vecina La Garrucha nos pusieron boca abajo y luego nos llevaron en helicóptero al aeropuerto militar de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, donde tres días después nos entregaron a la Procuraduría General de la República .
Entrevistado en esta comunidad, cuyos pobladores pertenecían, como ahora, a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones, añadió que allí nos torturaron, nos mostraron fotografías de los militares muertos y nos preguntaban si habíamos visto a los guerrilleros. No era sólo interrogación, nos amenazaban con que si no decíamos dónde estaban los guerrilleros no saldríamos nunca de la cárcel .
Aseguró que en los careos, un militar le decía: Yo te vi que disparaste , a lo que él respondió: Si me viste, ¿por qué no me disparaste? , y cuando le contestó que porque “había mucha neblina’, le replicó: ¿Entonces cómo me viste?
Aunque entre los ocho detenidos había algunos milicianos rebeldes, López Jiménez destacó en la entrevista: Realmente no matamos a los militares, no era cierta la acusación .
Acompañado de Tiburcio Ruiz y Lázaro Pérez, expresó que a partir de esas fechas comenzó a hablarse de que en Chiapas había guerrilla, pero no fue hasta el primero de enero, con el alzamiento armado y la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se corroboró.
Afirma que aunque eran inocentes , fueron acusados de asociación delictuosa, portación de arma de fuego de alto poder, homicidio y lesiones calificadas, acopio de armas y traición a la patria, delito del nadie había sido acusado desde la Revolución de 1910.
Dos meses después, cuando se demostró su inocencia, fueron liberados del desaparecido penal de Cerro Hueco, Lázaro Pérez Lorenzo, Nicolás Clara Ruiz, Marcos Pérez Jiménez y Melchor López Jiménez, así como el guatemalteco Andrés Salvador Antonio. Los otros cinco salieron un día antes de que se cumpliera un año de su detención, cuando ya habían transcurrido casi cinco meses del levantamiento armado.
Antonio López Jiménez comentó que todavía estaba en la cárcel cuando se enteró de que entre los zapatistas que murieron en los enfrentamientos con el Ejército en Ocosingo estaban Javier Hernández y José Méndez, originarios de la zona, y cuyos nombres llevan ahora poblados constituidos en tierras recuperadas en la región por el EZLN.
En su opinión, a 20 años del alzamiento armado, “el logro más notable para los zapatistas es la ‘recuperación’ de tierras”, y para las otras organizaciones la conquista de muchos derechos, porque ahora ya no entran a nuestras comunidades el gobierno o los militares como antes, que hacían lo que querían .
Carta a los comandantes David y Tacho
Compañeros comandantes :
ecordarán tal vez ustedes, como yo ciertamente lo recuerdo, que en la primera Escuelita, a mediados de este año 2013, el EZLN tuvo conmigo la atención, y yo la buena suerte, de designarlos mis votanes (guías, interlocutores, protectores). Por esta razón les dirijo esta carta pública, la cual va también para todos cuantos quieran dedicar un momento a su lectura.
Esta carta quiere ante todo celebrar los veinte años trascurridos desde aquel 1º de enero en que las comunidades indígenas del Sureste, organizadas en el Ejército Zapatista, irrumpieron a plena luz en la historia de México y de América Latina, tomaron cinco ciudades y dijeron ¡Ya basta! , exclamando sus agravios, sus razones y su programa de justicia y libertad.
Así comenzó esta aventura rebelde que lleva ya veinte años y todos los que todavía durará.
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Invocaron ustedes entonces como causa inmediata dos hechos capitales, cuyas secuelas estamos viviendo en la tragedia mexicana de estos días. Uno fue la modificación radical del artículo 27, pilar de la Constitución de 1917, abriendo la puerta al desmantelamiento definitivo del ejido y a la privatización del territorio mexicano a favor del capital financiero.
Y como causa convergente, denunciaron la subordinación de la nación a la economía, las finanzas y el mercado de Estados Unidos con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir del 1º de enero de 1994, fecha en la cual la noticia de la insurrección del sur amargó los festejos de los poderosos por ese Tratado.
Veinte años después, esos dueños del poder acaban de completar la destrucción del artículo 27, abriendo de par en par las puertas a la privatización del petróleo y de las riquezas naturales de la nación a la potencia militar vecina, y entregando a su maquinaria militar nuestros recursos estratégicos. Así las petroleras regresarán con sus guardias blancas, sus militares y policías privados, sus territorios, sus espías, sus abogados, sus políticos a sueldo y su arrogancia imperial.
Estados Unidos y su máquina militar acaban de ganar en México el equivalente de una guerra de Irak, pero sin guerra y al otro lado de su frontera.
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El reparto agrario y la expropiación petrolera de los años del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se hizo efectivo el contenido del artículo 27 no brotaron simplemente de la voluntad presidencial. Esa voluntad se fue reforzando y tomando cuerpo en las luchas de los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores industriales, los electricistas, los petroleros, los maestros. Un viento de organización y de esperanza sopló sobre todo el territorio.
El sindicato petrolero nacional, heredero de las grandes luchas obreras de los años 20, se organizó formalmente en agosto de 1935. Nació en la pelea por sus derechos y su contrato colectivo. Lo rodeaba una marea de organización apoyada desde el gobierno. En 1935 hubo cerca de seiscientas huelgas grandes y pequeñas, casi todas resueltas a favor de las demandas obreras por las juntas de conciliación y arbitraje. En 1936, en La Laguna, el presidente Cárdenas dio razón a las demandas campesinas contra los latifundistas ingleses. Allí se inició la reforma agraria que llevó al reparto de unos veinte millones de hectáreas bajo la forma de ejidos o pequeña propiedad.
Sobre ese reparto agrario y la organización campesina se apoyó un audaz programa educativo, la educación socialista, llevado adelante por un ejército de maestros rurales que llegaron hasta el heroísmo al tener que enfrentar con sus cuerpos y sus vidas las guardias blancas de los terratenientes y de los cristeros.
Sin movilización y organización obrera el presidente Cárdenas no habría podido imponerse en 1935 sobre el ala callista y sus aliados militares y políticos y, entonces, abordar desde 1936 el reparto agrario. Y sin este reparto no hubiera tenido la base de apoyo y estabilidad para realizar en 1938 la expropiación del petróleo enfrentando a la vez a dos potencias mundiales: Gran Bretaña y a Estados Unidos.
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La organización de un pueblo en movimiento fue la clave de las conquistas mexicanas: educación, tierra, salarios, petróleo, bosques y una conquista inmaterial que los poderosos odian con ese odio cerval que destila Televisa en sus programas: la dignidad y el respeto como condición de vida y de comunidad de mujeres y hombres en todas las edades de la vida.
El objetivo último de la guerra sucia contra el pueblo mexicano que los gobiernos hoy llaman “guerra contra el narco ” ha sido sembrar el miedo, paralizar por el desamparo y la pobreza, destruir la capacidad de organización y de respuesta. Para ello durante décadas han destruido y saqueado Pemex; han corrompido a sus funcionarios y su sindicato; han destruido el Instituto Mexicano del Petróleo; lo mismo han hecho con la industria eléctrica y con las organizaciones de los maestros, los petroleros, los electricistas.
El objetivo de esa guerra ha sido dejar al pueblo sin defensa y sin capacidad de reacción inmediata ante el golpe de mano contra el patrimonio y la soberanía de la nación, largamente preparado, que Poder Ejecutivo y Congreso de la Unión acaban de asestar.
Pero, como ustedes y nosotros bien sabemos, la conquista inmaterial de la experiencia, la dignidad y el coraje, producto de la vida y de esa historia, no han podido destruirla. Aquí está aunque a veces se esconda, se disimule o se cubra con máscaras de palabras o de silencios. Aparece después en los movimientos de los Indignados; en las irrupciones de los #YoSoy132 en medio de una desleída campaña electoral; en las manifestaciones de los maestros; en las protestas contra la injusticia de una justicia que encarcela a Yakiri y no halla a los violadores; en las calles de nuestras ciudades, en las normales rurales y en las defensas comunitarias que protegen Cherán y tantos pueblos azotados por la violencia del narco y del ejército.
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Estuve en la primera Escuelita, allá en San Cristóbal, a mitad de año. Lo que escuché en las palabras y vi en la presencia física de los expositores y las expositoras zapatistas, jóvenes todos que a la hora de la insurrección tienen que haber sido niños, fue una tarea larga de organización humana, de cuadros como se diría en el lenguaje de la izquierda, de hombres y mujeres que saben explicar y organizar para fines comunes y con palabras comunes para todos.
Eso no se logra en un día o en un año. Requiere una larga paciencia, saber escuchar y comprender y una cierta humildad en quienes la practican. Arrogancia y soberbia son sus enemigos mortales, esas virtudes de quienes nunca han organizado a nadie, ni en las malas ni en las buenas, pero han hablado y escribido mucho acerca de sus propias hazañas y personas.
Entre las cosas que allá escuché, anoté algunas:
* Somos trabajadores del campo y nos abastecemos y gobernamos nosotros mismos. Controlamos nuestro territorio y tenemos hoy 27 municipios autónomos. Tenemos un sistema nuestro de justicia donde nada tiene que ver el dinero. Hemos logrado gobernarnos entre nosotros y hemos hecho nuestra autonomía. Podemos decidir los planes de trabajo. Con esa libertad podemos conquistar otros corazones. Pueblo que no se organiza en si mismo, pueblo que no tendrá futuro .
* Nuestros responsables no reciben salario. Tienen que hacer su trabajo por conciencia. Tenemos nuestras autoridades propias en salud, educación y gobierno. Hemos avanzado por prueba y error en las decisiones. Así se formaron las Juntas de Buen Gobierno. Tenemos ahora veintisiete Municipios Autónomos .
Cada municipio son varias regiones, cada región son varios pueblos. Sistemas de educación y sistemas de salud hemos organizado en los municipios. Tenemos nuestros dispensarios. Es algo que nos llevó mucho tiempo. Sin nuestra presencia, ya se habrían apoderado de todos los recursos naturales y echado para afuera a las comunidades indígenas .
* Hay diez radios comunitarias en los cinco Caracoles. Tenemos nuestros dispensarios de salud en las cabeceras, pero también hemos habilitado saberes y conocimientos tradicionales en todo el territorio: hueseros, parteras y conocedores de plantas medicinales. Cuando el dispensario está lejos, a veces una compañera tenía que caminar cinco o seis horas desde el fondo de la selva y a veces parir en el camino en condiciones difíciles. Nos hemos dedicado a rescatar la vieja cultura y que el parto se haga en el pueblo con parteras locales. Lo mismo para la herbolaria o para el huesero en caso de fracturas o dislocaciones o dolores .
***
Mucho más escuché, compañeros comandantes, pero ya esta carta es muy larga. Estoy escribiendo cosas prácticas y sencillas. Ustedes ya las saben pero otros, que todavía no, las leerán y sabrán.
Quiero decir, en fin, que lo que vi y escuché es experiencia, organización, conocimiento, confianza en las propias fuerzas y otras condiciones alcanzadas que tal vez quedarán para escrituras futuras, si el tiempo nos da vida y la vida nos da tiempo.
Reciban un saludo fraternal y mi gratitud por la invitación a la Escuelita y por la conversa de aquella tarde.
Adolfo Gilly
El Ejecutivo federal trabaja ya en la modificación a 21 leyes secundarias para adecuarlas a los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con el objetivo de poner en operación la reforma energética recién aprobada, que permite la participación del capital privado nacional y extranjero en petróleo y electricidad.
Por el gobierno federal la Secretaría de Hacienda y el jefe de la Oficina de la Presidencia se encargan de dicha labor.
Las leyes que se modifican son: la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional –en la que se busca, entre otras cosas, establecer las contraprestaciones e indemnizaciones por ocupación o afectación superficial –; la de Petróleos Mexicanos –para constituirla en empresa productiva del Estado–, definir su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades.
De la Comisión Federal de Electricidad –para transformarla también en empresa productiva del Estado– definir su administración, organización funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades y abrogar la Ley del Servicio Público de Energía ; la de la Industria Eléctrica; la de Geotermias; la de la Comisión Reguladora de Energía; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de Minería.
También se trabaja en la modificación de otras leyes, tales como la Orgánica de la Administración Pública Federal; la Federal de Entidades Paraestatales; la General de Deuda Pública; la Federal de Responsabilidades Administrativas.
De igual forma, se reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Ingresos sobre Hidrocarburos; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la de Coordinación Fiscal; la Federal de Derechos; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y del Medio Ambiente.
A los senadores se les entregó ya un documento en el que se enlistan las leyes que serán modificadas y con qué objetivos. Por ejemplo, se detalla que se enmienda la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para precisar que la exploración y extracción de hidrocarburos la podrán realizar empresas privadas naciones y extranjeras, además de que se debe establecer ahí la regulación de los contratos.
Es decir, se deberán incluir los contratos que ahora se permitirán: de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de Licencias. Se deberá establecer que la empresa Petróleos Mexicano puede asociarse con particulares.
De igual forma se detalla que se permitirá la inversión privada y competencia en el tratamiento y refinación del petróleo, así como en toda la cadena productiva: transporte, almacenamiento, distribución, de gas, gasolina y diesel.
Los cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional son también para precisar la coexistencia con la minería –en el gas asociado con las minas de carbón–; definir ahí las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), misma que se encargará de las licitaciones.
Por lo que se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, se apunta que –en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inicia el 1º de febrero– se encargará de la planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de trasmisión y distribución; las modalidades de contratación para el servicio público de trasmisión y distribución y disposiciones para el Centro Nacional de Control de Energía.
En el documento se precisa que se deben adecuar las leyes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la ley de Minería, esta última para decretar la coexistencia con actividades petroleras en el tratamiento de gas asociados a las minas de carbón.
Subraya que los cambios a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos persiguen precisar el régimen fiscal contratos y asignaciones; depreciación de activos petroleros; fiscalización de contratos, destino de los ingresos, contribuciones y aprovechamientos para CRE, CNH y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.
Al promulgar la reforma energética, el 20 de diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que en enero enviaría al Congreso las reformas a las leyes secundarais y reglamentarias.
Entre acuerdos cupulares y la efervecencia social en las calles, reformas pactadas con el pragmatismo gubernamental, lo mismo con la derecha panista que con la izquierda perredista, transcurrió 2013. Un año que marca el fin del último reducto heredado de los tiempos revolucionarios: la expropiación petrolera de 1938, revertida justo 75 años después.
De forma paralela, la obstinación gubernamental por modificar radicalmente el régimen en el sector energético marcó el destino de otra institución central en la transición democrática. Condición para que el PAN avanzara en discutir lo energético, se pactó desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990, paradójicamente con una negociación que se llevó a cabo principalmente con el blanquiazul para resarcir los estragos de la polémica elección de 1988.
Arranque de gestión marcado por una agitación social en respuesta a las reformas planteadas. Si los cambios en el sector energético sacaron a las calles a miles al conjuro de oponerse a la privatización petrolera, la reforma educativa –formalmente aprobada en diciembre de 2012, pero cuyo proceso legislativo concluyó este año– desató uno de los movimientos magisteriales más intensos en oposición a los cambios impuestos.
Año marcado por los designios del Pacto por México, un esquema de negociación cupular tripartidista con el Ejecutivo federal que pretendió ser el detonante de las reformas estructurales que requería el país . Con la anuencia inicial de las dirigencias de las dos principales fuerzas de oposición, PAN y PRD, se fraguó también en su interior una reforma fiscal cuyo desenlace, con el desmarque blanquiazul a sus términos finales, marcaría el inicio del resquebrajamiento de esta fórmula.
Una reforma fiscal negociada en un entorno económico adverso que hizo desplomar la expectativas de crecimiento a sólo un tercio de lo previsto, para ubicarse en alrededor de 1.3 por ciento, según datos del Banco de México.
En paralelo, una contención en el ejercicio del gasto público agudizó la crisis económica y tornó el panorama más complejo para las empresas.
Mientras la asfixia financiera atosigaba a las empresas, el Ejecutivo federal pactó una modificación fiscal con el ala moderada perredista que, pese a las críticas de otros sectores de la izquierda, del propio PRD y el PAN, defendería la reforma porque incorporaba reivindicaciones históricas de la izquierda en materia fiscal . Cuando las cúpulas empresariales se enojan es que estamos tocando fibras que afectan sus intereses, dijo Jesús Zambrano al reivindicar el aval de su partido, clave para aprobarla en el Congreso, en octubre pasado, en medio de las andanadas por el impacto en la clase media.
Dividido por las disputas internas, el PAN cerró filas para descalificar la reforma fiscal, desvinculándola, de entrada, como producto del entonces todavía venerado Pacto por México.
Insurgencia magisterial
Aunque por las dimensiones del cambio, la reforma energética polarizó a las fuerzas políticas, el año fue marcado por la agitación magisterial suscitada por las transformaciones en el sector. Una reforma defenestrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que comenzó en Guerrero y Oaxaca, para concentrar sus principales movilizaciones en la capital del país con la toma del Zócalo.
Si bien en diciembre se aprobaron las modificaciones constitucionales, su promulgación ocurrió en febrero y el procesamiento de las leyes secundarias desató una de las mayores movilizaciones magisteriales de la historia. Con el sindicato oficialista inmovilizado, tras la aprehensión de su lideresa Elba Esther Gordillo, hacia finales de febrero, por presunta desviación de 2 mil 600 millones de pesos de recursos sindicales, la disidencia magisterial encabezó las protestas.
Entre mayo y septiembre se desarrollaron las protestas más intensas que culminaron con un plantón en el Zócalo, el bloqueo a vialidades principales y el cerco al Congreso, en vísperas de la aprobación de las reformas secundarias, que fueron desahogadas el mismo primero de septiembre, el otrora intocable día del Presidente. El viernes 13 de septiembre, un operativo policiaco desalojó el Zócalo, para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trató de un despliegue en defensa de la voluntad de las mayorías .Continue reading at http://www.jornada.unam.mx/2013/12/31/politica/013n1pol .
Organizaciones no gubernamentales realizaron un recuento de daños de las dos décadas del TLCAN, en el que concluyeron que el sueño norteamericano se convirtió para los mexicanos en pesadilla económica.
Entre las organizaciones que realizaron este análisis se encuentran la Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Micro Empresarias; Bia’lii, Asesoría e Investigación; el Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga ; Colectivo Ciudadano Conciencia Libertaria; Comité 1968 por las Libertades Democráticas y Jóvenes frente al G-20, entre otras.
En un pronunciamiento público que dieron a conocer ayer señalan que sólo con la razón de la fuerza, el fraude, el engaño y el sometimiento a intereses extranjeros se ha podido mantener el TLCAN.
Indicaron que afianzada en más de un millar de reformas constitucionales y modificaciones a leyes y reglamentos nuestro sistema jurídico se adapta a las disposiciones del TLCAN y se ha configurado a la Constitución de nuestro país, como la que arropa a los grandes capitales privados, a quienes se les otorgan plenos derechos, privilegios y garantías para sus inversiones y ganancias pero nulas obligaciones laborales, sociales, ambientales y productivas para con México.
Con este tratado, el país se enganchó a la región de América del Norte, encabezada por Estados Unidos, en la que corporaciones expolian y explotan a los pueblos, y reprodujo el modelo económico que le dictaron desde los organismos financieros mundiales, caracterizado por la polarización y descomposición social, la desarticulación regional y productiva. Una región en la que la militarización y el gasto bélico no tienen comparación en otras latitudes, desde la cual se promueve el gobierno de las corporaciones.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dejado a los transportistas mexicanos daños por 40 mil millones de dólares, discriminación, la imposibilidad de ampliar su mercado e invertir en Estados Unidos, porque Washington mantiene cerrada su frontera.
El director general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Refugio Muñoz López, dijo que después de 20 años de incumplimiento y de haber recurrido a todas las instancias que el TLCAN establece, los transportistas mexicanos interpusieron una demanda en contra del gobierno estadunidenses por los daños ocasionados al mantener cerrada su frontera, impedirles circular por sus carreteras e inhibir inversiones.
El daño estimado, dijo, es de 40 mil millones de dólares, 2 mil millones por cada año que la frontera ha estado cerrada para las unidades nacionales; sin embargo, las disposiciones en materia de arbitraje establecidas en el propio acuerdo señalan que sólo se pueden reclamar las afectaciones de los pasados tres años, de tal forma que además de todos los agravios los transportistas aspiran a ser indemnizados con sólo 6 mil millones de dólares.
Explicó que la Canacar presentó la demanda en contra del gobierno estadunidense a través de un despacho de aquel país, porque así lo permite el acuerdo comercial. Además de la Canacar demandan en lo individual las empresas nacionales de transporte, y están a la espera de la resolución.
José Refugio Muñoz López dijo que la Canacar optó por esta medida a pesar de que el gobierno mexicano está a la espera de que el Congreso de Estados Unidos resuelva si el Programa Demostrativo de Transporte Transfronterizo dio resultado y existen condiciones para abrir la frontera a los transportistas mexicanos, pero es programa no es representativo porque sólo participan alrededor de 20 empresas con 44 unidades que no reflejan la realidad ni el tamaño del sector mexicano .
Aseguró que si en este momento se abriera la frontera, habría por lo menos mil 200 empresas de transportes dedicadas a la importación y exportación listas para entrar a las carreteras estadunidenses y competir de manera leal con los transportistas de ese país, que han sido los principales opositores a la entrada de los camiones mexicanos.
Muñoz López dijo que el TLCAN consideraba también que los mexicanos pudieran invertir en empresas de transporte en Estados Unidos, al principio el gobierno incumplió también con esa parte del acuerdo. Ahora ya podemos invertir allá, pero si no podemos llevar nuestras unidades a nadie la interesa establecer una empresa en Estados Unidos .
Al cierre de la frontera y las limitaciones para invertir se suma uno de los factores que más mella han hecho en el gremio: la discriminación a la que son sometidos los transportistas mexicanos a quienes se les exige hablar inglés a pesar de que no se internan más allá de la zona comercial de Estados Unidos, presentar documentación, someterse a diversas pruebas y revisiones exhaustivas, además de llevar las unidades impecables .
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nunca fue planteado como una panacea económica que iba a resolver todos los problemas sociales de México, pero en cambio cumplió cabalmente con los objetivos para los que fue firmado, que eran incrementar las exportaciones y tener mayor capacidad de atraer inversión extranjera, sostuvo Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el equivalente actual a secretario de Economía.
A 20 años de la entrada en vigor del acuerdo del cual fue el principal negociador por la parte mexicana, el ex funcionario federal señaló que evaluar los resultados del tratado con base en las cifras de pobreza y desempleo que persisten en la actualidad es una evaluación un poquitín injusta , ya que hay muchas cosas que el tratado no resolvió y que no podía resolver .
En entrevista en sus oficinas en Santa Fe, donde preside una consultora en temas de inversión, financiamiento y derecho corporativo, entre otros asuntos, Serra sostuvo que si se hubiera abierto el tema de telecomunicaciones hace 10 años, o si se hubiera dado la apertura del sector energético hace 10 o 20 años, el panorama hoy sería distinto.
Es muy difícil saber qué le hubiera pasado a México sin el TLCAN, pero lo que sí sé es que es sólo un instrumento. El tratado contribuye con su componente, pero si los otros asuntos no ocurren, como resolver problemas sectoriales, quitar cuellos de botella, asegurarse que el gasto público sea mejor, etcétera, todas las cosas que se necesitan para crecer, es muy difícil que ocurran .
De acuerdo con el ex funcionario las preocupaciones que había durante la negociación del acuerdo, de que el mercado mexicano se inundaría de productos extranjeros, resultaron infundadas, ya que en 1993 México tenía un déficit comercial de alrededor de 3 mil millones de dólares con Estados Unidos, mientras que hoy hay superávit de más de 85 mil millones.
Lo que está claro es que aquellas preocupaciones que había de que nos iba a inundar el gigante no ocurrió, paradójicamente con quien tenemos déficit comercial es con los que no tenemos tratado de libre comercio, como China; entonces, como que el instrumento tratado no explica esa relación tanto como otros factores.
También rechazó las críticas que se hacían entonces de que la industria mexicana estaba poco preparada para competir con los gigantes estadunidenses, al señalar que justamente para eso se hizo un periodo de transición , a través del cual la apertura se hizo de manera gradual.
Comentó que si las empresas mexicanas tuvieran una cultura mayor de invertir en investigación y desarrollo y atraer talento, hoy estaríamos viendo en el mundo más marcas mexicanas de las que hay .
Reconoció que México pudo haber negociado mejor el tema de los arreglos institucionales en el tratado, particularmente en lo referente a la resolución de disputas.
No hemos sido capaces como región o como país de resolver el problema de los camiones, es increíble. Los estadunidenses han violado el tratado desde el primer día.
Sobre la visión que se debe tener de este punto hacia adelante Serra Puche consideró que tres grandes temas son los más importantes a futuro: rediseñar la arquitectura del tratado para incluir una visión regional en las exportaciones; mejorar la movilidad laboral para permitir una mayor flujo no sólo de capitales sino de personas entre los tres países que lo integran y profundizar el tema energético para que el país sea capaz de sacar beneficio a la revolución energética que ocurre en Estados Unidos con el tema del gas.
Al preguntársele a Mark Anderson, estratega sindical que coordinó la respuesta de la central obrera AFL-CIO a las iniciativas de comercio internacional, cómo caracterizaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al marcar su vigésimo aniversario, responde con una imagen: el incremento enorme de exportaciones agrarias de Estados Unidos a México tuvo el efecto de contribuir a la expulsión de millones de campesinos de sus tierras en México para que acabaran desemplumando pollos en una planta de procesamiento de carne en el este de Tenesi con salarios de miseria, sin derechos ni protecciones porque son indocumentados, todo para beneficiar a las grandes empresas agroindustriales estadunidenses. ¿Es eso el gran éxito del TLCAN?
Anderson, quien fue el director de asuntos económicos internacionales de la AFL-CIO durante los años del debate sobre el TLCAN, y después dirigente de campañas estratégicas e investigaciones de una agrupación de sindicatos de la rama alimenticia, es ahora un asesor externo del presidente nacional del sindicato nacional siderúrgico USW.
En entrevista con La Jornada , Anderson resume: “en los 20 años en que el TLCAN ha estado en vigor, trabajadores en cada uno de los tres países del acuerdo han atestiguado un incremento significativo en el poder empresarial a expensas de las mayorías. La promesa del TLCAN fue promover el bienestar de los ciudadanos promedio en los tres países al incrementar el comercio. El acuerdo sí tuvo el efecto de incrementar el comercio, pero los beneficios se destinaron completamente al capital, completamente a las empresas.
“En consecuencia tenemos, por lo menos en Estados Unidos, la peor distribución del ingreso que hemos visto en un siglo… y con ello un incremento en el dominio empresarial y un debilitamiento del poder de trabajadores, y estamos sufriendo de todo esto”, afirma.
Señaló que el acuerdo no fue, por sí solo, lo que causó todo esto, pero aceleró estas tendencias en los tres países . Afirmó que, por un lado, provocó un incremento de inversión estadunidense en México, pero eso ocasionó, con el traslado de producción industrial al otro lado de la frontera, una enorme pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos. A la vez, subrayó, para los trabajadores que permanecieron aquí, esto creó más poder para las empresas para suprimir salarios y beneficios; bastaba con amenazar el cierre de plantas aquí y su traslado a México .
Anderson señaló que el pacto creó mayores protecciones para las empresas, para su propiedad intelectual, más derechos para violentar normas y regulaciones promulgadas en cada uno de los tres países. En consecuencia, los salarios se han mantenido esencialmente iguales en Estados Unidos durante los pasados 20 años para trabajadores, y la promesa de la prosperidad en México y mejores salarios para trabajadores mexicanos simplemente no se ha dado. La brecha entre los salarios de trabajadores mexicanos y estadunidenses permanece exactamente igual que hace 20 años .
Recuerda que durante las negociaciones del tratado “me llegó una solicitud. Herminio Blanco, el negociador comercial del gobierno de México, deseaba verme. Me presentó ese argumento común entre los promotores del TLC en esos tiempos: ‘Mark, entiende, tienes que aceptar nuestros productos o aceptar a nuestra gente (los migrantes), esa es tu opción’. Mi respuesta al señor Blanco fue que prefería aceptar a la gente; por lo menos podría intentar sindicalizarla, respuesta que lo incomodó bastante.
Pero como resultado del TLC acabamos teniendo ambas cosas: un incremento enorme de importaciones desde México, como en el sector automotriz, por ejemplo, y un enorme incremento en migración, porque desplazamos a todos esos campesinos de sus tierras , señala.
Agrega que 20 años después, para los que promueven el tratado es cada vez mas difícil defenderlo como modelo de cómo organizar el comercio global ante una realidad para los trabajadores en los tres países que está a 180 grados de lo que ellos afirman, y creo que la gente empieza a verlo .
Por todo esto, dice, sólo se puede concluir que alguien está ganando como resultado del tratado, pero no son los trabajadores. Son los administradores y accionistas de las empresas que operan en América del Norte .
Pero el acuerdo sólo es el inicio de una nueva etapa internacional, indicó Anderson. Fue un momento definitorio, ya que de muchas maneras estableció el contexto para acuerdos comerciales que lo siguieron, sean los multilaterales de la ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio o los bilaterales, y ahora con lo de la Asociación Transpacífico .
¿Y el desafío hoy día para los opositores? Anderson, veterano de múltiples batallas sindicales en el ámbito internacional, responde: frenar este proceso es necesario, pero es insuficiente para abordar el tipo de problemas que enfrentan los trabajadores de manera cotidiana . Subrayó que “aun antes de estos acuerdos comerciales ya nos estaban golpeando; los acuerdos sólo empeoran esa situación para los trabajadores y sus sindicatos… y vale señalar que los impactos de estos acuerdos afectan aun a sectores sin relación directa con el comercio, ya que suprimen los niveles de vida de todos”.
Algunos proponen que una vía para los opositores es fortalecer normas internacionales en defensa de los derechos laborales, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero en la práctica hay una realidad aquí en Estados Unidos: las convenciones de la OIT no tienen ninguna relevancia, ninguna. Pretender otra cosa es absurdo. Tenemos mayor posibilidad de establecer un Estado proletario en Estados Unidos que de ratificar convenciones del OIT , bromea.
l campo mexicano ha cambiado sustancialmente durante los pasados 20 años y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido pieza clave. Uno de los efectos más evidentes es la concentración e integración regional de la producción y los mercados en favor de firmas trasnacionales. El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el Estado fue aprovechado por trasnacionales subsidiarias de firmas estadunidenses, muchas de las cuales se vincularon a partir de fusiones o compra de acciones con las empresas mexicanas más fuertes. Sin regulaciones estatales ni protección, muchos de los pequeños productores comerciales y de las unidades campesinas de producción sucumbieron frente a la competencia con las exportaciones que inundaron el mercado doméstico. Los grandes productores empresariales, mejor dotados de tierra, riego, insumos, crédito, e incluso beneficiarios del grueso de los subsidios, aprovecharon las ventajas de la apertura para absorber una mayor porción del mercado interno.
Para México, la producción de maíz fue la piedra de toque en la negociación del tratado. El maíz es el cultivo más importante en cuanto volumen de producción, superficie sembrada y número de productores, además de ser el alimento básico de toda la población, pero no tiene ventajas comparativas frente a la producción de Estados Unidos y Canadá. En 1991 existían 3.1 millones de productores de maíz y, desde el enfoque de los diseñadores de las políticas, la actividad de 85 por ciento de ellos, con predios menores a cinco hectáreas, no sería competitiva; 4.7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a otro cultivo y se dejarían de producir 7.1 millones de toneladas de maíz en esa superficie. La pequeña producción campesina de maíz debía desaparecer, a pesar de que aportaba más de la mitad de la producción nacional, aunque destinaba la mitad de ella para autoconsumo.
Sin el consenso de la sociedad civil, el gobierno mexicano acordó la liberalización del maíz en el tratado y argumentó haber conseguido una protección extraordinaria por 15 años con aranceles altos y cuotas de importación reducidas. Pero a partir de 1996, el gobierno mexicano realizó dumping contra los productores nacionales de maíz al eliminar unilateralmente la protección acordada, para favorecer a las comercializadoras trasnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland, Corn Products International, Arancia, Maseca, Minsa, quienes controlan actualmente el mercado mexicano de maíz. La reducción unilateral de los aranceles también fue una concesión a los productores de ganado vacuno, porcino y pollo –crecientemente integrados con sus contrapartes de Estados Unidos– que utilizan el maíz como insumo para la fabricación de alimentos balanceados y piensos.
A pesar de las intenciones gubernamentales, la producción de maíz no sólo se ha mantenido, sino se ha duplicado entre 1989 y 2012 a partir del aumento de los rendimientos, al sobrepasar los 22 millones de toneladas, en una superficie sembrada relativamente constante de más de 7 millones de hectáreas. Sin embargo, sí ha ocurrido una mayor polarización de los productores maiceros. Los productores de riego, que producen con un paquete tecnológico similar al de Estados Unidos, con semillas comerciales, fertilizantes y plaguicidas químicos, y maquinaria agrícola para el cultivo de grandes extensiones, aportan actualmente más de 42 por ciento de la producción de maíz, cuando a finales de los 80 únicamente aportaban 25 por ciento. El volumen de producción de maíz en riego ha aumentado dos y media veces, aunque se concentra en sólo 40 mil unidades de producción. En contraste, la gran mayoría de unidades de producción de temporal, alrededor de 2.6 millones, han perdido importancia a pesar de que aportan todavía 57 por ciento de la producción y aumentaron su volumen en 50 por ciento, durante estos más de 20 años.
Las importaciones de maíz crecieron exponencialmente, alentadas por el gobierno mexicano desde 1996 y actualmente absorben 30 por ciento del consumo nacional de maíz. El grueso de las importaciones son de maíz amarillo destinado a la alimentación de ganado. En 1995 la crisis económica en la ganadería mexicana provocó la destrucción de gran número de explotaciones y la concentración del sector en grandes productores modernizados, integrados horizontal y verticalmente, y vinculados a las principales corporaciones productoras en Estados Unidos. El gobierno mexicano eliminó unilateralmente los aranceles que protegían a los productores nacionales de maíz para dotar al sector pecuario de maíz amarillo importado y barato para que pudiera competir con las importaciones de carne. Las importaciones de maíz sin arancel causaron la caída de los precios del maíz en el mercado interno y llevaron a la ruina a miles de productores. Mientras, las corporaciones pecuarias instaladas en el país, como Smithfield –líder mundial en la producción de puercos y responsable de la fiebre porcina H1N1–, Tyson, Pilgrims Pride y Cargill –en la de pollos–, así como IBP y Tyson –en la de res– aprovechan las ventajas de la falta de regulaciones ambientales y establecen explotaciones intensivas en el país para lanzarse a los mercados asiáticos, además de absorber el crecimiento del consumo interno.
Los maiceros mexicanos, primer eslabón de la cadena, son los perdedores netos del TLCAN, pero también la única posibilidad de soberanía alimentaria.
Washington, 30 de diciembre.
La promesa fue de mayor prosperidad y empleo como resultado del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canada, pero 20 años más tarde Estados Unidos tiene el nivel más alto de desigualdad económica en casi un siglo, una de sus capitales industriales acaba de declarar la bancarrota, se han perdido millones de empleos de ingreso medio, hay más hambre y menos movilidad socioeconómica y el propio presidente estadunidense reconoce que la esencia de lo que se llamaba el sueño americano se está anulando.
Aunque las condiciones económicas actuales en este país no se pueden atribuir exclusivamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es innegable que estas tendencias se aceleraron en los 20 años en que ha estado en vigor el acuerdo, y por ello continúa el gran debate que estalló con la promoción del tratado en este país.
Aquí, los promotores del libre comercio y gran parte de la cúpula política y empresarial señalan como prueba del éxito de su gran experimento la multiplicación del volumen comercial entre México y Estados Unidos a más de 500 mil millones de dólares, como el incremento en inversión estadunidense en México, y repiten que eso ha generado millones de empleos.
Carla Hills, quien fue representante de Comercio de Estados Unidos y principal negociadora del TLCAN, celebra en el número más reciente de la prestigiosa publicación Foreign Affairs que el acuerdo creó un mercado regional con un valor de 19 billones de dólares, con 470 millones de consumidores y subraya que la Cámara de Comercio calcula que unos 6 millones de empleos estadunidenses dependen del comercio con México. El TLCAN fue el primer acuerdo integral de libre comercio en vincular naciones desarrolladas y en desarrollo, y logró un apertura de mercado más amplio y más profunda que cualquier acuerdo comercial anterior .
A la vez, los promotores consideran que fue a partir del TLCAN que México no sólo abrió sus mercados, sino ocasionó un giro en su política que llevó a mayor democracia y cooperación en asuntos de seguridad nacional. De hecho, dentro de la Casa Blanca, la promoción del acuerdo no se contemplaba sólo como un tratado comercial, sino fue explícitamente considerado una prioridad de seguridad nacional .
Más aún: aquí se reporta que la actual apertura de Pemex y el sector energético mexicano es fruto de tendencias políticas que se fueron promoviendo a partir del TLCAN. El Wall Street Journal , en un editorial, señaló que la ley de energéticos aprobada en México continúa una tendencia que se inició con una serie de presidentes promercado y que continuó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 .
Los opositores sostienen que el acuerdo fue nada menos que un experimento peligroso de cúpulas empresariales que estableció no sólo la liberalización comercial, sino también un código de derechos y privilegios supranacionales para la inversión internacional; de hecho, consideran que es más bien un acuerdo de inversión para facilitar el flujo del capital. Afirman que sirvió de marco para políticas económicas internacionales de privatización y desregulación que tienen relación directa con desastres para sectores sociales en el sector manufacturero, pequeños productores agrarios y la crisis ambiental en los tres países.
Según un nuevo informe que resume los resultados del acuerdo a sus 20 años elaborado por Public Citizen, el tratado es causante de la pérdida de un millón de empleos estadunidenses, un déficit comercial estadunidense de 181 mil millones de dólares con sus socios del pacto, la duplicación de la migración desde México, más de 360 millones de dólares en fondos públicos de cada uno de los tres países pagados a empresas por demandas contra regulaciones nacionales o locales, y un mayor nivel de desigualdad económica, entre otras cosas ( el informe completo, que incluye efectos en los tres países ).
Este mismo debate continúa hoy día con la negociación de más acuerdos comerciales, como la Asociación Transpacífico, que Lori Wallach, de Public Citizen, caracteriza como el TLCAN en esteroides , entre otros. Los críticos advierten que el tratado sigue siendo el marco para la Asociación Transpacífico, como antes para otros acuerdos, incluso para la Organización Mundial de Comercio, todo a pesar de que los daños del TLCAN para las poblaciones están a la vista.
Pataté, Chis., 30 de diciembre.
Siete meses antes del alzamiento armado de 1994, el Ejército Mexicano detuvo en esta comunidad de las cañadas de Ocosingo a ocho indígenas acusados de asesinar a dos militares y de traición a la patria, entre otros delitos, lo que incrementó los rumores sobre la conformación de un grupo guerrillero en la selva Lacandona.
El hecho permanece en la memoria de la comunidad porque todos sus pobladores fueron concentrados en la cancha de basquetbol y, en presencia de hombres, mujeres y niños, los ocho tzeltales, entre ellos un menor de edad, fueron llevados por los militares, lo que los convirtió en los primeros detenidos relacionados con el movimiento zapatista, antes de que se hiciera público.
La detención ocurrió el 24 de mayo, después que los dos días previos elementos del Ejército Mexicano se habían enfrentado con hombres armados en la sierra de Corralchén –ubicada a unos seis kilómetros en línea recta de esta comunidad–, al localizar y luego destruir el campamento zapatista Las Calabazas. En los enfrentamientos murieron dos militares y otros dos resultaron lesionados, pero también perdió la vida un guerrillero, por lo menos.
Los federales, que se habían desplegado por cientos en varias comunidades de la zona ubicada en la selva Lacandona, llegaron a acampar a esta localidad el 23 de mayo de 1993, y un día después concentraron a todos sus habitantes en la cancha. Uno a uno obligaron a los jefes de familia a acompañarlos a sus casas para catearlas. En total encontraron 11 armas viejas y de bajo calibre que los lugareños usaban para cazar.
Ello fue suficiente para detener a Tiburcio Ruiz Clara (diácono de la diócesis de San Cristóbal); Lázaro Pérez Lorenzo y su hijo Marcos Pérez Jiménez; los hermanos Nicolás y Manuel Clara Ruiz, y Antonio y Melchor López Jiménez, así como Melchor Jiménez López, fallecido hace siete años. Ya traían nuestros nombres en una lista , recordó Antonio López Jiménez, quien entonces tenía 17 años de edad. Por separado fueron detenidos los hermanos guatemaltecos Mateo Salvador Domingo y Andrés Salvador Antonio, este último menor de edad, quienes se dedicaban a vender ropa.
Agregó que al ser trasladados en vehículos militares de Pataté a la vecina La Garrucha nos pusieron boca abajo y luego nos llevaron en helicóptero al aeropuerto militar de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, donde tres días después nos entregaron a la Procuraduría General de la República .
Entrevistado en esta comunidad, cuyos pobladores pertenecían, como ahora, a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones, añadió que allí nos torturaron, nos mostraron fotografías de los militares muertos y nos preguntaban si habíamos visto a los guerrilleros. No era sólo interrogación, nos amenazaban con que si no decíamos dónde estaban los guerrilleros no saldríamos nunca de la cárcel .
Aseguró que en los careos, un militar le decía: Yo te vi que disparaste , a lo que él respondió: Si me viste, ¿por qué no me disparaste? , y cuando le contestó que porque “había mucha neblina’, le replicó: ¿Entonces cómo me viste?
Aunque entre los ocho detenidos había algunos milicianos rebeldes, López Jiménez destacó en la entrevista: Realmente no matamos a los militares, no era cierta la acusación .
Acompañado de Tiburcio Ruiz y Lázaro Pérez, expresó que a partir de esas fechas comenzó a hablarse de que en Chiapas había guerrilla, pero no fue hasta el primero de enero, con el alzamiento armado y la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se corroboró.
Afirma que aunque eran inocentes , fueron acusados de asociación delictuosa, portación de arma de fuego de alto poder, homicidio y lesiones calificadas, acopio de armas y traición a la patria, delito del nadie había sido acusado desde la Revolución de 1910.
Dos meses después, cuando se demostró su inocencia, fueron liberados del desaparecido penal de Cerro Hueco, Lázaro Pérez Lorenzo, Nicolás Clara Ruiz, Marcos Pérez Jiménez y Melchor López Jiménez, así como el guatemalteco Andrés Salvador Antonio. Los otros cinco salieron un día antes de que se cumpliera un año de su detención, cuando ya habían transcurrido casi cinco meses del levantamiento armado.
Antonio López Jiménez comentó que todavía estaba en la cárcel cuando se enteró de que entre los zapatistas que murieron en los enfrentamientos con el Ejército en Ocosingo estaban Javier Hernández y José Méndez, originarios de la zona, y cuyos nombres llevan ahora poblados constituidos en tierras recuperadas en la región por el EZLN.
En su opinión, a 20 años del alzamiento armado, “el logro más notable para los zapatistas es la ‘recuperación’ de tierras”, y para las otras organizaciones la conquista de muchos derechos, porque ahora ya no entran a nuestras comunidades el gobierno o los militares como antes, que hacían lo que querían .
Carta a los comandantes David y Tacho
Compañeros comandantes :
ecordarán tal vez ustedes, como yo ciertamente lo recuerdo, que en la primera Escuelita, a mediados de este año 2013, el EZLN tuvo conmigo la atención, y yo la buena suerte, de designarlos mis votanes (guías, interlocutores, protectores). Por esta razón les dirijo esta carta pública, la cual va también para todos cuantos quieran dedicar un momento a su lectura.
Esta carta quiere ante todo celebrar los veinte años trascurridos desde aquel 1º de enero en que las comunidades indígenas del Sureste, organizadas en el Ejército Zapatista, irrumpieron a plena luz en la historia de México y de América Latina, tomaron cinco ciudades y dijeron ¡Ya basta! , exclamando sus agravios, sus razones y su programa de justicia y libertad.
Así comenzó esta aventura rebelde que lleva ya veinte años y todos los que todavía durará.
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Invocaron ustedes entonces como causa inmediata dos hechos capitales, cuyas secuelas estamos viviendo en la tragedia mexicana de estos días. Uno fue la modificación radical del artículo 27, pilar de la Constitución de 1917, abriendo la puerta al desmantelamiento definitivo del ejido y a la privatización del territorio mexicano a favor del capital financiero.
Y como causa convergente, denunciaron la subordinación de la nación a la economía, las finanzas y el mercado de Estados Unidos con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir del 1º de enero de 1994, fecha en la cual la noticia de la insurrección del sur amargó los festejos de los poderosos por ese Tratado.
Veinte años después, esos dueños del poder acaban de completar la destrucción del artículo 27, abriendo de par en par las puertas a la privatización del petróleo y de las riquezas naturales de la nación a la potencia militar vecina, y entregando a su maquinaria militar nuestros recursos estratégicos. Así las petroleras regresarán con sus guardias blancas, sus militares y policías privados, sus territorios, sus espías, sus abogados, sus políticos a sueldo y su arrogancia imperial.
Estados Unidos y su máquina militar acaban de ganar en México el equivalente de una guerra de Irak, pero sin guerra y al otro lado de su frontera.
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El reparto agrario y la expropiación petrolera de los años del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se hizo efectivo el contenido del artículo 27 no brotaron simplemente de la voluntad presidencial. Esa voluntad se fue reforzando y tomando cuerpo en las luchas de los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores industriales, los electricistas, los petroleros, los maestros. Un viento de organización y de esperanza sopló sobre todo el territorio.
El sindicato petrolero nacional, heredero de las grandes luchas obreras de los años 20, se organizó formalmente en agosto de 1935. Nació en la pelea por sus derechos y su contrato colectivo. Lo rodeaba una marea de organización apoyada desde el gobierno. En 1935 hubo cerca de seiscientas huelgas grandes y pequeñas, casi todas resueltas a favor de las demandas obreras por las juntas de conciliación y arbitraje. En 1936, en La Laguna, el presidente Cárdenas dio razón a las demandas campesinas contra los latifundistas ingleses. Allí se inició la reforma agraria que llevó al reparto de unos veinte millones de hectáreas bajo la forma de ejidos o pequeña propiedad.
Sobre ese reparto agrario y la organización campesina se apoyó un audaz programa educativo, la educación socialista, llevado adelante por un ejército de maestros rurales que llegaron hasta el heroísmo al tener que enfrentar con sus cuerpos y sus vidas las guardias blancas de los terratenientes y de los cristeros.
Sin movilización y organización obrera el presidente Cárdenas no habría podido imponerse en 1935 sobre el ala callista y sus aliados militares y políticos y, entonces, abordar desde 1936 el reparto agrario. Y sin este reparto no hubiera tenido la base de apoyo y estabilidad para realizar en 1938 la expropiación del petróleo enfrentando a la vez a dos potencias mundiales: Gran Bretaña y a Estados Unidos.
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La organización de un pueblo en movimiento fue la clave de las conquistas mexicanas: educación, tierra, salarios, petróleo, bosques y una conquista inmaterial que los poderosos odian con ese odio cerval que destila Televisa en sus programas: la dignidad y el respeto como condición de vida y de comunidad de mujeres y hombres en todas las edades de la vida.
El objetivo último de la guerra sucia contra el pueblo mexicano que los gobiernos hoy llaman “guerra contra el narco ” ha sido sembrar el miedo, paralizar por el desamparo y la pobreza, destruir la capacidad de organización y de respuesta. Para ello durante décadas han destruido y saqueado Pemex; han corrompido a sus funcionarios y su sindicato; han destruido el Instituto Mexicano del Petróleo; lo mismo han hecho con la industria eléctrica y con las organizaciones de los maestros, los petroleros, los electricistas.
El objetivo de esa guerra ha sido dejar al pueblo sin defensa y sin capacidad de reacción inmediata ante el golpe de mano contra el patrimonio y la soberanía de la nación, largamente preparado, que Poder Ejecutivo y Congreso de la Unión acaban de asestar.
Pero, como ustedes y nosotros bien sabemos, la conquista inmaterial de la experiencia, la dignidad y el coraje, producto de la vida y de esa historia, no han podido destruirla. Aquí está aunque a veces se esconda, se disimule o se cubra con máscaras de palabras o de silencios. Aparece después en los movimientos de los Indignados; en las irrupciones de los #YoSoy132 en medio de una desleída campaña electoral; en las manifestaciones de los maestros; en las protestas contra la injusticia de una justicia que encarcela a Yakiri y no halla a los violadores; en las calles de nuestras ciudades, en las normales rurales y en las defensas comunitarias que protegen Cherán y tantos pueblos azotados por la violencia del narco y del ejército.
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Estuve en la primera Escuelita, allá en San Cristóbal, a mitad de año. Lo que escuché en las palabras y vi en la presencia física de los expositores y las expositoras zapatistas, jóvenes todos que a la hora de la insurrección tienen que haber sido niños, fue una tarea larga de organización humana, de cuadros como se diría en el lenguaje de la izquierda, de hombres y mujeres que saben explicar y organizar para fines comunes y con palabras comunes para todos.
Eso no se logra en un día o en un año. Requiere una larga paciencia, saber escuchar y comprender y una cierta humildad en quienes la practican. Arrogancia y soberbia son sus enemigos mortales, esas virtudes de quienes nunca han organizado a nadie, ni en las malas ni en las buenas, pero han hablado y escribido mucho acerca de sus propias hazañas y personas.
Entre las cosas que allá escuché, anoté algunas:
* Somos trabajadores del campo y nos abastecemos y gobernamos nosotros mismos. Controlamos nuestro territorio y tenemos hoy 27 municipios autónomos. Tenemos un sistema nuestro de justicia donde nada tiene que ver el dinero. Hemos logrado gobernarnos entre nosotros y hemos hecho nuestra autonomía. Podemos decidir los planes de trabajo. Con esa libertad podemos conquistar otros corazones. Pueblo que no se organiza en si mismo, pueblo que no tendrá futuro .
* Nuestros responsables no reciben salario. Tienen que hacer su trabajo por conciencia. Tenemos nuestras autoridades propias en salud, educación y gobierno. Hemos avanzado por prueba y error en las decisiones. Así se formaron las Juntas de Buen Gobierno. Tenemos ahora veintisiete Municipios Autónomos .
Cada municipio son varias regiones, cada región son varios pueblos. Sistemas de educación y sistemas de salud hemos organizado en los municipios. Tenemos nuestros dispensarios. Es algo que nos llevó mucho tiempo. Sin nuestra presencia, ya se habrían apoderado de todos los recursos naturales y echado para afuera a las comunidades indígenas .
* Hay diez radios comunitarias en los cinco Caracoles. Tenemos nuestros dispensarios de salud en las cabeceras, pero también hemos habilitado saberes y conocimientos tradicionales en todo el territorio: hueseros, parteras y conocedores de plantas medicinales. Cuando el dispensario está lejos, a veces una compañera tenía que caminar cinco o seis horas desde el fondo de la selva y a veces parir en el camino en condiciones difíciles. Nos hemos dedicado a rescatar la vieja cultura y que el parto se haga en el pueblo con parteras locales. Lo mismo para la herbolaria o para el huesero en caso de fracturas o dislocaciones o dolores .
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Mucho más escuché, compañeros comandantes, pero ya esta carta es muy larga. Estoy escribiendo cosas prácticas y sencillas. Ustedes ya las saben pero otros, que todavía no, las leerán y sabrán.
Quiero decir, en fin, que lo que vi y escuché es experiencia, organización, conocimiento, confianza en las propias fuerzas y otras condiciones alcanzadas que tal vez quedarán para escrituras futuras, si el tiempo nos da vida y la vida nos da tiempo.
Reciban un saludo fraternal y mi gratitud por la invitación a la Escuelita y por la conversa de aquella tarde.
Adolfo Gilly
El Ejecutivo federal trabaja ya en la modificación a 21 leyes secundarias para adecuarlas a los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con el objetivo de poner en operación la reforma energética recién aprobada, que permite la participación del capital privado nacional y extranjero en petróleo y electricidad.
Por el gobierno federal la Secretaría de Hacienda y el jefe de la Oficina de la Presidencia se encargan de dicha labor.
Las leyes que se modifican son: la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional –en la que se busca, entre otras cosas, establecer las contraprestaciones e indemnizaciones por ocupación o afectación superficial –; la de Petróleos Mexicanos –para constituirla en empresa productiva del Estado–, definir su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades.
De la Comisión Federal de Electricidad –para transformarla también en empresa productiva del Estado– definir su administración, organización funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades y abrogar la Ley del Servicio Público de Energía ; la de la Industria Eléctrica; la de Geotermias; la de la Comisión Reguladora de Energía; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de Minería.
También se trabaja en la modificación de otras leyes, tales como la Orgánica de la Administración Pública Federal; la Federal de Entidades Paraestatales; la General de Deuda Pública; la Federal de Responsabilidades Administrativas.
De igual forma, se reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Ingresos sobre Hidrocarburos; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la de Coordinación Fiscal; la Federal de Derechos; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y del Medio Ambiente.
A los senadores se les entregó ya un documento en el que se enlistan las leyes que serán modificadas y con qué objetivos. Por ejemplo, se detalla que se enmienda la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para precisar que la exploración y extracción de hidrocarburos la podrán realizar empresas privadas naciones y extranjeras, además de que se debe establecer ahí la regulación de los contratos.
Es decir, se deberán incluir los contratos que ahora se permitirán: de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de Licencias. Se deberá establecer que la empresa Petróleos Mexicano puede asociarse con particulares.
De igual forma se detalla que se permitirá la inversión privada y competencia en el tratamiento y refinación del petróleo, así como en toda la cadena productiva: transporte, almacenamiento, distribución, de gas, gasolina y diesel.
Los cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional son también para precisar la coexistencia con la minería –en el gas asociado con las minas de carbón–; definir ahí las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), misma que se encargará de las licitaciones.
Por lo que se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, se apunta que –en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inicia el 1º de febrero– se encargará de la planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de trasmisión y distribución; las modalidades de contratación para el servicio público de trasmisión y distribución y disposiciones para el Centro Nacional de Control de Energía.
En el documento se precisa que se deben adecuar las leyes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la ley de Minería, esta última para decretar la coexistencia con actividades petroleras en el tratamiento de gas asociados a las minas de carbón.
Subraya que los cambios a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos persiguen precisar el régimen fiscal contratos y asignaciones; depreciación de activos petroleros; fiscalización de contratos, destino de los ingresos, contribuciones y aprovechamientos para CRE, CNH y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.
Al promulgar la reforma energética, el 20 de diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que en enero enviaría al Congreso las reformas a las leyes secundarais y reglamentarias.
Entre acuerdos cupulares y la efervecencia social en las calles, reformas pactadas con el pragmatismo gubernamental, lo mismo con la derecha panista que con la izquierda perredista, transcurrió 2013. Un año que marca el fin del último reducto heredado de los tiempos revolucionarios: la expropiación petrolera de 1938, revertida justo 75 años después.
De forma paralela, la obstinación gubernamental por modificar radicalmente el régimen en el sector energético marcó el destino de otra institución central en la transición democrática. Condición para que el PAN avanzara en discutir lo energético, se pactó desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990, paradójicamente con una negociación que se llevó a cabo principalmente con el blanquiazul para resarcir los estragos de la polémica elección de 1988.
Arranque de gestión marcado por una agitación social en respuesta a las reformas planteadas. Si los cambios en el sector energético sacaron a las calles a miles al conjuro de oponerse a la privatización petrolera, la reforma educativa –formalmente aprobada en diciembre de 2012, pero cuyo proceso legislativo concluyó este año– desató uno de los movimientos magisteriales más intensos en oposición a los cambios impuestos.
Año marcado por los designios del Pacto por México, un esquema de negociación cupular tripartidista con el Ejecutivo federal que pretendió ser el detonante de las reformas estructurales que requería el país . Con la anuencia inicial de las dirigencias de las dos principales fuerzas de oposición, PAN y PRD, se fraguó también en su interior una reforma fiscal cuyo desenlace, con el desmarque blanquiazul a sus términos finales, marcaría el inicio del resquebrajamiento de esta fórmula.
Una reforma fiscal negociada en un entorno económico adverso que hizo desplomar la expectativas de crecimiento a sólo un tercio de lo previsto, para ubicarse en alrededor de 1.3 por ciento, según datos del Banco de México.
En paralelo, una contención en el ejercicio del gasto público agudizó la crisis económica y tornó el panorama más complejo para las empresas.
Mientras la asfixia financiera atosigaba a las empresas, el Ejecutivo federal pactó una modificación fiscal con el ala moderada perredista que, pese a las críticas de otros sectores de la izquierda, del propio PRD y el PAN, defendería la reforma porque incorporaba reivindicaciones históricas de la izquierda en materia fiscal . Cuando las cúpulas empresariales se enojan es que estamos tocando fibras que afectan sus intereses, dijo Jesús Zambrano al reivindicar el aval de su partido, clave para aprobarla en el Congreso, en octubre pasado, en medio de las andanadas por el impacto en la clase media.
Dividido por las disputas internas, el PAN cerró filas para descalificar la reforma fiscal, desvinculándola, de entrada, como producto del entonces todavía venerado Pacto por México.
Insurgencia magisterial
Aunque por las dimensiones del cambio, la reforma energética polarizó a las fuerzas políticas, el año fue marcado por la agitación magisterial suscitada por las transformaciones en el sector. Una reforma defenestrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que comenzó en Guerrero y Oaxaca, para concentrar sus principales movilizaciones en la capital del país con la toma del Zócalo.
Si bien en diciembre se aprobaron las modificaciones constitucionales, su promulgación ocurrió en febrero y el procesamiento de las leyes secundarias desató una de las mayores movilizaciones magisteriales de la historia. Con el sindicato oficialista inmovilizado, tras la aprehensión de su lideresa Elba Esther Gordillo, hacia finales de febrero, por presunta desviación de 2 mil 600 millones de pesos de recursos sindicales, la disidencia magisterial encabezó las protestas.
Entre mayo y septiembre se desarrollaron las protestas más intensas que culminaron con un plantón en el Zócalo, el bloqueo a vialidades principales y el cerco al Congreso, en vísperas de la aprobación de las reformas secundarias, que fueron desahogadas el mismo primero de septiembre, el otrora intocable día del Presidente. El viernes 13 de septiembre, un operativo policiaco desalojó el Zócalo, para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trató de un despliegue en defensa de la voluntad de las mayorías .Continue reading at http://www.jornada.unam.mx/2013/12/31/politica/013n1pol .
